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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01874-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01874-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01874-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: NIDIA ENIT TORO RODRÍGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Se discute un aspecto
eminentemente económico como lo es las costas en un proceso ordinario.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Nidia Enit Toro Rodríguez, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 28 de marzo de 2025 la señora Nidia Enit Toro Rodríguez, a través de
apoderada2, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y “gratuidad”.

Hechos relevantes

2. La señora Nidia Enit Toro Rodríguez laboraba como docente en el Departamento
del Valle del Cauca en los servicios educativos estatales. Se encuentra afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

3. El 28 de septiembre de 2022, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez solicitó al
Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
el reconocimiento y pago de las cesantías a las que tenía derecho.

1
Que ingresó para fallo el 11 de abril de 2025.
2
La abogada es Laura Pulido Salgado cuya tarjeta profesional es la No. 172.854.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

4. La Secretaría de Educación de esa entidad territorial, a través de acto
administrativo No. VALLER2022000160 del 4 de noviembre de 2022 le reconoció la
cesantía solicitada. No obstante, a juicio de la parte accionante, no fue cancelada
en los términos establecidos del artículo 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006, pues fueron
puestos a disposición en la entidad bancaria hasta el 25 de noviembre de 2022
transcurriendo más de 15 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que
tenían las entidades para reconocer y cancelar las cesantías hasta el momento en
el que se efectuó el pago.

5. El 14 de agosto de 2023, la accionante radicó una petición de reconocimiento de
Sanción Moratoria de conformidad con lo establecido en la Ley 1071 de 2006 y Ley
1955 de 2019, ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio con copia al Departamento del Valle del Cauca
– Fiduprevisora, no obstante, transcurrieron más de 3 meses de presentar la
solicitud, sin que se hubiera obtenido respuesta, por lo que a juicio de ella se
configuró el silencio administrativo negativo el día 14 de noviembre de 2023.

6. Con base en lo anterior, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de
la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), Fiduprevisora S.A. y el Departamento del Valle
del Cauca con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto
negativo y el consecuente pago de la sanción moratoria.

7. Mediante sentencia del 6 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al accionante. El Juzgador
determinó que no hubo pago tardío de las cesantías parciales que solicitó la
accionante, porque fueron desembolsados los recursos dentro del término
establecido en la Ley. Además, en lo que se refiere a la condena en costas, como
la parte demandante resultó vencida en el proceso y dada la necesidad que tuvieron
los demandados de acudir por esa vía a su defensa mediante apoderado judicial,
se encontraban causadas las costas en lo concerniente a la agencias en derecho,
debiéndose emitir una condena por ese concepto a su favor.

8. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mediante providencia
del 4 de diciembre de 2024 confirmó la sentencia de primera instancia y no condenó
en costas para esa instancia. Específicamente, señaló que la entidad demandada
tenía como plazo máximo para el pago de las cesantías hasta el 11 de enero de
2023, ya que en esa fecha se vencían los 70 días hábiles que trata el artículo 5 de
la Ley 1071 de 2006 y dado que el dinero se había puesto a disposición de la entidad
bancaria el 25 de noviembre de 2022, no incurrió en mora. A su vez, adujo que
procedía la imposición de la condena en costas y agencias en derecho en contra de
la parte demandante por el trámite procesal de primera instancia.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Pretensiones

9. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
en la sentencia proferida el día 16 de octubre de 2024 dentro del expediente
radicado No. 76111-33- 33-003-2023-00249-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora NIDIA ENIT TORO
RODRÍGUEZ, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el
examen de procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario
conforme la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras
de salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante”.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte accionante indicó que se daba cumplimiento a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra una providencia judicial, en especial la
relevancia constitucional puesto que la entidad accionada vulneró de manera
flagrante los derechos fundamentales al debido proceso, gratuidad y acceso a la
administración de justicia, al confirmar la condena en costas impuestas con total
desconocimiento de la tesis vinculante del Consejo de Estado en la que debe
verificarse la causación de las costas para que se determine el pago de los gastos
ordinarios del proceso y de la actividad realizada por el profesional del derecho.

11. Hizo mención a la sentencia C-539 del 2011 de la Corte Constitucional y el
artículo 230 de la Constitución Política, para indicar que el Tribunal accionado no
aplicó en debida forma el precedente judicial pacífico porque si bien aludió a las
actuaciones adelantadas por el extremo pasivo al interior de la primera instancia, no
cumplió con la carga argumentativa para justificar que la imposición de la sanción
obedeció a los gastos ordinarios como consecuencia de la actividad de defensa
judicial asumida por las entidades accionadas, inobservando que el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011 fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que
establece que la condena en costas solo procede cuando se determine que la
demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, no obstante,
en el escrito de la demanda se expusieron de manera clara y fundamentada los
hechos y argumentos jurídicos que sustentaban la pretensión de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria.

12. En cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, precisó que se presentó
un defecto sustantivo o material el cual corresponde a que la autoridad judicial
acude a una norma inaplicable al caso o deja de aplicar alguna que correspondía y
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en segundo lugar se presenta un desconocimiento del precedente vertical el cual
corresponde a que el Juez o Tribunal omite o contradice abiertamente la
jurisprudencia vinculante establecida por un órgano judicial de superior jerarquía sin
justificar adecuadamente su decisión. Para esto mencionó varias sentencias de la
Corte Constitucional3.

13. De otra parte, adujo que la situación fáctica objeto de reproche en sede de tutela
opera cuando el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca pasó por alto que la
imposición de la sanción no es automática, porque su procedencia obedece a la
valoración de criterios objetivos y verificables en el expediente, debiendo
fundamentar la causación de los gastos ordinarios del proceso, tanto así, que la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 7 de abril de 20164
determinó que la condena en costas debe valorarse bajo el criterio objetivo –
valorativo, siendo el objetivo cuando toda decisión judicial debe resolverse sobre las
costas imponiendo una condena total, parcial o absteniéndose de hacerlo y
valorativo cuando el juez debe analizar si las costas se causaron y en qué medida,
considerando tanto los gastos ordinarios del proceso como la efectiva realización
de la labor del abogado en el trámite procesal.

14. Hizo mención de algunas sentencia relevantes respecto del tema, como la del
11 de febrero de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado5 en la que se reiteró que la imposición de la condena en costas
no opera de manera automática dado que el criterio objetivo valorativo le exige al
juez realizar un análisis riguroso sobre la procedencia, entre otras sentencias6.

15. Explicó que la sola denegación de las pretensiones de la demanda o que la
parte actora sea vencida, no implica que opere de manera automática la imposición
de la condena en costas, tampoco el tiempo de duración del proceso ni la cuantía
de las pretensiones son determinables para estos casos porque se debe verificar
que las mismas se encuentren debidamente probadas en el proceso de acuerdo
con el numeral 1 y 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 188 del
CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

16. Agregó que la parte accionada efectuó una interpretación incompatible del
artículo 365 del CGP, porque esta resultaba aplicable por remisión del artículo 188
de la Ley 1437 del 2011 y la decisión se fundamentó únicamente en la condición de

3
Sentencia C-447 de 1997, SU-047 de 1999, SU-113 de 2018 y T-783 de 2014, SU-453 de 2019,
T-794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014, entre otros.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001-
23-33-000-2013-00022-01.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 11 de febrero de 2021, Rad. No.
63001-23-33-000-2017-00308-01(2967-18).
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A,
Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, sentencia del 2 de febrero de 2023, Rad. No.
27001-23-33-000-2016-00025-01(1131-2019); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Wilson Ramos Girón, sentencia del 30 de agosto
de 2024, Rad. No. 05001-23-33-000-2018-00626-01(26375).
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

parte vencida sin determinar si tales actuaciones generaron una erogación concreta
o si la representación judicial fue ejercida por el personal de planta, lo que excluye
la posibilidad de acreditar un gasto adicional, además, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 del 2021 se introdujo el artículo 47 en el que se especifica que se
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con carencia de fundamento legal, para esto mencionó otras sentencias
del Consejo de Estado7.

17. Concluyó que el único fundamento expuesto para confirmar la sanción a la
señora Toro Rodríguez se limitó a un criterio meramente objetivo, es decir la no
prosperidad de las pretensiones, omitiendo el hecho de verificar por un lado si se
generaron gastos procesales como consecuencia del ejercicio de la acción y por
otro lado si la presentación de la demanda careció totalmente de sustento legal,
quedando demostrado que la decisión no se justificó en ambos criterios y resulta
lesiva de sus derechos fundamentales, pues la accionante satisfizo la exigencia
legal de una debida motivación que justificaba el ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

18. De otra parte puso de presente dos acciones de tutela en las que se cuestionó
la condena en costas sin que la autoridad judicial accionada analizara si se configuró
“la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda”8.

Trámite en primera instancia

19. A través de auto del 2 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como accionado; al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría
de Educación Departamental del Valle del Cauca como terceros interesados en las
resultas del proceso. Además, requirió al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Guadalajara de Buga para que allegara copia digital del expediente con
radicado 76111-33-33-002-2024-00038-00/01 y reconoció personería adjetiva a la
abogada Laura Pulido Salgado para que actuara en los términos del poder
conferido.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez, sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad. No. 11001-
03-26-000-2019-00011-00(63217); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 8
de febrero de 2024, Rad. No. 520013333000201800041600(4256-2021); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, Consejero Ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas, sentencia del 4 de abril de 2024, Rad. No. 20001-23-33-000-2013-00352-
01 (2466-16); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de mayo de 2024,
Rad. No. 25000-23-42-000-2015-0335-01 (3526-2019).
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B,
Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 25 de julio de 2024, Rad. No.
11001-03-15-000-2024-03346-00 y sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera, sentencia del 24 de julio de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-03343-00.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Intervenciones

20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro de su informe expresó
que no se ha transgredido ningún derecho fundamental, dado que al proferir la
decisión analizó tanto el expediente como las pruebas allegadas para concluir que
la condena en costas no dependía de que se probara una actuación temeraria o
abusiva, sino que únicamente se requería acreditar la realización de gestiones tales
como la contestación de la demanda, comparecencia a audiencias, presentación de
alegatos y otras actuaciones inherentes al proceso. De otra parte, procedía en
aplicación del criterio objetivo – valorativo en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en
concordancia con el CGP, lo cual desvirtúa los argumentos de la parte actora,
adicionalmente que lo pretendido mediante la acción de tutela es reabrir un debate
procesal que ya fue resuelto en dos instancia ordinarias.

21. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
manifestó las actuaciones realizadas en primera instancia y remitió el link del
expediente9.

22. El Grupo Interno de Trabajo del Departamento Administrativo de Jurídica
del Departamento del Valle del Cauca solicitó su desvinculación y se opuso a
todas las pretensiones del accionante, por cuanto no se tiene ninguna relación con
los hechos expuestos y la acción de tutela está dirigida contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por lo que no está llamado a responder por
ningún tipo de violación de derechos fundamentales en materia de la problemática
expuesta.

Por otro lado, pidió que de conformidad con el inciso primero del artículo 282 de la
Ley 1564 del 2012, se declare la excepción “innominada” de oficio al momento de
proferir sentencia.

23. El Ministerio de Educación Nacional adujo que le asiste falta de legitimación
en la causa por pasiva toda vez de que la solicitud de amparo recae exclusivamente
sobre una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
tanto, esa entidad no es la que profirió la sentencia objeto de cuestionamiento y por
tanto, no existe ninguna acción ni omisión que derive la configuración de una
vulneración de algún derecho por su parte.

También expresó que de acuerdo con la sentencia SU-195 de 2018 la acción de
tutela no procede contra providencias judiciales salvo que se demuestre la
configuración de un defecto específico, pero se denota incluso una ausencia de
relevancia constitucional porque debe tener trascendencia superior y no solamente
legal o de otra naturaleza, debido a que si es exclusivamente económica de
connotaciones particulares y privadas, el juez de tutela está en la obligación de
actuar con vocación de protección del patrimonio que tiene consigo el interés
público, por lo que en caso particular se trata de una controversia de naturaleza

9
El link es el siguiente: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?gui
d=761113333002202400038007611133.
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

estrictamente económica, ya que el litigio involucra intereses privados que excede
la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional.

Por último, indicó que el concepto de vía de hecho se configura cuando hay una
ostensible transgresión del ordenamiento jurídico, en el que se distorsione el sentido
del proceso, por eso y con base en la procedencia excepciones de las acciones de
tutela en contra de las sentencias judiciales se han determinado reglas generales y
específicas para que se determine su procedencia y son los jueces de tutela quienes
deben examinar de manera rigurosa el cumplimiento de estos para no desvirtuar los
principios de la autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada y por
tanto, la parte accionante es quien debe probar si existe una eventual transgresión
de derechos que pudiera generar una decisión judicial.

24. La Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca10, la
Previsora S.A.11 y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio12
no intervinieron pese a estar notificados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

25. En el presente asunto, la Subsección considera que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional.

26. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces13.

27. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber14:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no

10
Se notificó el 4 de abril de 2025 a los correos electrónicos
despachoseceducacion@valledelcauca.gov.co, njudiciales@valledelcauca.gov.co,
ntutelas@valledelcauca.gov.co, contactenos@valledelcauca.gov.co. Ver índice 8 de samai.
11
Se notificó el 4 de abril de 2025 al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co. Ver índice
8 de Samai.
12
Se notificó el 4 de abril de 2025 a los correos electrónicos tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
notjudicial@fiduprevisora.com.co. Ver índice 8 de Sama.
13
Sentencia T–422 de 2018.
14
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial.

28. En el caso bajo estudio, lo primero que advierte la Sala es que la controversia
versa sobre un asunto meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta
naturaleza, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena
de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”15.

29. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general”16.

30. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar la condena en costas que impuso el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en la sentencia de primera
instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática, sumado
al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción
constitucional.

31. De otra parte, cabe advertir que una vez revisada la demanda, se evidencia que
la parte accionante acudió a la acción de tutela con propósito que se estudie
nuevamente si, como se discutió en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la señora Nidia Enit Toro Rodríguez debía ser
condenada en costas en primera instancia de conformidad con lo establecido con el
artículo 188 del CPACA y 365 del CGP.

32. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los
aspectos ya definidos por el juez natural, que la acción de tutela se plantearon varios
de los argumentos que dieron lugar a la interposición del recurso de apelación contra
la providencia de primera instancia, a saber (transcripción literal):

De acuerdo al argumento expuesto por el honorable Juez no estoy de acuerdo
con la condena en costas que se realiza en el presente proceso, toda vez, que
la demanda fue presentada sobre fundamentos de hecho y de derecho, pues
es claro que la entidad nominadora expidió el acto administrativo por fuera del

15
Sentencia SU-173 de 2019.
16
Ibidem
8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

termino oportuno, así mismo, realizó el reconocimiento y pago de sus cesantías
a mi representada fuera del termino oportuno; es claro, que la condena en
costas es una facultad del Juez que no opera en forma objetiva, sino que está
sujeta a la valoración que se haga de la conducta de la parte vencida. De
manera que la condena en costas está sujeta a una valoración de la conducta
que permita calificarla como temeraria o constitutiva de abuso de sus
atribuciones y derechos procesales, y en el caso contrario, no puede el juez
atribuirse la facultad de imponer cargas económicas tan altas para la parte
vencida. Es por esto, que la causación de la condena en Costas debe ser
comprobada y verificada dentro del respectivo proceso. Así las cosas, la ley
exige que la sentencia definitiva contenga el pronunciamiento sobre la condena
en costas para la parte vencida, es decir, es un requisito de aquélla por lo que,
a primera vista, podría concluirse que, de haberse omitido toda referencia a las
mismas, constituiría un motivo para fundamentar un recurso de nulidad.

Ahora bien, cabe anotar que con respecto a la condena en costas el Consejo
de Estado ha debatido si un Juez Contencioso Administrativo puede condenar
en costas a la parte demandante, desconociendo la valoración de la conducta
procesal asumida por las partes en el trámite del proceso. Es decir, que se ha
determinado que el Juez Contencioso Administrativo no puede condenar en
costas a la parte demandante, desconociendo la valoración de la conducta
procesal asumida dentro del proceso. Situación ésta, que no fue tenida en
cuenta por la Honorable Magistrada de Primera instancia, puesto que asumió la
posición de no acceder a las pretensiones de la demanda y condenó en costas,
pero en ningún momento tuvo en cuenta la conducta de mi representado, pues
el acudir al sistema judicial nunca fue de manera temeraria, ni tratando de evadir
responsabilidades, pues si se supiera cuáles van a ser los resultados de un
proceso no se acudiría a los mismos. Es decir, no es culpa de mi representada
que no se hubiese concedido lo pretendido, pues se acudió al sistema judicial
en busca del reconocimiento de sus derechos sobre bases fundamentadas y
teniendo como soporte los diferentes pronunciamientos de nuestros Tribunales
Administrativos y de nuestro Honorable Consejo de Estado, motivo por el cual,
no le encuentro una razón justificada para que la Honorable Magistrada
condene en costas, pues la parte demandante nunca realizó maniobras
dilatorias sino que con fundamento en pruebas documentales pretendió el
reconocimiento de sus derechos.

Así las cosas y ante lo expuesto, de una manera muy respetuosa solicito
CONCEDER el respectivo recurso de Apelación, con el fin, que los Honorables
Magistrados REVOQUEN el numeral segundo de la Sentencia 06 de septiembre
de 2024, notificada el 6 de septiembre de 2024, por cuanto considero que la
condena en costas no es procedente, no se actuó con temeridad y mala fe,
puesto que fue comprobada la negligencia de la entidad, por cuanto si existió la
mora y en este caso en concreto se presentó la prescripción extintiva por el
momento en el que se hizo exigible el derecho de la SANCION MORATORIA.”

33. Aspectos que fueron analizados y resueltos de manera razonada en la
providencia del 4 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, bajo los siguientes fundamentos (transcripción literal):

“58. Respecto a los reparos frente a la condena en costas de primera instancia
se tiene que el artículo 188 del CPACA regula la condena en costas y prevé que
la sentencia debe disponer sobre su imposición, conforme a la regulación
prevista en el Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso.

“Articulo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

59. A su turno, el artículo 365 del C.G.P dispone:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de
amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o
mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella. (…)”

60. En la jurisdicción contenciosa administrativa se han adoptado varios criterios
relacionados con la condena en costas a la parte vencida, que van desde la
prohibición de dicha condena, a la autorización de la misma, atendiendo la
conducta procesal de la parte vencida (criterio subjetivo) hasta llegar a la
adopción de un criterio objetivo.

61. El criterio objetivo valorativo, fue adoptado por el Consejo de Estado, en
providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez1,
calificando de “valorativo”, porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso,
precisando que, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las
partes:

“(…) b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá”
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente,
o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c. Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables
y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).

e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas, se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará a lo así pactado por éstas.

f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) lo hará el
despacho de primera o única instancia, tal como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial

g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

62. El anterior criterio objetivo-valorativo a efectos de la condena en costas y
agencias en derecho, fue reiterado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez en sentencia de 18 de
enero de 2018, Radicado Interno nro. 1575-2016.

63. Bajo este entendido, la decisión del juzgado acogió el criterio objetivo
valorativo, pues no condicionó la condena a la conducta procesal de la parte
vencida sino a la acreditación de las gestiones desplegadas por los apoderados
de las entidades accionadas, tales como la contestación de la demanda,
presentación de alegatos y demás actuaciones inherentes al proceso, para que
pueda considerarse que la parte vencedora dentro del juicio si incurrió en
gastos; hecho que precisamente fue valorado en la sentencia de primera
instancia y que llevó a la condena.

64. Así las cosas, para la Sala de Decisión procedía la imposición de condena
en costas y agencias en derecho en contra de la parte demandante por el
trámite procesal de primera instancia, razón suficiente para confirmar este
aspecto.

65. En consecuencia, se confirmará en su integridad la decisión proferida en
primera instancia al encontrarse ajustada a derecho.”

34. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que se debía
acoger el criterio objetivo – valorativo basado en la acreditación de las gestiones
desplegadas por los apoderados de las entidades accionadas como lo fue la
contestación de la demanda, la presentación de los alegatos y otras actuaciones
inherentes al proceso que consideraron que si se incurrió en gastos.

35. En este contexto, la Sala estima que la tutela ejercida por la parte accionante
busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso
ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya
que no hay ningún argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto
de genuina relevancia constitucional.

36. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte
demandante es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera
válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de
la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.

37. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01874-00
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

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