Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01877-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01877-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01877-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01877-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 5 de mayo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia
por medio de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas
a la parte demandante dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Adriana Naranjo
Torres contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 31 de marzo de 2025, Adriana Naranjo Torres, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
Sentencias de 25 de septiembre de 2024 y 13 de diciembre de 2024
proferidas por el Juzgado 4 Administrativo de Cartago y el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, respectivamente, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 76147-33-33-004-2024-00016-
00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en la
sentencia proferida el día 13 de diciembre de 2024 dentro del expediente
radicado No. 76147- 33-33-004-2024-00016-01, transgredió los derechos
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo
80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
fundamentales al DEBIDO PROCESO, GRATUIDAD y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora ADRIANA NARANJO TORRES, habida
cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y
al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, proceda a efectuar el examen de
procedencia de la condena en costas impuestas al proceso ordinario conforme
la normatividad vigente y el precedente jurisprudencial vertical en aras de
salvaguardar las garantías iusfundamentales de la accionante.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) La señora Naranjo Torres, por conducto de apoderado, presentó
una demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
contra la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG – Fiduprevisora y el
Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Educación
Departamental, con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 1210-54 03668 de 27 de diciembre de 20232 y, en
consecuencia, se reconociera y pagara la sanción moratoria prevista en las
Leyes 1071 de 2001 y 1955 de 2019, por haberse pagado de manera
extemporánea las cesantías reconocidas mediante la Resolución No. 3296
de 13 de octubre de 20213. Dicha demanda correspondió por reparto al
Juzgado 4 Administrativo de Cartago y se tramitó bajo el radicado No.
76147-33-33-004-2024-00016-00.
5. 2) Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 20194, el Juzgado 4
Administrativo de Cartago negó las pretensiones de la demanda. Expuso
que los términos para la sanción moratoria iniciaban a contar 70 días
después de radicada la solicitud de reconocimiento, por lo que, como la
solicitud de cesantías se presentó el 12 de agosto de 2021 y la resolución de
reconocimiento se profirió el 13 de noviembre de 2021, el FOMAG podía
consignar las cesantías hasta el 24 de noviembre de 2021, fecha en la cual
el FOMAG las consignó, por lo que fue en término.
6. En consecuencia, el despacho condenó en costas a la parte
demandante con fundamento en el numeral 7 del artículo 365 del CGP y el
artículo 188 del CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
equivalente al 4% del valor de las pretensiones.
2 Mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria a la señora Naranjo Torres.
3 Notificada el 18 de octubre de 2021.
4 “SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.
(…)
CUARTO: Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. Fijar las agencias en derecho en el cuatro
por ciento (4%) del valor de las pretensiones a la fecha de ejecutoria de la sentencia, suma que deberá ser
cancelada a favor de cada entidad demandada, por las razones expuestas en esta providencia(...)”
2 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
7. 3) Inconforme con dicha decisión, la señora Naranjo Torres presentó
recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la
demanda y no se le condenara en costas. Indicó que la decisión de primera
instancia contabilizó de forma errada los términos para contabilizar la
sanción moratoria, pues, a su juicio, no se ajustaba a la realidad, toda vez
que, el dinero solo estuvo disponible en el banco hasta el 7 de diciembre de
2021 y no el 24 de noviembre de 2021. Así pues, indicó que, se configuró una
mora desde el 25 de noviembre de 2021 hasta el 6 de diciembre de 2021.
8. Agregó que en el caso no procedía la condena en costas, porque
según las reglas del Código General del Proceso, se requería que el juez
comprobara los supuestos para su imposición y, adicionalmente, el juez de
primera instancia se apartó del precedente establecido por el Consejo de
Estado, según el cual, la condena en costas se establece bajo un criterio
objetivo y proporcionado que no considera la mala fe o temeridad de las
partes.
9. 4) El 13 de diciembre de 20245, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca confirmó la sentencia de primera instancia. La decisión se
fundamentó en que en el expediente obraba suficiente material probatorio
que daba cuenta de que el pago se efectuó el 24 de noviembre de 2021,
en esa medida, indicó que, (se trascribe) “el pago de las cesantías se
materializa con el giro o disposición del dinero en el banco correspondiente,
toda vez que, en cabeza del interesado recae la carga de verificar si el
monto dinerario se encuentra disponible para su retiro”.
10. En relación con la condena en costas, el tribunal determinó que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 188 y el numeral 1 del artículo 365 de
la Ley 1437 de 2011, en el caso concreto la misma no era procedente, en la
medida en que no se causaron agencias en derecho, toda vez que, la parte
demandada no desplegó ningún tipo de actuación en la segunda
instancia.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que la
autoridad judicial accionada desconoció distintos precedentes horizontales
y verticales que, según ella, avalaron en casos similares al suyo la posibilidad
de acceder a la condena en costas en segunda instancia por concepto de
agencias en derecho. Hizo alusión a las reglas establecidas por el Consejo
de Estado en las Sentencias de 7 de abril de 2016, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso No. 13001-23-33-000-
2013-00022-01, 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Segunda
5 “PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 153 del 25 de septiembre de 2024 del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Cartago, conforme lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, conforme lo indicado.”
3 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
Subsección B dentro del proceso No. 63001-23-33-000-2017-00308-01, 2 de
febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda dentro
del proceso No. 27001-23-33-000-2016-00025-01, 30 de agosto de 2024,
proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso No. 05001-23-33-000-
2018-00626-01, 8 de febrero de 2024 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda, dentro del proceso No. 52001-33-33-000-2018-00416-00, 4
de abril de 2024 proferida por la Sección Segunda, dentro del proceso No.
20001-23-33-000-2013-00352-01, 23 de mayo de 2024 proferida por la Sección
Segunda, dentro del proceso No. 25000-23-42-000-2015-0335-01, 25 de julio
de 2024 proferida por la Sección Segunda, dentro del proceso No. 11001-03-
15-000-2024-03346-00 y, 24 de julio de 2024 proferida por la Sección Segunda,
dentro del proceso No. 11001-03-15-000-2024-03343-00.
12. Por último, manifestó que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en un defecto sustantivo al realizar una interpretación
incompatible con el artículo 365 del CGP6, sin haber verificado si las
expensas procesales fueron realmente causadas y probadas en el
expediente.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
13. El Juzgado 4 Administrativo de Cartago8 rindió informe en el que indicó
que las actuaciones desplegadas, tanto por Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca como ese despacho, se ajustaron a lo previsto en la ley procesal.
A su vez, agregó que, la parte actora pretendía que se estudiaran unas
sentencias que adquirieron firmeza, como si la acción de tutela se tratara
de una “tercera instancia”, lo cual tornaba en improcedente la presente
solicitud de amparo, al reiterar argumentos expuestos en las instancias
ordinarias. En esa medida, solicitó que se negaran las pretensiones elevadas
en la acción de tutela,
14. El Ministerio de Educación9 solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela por no haber superado el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se logró demostrar vulneración alguna
de las garantías procesales y derechos fundamentales de la parte actora, y
porque la controversia suscitada era de carácter estrictamente económico.
Aunado a lo anterior, expuso que la acción de tutela era un mecanismo
residual y subsidiario, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución.
6 Aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
7 Mediante Auto de 7 de abril de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y (3) vincular, como terceros con
interés en el asunto, al Juzgado 4 Administrativo de Cartago, la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Valle del Cauca.
8 índice 15 en el aplicativo SAMAI
9 Índice 13 en el aplicativo SAMAI
4 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
15. El Departamento de Valle del Cauca10 se opuso a las pretensiones
elevadas en la acción de tutela y solicitó que se negaran, dado que no se
desplegaron las conductas que vulneraron los derechos fundamentales de
la parte actora por parte de la Gobernación. A su vez, solicitó la “resolución
de excepciones”11 frente a cualquier situación (se trascribe) “de hecho o
derecho que sea advertida y probada en el transcurso del proceso y que
favorezca los intereses de mí representado”.
16. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, pese a haber sido
debidamente notificado, guardó silencio12.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
17. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
18. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.
19. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
10 índice 11 en el aplicativo SAMAI
11 “ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados
los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las
de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”
12 Índice 6 del aplicativo SAMAI.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
5 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.
20. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202317,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
21. Bajo este entendido, la Sala estima que, en el presente caso, no se
cumplió con el mencionado requisito porque el debate que la parte actora
pretende dilucidar en sede de tutela reviste un carácter eminentemente
patrimonial y económico que ya fue tratado por el juez natural de la causa.
22. Además, se precisa que, aunque la parte actora alegó la trasgresión
del derecho al debido proceso, ello no es suficiente para dar por cumplido
el requisito de explicar por qué el asunto tiene verdadera trascendencia
constitucional, pues para ello, tal como se ha establecido en ocasiones
anteriores, se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada del derecho fundamental18.
23. De esta forma, es claro que el propósito de la parte actora era
obtener el pago de una suma de dinero que esperó le fuera reconocida
con la sentencia de segunda instancia y, aun cuando alegó que esa
providencia había desconocido una serie de precedentes del Consejo de
Estado, esa argumentación, por sí misma, no acredita el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
24. En consecuencia, esta Sala estima que las diferencias interpretativas
que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
17 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
18 Al respecto, es preciso hacer alusión, entre otras, a las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00;
Sentencia de 5 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-00294-00, Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de
5 de junio de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-
000-2021-01641-01, Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00, Sentencia de 2 de mayo
de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-06509-00, Sentencia de 7 de abril de 2025, Rad. 11001-03-15-000-2025-01092-00.
6 de 7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01877-00
Demandante: Adriana Naranjo Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional19.
2.2. Conclusión
25. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Adriana Naranjo Torres, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 20.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
20 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
7 de 7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.