Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01878-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01878-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01878-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01878-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ROSSI JACQUELINE RUBIO NIÑO
TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE
DENIEGA EL AMPARO RESPECTO DEL DEBATE PROPUESTO EN
CUANTO A LA POSIBILIDAD DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA DE
VOLVERSE A PRONUNCIAR FRENTE A LA CADUCIDAD DE LA
ACCIÓN. RESULTABA VÁLIDO QUE LA SECCIÓN TERCERA DE ESTA
CORPORACIÓN SE PRONUNCIARA SOBRE LA CADUCIDAD EN LA
SENTENCIA, PESE A QUE EN ETAPA ANTERIOR YA HUBIESE
EFECTUADO UN ESTUDIO AL RESPECTO. CONFIRMA EN TODO LO
DEMÁS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD Y
DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 7 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
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En adelante la Sección Segunda
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Actora: ROSSI JACQUELINE RUBIO NIÑO
denegó el amparo solicitado en relación con el desconocimiento del
precedente judicial y declaró improcedente la acción en todo lo
demás.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora ROSSI JACQUELINE RUBIO NIÑO, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al
debido proceso y a los principios de doble instancia, pro homine y
seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER2 y la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DE CONSEJO DE ESTADO3, al
haber proferido las providencias de 30 de octubre de 2017 y 18 de
noviembre de 2024, respectivamente, dentro de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
2011-00388-02.
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En adelante el Tribunal
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En adelante la Sección Tercera
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Actora: ROSSI JACQUELINE RUBIO NIÑO
I.2.- Hechos
Explicó que promovió junto con los señores NELLY NIÑO RUBIO y
CÉSAR AUGUSTO PORTILLA LUNA demanda en ejercicio de la
acción de reparación directa contra el Municipio de San José de
Cúcuta y la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social
E.P.S., con el fin de que se les declarara responsables por los
perjuicios causados con ocasión del accidente de trabajo sufrido por
la misma el 1o. de septiembre de 2005.
Aseguró que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2011-00388-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que,
mediante proveído de 1o. de agosto de 2012, rechazó la demanda
por haber operado la caducidad de la acción.
Refirió que, contra la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA a través
de providencia de 29 de agosto de 2012, por medio de la cual revocó
la decisión del a quo y admitió la demanda al considerar que el
término de caducidad debía contabilizarse desde el 16 de julio de
2009, fecha en la que como víctima directa fue separada del cargo
por pérdida de la capacidad laboral.
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Aseguró que mediante sentencia de 30 de octubre de 2017 el
TRIBUNAL denegó las pretensiones al considerar que no se
especificó el daño, pues no existía claridad si lo que se demandaba
era el hecho de la lesión sufrida con ocasión de la caída del tablero,
o por el hecho de no haber estado afiliada a la seguridad social en su
condición de docente.
Manifestó que lo anterior fue objeto de recurso de apelación, el cual
fue desatado por la SECCIÓN TERCERA que, mediante providencia
de 18 de noviembre de 2024, revocó la decisión del a quo y declaró
probada la excepción de caducidad de la acción, al estimar que el
hecho dañoso objeto de demanda ocurrió el 1o. de septiembre de
2005, fecha en la que se produjo el accidente de trabajo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
La parte actora afirmó no le era permitido a la SECCIÓN TERCERA
declarar la caducidad de la acción, pues sobre tal asunto ya existía
pronunciamiento expreso desde la providencia de 29 de agosto de
2012, por lo que no podía revivir el debate sobre ese punto de
derecho, como garantía del principio de seguridad jurídica, máxime
cuando fue un pronunciamiento emitido por el órgano de cierre.
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Alegó que la SECCIÓN TERCERA debió someter su estudio a las
inconformidades planteadas en el recurso de apelación, en
cumplimiento del principio de congruencia, pues abordó el asunto de
la caducidad aun cuando y existía pronunciamiento al respecto, por
lo que se cumple con la causal de nulidad dispuesta en el numeral 2
del artículo 133 del Código General del Proceso.
Adujo que el magistrado Fredy Ibarra Martínez en su salvamento de
voto advirtió que no era posible revivir el debate respecto a la
caducidad de la acción, como garantía del debido proceso, tal como
lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia T-191 de 2009.
Finalmente, sostuvo que la sentencia C-404 de 1997 proferida por la
Corte Constitucional, da los parámetros para interpretar el artículo
306 del Código de Procedimiento Civil, en lo que interesa al debate
sobre las excepciones dado en primera instancia, como ocurrió en el
caso concreto.
I.4.- Pretensiones
La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
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“[…] 2. DECLARAR NULAS las sentencias:
a. El 30 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, con la Magistrada Ponente: María Josefina Ibarra
Rodríguez, dicta sentencia de primera instancia y la parte del
resuelve dice en el numeral primero: NIÉGUENSE las
pretensiones de la demanda.
b. La sentencia del 18 de noviembre de 2024, emitida por el
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo
Sección Tercera Subsección “B”, consejero Ponente: Martín
Bermúdez Muñoz dicta sentencia de segunda instancia y en el
resuelve en su numeral primero dice: REVÓCASE la sentencia
proferida el 30 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, y, en su lugar, DECLÁRASE probada la
excepción de caducidad de la acción […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, a través del magistrado Fredy Ibarra
Martínez, encargado del despacho conductor del proceso, sostuvo
que las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión
adoptada están expresa y claramente consignadas en el texto de la
providencia cuestionada, por lo que es evidente que la solicitud de
amparo carece de mérito, de conformidad con el criterio adoptado
por la mayoría de la Sala que aprobó la providencia.
I.5.2.- El TRIBUNAL remitió el expediente digital del proceso de
reparación directa objeto de debate y guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
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I.6.1.- El Municipio de San José de Cúcuta, la Fundación
Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A. y Seguros del
Estado S.A., vinculados como terceros interesados, guardaron
silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 7 de mayo de 2025, la SECCIÓN SEGUNDA
declaró improcedente la solicitud de amparo en cuanto al reparo,
según el cual, la autoridad judicial accionada no podía resolver más
allá de lo solicitado en el recurso de apelación, toda vez que el
accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y
eficaz para exponer tal desacuerdo, esto es, el recurso extraordinario
de revisión; además, si consideraba que se configuró una causal de
nulidad, debió alegarse dentro del proceso de reparación directa, en
la oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP.
Ahora, en cuanto a lo manifestado en el salvamento de voto, sostuvo
que estaba encaminado a demostrar un desconocimiento del
precedente judicial, frente al cual denegó el amparo solicitado,
comoquiera que los salvamentos de voto no constituyen un
precedente vinculante, por lo que no podría entenderse como
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obligatorio para el resto de los integrantes de la sala.
Adujo que en cuanto a la sentencia T-191 de 2009, la Corte
Constitucional se pronunció frente a un caso en el cual, pese a que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la excepción previa
de caducidad de la acción de grupo, en la sentencia de primera
instancia un juzgado la declaró probada, desconociendo la decisión
de su superior jerárquico.
Sumado a ello, sostuvo que contrario a lo señalado por el actor, en
el auto de 29 de agosto de 2012 la SECCIÓN TERCERA dejó claro
que “[…] sobre el fenómeno de la caducidad de la acción debería
volverse en el momento de decidir la controversia, con base en las
pruebas que se alleguen […]”, lo que efectivamente ocurrió.
Aseveró que, en ese orden de ideas, los supuestos fácticos de ambos
casos no podían equipararse, por lo que no se configuraba el
desconocimiento del precedente judicial, máxime cuando la
autoridad judicial accionada sí justificó el análisis de la caducidad en
la sentencia de segunda instancia.
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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
bajo los siguientes argumentos:
Sostuvo que no comparte el criterio del a quo, al declarar que no se
cumplió con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que solo se
deben agotar los recursos ordinarios mas no los extraordinarios, por
lo que no es dable dicha exigencia, so pena de ocasionar un perjuicio
irremediable en el asunto.
Afirmó que de conformidad con la sentencia C-404 de 1997, proferida
por la Corte Constitucional, no era posible pronunciarse sobre un
asunto respecto del cual ya existía decisión y en el presente asunto
la caducidad había sido discutida en los autos de 1o. de diciembre de
2011 y 29 de agosto de 2012, tan es así que en la sentencia de
primera instancia de 30 de octubre de 2017 el TRIBUNAL omitió
pronunciarse sobre tal especto por existir declaración previa.
En ese orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión del a quo
y, en su lugar, se acceda al amparo solicitado.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
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sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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En el presente caso, la parte actora pretende que se dejen sin efecto
las providencias de 30 de octubre de 2017 y 18 de noviembre de
2024, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2011-00388-02.
La controversia tiene origen en la demanda promovida por la actora
y otros contra el Municipio de San José de Cúcuta y la Fundación
Médico Preventiva para el Bienestar Social E.P.S., con el fin de que
se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por
los daños y perjuicios causados con motivo del accidente de trabajo
ocurrido el 1o. de septiembre de 2005.
El disenso de la actora radica en que la SECCIÓN TERCERA no podía
pronunciarse sobre la caducidad del medio de control de reparación
directa, pues ya existía pronunciamiento previo al respecto, lo que
vulnera sus derechos fundamentales.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que declaró improcedente
la solicitud de amparo respecto de la transgresión del principio de
congruencia, pues la actora contaba con el recurso extraordinario de
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revisión para poner de presente tal situación, además de que pudo
solicitar la nulidad del proceso por la causal prevista en el numeral
2º del artículo 133 del CGP. Sumado a ello, denegó el amparo frente
al desconocimiento del precedente judicial alegado en lo que refiere
al salvamento de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez.
En la impugnación la actora manifestó que, contrario a lo advertido
por el a quo, sí se cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues
no es de tal acierto que debiera agotar los recursos extraordinarios.
Añadió que de conformidad con la sentencia C-404 de 1997,
proferida por la Corte Constitucional, no era posible pronunciarse
sobre un asunto respecto del cual ya existía decisión.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos deprecados.
En este punto es del caso destacar que la Sala se limitará a los
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reproches de la actora expuestos en el escrito de impugnación
presentado contra la sentencia de primera instancia esto es, la
improcedencia del recurso extraordinario de revisión en el asunto y
el presunto desconocimiento de la sentencia C-404 de 1997.
La Sala advierte que, contrario a lo estimado por el a quo, la
controversia planteada por la actora sí tiene relevancia
constitucional, comoquiera que de los argumentos expuestos se logra
inferir que la presunta vulneración al derecho fundamental al debido
proceso está encaminada a alegar que se desconoció la garantía
constitucional de cosa juzgada, esta última que hace parte del núcleo
esencial del derecho aludido.
Respecto de la cosa juzgada, como parte del núcleo esencial del
debido proceso, la Corte Constitucional en sentencia C 252 de 20014
indicó:
“[…] La cosa juzgada, ha sido tema de estudio por parte
de esta corporación en distintos fallos, y en ellos ha
dejado claramente definido que existe un derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por
tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Dijo la Corte:
"El principio de la cosa juzgada hace parte inescindible de las
reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de
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MP. Carlos Gaviria Diaz.
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manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio,
desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las
partes no puede ceñirse indefinidamente la expectativa en torno
al sentido de la solución judicial a su conflicto En consecuencia,
hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la
sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada
(…) La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para
la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible
a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a
partir de la firmeza del fallo."[…]” (Destacado fuera de texto)
En ese orden de ideas, comoquiera que la actora no plantea un
asunto de legalidad, sino que deriva de un aspecto que toca el núcleo
esencial de un derecho fundamental y que no pudo ser discutido en
el proceso ordinario al haber sido decidido en ese único sentido en la
sentencia de segunda instancia, es claro que la solicitud de amparo
sí tiene relevancia constitucional.
Por otro lado, contra la decisión cuestionada no proceden recursos y
tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios
de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de
jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem).
En particular, respecto de la improcedencia del recurso
extraordinario de revisión en controversias como la planteada en el
presente asunto, en el que se discute el desconocimiento de la cosa
juzgada frente a la caducidad, cuando el ad quem se pronuncia
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frente a esta, tanto en el curso del proceso como en la sentencia,
esta Corporación5 ha señalado:
“[…] La causal contemplada en el artículo 250, ordinal 5, del
CPACA, se sustenta fundamentalmente en que, en criterio
del recurrente, «[E]l Consejo de Estado, en su calidad de
máximo órgano de la jurisdicción contenciosa
administrativa, dentro del proceso de la referencia en
primer lugar, frente al recurso de apelación contra el auto
que rechazó de plano la demanda, resolvió en el año 2006
que la demanda de controversias contractuales
interpuesta por el demandante Cromas S.A. no había
caducado y ello bajo la potísima razón que estimó que
estaba vigente y era aplicable al caso el artículo 55 de la
Ley 80 de 1993. Sin embargo, 14 años después, es decir
en el año 2020, en sede de segunda instancia, se
contradijo a sí mismo, y decidió negar las pretensiones de
la demanda, decretando la supuesta caducidad del medio
de control de acciones contractuales».
33. Así, el reproche de la parte recurrente consiste en la
existencia de una presunta transgresión de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, por cuanto, en su criterio, el
ad quem carecía de competencia para pronunciarse nuevamente
sobre un aspecto que ya había sido objeto de su conocimiento y
había sido descartado previamente en el auto que revocó la
decisión que rechazó inicialmente la demanda por caducidad.
34. Al respecto, la sala encuentra que las afirmaciones del
accionante no tienen la posibilidad de configurar la causal
de revisión invocada, toda vez que no se enmarcan dentro
de ninguno de los eventos contemplados en el artículo
133 del Código General del Proceso, ni se refieren a
alguno de los casos de vulneración del derecho al debido
proceso que la jurisprudencia de esta corporación ha
señalado como susceptibles de ser revisados en el marco
de este mecanismo excepcional de impugnación […]”.
(Destacado fuera de texto)
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Revisión,
sentencia de 14 de diciembre de 2022, CP Pedro Pablo Vanegas Gil, número único de radicación 11001-
03-15-000-2021-11535-00.
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En lo demás, la Sala advierte que la acción de tutela se interpuso en
un plazo razonable6, la solicitud identifica los hechos y derechos que
se estiman lesionados y no se trata de una solicitud de amparo
contra sentencia de tutela.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que, mediante
sentencia de 18 de noviembre de 2024, proferida en segunda
instancia dentro del medio de control de reparación directa origen de
la controversia, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación declaró
probada de oficio la excepción de caducidad, con base en el siguiente
análisis:
“[…] E. Decisión: la acción está caducada
10.- La sala revocará la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará
probada la excepción de caducidad.
11.- Se advierte que las decisiones interlocutorias adoptadas por
el tribunal y esta corporación en relación con la caducidad no
constituyen cosa juzgada que impida pronunciarse sobre la
oportunidad de la acción. Según los artículos 175 del CCA y 306
del CPC, solo las sentencias ejecutoriadas hacen tránsito a cosa
juzgada, y la excepción de caducidad debe ser declarada en
cualquier momento.
12.- Para casos como el analizado, la norma de caducidad
aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del
CCA, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según
la cual la acción de reparación directa <<caducará al
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajos públicos o por cualquier otra causa>>.
13.- En este caso, el hecho dañoso objeto de la demanda ocurrió
el 1º de septiembre de 20057, fecha en la que se produjo el
accidente de trabajo consistente en el desprendimiento del
tablero que golpeó a la señora Rossi Jacqueline Rubio Niño8.
14.- Está acreditado que desde el mismo momento de la
ocurrencia del daño (la caída del tablero y el impacto sobre su
cuerpo) la víctima directa tuvo conocimiento de que el mismo le
generó un daño, por lo cual recibió las siguientes atenciones
inmediatas: (i) la atención en el servicio de urgencias el 1° de
septiembre de 2005 en la Fundación Médico Preventiva 8 ; (ii)
el estudio cerebral realizado por la Fundación Médico Preventiva
EPS el 7 de septiembre de 2005 en la tomografía axial
computarizada <<T.A.C>>, en el que se ordena un control en
15 días9; (iii) el informe de servicios de SaludCoop el 27 de
septiembre de 200510;(iv) y el registro de atención realizada en
la Fundación Médico Preventiva EPS el 18 de octubre de 200511.
15.- Por ende, no se encuentra justificación de que los
demandantes hayan presentado la solicitud de conciliación el 23
de junio de 2011, cuando ya había operado la caducidad de la
acción.
7
Fol. 39. C.4 – copia epicrisis de la Fundación Médico Preventiva el 1 de septiembre de 2005.
8
Fol. 27 C. 2. Reporte de accidente de trabajo 1 de septiembre de 2005 y epicrisis servicio de urgencias
de la clínica SaludCoop EPS desde el 1° al 7 de septiembre de 2005.
9
ver cuaderno 4, folio 47. TAC cerebral simple, se procede a transcribir los resultados del examen. <<
• tejido cerebral de densidad normal, sin lesiones – sistema ventricular y espacio subaracnoideo
normales – línea media conservada – fosa posterior sin anomalías - estructuras óseas sin lesiones -.
Opinión: T.A.C cerebral simple dentro de limites normales>>.
10
Ver cuaderno 2, folio 60. En el que la fisioterapeuta Claudia M. Echavarri, especialista en rehabilitación
cardiaca y pulmonar, certifica: <<paciente que termina 10 sesiones de fisioterapia con dx de trauma
dorso lumbar y sacroilíaco a la valoración final presenta dolor leve-moderado a nivel sacroilíaco y a
nivel pierna izquierda, en la pierna presenta adormecimiento y pesadez. Se envía para valoración y
mirar conducta a seguir>>.
11
Ver cuaderno 4, folio 35, en el cual se encuentra la consulta de la señora Rossi Jacqueline Rubio Niño,
con la siguiente información: << Motivo de consulta: valoración médico laboral para definir conducta
por trauma de origen laboral del 1 de septiembre de 2005>>, << Enfermedad actual: refiere qué el
10-09-05 presento poli trauma al caerle tablero de acrílico en el área del trabajo a las 8:30 am
golpeándola en la cabeza, en la espalda, caderas y especialmente hemicuerpo izq., refiere perdida del
conocimiento>>, <<diagnóstico: lumbago no especificado>>.
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16.- Inclusive, si en gracia de discusión se aceptara que el
término de caducidad de la acción se debe contar a partir del
momento en el cual el médico tratante diagnosticó a la víctima
directa con un trauma raquimedular cervical, la acción también
estaría caducada. En efecto, según la historia clínica, el 11 de
noviembre de 2008 el neurólogo Luis Alberto Ochoa le
diagnosticó a la víctima directa un trauma raquimedular cervical,
el cual fue causado por el accidente de trabajo que sufrió por la
caída del tablero12. En consecuencia, el término de caducidad
feneció el 12 de noviembre de 2010, es decir antes de que la
parte demandante presentara la solicitud de conciliación
prejudicial.
17.- Finalmente, la sala destaca que el término de caducidad no
puede contarse desde el momento en que la Junta Médica
Laboral de la Fundación Médico Preventiva certificó la pérdida de
capacidad laboral de la víctima directa, ya que dicho documento
solo tiene incidencia para determinar la cuantificación de los
perjuicios y no para establecer el momento en el que ocurrió el
daño […]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se desprende
que la SECCIÓN TERCERA sí tuvo en cuenta que, en auto de 29 de
agosto de 2012, al resolver una apelación dentro del proceso origen
de la controversia, estimó que la demanda había sido presentada en
término, no obstante, señaló que debía pronunciarse nuevamente
sobre la caducidad, dado que solo las sentencias ejecutoriadas hacen
tránsito a cosa juzgada y la excepción de caducidad debía podría ser
declarada en cualquier momento.
Respecto de la facultad oficiosa del ad quem para pronunciarse incluso
12
Ver Cuaderno 2, folio 239.
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sobre aspectos no propuestos en las apelaciones, la Sala Plena de la
Sección Tercera de la Corporación en sentencia de unificación de 6 de
abril de 2018, dentro del expediente identificado con el número único
de radicación 05001-23-31-000-2001-03068-01, con ponencia del
consejero Danilo Rojas Betancourth, señaló:
“[…] Este entendimiento del principio de congruencia y de los
límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se
apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de
ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego,
sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas
cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión
de mérito, tales como la caducidad, la falta de
legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada [...]”
La SECCIÓN TERCERA estableció que en efecto el término de
caducidad debía ser contabilizado desde que la ocurrencia del
accidente de trabajo -1o. de septiembre de 2005-, pues fue desde tal
momento que la víctima tuvo conocimiento de que se le generó un
daño, mientras que la solicitud de conciliación fue presentada hasta
el 23 de junio de 2011, cuando ya había operado la caducidad de la
acción.
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Sumado a ello, la autoridad judicial accionada determinó que, si en
gracia de discusión se aceptara que el término de caducidad debía
contabilizarse a partir del momento en el cual el médico tratante
diagnosticó a la víctima directa con trauma raquimedular cervical –
11 de noviembre de 2008-, la acción también estaría caducada, pues
el término feneció el 12 de noviembre de 2010.
Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado, de manera que un eventual
amparo solo procedería ante una evidente decisión arbitraria, esto es
que desde el punto de vista jurídico o fáctico es irrazonable.
En el presente asunto, la Sala encuentra que los reproches de la actora
no tienen vocación de prosperidad, comoquiera que la autoridad
accionada explicó de forma razonada y admisible los motivos por los
cuales en la sentencia cuestionada tenía facultad imperiosa de estudiar
el presupuesto procesal de la caducidad, incluso, si sobre ese aspecto
ya se había pronunciado en etapa previa.
La tesis de la autoridad judicial accionada además encuentra sustento
en los señalado por la Sala Cuarta Especial de Revisión en la sentencia
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de 14 de diciembre de 2022, en la que se indicó:
“[…] 33. Así, el reproche de la parte recurrente consiste en la
existencia de una presunta transgresión de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, por cuanto, en su criterio, el
ad quem carecía de competencia para pronunciarse nuevamente
sobre un aspecto que ya había sido objeto de su conocimiento y
había sido descartado previamente en el auto que revocó la
decisión que rechazó inicialmente la demanda por caducidad.
[…]
En ese orden de ideas, para la aplicación de la revocabilidad o
desconocimiento de autos interlocutorios la Corte Constitucional,
exige estar cobijado bajo los dos supuestos jurídicos a saber:
• En aplicación directa de la ley: Es decir, que sea la ley que
señale de manera expresa señale (sic) la posibilidad de
revocatoria de autos interlocutorios, como por ejemplo los autos
que deciden sobre levantamiento de medidas cautelares, y la
sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento.
• Cuando la decisión contenida en la sentencia no armoniza con
la decisión previa: la Corte Constitucional habilita al operador
judicial a cambiar su opinión, cuando considera que la conclusión
final del proceso no armonizó con un auto interlocutorio, y en
consecuencia es menester su revocabilidad.
37. Tal y como se indica en el aparte citado de la demanda,
existen eventos contemplados en la ley que autorizan a los
jueces a contradecir lo señalado de manera previa en una
providencia que ha adquirido fuerza ejecutoria. En relación con
el desarrollo de la segunda instancia, en aquellos procesos
cobijados por tal garantía, el artículo 328 del Código General del
Proceso, indica lo siguiente:
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. (…)
38. Por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha
indicado que la caducidad de los medios de control sometidos a
la competencia de la jurisdicción de lo contencioso
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administrativo constituye un instituto de orden público que, por
tanto, no admite renuncia y en caso de resultar acreditado debe
declararse por el juez, independientemente del estado en que se
encuentre el proceso. Al respecto se ha indicado lo siguiente:
[L]a caducidad se encuentra instituida para garantizar la
seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos
eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen
dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados
les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si esto
no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la
jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que
se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y
640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse
probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
[…]
42. De igual forma, el reproche formulado por la parte
demandante carece de sustento, toda vez que, si bien
existía un auto en el que se negó la configuración del
fenómeno de la caducidad del medio de control de
controversias contractuales, lo cierto es que dicha
circunstancia no eximía al ad quem de su deber de
declarar, en cualquier etapa del proceso y aún de oficio,
la caducidad de la acción en cualquier evento en que la
hubiese encontrado acreditada, como en efecto ocurrió en
el presente asunto
[…]
6. Conclusión
44. De conformidad con lo expuesto, la sala declarará infundado
el recurso extraordinario de revisión presentado por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 1 de junio de
2020 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
en el proceso de controversias contractuales identificado con el
número de radicación 05001-23-31-000-2004-01247-02, toda
vez que las afirmaciones expuestas por el accionante no se
refieren a ninguna de las causales de nulidad contempladas en
el artículo 133 del Código General del Proceso, ni a los eventos
señalados por la jurisprudencia de la corporación como pasibles
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de configurar la causal de revisión prevista en el artículo 250,
ordinal 5, del CPACA, como consecuencia de la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso. Igualmente, se
advierte que el ad quem no solo contaba con competencia,
sino que tenía el mandato positivo de declarar la
caducidad del medio de control, en cualquier estado del
proceso e, incluso, de oficio, cuando la encontrara
probada […]”. (Destacado fuera de texto)
En el precedente en cita, la divergencia recaía en el hecho de que, en
un litigio sobre controversias contractuales, en la sentencia de segunda
instancia la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B- de esta
Corporación declaró la caducidad de la acción, pese a que al resolver
un recurso de apelación en etapa previa ya había resuelto sobre ese
asunto.
En esa oportunidad, esta Corporación señaló enfáticamente que el ad
quem no solo contaba con competencia, sino que tenía el mandato
impositivo de declarar la caducidad del medio de control, en cualquier
estado del proceso, incluso, de oficio, cuando la encontrara probada.
Lo anterior lleva a concluir que el hecho de que la autoridad judicial
haya estudiado la caducidad en la sentencia cuestionada no constituye
una decisión arbitraria, sino que por el contrario tiene un sustento
razonable y válido, propio de la autonomía del juez natural.
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En relación con el argumento formulado por la actora en su
impugnación, según el cual, de conformidad con la sentencia C-404
de 1997, proferida por la Corte Constitucional, no era posible
pronunciarse sobre un asunto respecto del cual ya existía decisión,
la Sala destaca que tampoco tiene vocación de prosperar, en la
medida en que en dicha providencia el Alto Tribunal Constitucional
realizó un análisis de exequibilidad respecto del artículo 306 del CPC,
en el cual precisamente se dispone que “[…] Si el juez encuentra
probada una excepción que conduzca a rechazar todas las
pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las
restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella
excepción resolverá sobre las otras, aunque quien lo alegó no haya
apelado de la sentencia […]”.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
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de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación decidió el
caso puesto a su consideración.
Así entonces, la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia respecto de la
prohibición del juez de segunda instancia de declarar la caducidad de
la acción, cuando sobre tal asunto ya existía pronunciamiento y, en
su lugar, denegará el amparo solicitado y, confirmará en todo lo
demás, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado frente al debido proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia
impugnada, por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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