RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01882-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01882-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01882-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de tutela presentada por los actores, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 25 Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00 Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01882-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros1.
Demandados: Sección Tercera- Subsección A- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.

Tema: Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Jorge Leonardo
Layton, Cristian Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido contra la Sección
Tercera- Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los señores Jorge Leonardo Layton, María Camila Mancipe Pulido y Cristian
Samir Layton Rodríguez, a través de apoderado2, presentaron acción de tutela
contra el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Sección Tercera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, al proferir los autos de 14 de agosto y 20 de
noviembre de 2024 y 12 de marzo de 2025; y 30 de enero de 2025, dentro del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 110013343065202400143-01.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Refirieron que agotaron la audiencia de conciliación como requisito de
procedibilidad y, posteriormente, presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa, la cual fue identificada con el número de radicación
2024-00143-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante providencia de 14 de agosto
de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada por Nelson Fernando Pulido
Ochoa, Ingrid Paola Pineda Layton, Simón Santiago Pulido Pineda, Martín
Alejandro Pulido Pineda, José Germán Pulido Ochoa, Ana Maricel Pulido Ochoa,
Yennifer Andrea Pulido Ochoa, Zulma Rocío Pulido Ochoa, María Antonia Ochoa
Pulido, Jorge Elías Layton Solano, Mery Leonor Rodríguez de Laiton, Brayan Stiven
Miranda Layton, Ingrid Eliana Layton Rodríguez, Angie Nicol Cepeda Pulido y
Cristián David Cepeda Pulido contra la Nación Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda presentada por Jorge Leonardo Layton,
Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido, por no haber demostrado el
cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. […]”.

2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documentos denominados “9ED_Prueba(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2” y
“10ED_Prueba(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivos aportados en forma digital.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

4. Manifestaron que, mediante auto de 20 de noviembre de 2024, el Juzgado
Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, resolvió:

“[…] PRIMERO: NO REPONER el auto del 14 de agosto de 2024 por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER en el efecto suspensivo el recurso de apelación
interpuesto subsidiariamente por la parte demandante en contra del auto del 14 de
agosto de 2024, por medio del cual se admitió la demanda frente de unos
demandantes y se rechazó de plano respecto de los señores Jorge Leonardo Layton,
Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido, por no haber demostrado el
cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. […]”.

5. Adujeron que presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación
mediante escrito de 21 de agosto de 2024 contra la decisión que rechazó la
demanda frente a los actores, solicitando revocar y, en su lugar, admitir el medio
de control frente a ellos, al considerar que: “[…] sí agotaron el requisito de
procedibilidad pues hicieron parte del trámite de la solicitud de conciliación, por
omisión involuntaria el Honorable Procurador no los incluyó en el acta y constancia
de la conciliación, y rechazar de plano a estos demandantes sería prematuro y
vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia para aquellos, toda vez
que si agotaron el requisito de procedibilidad como se acreditó con la solicitud de
conciliación que se aportó en el escrito de subsanación, donde se puede ver
claramente que si están incluidos” […]”.

6. Manifestaron que el requisito de conciliación extrajudicial había sido agotado y
que por error involuntario de la Procuraduría General de la Nación, no habían sido
incluidos en la constancia de no conciliación, “[…] resaltando que en el escrito de
subsanación se aportó la solicitud de conciliación, los poderes conferidos por los
accionantes para agotar la conciliación, el auto inadmisorio de la procuraduría
donde requería los mentados poderes, el escrito de subsanación que se presentó
ante la procuraduría y el respectivo auto admisorio que dio trámite a la conciliación
extrajudicial; finalmente se indicó que en las oportunidades probatorias se podría
solicitar o aportar una prueba en donde se constatara tal circunstancia, teniendo
en cuenta la etapa tan prematura en que se encuentra el proceso ordinario de
reparación directa. […]”.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

7. Indicaron que el recurso de apelación fue resuelto por la Sección Tercera-
Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia
de 30 de enero de 2025, de la siguiente manera:

“[…] PRIMERO: Confirmar el auto proferido el 14 de agosto de 2024 por el Juzgado
Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través del cual
rechazó la demanda frente a los demandantes Jorge Leonardo Layton, Cristián
Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido, por no haber demostrado el
cumplimiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad,
conforme a lo expuesto. […]”.

7.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] la parte actora no acreditó en el término de subsanación de la demanda haber
agotado el requisito de procedibilidad frente a los demandantes Jorge Leonardo
Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido, omisión que conlleva
a que se rechace la demanda según lo normado en el numeral 2 del artículo 169 de
la Ley 1437 de 2011, dado que que (sic) se trata de un presupuesto de procedibilidad
que debe ser acreditado con la demanda y que garantizan el debido proceso,
defensa y contradicción del extremo pasivo.

19. Adicionalmente, a criterio del recurrente los demandantes si agotaron el requisito
de procedibilidad tal y como consta en el escrito de subsanación de la solicitud de
conciliación prejudicial donde solicitó se les tuviera como integrantes del extremo
activo, sin embargo, el auto admisorio de la solicitud, el acta de la audiencia de la
conciliación y la constancia expedida por el Ministerio Público frente al agotamiento
del trámite prejudicial, l (sic) no advierte la inclusión de los señores Jorge Leonardo
Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido como convocantes,
luego el trámite de conciliación no se puede entender agotado respecto de los
mismos […]”.

[…]

“[…] al no acreditarse que se agotó el requisito de procedibilidad frente a los
demandantes Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir Layton y María Camila
Mancipe Pulido se concluye que no se subsanó la demanda en debida forma y por
ende, resulta procedente rechazar la demanda frente a los mismos conforme a lo
dispuesto en el numeral 2° del artículo 169 del CPACA en concordancia con el
artículo 92 de la Ley 2022 de 2022.

39. No obstante, relata el apoderado de la parte actora que la no inclusión de los
señores Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe
Pulido en la constancia expedida por el Procurador Séptimo Judicial I para Asuntos
Administrativo de Bogotá deviene de un posible error involuntario que no los
relacionó, sin embargo, a criterio de la Sala pese a que en la constancia no se les
hubiere incluido, la documental que da cuenta de las actuaciones del Procurador
Séptimo Judicial I para Asuntos Administrativo de Bogotá en dicho trámite, tales
como el auto admisorio de la solicitud y el acta de la diligencia de conciliación, no
permiten inferir que hubieren integrado la parte convocante a afectos de tener por
agotado el requisito de procedibilidad, siendo un deber procesal de la parte actora
no solo acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad al presentar la
demanda, sino de haber adelantado oportunamente ante la Procuraduría los
trámites que le correspondían en el evento de que en efecto se tratara de un error

5

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

en el curso de la actuación seguida por tal organismo. Es así que en los términos
de la norma y jurisprudencia transcrita en precedencia , para el agotamiento del
requisito de procedibilidad de conciliación, se deben reunir los siguientes
presupuestos: (i) identidad entre las partes que asisten al trámite de conciliación y
luego concurren al proceso en calidad de partes, (ii) correspondencia entre la causa
o los hechos que se sirven de fundamento a la pretensión de conciliación y que,
con posterioridad, se proponen en la demanda y (iii) equivalencia entre el objeto de
la conciliación y el de la demanda.

41. Por lo que, si se presentó algún tipo de error u omisión en el trámite adelantado
por el Procurador Séptimo Judicial I para Asuntos Administrativo de Bogotá,
respecto a la totalidad de integrantes de la parte convocante, corresponde a un
trámite prejudicial, sin que sea en sede judicial que deba subsanarse o corregirse,
pero que en todo caso, tampoco se avizora que durante el trámite de conciliación
prejudicial o con posterioridad al mismo, incluso en el término de subsanación de
la demanda, la parte actora hubiere adelantado gestión alguna en aras de que se
corrigiera por parte del agente del Ministerio Público dicha omisión, o por lo menos
no se acreditó dicha circunstancia.

42. Finalmente, a criterio del apelante la decisión de rechazar la demanda frente a
los señores Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe
Pulido en esta etapa procesal, vulnera su derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, sin embargo, el agotamiento del requisito de
procedibilidad corresponde a una disposición de derecho público y obligatorio
cumplimiento, establecida por el legislador para este tipo de acción, por lo tanto, no
puede quedar al arbitrio, voluntad o posibilidad de la parte demandante la etapa
procesal para su acreditación, pues en los términos del artículo del artículo 161 de
la Ley 1437 de 2011, la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
deberá acreditarse con la presentación de la demanda.

43. En esa medida, le asiste razón al Juez de instancia, al señalar que de los
documentos aportados por la parte actora no se acredita el cumplimiento del
requisito de procedibilidad frente a los demandantes Jorge Leonardo Layton,
Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido, pues no se allegó la
constancia expedida por el Agente del Ministerio Público que dé cuenta que
acudieron en sede prejudicial, defecto que no permite dar trámite a la demanda
frente a dichos demandantes, dado que se trata de requisitos previstos por la ley y
que garantizan no solo el debido proceso, defensa y contradicción del extremo
pasivo. […]”.

8. Indicaron que, mediante auto de 12 de marzo de 2025, el Juzgado Sesenta y
Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá resolvió:

“[…] PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR lo resuelto por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en providencia del 30 de enero
de 2025, por medio de la cual confirmó la decisión de rechazar las pretensiones de
los señores Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe
Pulido, adoptada por este Despacho el 14 de agosto de 2024. […]”.

8.1 Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 1.- Mediante auto del 14 de agosto de 2024, este Despacho admitió la demanda
y rechazó las pretensiones de los señores Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir

6

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

Layton y María Camila Mancipe Pulido, por no haber demostrado el cumplimiento
de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.

2.- Con memorial del 21 de agosto de 2024, el apoderado judicial de la parte
demandante interpuso y sustentó recurso de reposición y en subsidio apelación en
contra de la mencionada providencia.

3.- El Despacho resolvió mantener incólume su decisión y conceder la alzada
interpuesta de forma subsidiaria con auto del 20 de noviembre de 2024.

4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
con providencia del 30 de enero de 2025, confirmó la determinación adoptada por
este Despacho el 14 de agosto de 2024. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] 1. Que se AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO y ACCESO A LA ADMISTRACIÓN DE JUTICIA de los accionantes

2). En consecuencia, de lo anterior DEJAR SIN EFECTO el auto del 20 de noviembre
de 2024 y el numeral 2 del auto del 14 de agosto de 2024 proferidos por el Juzgado
65 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección tercera y el auto del 30 de
enero de 2025 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

3). Dejar sin efecto el auto del 12 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado 65
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que obedeció y cumplió lo dispuesto por
el superior.

4). SE ORDENE a las autoridades judiciales accionadas profieran una nueva decisión
en la cual de ampare el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia,
debido proceso y den aplicación a los principios de buena fe y “pro homine”

5). En consecuencia, se suspenda el estudio del cumplimiento del requisito de
procedibilidad de los accionantes y se evalúe de fondo en la sentencia que ponga fin
al proceso en primera instancia. […]”.

10. Como fundamento indicaron lo siguiente3:

“[…] Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados al tomar la decisión de rechazar sus pretensiones por no agotar el
requisito de procedibilidad de la conciliación, sin tener en cuenta, que los mentados
demandantes si agotaron el requisito de procedibilidad pues hicieron parte del
trámite de la solicitud de conciliación, por omisión involuntaria el Honorable
Procurador no los incluyó en el acta y constancia de la conciliación, y rechazar de
plano a estos demandantes sería prematuro y vulnera el derecho al acceso a la
administración de justicia para aquellos, toda vez que si agotaron el requisito de

3 Transcripción literal del texto.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

procedibilidad como se acreditó con la solicitud de conciliación que se aportó en el
escrito de subsanación, donde se puede ver claramente que si están incluidos.

Una cosa es que los demandantes no están incluidos en la constancia de
conciliación, y otra es afirmar que no agotaron el requisito de procedibilidad; en la
primera situación no hay certeza de que hayan agotado el trámite, en tanto la
segunda es claro que no lo agotaron y la consecuencia es el rechazo de la
demanda. En el proceso ordinario, si habían elementos de prueba que permitía
concluir, por lo menos, que los demandantes JORGE LEONARDO LAYTON,
CRISTIAN SAMIR LAYTON y MARIA CAMILA MANCIPE PULIDO si habían hecho
parte del trámite conciliatorio, esto es, la solicitud de conciliación extrajudicial, los
respectivos poderes, el auto inadmisorio y la respectiva subsanación, por lo que,
erraron las autoridades judiciales al considerar que era insuficiente y rechazar de
plano, sin permitir que el proceso avance y en el transcurso del mismo se pueda
dilucidar si agotaron o no el requisito de procedibilidad.

Lo anterior teniendo en cuenta que en las etapas probatorias para tal fin, se podía
requerir al Honorable Procurador Séptimo (7) Judicial II para asuntos
administrativos de Bogotá, para que certificara si el requisito se agotó respecto de
ellos, lo cual se podría hacer vía reforma de la demanda solicitando o aportando
una prueba en ese sentido, sin embargo, los Honorables administradores de justicia
los rechazaron de plano, cercenado con ello toda posibilidad de los demandantes
de obtener una decisión de fondo respecto a sus pretensiones. Cabe resaltar que
por solicitud que se hiciere al Honorable procurador comentando lo sucedido, aquel
reconoció efectivamente su lamentable yerro y procedió a corregir la constancia de
no conciliación, incluyendo a los aquí accionantes, sin embargo, como las
autoridades judiciales accionadas se apresuraron a rechazarlos de plano en las
providencias judiciales objeto de censura, las cuales hacen tránsito a cosa juzgada,
ya no pueden ejercer su derecho de acción y no pueden obtener una decisión de
fondo en sus pretensiones aun cumpliendo con todos los requisitos de forma y de
fondo para integrar el extremo activo. Indudablemente debe prevalecer el derecho
sustancial que les asiste.

Personalmente considero que las prácticas judiciales rigurosas y en exceso
ritualistas no atienden las nuevas posturas judiciales que comprenden la
flexibilización en las interpretaciones para garantizar los derechos fundamentales
que tienen todas las personas; en este caso en específico, primó para las
autoridades judiciales que no se haya aportado, en el momento que ellos exigieron
y consideraron inexorable, la constancia de no conciliación corregida; que
garantizar los derechos fundamentales de los accionantes, aun cuando había
serios indicios y se manifestó expresamente que si habían agotado el requisito de
procedibilidad pero por cuestiones ajenas a ellos y al suscrito, había quedado por
fuera de la constancia de no conciliación; las providencias objeto de censura se
fundan en un derecho sancionatorio que no respeta las garantías Constitucionales
de los accionados. […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, las decisiones proferidas por los operadores judiciales
accionados que rechazaron a los aquí accionantes y que por ende rechazó la
interpretación más garantista de esta situación particular, se encuentra en contra
de la Constitución Política que en un Estado social de derecho, como el nuestro,
ha sido creado para proteger y garantizar los derechos fundamentales. La
circunstancia de dejar en suspenso el estudio del cumplimiento de dicho requisito
para los aquí accionantes en el transcurso del proceso, no vulnera derecho
fundamental de ninguna de las partes, pero rechazarlos de plano, efectivamente si
les vulnera el acceso a la administración de justicia y debido proceso, aun cuando

8

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

existen oportunidades probatorias para acreditar el cumplimiento de dicho
requisito. Por tal motivo, las pretensiones de esta solicitud de amparo deben
prosperar y garantizar los derechos fundamentales de los accionante, vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 2025: i) inadmitió la
acción de tutela y; ii) requirió al abogado para que allegara el poder para representar
al señor Cristian Samir Layton Rodríguez, concediéndole el término de tres (3) días
para que se manifestara sobre el particular.

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera-
Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al juez sesenta y
cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y iii) vinculó a la Procuraduría Séptima
Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá como tercero con interés legítimo.

Intervención de los demandados y de tercero con interés legítimo

13. La Sección Tercera- Subsección A- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca afirmó que no incurrió en los defectos alegados ni afectó los
derechos fundamentales invocados por los actores, pues su decisión no fue
caprichosa ni arbitraria, razón por la que solicitó declarar improcedente o, en su
defecto, denegar la acción de tutela, porque no es una instancia adicional a las
establecidas por el legislador.

13.1 Señaló que no incurrió en alguna irregularidad o desconocimiento y, por el
contrario, atendió a la autonomía judicial y llegó a la decisión que rechazó la
demanda en forma debida.

13.2 Indicó que pese a que los actores contaron con las oportunidades y recursos
de ley para subsanar la situación, no acreditaron acción alguna en ese sentido, de
manera que, “[…] pretender se dejen sin efectos las decisiones adoptadas
conforme a la documental obrante en el plenario y en aplicación a los presupuestos
normativos que exigen al Juez que se procure por el cumplimiento del requisito de
procedibilidad, so pena de consecuencia de rechazo, afectaría la seguridad jurídica

9

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

del demandado que propende porque se dé cumplimiento por la parte actora, de
las exigencias legales para acudir a la jurisdicción. […]”.

13.3 Manifestó que: “[…] la Sala de Decisión en la providencia cuestionada hizo
alusión que en el trámite de primera y segunda instancia no se acreditó algún tipo
de trámite ante el Procurador Séptimo Judicial I para Asuntos Administrativo de
Bogotá, para la corrección del error u omisión en la totalidad de integrantes de la
parte convocante, pues solo hasta la presente acción de tutela es que se advierte
que se elevó solicitud en tal sentido y que la misma fue atendida, con posterioridad
al auto acusado, razón por la que se confirmó la decisión de rechazo. Corolario a
lo anterior, debo precisar que no es de recibo que la parte actora pretenda a través
de la acción de tutela, subsanar los requisitos previstos en la Ley para acudir a esta
jurisdicción como si se tratara de una tercera instancia, pues se insiste en que al
advertirse el error en la constancia emitida por el Ministerio Público, contó con
varias oportunidades para subsanarlo, esto es, antes de presentar la demanda,
una vez presentada y fue inadmitida la misma en primera instancia por dicha
circunstancia, así como, al recurrir la decisión de rechazo e incluso en el trámite de
segunda instancia, sin que hubiere acreditado acción alguna en tal sentido. […]”.

13.4 Indicó que “[…] el hecho de que no se acreditara trámite alguno en tal sentido
que careció de prosperidad dicho argumento y se confirmó la decisión, y es en esa
medida, que no pueden pretender los accionantes que sea precisamente en
aplicación de los principios de buena fe y pro homine, que a través de la presente
tutela se le exima del cumplimiento de haber demostrado previo a la presentación
de la demanda de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad o en
su defecto, se le tenga por subsanado. [...]”.

14. La Procuraduría Séptima Judicial II Administrativa manifestó que no fue
informada de ninguna decisión o requerimiento por parte de los actores o de los
despachos judiciales accionados, por lo que no cometió omisión alguna.

14.1 Adujo que “[…] Teniendo en cuenta el número de convocantes y el desorden
con el cual el apoderado presentó los diversos archivos y anexos de la solicitud de
conciliación, esta procuraduría judicial no advirtió la adición efectuada y admitió la
solicitud respecto de los convocantes relacionados en la solicitud primigenia,

10

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

mediante auto del 1 de abril de 2024 que fue debidamente notificado a las partes
y contra el cual no se interpuso recurso alguno. […]”.

14.2 Indicó que mediante correo electrónico de 19 de febrero de 2025, el abogado
Jaime Alexander Marmolejo, solicitó la corrección del acta y de la constancia de
conciliación para que los actores fueran incluidos en la demanda.

14.3 Señaló que el 20 de febrero de 2025, expidió constancia de corrección, la cual
fue remitida al apoderado que la había solicitado, en la que señaló la subsanación
de la solicitud de conciliación y reiteró que solo el 19 de febrero de 2025, advirtió
tal omisión.

15 El Juzgado Juez Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá se limitó
a remitir el expediente contentivo del medio de control de reparación directa,
identificado con el número de radicación 11001334306520240014300, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16 Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 136 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sección
Tercera- Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir el
auto de 30 de enero de 2025 y el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, al proferir los autos de 12 de marzo de 2025, 20 de noviembre
de 2024 y 14 de agosto de 2024 dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 110013343065202400143-01, incurrieron en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto.

19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) análisis
del caso concreto y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

21. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:

28. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

29. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
los actores cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones
jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.

30. Para la Sala exigirle a los actores una carga argumentativa mínima se
justifica, en que si bien es cierto que la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de los actores, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

31. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez14.

32. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.

33. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
y

34. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
14 Puesto que las providencias cuestionada se profirieron el 30 de enero de 2025 por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y ii) el Juzgado, los autos de 12 de marzo de 2025, 20 de noviembre de 2024
y 14 de agosto de 2024 fueron notificados, y la tutela se interpuso el 31 de marzo de 2024, es decir que, la
solicitud de amparo se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia
cuestionada.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

35. Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo,
señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas
señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer
el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”15.

36. De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-398 de 201716, consideró:

“[…] El segundo se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, y se
configura cuando“(…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando “(i) no tiene presente que
el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los
hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho
procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales”.17

[…]

En esta medida, se puede entonces concluir que las formalidades procesales son
esenciales en los procesos judiciales para garantizar el respeto de un debido proceso,
a efectos de que las personas puedan defender sus derechos conforme a un conjunto
de etapas y actos que lo que buscan es asegurar el funcionamiento de la
administración de justicia, la validez de las actuaciones de las partes y la garantía de

15Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-398 de 23 de junio de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Corte Constitucional, sentencia T- 429 de 19 de mayo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

16

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

sus derechos.18No obstante, éstas no se pueden convertir en fórmulas sacramentales
y rigurosas que sacrifiquen el goce efectivo de los derechos subjetivos, pues el fin
último del derecho procesal es precisamente contribuir a la realización de la justicia
material. De hecho, cuando se aplican de manera taxativa las normas procesales en
desmedro del amparo de los derechos de las personas, se configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto que hace procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales […]”.

37. En conclusión, la Sala advierte que una de las causales de procedibilidad
por defecto procedimental en que puede incurrir un juez es el exceso ritual
manifiesto donde el juez hace nugatorio la prevalencia del derecho sustancial al
aplicar de manera rigurosa el derecho procesal afectando el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia

38. De acuerdo con el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al

18 Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Gloria Stella
Ortiz Delgado). En esta sentencia la Corte estableció las garantías que encierra el derecho al debido proceso.
19 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

17

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

debido proceso

40. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso concreto

42. Los señores Jorge Leonardo Layton, María Camila Mancipe Pulido y Cristian
Samir Layton Rodríguez, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra
el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la Sección
Tercera -Subsección A- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

20 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

administración de justicia, al proferir los autos de 14 de agosto y 20 de noviembre
de 2024 y 12 de marzo de 2025; y 30 de enero de 2025, dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 110013343065202400143-01.

43. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.

44. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en el escrito
de tutela.

Acervo y análisis probatorios

45. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

45.1 Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
reparación directa identificado con el número único de radicación
110013343065202400143-01.

45.2 Informes de las entidades demandadas y de la Procuraduría Séptima Judicial
II para Asuntos Administrativos como tercero con interés legítimo.

Solución del caso concreto

46. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las
siguientes razones21:

21 Transcripción literal del texto.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

“[…] Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados al tomar la decisión de rechazar sus pretensiones por no agotar el
requisito de procedibilidad de la conciliación, sin tener en cuenta, que los mentados
demandantes si agotaron el requisito de procedibilidad pues hicieron parte del
trámite de la solicitud de conciliación, por omisión involuntaria el Honorable
Procurador no los incluyó en el acta y constancia de la conciliación, y rechazar de
plano a estos demandantes sería prematuro y vulnera el derecho al acceso a la
administración de justicia para aquellos, toda vez que si agotaron el requisito de
procedibilidad como se acreditó con la solicitud de conciliación que se aportó en el
escrito de subsanación, donde se puede ver claramente que si están incluidos.

Una cosa es que los demandantes no están incluidos en la constancia de
conciliación, y otra es afirmar que no agotaron el requisito de procedibilidad; en la
primera situación no hay certeza de que hayan agotado el trámite, en tanto la
segunda es claro que no lo agotaron y la consecuencia es el rechazo de la
demanda.

En el proceso ordinario, si habían elementos de prueba que permitía concluir, por
lo menos, que los demandantes JORGE LEONARDO LAYTON, CRISTIAN SAMIR
LAYTON y MARIA CAMILA MANCIPE PULIDO si habían hecho parte del trámite
conciliatorio, esto es, la solicitud de conciliación extrajudicial, los respectivos
poderes, el auto inadmisorio y la respectiva subsanación, por lo que, erraron las
autoridades judiciales al considerar que era insuficiente y rechazar de plano, sin
permitir que el proceso avance y en el transcurso del mismo se pueda dilucidar si
agotaron o no el requisito de procedibilidad.

Lo anterior teniendo en cuenta que en las etapas probatorias para tal fin, se podía
requerir al Honorable Procurador Séptimo (7) Judicial II para asuntos
administrativos de Bogotá, para que certificara si el requisito se agotó respecto de
ellos, lo cual se podría hacer vía reforma de la demanda solicitando o aportando
una prueba en ese sentido, sin embargo, los Honorables administradores de justicia
los rechazaron de plano, cercenado con ello toda posibilidad de los demandantes
de obtener una decisión de fondo respecto a sus pretensiones.

Cabe resaltar que por solicitud que se hiciere al Honorable procurador comentando
lo sucedido, aquel reconoció efectivamente su lamentable yerro y procedió a
corregir la constancia de no conciliación, incluyendo a los aquí accionantes, sin
embargo, como las autoridades judiciales accionadas se apresuraron a rechazarlos
de plano en las providencias judiciales objeto de censura, las cuales hacen tránsito
a cosa juzgada, ya no pueden ejercer su derecho de acción y no pueden obtener
una decisión de fondo en sus pretensiones aun cumpliendo con todos los requisitos
de forma y de fondo para integrar el extremo activo. Indudablemente debe
prevalecer el derecho sustancial que les asiste.

Personalmente considero que las prácticas judiciales rigurosas y en exceso
ritualistas no atienden las nuevas posturas judiciales que comprenden la
flexibilización en las interpretaciones para garantizar los derechos fundamentales
que tienen todas las personas; en este caso en específico, primó para las
autoridades judiciales que no se haya aportado, en el momento que ellos exigieron
y consideraron inexorable, la constancia de no conciliación corregida; que
garantizar los derechos fundamentales de los accionantes, aun cuando había
serios indicios y se manifestó expresamente que si habían agotado el requisito de
procedibilidad pero por cuestiones ajenas a ellos y al suscrito, había quedado por
fuera de la constancia de no conciliación; las providencias objeto de censura se

20

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

fundan en un derecho sancionatorio que no respeta las garantías Constitucionales
de los accionados. […]”.

47. Al respecto, la Sala observa que, mediante auto de 20 de noviembre de 2024,
el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito Bogotá, consideró que:

“[…] En primer lugar, porque desde el auto del 14 de agosto de 2024 se le advirtió
al demandante que los errores en los que pudo incurrir o no el Agente del
Ministerio Público debieron ser cuestionados en esa sede través del recurso
de reposición establecido en el artículo 114 de la Ley 2220 de 2022 o mediante
una solicitud de corrección o adición del acta, lo cual no fue realizado en esa
oportunidad ante la Procuraduría, ni durante el término de subsanación de la
demanda y tampoco con ocasión de la presente impugnación del auto
admisorio.

En segundo lugar, porque la decisión de rechazar de plano la demanda no fue
caprichosa ni desproporcionada, pues esa es la consecuencia jurídica establecida
en el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 para las pretensiones que no cumplieron
con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Esa disposición
normativa procesal, además se ser absolutamente clara en cuanto al supuesto de
hecho y la consecuencia, es de orden público y de obligatoria observancia para el
juez, las partes, los terceros y los demás intervinientes procesales, y no podrá ser
derogada, modificada o sustituida por los funcionarios o los particulares a través de
un juicio de conveniencia (art. 13, Código General del Proceso).

Ahora, si el apoderado de los demandantes considera que tal previsión vulnera los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso,
podrá hacer uso de la acción pública de inconstitucionalidad y solicitar a la
Corte Constitucional que declare su inexequibilidad; sin embargo, hasta que ello
no suceda, la norma deberá ser aplicada con todo lo que ello implica, sin que
sea posible suprimirla del ordenamiento a través de un recurso de reposición. En
tercer lugar, porque el cumplimiento del requisito de procedibilidad cuando se
efectuó audiencia no puede ser probado con la simple manifestación del
demandante en ese sentido, sino que, de conformidad con lo establecido en
el parágrafo del artículo 94 de la Ley 2220 de 2022, debe acreditarse mediante
la constancia expedida por el Procurador de Conocimiento.

En virtud de esa disposición normativa la única prueba conducente para probar el
agotamiento del requisito de procedibilidad es la constancia de que trata el artículo
105 de la Ley 2220 de 2022 y todos los demás elementos de convicción, incluida la
declaración de parte, carecen de la aptitud para demostrar la realización de la
diligencia.

En ese sentido, no es que el Juzgado se haya equivocado al considerar que la
solicitud de conciliación extrajudicial es insuficiente o que la haya pasado por
alto, sino que esa prueba documental es inconducente y por lo mismo no
puede ser tenida en cuenta (artículo 168, Código General del Proceso). […]”.
(Resaltado por la Sala)

48. Además, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante auto de 30 de enero de 2025, al respecto señaló:

21

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

“[…] 39. No obstante, relata el apoderado de la parte actora que la no inclusión de
los señores Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe
Pulido en la constancia expedida por el Procurador Séptimo Judicial I para Asuntos
Administrativo de Bogotá deviene de un posible error involuntario que no los
relacionó, sin embargo, a criterio de la Sala pese a que en la constancia no se
les hubiere incluido, la documental que da cuenta de las actuaciones del
Procurador Séptimo Judicial I para Asuntos Administrativo de Bogotá en
dicho trámite, tales como el auto admisorio de la solicitud y el acta de la
diligencia de conciliación, no permiten inferir que hubieren integrado la parte
convocante a afectos de tener por agotado el requisito de procedibilidad,
siendo un deber procesal de la parte actora no solo acreditar el cumplimiento
del requisito de procedibilidad al presentar la demanda, sino de haber
adelantado oportunamente ante la Procuraduría los tramites que le
correspondían en el evento de que en efecto se tratara de un error en el curso
de la actuación seguida por tal organismo.

40. Es así que en los términos de la norma y jurisprudencia transcrita en precedencia
, para el agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación, se deben
reunir los siguientes presupuestos: (i) identidad entre las partes que asisten
al trámite de conciliación y luego concurren al proceso en calidad de partes,
(ii) correspondencia entre la causa o los hechos que se sirven de fundamento a la
pretensión de conciliación y que, con posterioridad, se proponen en la demanda y
(iii) equivalencia entre el objeto de la conciliación y el de la demanda.

41. Por lo que, si se presentó algún tipo de error u omisión en el trámite adelantado
por el Procurador Séptimo Judicial I para Asuntos Administrativo de Bogotá,
respecto a la totalidad de integrantes de la parte convocante, corresponde a un
trámite prejudicial, sin que sea en sede judicial que deba subsanarse o
corregirse, pero que en todo caso, tampoco se avizora que durante el trámite
de conciliación prejudicial o con posterioridad al mismo, incluso en el término
de subsanación de la demanda, la parte actora hubiere adelantado gestión
alguna en aras de que se corrigiera por parte del agente del Ministerio Público
dicha omisión, o por lo menos no se acreditó dicha circunstancia.

42. Finalmente, a criterio del apelante la decisión de rechazar la demanda frente a
los señores Jorge Leonardo Layton, Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe
Pulido en esta etapa procesal, vulnera su derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, sin embargo, el agotamiento del requisito de
procedibilidad corresponde a una disposición de derecho público y
obligatorio cumplimiento, establecida por el legislador para este tipo de
acción, por lo tanto, no puede quedar al arbitrio, voluntad o posibilidad de la
parte demandante la etapa procesal para su acreditación, pues en los términos
del artículo del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad deberá acreditarse con la presentación de la
demanda.

43. En esa medida, le asiste razón al Juez de instancia, al señalar que de los
documentos aportados por la parte actora no se acredita el cumplimiento del
requisito de procedibilidad frente a los demandantes Jorge Leonardo Layton,
Cristián Samir Layton y María Camila Mancipe Pulido, pues no se allegó la
constancia expedida por el Agente del Ministerio Público que dé cuenta que
acudieron en sede prejudicial, defecto que no permite dar trámite a la demanda
frente a dichos demandantes, dado que se trata de requisitos previstos por la
ley y que garantizan no solo el debido proceso, defensa y contradicción del
extremo pasivo. […]”. (Resaltado por la Sala)

22

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

49. La Sala observa que, de conformidad con el material probatorio obrante en
el expediente del proceso cuestionado, en efecto, como lo señalaron el Juzgado y
el Tribunal accionados, dentro de los documentos que los actores allegaron con el
escrito del medio de control de reparación directa identificado con el número de
radicado 10013343065-2024-00143-00, no obra el acta de conciliación extrajudicial
proferido por la Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos en la
que se incluya el nombre de los actores.

50. En este sentido, la Sala encuentra que ni el Juzgado ni el Tribunal incurrieron
en un exceso ritual manifiesto al rechazar la demanda de reparación directa
respecto de los actores, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo
16122 de la Ley 1437 de 201123, el acta de conciliación prejudicial allegada al
expediente debía incluir sus identidades, lo cual no ocurrió, incumpliendo así el
requisito de procedibilidad para procesos de reparación directa.

22 ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: 1. Cuando los asuntos sean
conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda
en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y
controversias contractuales. […]”
23 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

51. Cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 9224, el parágrafo del artículo
9425 y el 10526 de la Ley 2220 de 202227 y la jurisprudencia, se deben reunir los
presupuestos de i) identidad entre las partes que asisten al trámite de
conciliación y luego concurren al proceso en calidad de partes, (ii)
correspondencia entre la causa o los hechos que se sirven de fundamento a la
pretensión de conciliación y que, con posterioridad, se proponen en la demanda y
(iii) equivalencia entre el objeto de la conciliación y el de la demanda

52. Así las cosas, de acuerdo con el informe rendido por la Procuraduría Séptima
Judicial II para Asuntos Administrativos, el apoderado solicitó la corrección del acta
el 19 de febrero de 2025, la cual fue tramitada por esa entidad el 20 de febrero de
2025, remitiéndola al interesado ese mismo día.

53. De conformidad con los hechos, la Sala observa que el abogado de los
accionantes actuó de una manera negligente y dilatoria al no acudir a la
Procuraduría Séptima Judicial II para Asuntos Administrativos desde el primer
momento en que el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá
rechazó la demanda de plano, con el fin de enmendar la omisión de la entidad y

24 ARTÍCULO 92. Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Cuando los asuntos sean
conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda
en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y
controversias contractuales. En la conciliación extrajudicial en asuntos laborales y de la seguridad social, se
dará aplicación a lo previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 89 de la presente ley. La ausencia del agotamiento
del requisito de procedibilidad dará lugar al rechazo de plano de la demanda por parte del juez de conocimiento.
En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre
expresamente prohibida. Con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el trámite
de conciliación extrajudicial contencioso administrativa se deberá aumentar, profundizar y hacer eficiente y
eficaz el aprovechamiento de los datos, con la finalidad de generar valor social y económico, en el marco de
lo establecido en la Ley 1581 de 2012.
25 ARTÍCULO 94. Cumplimiento del requisito de procedibilidad. […] PARÁGRAFO. Para los eventos indicados
en los numerales 1 y 2 del presente artículo el requisito de procedibilidad deberá acreditarse mediante la
constancia de que trata la presente ley.
26 ARTÍCULO 105. Constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial. El agente del Ministerio Público expedirá el documento que acredita ante la autoridad judicial
que, efectivamente, el trámite de conciliación extrajudicial se surtió para efectos de la presentación de la
demanda, cuando a ello hubiere lugar. En la constancia se indicará la fecha de presentación de la solicitud, la
fecha en que se celebró la audiencia, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación. Esta
constancia se expedirá en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Cuando se presente una solicitud para la
celebración de una audiencia de conciliación y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con
la ley. En este evento, la constancia deberá expedirse en el plazo establecido en el artículo 104 de la presente
ley. 2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En la constancia deberán indicarse,
expresamente, las excusas presentadas por la inasistencia, si las hubiere, o la circunstancia de que no fueron
presentadas. En este evento, la constancia deberá expedirse al día siguiente del vencimiento del término para
la presentación de las excusas por inasistencia. 3. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se
logre acuerdo. En este evento, la constancia deberá expedirse y ponerse a disposición del interesado al
finalizar la audiencia. En todo caso, junto con la constancia, de la cual guardará copia el agente del Ministerio
Público, se devolverán los documentos aportados por los interesados, si a ello hubiere lugar. PARÁGRAFO.
En los términos del artículo 19 del Decreto Ley 2106 de 2019 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, la Procuraduría General de la Nación deberá organizar las constancias expedidas como un
registro público y habilitar su consulta gratuita por medios digitales.
27 “Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones.”

24

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

solicitar que los actores fueran incluidos en el acta de conciliación extrajudicial, lo
cual realizó solo hasta el 19 de febrero de 2025.

54. Consecuente con lo anterior, la Sala en el caso sub examine no advierte que
las autoridades judiciales accionadas hayan incurrido en un exceso ritual manifiesto
ni vulnerado los derechos fundamentales invocados, toda vez que, en efecto, de los
documentos allegados por los actores no era posible inferir que había algún error u
omisión en el acta de conciliación proferida por la Procuraduría Séptima Judicial II
para Asuntos Administrativos, más aún si se tiene en cuenta que la corrección frente
a dicho documento se solicitó con posterioridad a los recursos con los que contaron
dentro del respectivo medio de control, por lo que, ni el Juzgado ni el Tribunal al
momento de proferir sus providencias, podían tener certeza de lo que el apoderado
señala sobre el referido error.

Conclusiones de la Sala

55. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva, la Sala denegará el
amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de tutela presentada por los actores, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202501882-00
Actores: Jorge Leonardo Layton y otros.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2) Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.