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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01883-00

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01883-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 21 Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00 Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01883-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera
Demandada: Sección Segunda -Subsección A- del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii)
igualdad y ii) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Sección Segunda
-Subsección A- del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado1, presentó acción de tutela contra la
Sección Segunda -Subsección A- del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 13 de febrero de 2025, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000202000352-01, vulneró sus derechos

1Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 17 y 18 del documento denominado “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
seguridad social.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Manifestó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin
de que se declarara la nulidad del Oficio núm. 20191420147777201 de 24 de
diciembre de 2019, que negó la devolución de los valores descontados desde la
nómina de diciembre de 2018 por concepto de reintegros a la Nación por mayores
valores pagados.

4.La Sección Segunda -Subsección F- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 19 de julio de 2022, denegó las
pretensiones de la demanda.

5.La Sección Segunda -Subsección A- del Consejo de Estado, mediante sentencia
de 13 de febrero de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción
de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias […]”.

6.Como fundamento, consideró que:

“[…] Revisado el expediente, se encuentra que si bien se busca la nulidad del Oficio
20191420147777201 del 24 de diciembre de 2019 a través del cual se negó la
devolución de los valores descontados, la entidad demandada profirió un acto
administrativo anterior por medio del cual ya había negado la devolución de los
valores que ahora discute el señor Arturo Fredi Becerra Mosquera.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

En efecto, la UGPP expidió la Resolución RDP 019351 del 27 de junio de 2019 que
resolvió una solicitud en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado
Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, en la cual se determinó que el
señor Becerra Mosquera debía reintegrar a la Nación la suma de $140.656.613,
monto que la misma entidad estableció en virtud a que el demandante se retiró del
servicio, pero siguió recibiendo asignación.
Para comprender el contexto del presente asunto, es necesario precisar que el
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá dictó sentencia el 19
de junio de 2019 donde tuteló el derecho fundamental de petición y ordenó a la
UGPP emitir respuesta integral y de fondo a las «inquietudes planteadas por el señor
ARTURO PREDI (sic) BECERRA MOSQUERA, por conducto de apoderado judicial,
en la petición elevada el 12 de febrero de 2019»
[…]
“[…] Claramente en el acto expedido por la UGPP no sólo se indicó el valor que se
adeudaba, sino que, además, se negó la pretensión de devolución de lo descontado,
pedimento que el señor Arturo Fredi ahora plantea en sede judicial.
En consecuencia, como la Resolución RDP 019351 del 27 de junio de 2019 se
notificó por aviso el 11 de julio de 2019, la parte demandante debió presentar el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a más tardar el 12 de
noviembre de 2019, y este, según se observa en el auto admisorio,14 fue radicado
el 6 de julio de 2020, escenario que permite concluir que fue presentada de manera
extemporánea.
En este punto es importante precisar que si bien el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al admitir el proceso y al resolver la excepción de caducidad
propuesta en el asunto consideró que como lo descontado venía afectando la
mesada pensional durante los años 2018 y 2019 e incluso para el momento de
presentación de la demanda y que, bajo ese entendido, la controversia recaía sobre
una prestación periódica, dicha postura difiere de lo sostenido por esta Corporación
y lo probado en el presente asunto como se expuso en precedencia.
Así, como lo determinado por la UGPP por reintegro de los mayores valores pagados
constituye un valor único, no puede considerarse que tenga la connotación de
prestación periódica que habilite la presentación de la demanda en cualquier tiempo.
Finalmente, solo en gracia de discusión, si se computa el término de caducidad
respecto del acto acusado del 24 de diciembre de 2019, notificado el 27 de diciembre
del mismo año, a igual conclusión se arriba frente a la comprobación del fenómeno
exceptivo.
En este sentido, la Subsección revocará la decisión que negó las pretensiones de la
demanda y declarará probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7.El actor solicitó en su escrito de tutela2:

2 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

“[…] PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la pensión o cualquier vulneración de rango constitucional, del señor
ARTURO FREDI BECERRA MOSQUERA, derechos que fueron vulnerados por el
CONSEJO DE ESTADO -SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A en sentencia del
13 de febrero de 2025 dentro del proceso con radicado 250002342-000-2020-
00352-01 (5588-2022).
SEGUNDA: Se declare sin ningún valor ni efecto jurídico el numeral primero de la
parte resolutiva de la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A, numeral por
medio del cual, declaró de oficio la caducidad del medio de control de Nulidad y
restablecimiento del derecho.
TERCERA: En consecuencia, solicito que se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, que PROFIERA NUEVA SENTENCIA en
la cual resuelva de manera favorable la solicitud de devolución de los dineros
descontados por concepto de "Reintegros Nación por mayores valores descontados
por concepto de mesadas pensionales", y, por consiguiente, se disponga la
actualización y ajuste de estos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC)
[…]”.

Actuación

8.El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda -
Subsección A- del Consejo de Estado; y iii) vinculó como terceros con interés
legítimo, a la Sección Segunda -Subsección F- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9.La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar improcedente el
amparo. En ese orden de ideas, señaló lo siguiente:

“[…] La parte accionante acude a este medio excepcional, con el fin de que se dejen
si efectos la sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida en el proceso contencioso
No. 25000-23-42-000-2020-00352-01 (5588-2022), situación que es a todas luces
improcedente.

Se concluye que la decisión tomada por el despacho demandado, fueron acertadas,
por cuanto no se incurrió en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario
la misma se ajustó al ordenamiento legal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

No existe violación al debido proceso en razón a que, de la revisión del proceso
judicial, que culminó con los fallos cuestionados y se le garantizó a la parte tutelante
sus derechos de contradicción y defensa lo que hace que el objeto de inconformismo
de la parte accionante con esa decisión no pueda ser catalogados como violatoria
de derecho fundamental alguno.

En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante con la invocación de esta tutela, pasando por alto que en la actuación hoy
cuestionada ya se resolvió por el juez natural de la causa […]”.

10. La Sección Segunda -Subsección A- del Consejo de Estado y la Sección
Segunda -Subsección F- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 135 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

Problema jurídico

13.Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

14.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social;
vi) el análisis del caso concreto y, finalmente, vii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

16.Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17.Por lo anterior y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

18.De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000202000352-01, en primer lugar, debe verificar la presencia de los
requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso
objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta
manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

19.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

20.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

21.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

22.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso de que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla
o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el

[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

23.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

24.En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

25.La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

26.El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

27.Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,

24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

28. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

29.Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección

25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

30.El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

31.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:26

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado27.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”28. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus

26 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
27 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
28 Sentencia T-173 de 2016.

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Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”29 […]”.

Análisis del caso concreto

32. El actor, obrando mediante apoderado30, presentó acción de tutela contra la
Sección Segunda -Subsección A- del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 13 de febrero de 2025, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 250002342000202000352-01, vulneró sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la seguridad social.

33.De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo probatorio
para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

34.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

35.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

35.1. Copia de la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sección Segunda
-Subsección A- del Consejo de Estado el 13 de febrero de 2025.

Solución del caso concreto

29 Ibídem.
30Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 17 y 18 del documento denominado “4ED_Demanda(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

36.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo “[…] debido a que en la interpretación
de la norma que realizó del literal b) del numeral primero del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 tuvo un yerro frente a la aplicación […]” de los principios de
progresividad, favorabilidad, igualdad y proporcionalidad.

37.El actor de igual manera expresó lo siguiente:

“[…] Conforme a lo expuesto, la correcta aplicación del precedente judicial tiene como
objetivo garantizar la efectividad de principios fundamentales como la buena fe, la
seguridad jurídica, la igualdad y la confianza legítima. En este sentido, la omisión de
seguir el precedente judicial, como ocurre en el caso concreto, implica una vulneración
directa de los derechos fundamentales del accionante. Esto, se entiende en virtud de
que el Consejo de Estado, en pronunciamientos previos, ha reconocido que las
mesadas pensionales son una prestación periódica e imprescriptible, la cual, no está
sujeta a las reglas de caducidad.

En consecuencia, los descuentos realizados sobre estas mesadas constituyen parte
del mismo rubro, configurándose como un derecho accesorio que sigue la misma suerte
que la prestación principal, y, por lo tanto, no opera el fenómeno de caducidad respecto
a la reclamación de dichos descuentos, es por esto que, el respeto al precedente
también obedece a la protección del derecho a la igualdad, principio que, en este caso,
ha sido transgredido.

Conforme a lo anterior es preciso indicar que, en sentencia del 13 de febrero de 2025
se desconoce también el precedente frente al carácter indemnizatorio que adquieren
los dineros pagados al demandante con ocasión a una orden judicial que resulta del
medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho impetrado.

Lo anterior, en la medida que el Consejo de Estado ha venido desarrollando una línea
jurisprudencial sobre casos similares a los del aquí accionante:

CARÁCTER INDEMNIZATORIO Y Refiere el consejo de estado en
EXCEPCIÓN A LA INCOMPATIBILIDAD sentencia S-638 del 28 de julio de 1996
DE PENSIÓN Y PAGO DE SALARIOS que "Nadie podrá desempeñar
RECIBIDOS POR ORDEN JUDICIAL. simultáneamente más de un empleo
público...", y en este caso es diáfano que
el favorecido con la sentencia no estaría
desempeñando al mismo tiempo dos
empleos, pues no podría llegarse al
extremo de tener la declaración de que
no existe solución de continuidad, que es
una mera ficción, con el mismo alcance y
contenido de la prestación real y efectiva
del servicio en un cargo. La ficción no es
más que una apariencia de realidad,

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

aunque con efectos jurídicos, que se
utiliza como se dijo atrás para poder
aplicar una equivalencia en lo que hace
con la determinación y tasación de los
elementos que integran al
restablecimiento del derecho."

Así mismo, lo indicó la sala de lo
contencioso administrativo-sección
segunda-subsección b en sentencia
1113 de 2012" (...) no se ordenará el
descuento de los valores que la actora
haya recibido del Tesoro Público, como
consecuencia de otra relación laboral
que haya tenido entre el retiro del
servicio dispuesto mediante el acto cuya
nulidad se declara en esta sentencia y el
reintegro, porque la condena que se
ordena tiene una connotación
indemnizatoria por el perjuicio
causado al ciudadano con la
expedición del acto ilegal." Negrilla
fuera de texto.

Conforme a ello, es claro que no existe
incompatibilidad en el Pago de las
mesadas pensionales y los posteriores
salarios que mediante fallo judicial se
ordenaron cancelar al demandante, esto
en el entendido que, se trata de una
figura jurídica con efectos
indemnizatorios.

[…]”.

38.Así las cosas, la Sala advierte que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial
accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.

39.Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa,
por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.

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Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

40.Además, cabe señalar que cuando se trata de interponer una acción de tutela
contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el Consejo de Estado,
el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia de los requisitos
generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de ideas, la Corte
Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente31:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”32, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”33. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

41.De igual manera, sobre el tema, la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-451 de 202434 consideró lo siguiente:

“[…] Por lo expuesto, la Corte Constitucional ha considerado que la tutela
contra providencias del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia,
conlleva un grado de deferencia mayor por parte del juez constitucional, pues
se trata de una decisión proferida por el órgano límite de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo o de la ordinaria y que, en principio, está cobijada
por una garantía de estabilidad mayor que aquellas proferidas por otros
jueces. En consecuencia, cuando la tutela se dirige contra una decisión
expedida por una alta corte, “además de cumplir con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad
contra providencias judiciales, se debe acreditar una irregularidad que
contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que
amerite la intervención urgente del juez de tutela”. […]”. (Resaltado por la Sala).
35

42.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal

31 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
32 Sentencia SU-050 de 2018.
33 Sentencia SU-354 de 2017.
34 M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.

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Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

43.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez natural.

44.Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

45.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada, es decir, el
actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del juez
natural y reabrir un debate legal en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual escapa de la órbita de competencia del juez
constitucional. Pues, si bien es cierto que el actor alega la vulneración de los
derechos fundamentales indicado supra, el criterio de la relevancia constitucional
no se determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y
razonable de una presunta amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció
en el caso sub examine.

46.Asimismo, los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, enunciados por el actor, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso. Además, no concurre una situación de amenaza o
alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, ni

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Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección
constitucional.

47.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

48.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

49.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501883-00
Actor: Arturo Fredi Becerra Mosquera

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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