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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01889-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01889-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Luis Gerardo Álava Narváez, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01889-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01889-00
Demandante: Luis Gerardo Álava Narváez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01889-00
Demandante: LUIS GERARDO ÁLAVA NARVÁEZ
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / INMEDIATEZ - La demanda se presentó más de un año después de haberse
notificado la decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales /
SUBSIDIARIEDAD – Tampoco se cumple en este caso.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Gerardo Álava
Narváez contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, los Juzgados 13 y 19 Administrativos de Bogotá y la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 31 de marzo de 20251, el señor Luis Gerardo Álava Narváez, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales y la
entidad mencionadas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción
textual):

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD Oficio No 690 -23-04-2021
CONCECUTIVO ANUAL 43511 expedido por Caja de Sueldo De Retiro
Fuerzas Militares “CREMIL”. Y Ordenar a la Caja de Sueldo de Retiro Fuerzas
Militares “CREMIL” A reconocer y reajustar el IPC en el sueldo básico y las
partidas computables de la asignación de retiro del periodo comprendido desde
06 febrero al 31 diciembre 2004.

SEGUNDO: Hacer la liquidación conforme prescripción cuatrienal artículo 174
del decreto 1211 de 1990 desde 07 de abril de 2017 hasta la fecha del

1
Se advierte que el 9 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01889-00
Demandante: Luis Gerardo Álava Narváez

cumplimiento de la sentencia por quedar agotado la vía administrativa con la
solicitud fecha 07/04/2021.

TERCERO: Se ordene el cumplimiento de la providencia conforme a los
términos de los artículos 192 y 195 de ley 1437 de 2011.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Luis Gerardo Álava Narváez estuvo vinculado a la Armada Nacional
durante su vida laboral, y a partir del 13 de febrero de 2004 fue incluido en nómina
para el pago de la asignación de retiro a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en adelante CREMIL.

4. Posteriormente, solicitó el reajuste de su asignación de retiro con fundamento
en el índice de precios al consumidor (IPC), desde el año 2004, petición que denegó
la entidad mediante Oficio No. 5158 CREMIL 5059 del 6 de febrero de 2013.

5. El señor Álava Narváez ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a fin de obtener el reajuste pretendido.

6. El Juzgado 19 Administrativo de Bogotá conoció la controversia en primera
instancia y, mediante sentencia del 6 de agosto de 2015, negó las pretensiones de
la demanda.

7. La anterior decisión fue apelada por el señor Álava Narváez y, en sentencia
del 9 de marzo de 2017, la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca la confirmó. Consideró que «(…) mediante la
Resolución No. 0262 del 06 de febrero de 2004 le fue reconocida y ordenado el pago
de la asignación mensual de retiro al señor Jefe Técnico ® de la Armada Nacional
Luis Gerardo Alava Narváez efectiva a partir del 13 de febrero de 2004, es decir, que
el reajuste de su sueldo activo en esa anualidad se efectuó de conformidad con las
normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y a partir del 2005 no hubo
diferencia positiva entre el índice de precios al consumidor (I.P.C) y el principio de
oscilación para el reajuste de la asignación de retiro (…)».

8. El 7 de abril de 2021, el accionante interpuso petición ante CREMIL para
solicitar el reajuste del sueldo básico conforme al IPC en su asignación de retiro, en
aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y de la diferencia que resultara,
según lo establecido en el Decreto 4158 de 2004.

9. Mediante Oficio No. 690 CREMIL 20643577 del 23 de abril de 2021, la entidad
negó dicha solicitud, bajo el argumento de que al demandante le fue reconocida la
asignación de retiro a partir del 13 de febrero de 2004, por lo que para los meses y
años anteriores a esa fecha no había lugar al reajuste del IPC, puesto que, no
devengaba dicha prestación al encontrarse en servicio activo y, por consiguiente, no
pertenecía a la nómina de pensionados.

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Demandante: Luis Gerardo Álava Narváez

10. Inconforme, el señor Luis Gerardo Álava Narváez ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue conocido en primera instancia por
el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, que profirió sentencia anticipada el 29
de noviembre de 2024, en el sentido de declarar probada la excepción de cosa
juzgada, propuesta por la entidad demandada. Contra esa decisión no se
interpusieron recursos.

11. A juicio del actor, las decisiones judiciales mencionadas carecen «del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustentó la
decisión».

12. El expediente se archivó el 21 de enero de 20252.

B. Trámite impartido e intervenciones

13. Previo requerimiento a la parte actora para que ofreciera claridad respecto de
lo pretendido con el mecanismo constitucional, con auto del 5 de mayo de 2025, el
despacho sustanciador admitió la demanda, bajo el entendido de que, «(…) además
de pretender la nulidad del Oficio 690 de 2021, expedida por Cremil, busca que se
dejen sin efectos las sentencias del 6 de agosto de 2015, del 9 de marzo de 20174
y del 29 de noviembre de 20245, proferidas, en su orden, por el Juzgado 19
Administrativo de Bogotá, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 13 Administrativo de Bogotá».

14. En esa oportunidad, se ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales
demandadas y a CREMIL. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados
con la demanda.

15. El Juzgado Trece Administrativo de Bogotá informó que, según lo
constatado en la plataforma SAMAI, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001333501320220042000 se profirió la sentencia del 29
de noviembre de 2024, mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa
juzgada, formulada por la entidad demandada.

16. El fallo se notificó por correo electrónico del 3 de diciembre de 2024 y, como
no fue objeto de recursos, se procedió al archivo del expediente el 15 de enero de
2025.

17. CREMIL sostuvo que la acción de tutela es improcedente, porque no satisface
los requisitos generales y específicos señalados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para efectos de censurar providencias judiciales. Concretamente,
adujo que la solicitud no satisface el requisito de inmediatez ni el de subsidiariedad,

2
Ver:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013335013202200420001
100133

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Demandante: Luis Gerardo Álava Narváez

considerando que la parte actora no interpuso recurso alguno contra la sentencia del
29 de noviembre de 2024.

18. Agregó que no se evidencia vulneración alguna a los derechos fundamentales
en cabeza del accionante y, por el contrario, emerge la legalidad de las actuaciones
de CREMIL en el proceso ordinario.

19. Las demás autoridades judiciales accionadas no intervinieron, pese a que
fueron notificadas en debida forma.

20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica no intervino en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

22. En primer lugar, la Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, especialmente los de inmediatez y
subsidiariedad, cuyo incumplimiento fue advertido por CREMIL. Sólo en el evento de
que se reúnan estas exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor
Luis Gerardo Álava Narváez.

E. Análisis de la Sala

23. Inmediatez. De entrada, la Sala advierte que la presente tutela deviene
improcedente, por incumplimiento del requisito de inmediatez, en lo que concierne
a los reparos planteados contra las sentencias del 6 de agosto de 2015 y del 9 de
marzo de 2017, proferidas, en su orden, por el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá
y la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-019-2013-00345-00. Como se sabe, dicha consecuencia
emerge cuando el interesado no ejerce el mecanismo constitucional dentro de los
seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia atacada, según
el caso3..

3
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-090 de 2018, señaló:

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Demandante: Luis Gerardo Álava Narváez

24. Para esta Subsección4, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde
la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de ese
momento que se conoce la decisión y se puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

25. Sólo procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la
decisión en los casos en que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión
del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de
sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, pues los pronunciamientos que se
dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que
se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser
objeto de cuestionamiento siempre, claro está, que no se trate de peticiones
abiertamente improcedentes. En este caso, sin embargo, no se presentó ninguna
de las solicitudes mencionadas.

26. Lo que sí observa la Sala es que el fallo con el que culminó el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-019-2013-00345-00,
promovido por el señor Luis Gerardo Álava Narváez, fue proferido el 9 de marzo de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y se notificó mediante correo electrónico del 22 de marzo de 20175.

27. Significa lo anterior que el interesado dejó transcurrir más de 8 años para
instaurar la acción de tutela contra las providencias referidas6, de ahí que
evidentemente no se cumple el requisito de inmediatez.

28. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que
no está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con

Estudiados los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, esta Corte
evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez
que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende
impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de
motivación y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido
incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas
por el accionante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del
Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no justifica entonces la inactividad del
actor para interponer la acción de tutela, toda vez que la nulidad formulada fue
ostensiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de enervar el requisito de
inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el
incidente de nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para
plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo
constitucional, toda vez que se superó sin justificación válida el término prudencial
para la oportuna formulación de la acción de tutela.
4
En este mismo sentido, ver la sentencia del 4 de febrero de 2022, expediente con radicado
11001-03-15-000-2021-06292-01, proferida por esta Subsección.
5
Información consultada en la plataforma SAMAI
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333501920130
0345012500023
6
Lo cual hizo apenas el pasado 31 de marzo de 2025.

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antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que
impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la
vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último,
(vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte
del accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.

29. En este caso, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no
resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que el señor
Álava Narváez se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la
acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia censurada, con mayor razón si se tiene en cuenta que esta no requiere
de formalidades para su presentación y que estuvo representado por un apoderado
judicial en el proceso ordinario.

30. Bajo ese entendimiento, en lo que atañe a los reproches formulados contra
el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la tutela no satisface el requisito de
inmediatez, razón por la cual se declarará su improcedencia.

31. Subsidiariedad. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no
dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía
de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si
existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

32. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

33. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

34. En el caso concreto, según los hechos relatados en la demanda, la Sala
entiende que la parte actora también pretende la nulidad del Oficio 690 de 2021,
mediante el cual CREMIL le negó la petición presentada el 7 de abril de 2021,
encaminada a que se reliquidara el sueldo básico computado en su asignación de
retiro, conforme al IPC.

35. Así las cosas, la Sala encuentra que la parte actora tenía a su alcance un
mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, cual es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la

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ley 1437 de 20117, mecanismo que, de hecho, ejerció y cuyo trámite culminó con
la tercera de las providencias censuradas, esta es, la proferida el 29 de noviembre
de 2024 por el Juzgado 13 Administrativo de Bogotá, en el marco del proceso con
radicado 11001-33-35-013-2022-00420-00.

36. A través de esa sentencia anticipada, la autoridad judicial accionada declaró
probada la excepción de cosa juzgada y terminó el proceso. Sin embargo, una vez
notificada, el señor Álava Narváez no interpuso el recurso procedente: apelación,
en los términos del artículo 243 del CPACA8, tal y como se verifica en la consulta
del proceso realizada en la plataforma SAMAI9.

37. Así las cosas, es ese particular aspecto, la Sala concluye que el accionante
contaba con otros mecanismos de defensa que eran idóneos y eficaces para
obtener la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados con
ocasión de la expedición del Oficio 690 de 2021 y de la sentencia del 29 de
noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá en el
proceso 2022-00420-00. Sin embargo, no hizo uso de ellos y, por tanto, no puede
ahora utilizar la acción de tutela para remediar esa falencia. En esas condiciones,
la tutela se torna en improcedente.

38. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite
la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como
mecanismo transitorio, sin embargo, en el caso particular no se advierte tal
afectación.

39. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de
la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio.

40. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se
presenta en este caso.

7
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
8 «Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: (…)
9
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001333501320220
0420001100133

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Demandante: Luis Gerardo Álava Narváez

41. Obsérvese que la reclamación del señor Luis Gerardo Álava Narváez se
encamina finalmente a obtener el reajuste de su asignación de retiro, de lo que se
infiere que actualmente está incluido en la nómina de pensionados de CREMIL y
recibe un estipendio mensual, con lo que se garantiza su congrua subsistencia.
Además, ello también le asegura el acceso al sistema de salud.

42. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Álava Narváez, por incumplimiento de los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad.

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Luis
Gerardo Álava Narváez, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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