Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01893-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01893-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01893-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.1
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: TUTELA POR DERECHO A LA SALUD. Se declara improcedente
el amparo por falta de legitimación en la causa por activa. Se ampara frente
a la Nueva E.P.S.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el
Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y
la Nueva E.P.S. S.A.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor L.E.R.R. solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida,
a la salud, a la integridad y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó al
Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud
y a la Nueva E.P.S. S.A., por la omisión de garantizar los procedimientos médicos
ordenados por su médico tratante.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Manifestó que tiene 66 años y se encuentra afiliado a la Empresa Promotora
de Salud, Nueva E.P.S. S.A.
1
No se publica el nombre del accionante para proteger su derecho a la intimidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
2.2. Informóque el 14 de noviembre de 2024 recibió atención médica por el
especialista en urología de la I.P.S Urólogos del Norte de Santander - Uronorte
S.A., quien le diagnosticó “[…] tumor maligno del pene parte no especificada […]”
en el área genital, para lo cual emitió las siguientes órdenes médicas:
“[…] 901235UROCULTIVO
902045TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
902049TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
902210HEMOGRAMA IV
903895CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
903841GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
903426HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA
895100ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD
871121RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECUBITO
LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)
907106UROANALISIS
890226CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN
ANESTESIOLOGÍA.
[…]
“[…] VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA […]”
“[…] PENECTOMÍA TOTAL + URESTROSTOMÍA […]”
2.3. Relató que la Nueva E.P.S. S.A. expidió las autorizaciones de servicios núms.
(POS-9199) P006-268650133 de 13 de febrero de 20252 y (POS-9199) P006-
265944382 de 10 de marzo de 2025, para “[…] amputación total del pene o
apendectomía total […]”, remitidas a la I.P.S Urólogos del Norte de Santander -
Uronorte S.A.
2.4. Comentó que presentó las autorizaciones señaladas a la I.P.S. Uronorte S.A.,
y que “[…] Han trascurrido 2 meses que [sic] se solicitó ante el CENTRO
QUIRÚRGICO URONORTE el procedimiento quirúrgico AMPUTACIÓN DEL
PENE, PARTE NO ESPECIFICADA. + URETROSTOMIA, hasta fecha [sic] no se
me ha llamado […]”.
2.5. Adujo que la razón por la que no se le ha practicado el procedimiento médico
obedece a que: “[…] la NUEVA EPS adeuda al CENTRO QUIRÚRGICO
URONORTE la atención de sus afiliados, hasta que la NUEVA EPS no le
cancele al CENTRO QUIRÚRGICO URONORTE no se me llama para
realizarme el procedimiento quirúrgico AMPUTACIÓN DEL PENE, PARTE NO
ESPECIFICADA. + URETROSTOMIA, en igual manera se le deuda a su red
prestadora. […]”. [Negrilla original del texto]
2
Correspondiente al procedimiento “[…] URESTROSTOMIA […]”.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] QUE SE AMPARE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA, POR
SER ÉSTE CONEXO AL DERECHO A LA SALUD, A LA DIGNIDAD
HUMANA, AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DEBE SER EN
NUESTRA REPUBLICA DE COLOMBIA, Y PROTECCIÓN A LAS
PERSONAS ADULTOS MAYORES CON PATOLOGÍAS DIAGNOSTICADAS
CON CÁNCER.
CON FUNDAMENTO EN LOS HECHOS RELACIONADOS, ME PERMITO
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR JUEZ DE LA REPUBLICA,
DISPONER Y ORDENAR A DR. GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, - DR. GERMAN ÁVILA
PLAZAS MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA, - DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL REPUBLICA DE COLOMBIA, - DR.
GIOVANNY RUBIANO GARCÍA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, DRA. MARÍA FERNANDA LANAO TAPIA GERENTE DE LA NUEVA
EPS, ORDENADO A MI FAVOR.
QUE SE SIRVA ORDENAR AL DR. GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SE SIRVA
AUTORIZAR INMEDIATAMENTE AL DR. GERMAN ÁVILA PLAZAS
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO REPUBLICA DE
COLOMBIA, - DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL REPUBLICA DE COLOMBIA, - DR.
GIOVANNY RUBIANO GARCÍA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, LA CANCELACIÓN INMEDIATA A LAS DIFERENTES EPSs QUE
ADMINISTREN LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA QUE
ESTAS EPSs CANCELEN EN SU TOTALIDAD A SU RED PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SALUD Y DEN UNA EXCELENTE ATENCIÓN MEDICA
DIGNA, SI ORDENA INVESTIGAR O INTERVENIR A LAS EPSs, QUE ESTA
INVESTIGACIÓN SE DEBE ORDENA EN CONTRA LOS DIRECTIVOS DE
LAS EPSs, Y QUE NO TOME ESTA INTERVENCIÓN EN NO ORDENAR A
NO CANCELAR LA DEUDA QUE TIENE EL ESTADO A ESTAS EPSS POR
EL MOTIVO QUE ESTA PERJUDICANDO A TODOS SUS USUARIOS A
NIVEL NACIONAL, LAS PERSONAS AFILIADAS A CADA EPS LAS QUE LE
DAN EL ÁMBITO JURÍDICO A CADA EPS. UNA EPS NO EXISTE SI NO
TIENE AFILIADOS, LOS AFILIADOS SON LOS QUE HABILITAN A UNA
EPS, SE CONSIDERA UNA CLARA PERSECUCIÓN CONTRA EL PUEBLO
USUARIOS DE LAS EPSs, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA
JURISPRUDENCIA ORDENA POR LA HONORABLE CORTE
CONSTITUCIONAL SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA DEL
ESTADO A LAS EPS.
TUTELAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES, A
LA VIDA, A LA SALUD, A LA IGUALDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA, POR
LA NEGATIVA DE LA NUEVA EPS EN CANCELAR A CENTRO
QUIRÚRGICO URONORTE EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
AMPUTACIÓN DEL PENE, PARTE NO ESPECIFICADA. +
URETROSTOMIA, Y DEMAS REQUERIMIENTOS MÉDICOS, POR SER
PACIENTE ONCOLÓGICO SOLICITO ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
SOLICITUD MEDICA REQUERIDA POR EL DR. DIEGO CAMACHO
MEDICO URÓLOGO ONCÓLOGO., ADSCRITO A URONORTE.
EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO
901235 UROCULTIVO
902045 TIEMPO DE PROTOMBINA (TP)
902049 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)
902210 HEMOGRAMA IV
903895 CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
903841 HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA
907106 UROANÁLISIS
890226 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN
ANESTESIOLOGÍA.
VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA
PENECTOMIA TOTAL + URETROSTOMIA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO 2591 DE 1991,
ME PERMITO SOLICITAR QUE EN EL FALLO POR USTED DICTADO SE
PREVENGA A LAS ENTIDADES ACCIONADAS “PARA QUE EN NINGÚN
CASO VUELVA A INCURRIR EN LAS ACCIONES U OMISIONES QUE
DIERON MÉRITO PARA CONCEDER LA TUTELA, Y QUE, SI PROCEDIERE
DE MODO CONTRARIO, SERÁ SANCIONADA DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE DE ESTE
DECRETO, TODO SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES EN
QUE YA HUBIERE INCURRIDO […]”. [sic en toda la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cúcuta mediante auto de 31
de marzo de 2025 remitió por competencia el expediente al Consejo de Estado.
5. Mediante auto de 8 de abril de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela, decretó una medida cautelar y
vinculó en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la
I.P.S Urólogos del Norte de Santander - URONORTE S.A.
6. A través de auto de 25 de abril de 2025 se dispuso requerir a la Nueva E.P.S.
S.A. para que rindiera informe en la acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
7. Una vez efectuada la notificación a las accionadas, se allegaron los siguientes
informes:
7.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la desvinculación de la
presente acción de tutela porque los hechos y pretensiones presentados por el
accionante no guardan relación con las competencias de dicha cartera ministerial.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
7.2. LaSuperintendencia Nacional de Salud informó que como órgano de
inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud
es el encargado de garantizar que los agentes cumplan con las obligaciones y
deberes asignados en la Ley. Sin embargo, no es el ente “[…] que tiene en
cabeza el aseguramiento de los usuarios del sistema […]”.
7.3. Refirió
que la prestación de los servicios de salud está en cabeza de las
Empresas Promotoras de Salud, a su vez informó que la Superintendencia
Nacional de Salud no es superior jerárquico de las E.P.S., ni de los actores que
hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, motivo por el cual, solicitó
su desvinculación.
7.4. La institución Urólogos del Norte de Santander - URONORTE S.A. indicó
que el 14 de noviembre de 2024 brindó atención médica al señor L.E.R.R., por la
especialidad de Urología Oncológica en la que se diagnosticó “[…] escamocelular
ulcerado bien diferenciado de pene […]”, se indicó “[…] penectomia total +
uretrostomia […]” y “[…] se deja orden de procedimiento quirúrgico, prequirúrgicos
y valoración preanestésica […]”.
7.5. Refirió que el 10 de abril de 2025, el accionante “[…] se presentó junto con un
acompañante al Módulo 3 de nuestra sede Caobos, sin portar los resultados de
los exámenes prequirúrgicos requeridos. Adicionalmente, la autorización de
cirugía entregada por su EPS se encontraba mal generada; por lo que se le indicó
que debía dirigirse a su EPS para gestionar nuevamente la autorización, ajustada
al código correcto, y presentar los resultados de los exámenes prequirúrgicos, con
el fin de verificar su vigencia y proceder con la programación correspondiente
[…]”.
7.6. Manifestó que ha brindado los servicios médicos a su alcance y no tiene el
deber de autorizar los servicios médicos porque esto es del resorte del ente
asegurador del paciente, esto es, la Nueva E.P.S., razón por la cual solicitó la
desvinculación de la acción de tutela.
7.7. El Presidente de la República solicitó la desvinculación de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no existe acción u
omisión que le sea atribuible.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Presidente de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Nacional de Salud y
la I.P.S. Urólogos del Norte de Santander – Uronorte S.A.
10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
“[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.7
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela
procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es posible concluir
que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil,
están legitimadas por pasiva en el caso que se analiza, pues se trata de
autoridades públicas, presuntamente responsables de las acciones y
omisiones que, a juicio del accionante, vulneraron sus derechos
fundamentales […]". [Subrayado fuera del texto].
11. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que Urólogos del Norte de
Santander - Uronorte S.A. es la entidad tratante del accionante y ante la cual se le
autorizó el servicio médico requerido, por lo que le asiste el interés jurídico para
ser vinculada a esta acción constitucional.
12. En cuanto al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y a la Superintendencia Nacional de Salud, se precisa que fueron
identificados por el accionante como accionados en este proceso.
13. Por
lo expuesto, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
VI.3. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer si se vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
integridad y a la dignidad humana del señor L.E.R.R. por la presunta omisión de
garantizar los servicios y exámenes ordenados por el médico tratante.
VI.4. Del derecho a la salud
15. El
derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 49 de la
Constitución Política como una garantía a favor de todos los ciudadanos
colombianos y a cargo del Estado.
16. La Corte Constitucional a partir de la Sentencia T-760 de 20088 reconoció la
salud como derecho fundamental y autónomo, y ha reiterado que toda persona
tiene derecho a acceder a los servicios de salud en condiciones dignas.
17. El artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 20159 señala:
“[…] El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo
individual y en lo colectivo.
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y
con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud.
El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y
oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación
como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable
dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del
Estado. […]”.
18. A su vez, los literales d y e del artículo 6 de la cita ley establecen la continuidad
y oportunidad como elementos esenciales del derecho fundamental a la salud, en
virtud de los cuales: “[…] Las personas tienen derecho a recibir los servicios de
salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada,
este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas […]” y
“[…] la prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin
dilaciones”.
19. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los
servicios de salud deben ser provistos sin demoras10, esto es, “[…] en el momento
8
Corte Constitucional, sentencia T-760 de 31 de julio de 2008. Expediente T-1281247, T-1289660, T-1308199, T-1310408,
T-1315769, T-1320406, T-1328235, T-1335279, T-1337845, T-1338650, T-1350500, T-1645295, T-1646086, T-1855547, T-
1858995, T-1858999, T-1859088, T-1862038, T-1862046, T-1866944, T-1867317, y T-1867326. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
9
“POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
que corresponde para recuperar su salud, […] a tiempo y en las condiciones que
defina el médico tratante […]”11, y que “[…] solamente razones estrictamente
médicas justifican que se retrase la prestación del servicio de salud […]”12.
20. Sobre el principio de oportunidad, la Corte Constitucional en la sentencia C-313
del 201413 sostuvo lo siguiente:
“[…] En el literal e) se establece el derecho a recibir los servicios y
tecnologías que se requieran con necesidad y sin dilaciones que puedan
agravar la condición de salud. Para la Sala, el principio de oportunidad, como
uno de los garantes del derecho, encuentra respaldo constitucional en lo
dispuesto en el varias veces citado artículo 2°, a propósito de la garantía de la
efectividad de los derechos. Igualmente, este principio se ajusta a lo
dispuesto sobre la garantía del acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de salud, en el inciso 1º del artículo 49 de la Carta.
La Observación 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, al especificar lo que comporta el literal d) del artículo 12 del
PIDESC […]”.
VI.5. Caso concreto
21. El señor L.E.R.R. solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la integridad y a la dignidad humana, cuya vulneración le
atribuyó al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional
de Salud y a la Nueva E.P.S. S.A., por la omisión de garantizar los procedimientos
médicos ordenados por su médico tratante.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa frente a la pretensión de la acción de tutela
relacionada con que se ordene “[…] LA CANCELACIÓN INMEDIATA A LAS
DIFERENTES EPSs QUE ADMINISTREN LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN
SUBSIDIADO PARA QUE ESTAS EPSs CANCELEN EN SU TOTALIDAD A SU
RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD Y DEN UNA EXCELENTE
ATENCIÓN MEDICA DIGNA […]”.
23. Posterior
a ello, se estudiará la posible vulneración de los derechos del
accionante por la omisión de la Nueva E.P.S S.A. de garantizar el acceso a los
procedimientos ordenados por el médico tratante.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-195 de 2021.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-228 de 2020.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-635 de 2001.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-314 de 2014, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso objeto de
estudio
24. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.
25. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
26. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i)
cuando la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa
en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
27. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los
derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular
demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente […]”14.
[Subrayado fuera del texto].
28. Elseñor L.E.R.R. solicitó la protección de los derechos fundamentales
indicados supra cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección
Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, por la omisión de pagar “[…] los
recursos del régimen subsidiado para que estas EPS cancelen en su totalidad a
su red prestadora de servicios de salud y den una excelente atención medica
digna […]”.
29. Enese sentido, el accionante pretende que se ordene a las autoridades
accionadas que i) procedan a realizar el pago de los recursos a la salud,
correspondientes al régimen subsidiado de salud a las diferentes E.P.S.: y ii) se
ordene que estas a su vez, realicen los respectivos pagos a las I.P.S.
30. De lo expuesto se observa que el accionante no es el titular de los derechos
fundamentales cuya protección pretende y no probó tener un interés personal y
concreto en el asunto objeto de estudio, sino que pretende el amparo de un
gremio. Esta circunstancia se refuerza con el análisis de las pretensiones citadas,
ya que a través de ellas se busca la protección de los derechos de las entidades
promotoras de salud y de las instituciones prestadoras.
31. Al respecto, indicó la Sala en la sentencia de tutela de 20 de enero de 202215:
“[…] 25. Vistos los argumentos medulares de la presente acción de amparo,
procede la Sala a exponer los motivos primordiales por los que considera que
en el sub judice no se cumple el presupuesto de la legitimación en la causa
por activa.
26. Cabe destacar, en primera medida, que el actor en ningún momento
solicitó la protección de los derechos fundamentales de la sociedad Cúcuta
Deportivo Fútbol Club S.A. Por el contrario, la literalidad del escrito de tutela
da cuenta de la claridad del actor al señalar que lo que le solicita al juez de
tutela es la protección de sus garantías fundamentales a la salud, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la identidad cultural.
27. Es decir, formalmente se aprecia que el escrito de tutela persigue la
protección de los derechos individuales del accionante y no los de la sociedad
Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. Empero, aunque explícitamente el actor
solicita la protección de sus derechos fundamentales, lo cierto es que
materialmente la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. es la titular
de los derechos fundamentales que supuestamente están siendo
amenazados con la acción u omisión de la autoridad pública accionada.
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 d enero de 2022, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2021-06891-00, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01893-00
Accionante: L.E.R.R.
28. Dicho de otra forma, aunque el actor explícitamente señala que persigue
la protección de sus derechos fundamentales, lo que prima facie daría lugar al
cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa; lo cierto es
que tanto los hechos como los fundamentos jurídicos de la acción de tutela
permiten constatar que los derechos fundamentales que presuntamente están
siendo afectados no son los suyos, sino los de la sociedad Cúcuta Deportivo
Fútbol Club S.A., como consecuencia de la supuesta omisión del Presidente
de la República de exhortar al Ministerio del Deporte.
29. Así pues, pese a que, se reitera, formalmente se puede advertir que el
actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales -ya que en las
pretensiones de la tutela se pide la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la igualdad, al acceso la administración de justicia
y a la identidad cultural-, lo cierto es que no existe una relación jurídica entre
sus derechos fundamentales y la acción u omisión causante del supuesto
detrimento a sus garantías constitucionales. Es decir, no se puede predicar
una relación entre los derechos fundamentales del actor y el presunto
desconocimiento de los Decretos Legislativos número 491 de 28 de marzo de
202016 y 564 de 15 de abril de 202017, por parte del Ministerio del Deporte al
expedir la Resolución número 001228 de 29 de julio 2021, que «levanta la
suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.
en Liquidación Judicial».
30. Todo lo anterior permite afirmar que, en el fondo, el actor lo que pretende
es actuar como vocero de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.,
entidad que resultó presuntamente afectada por la expedición de la
Resolución número 001228 de 29 de julio 2021, la cual supuestamente
desconoce los decretos legislativos citados […]”. [Negrilla original del texto]
32. De lo transcrito se puede concluir que en este caso el accionante carece de
legitimación en la causa por activa porque la presunta afectación de sus garantías
constitucionales no tiene relación con sus derechos fundamentales, sino que el
titular de dichos derechos son las entidades afectadas por la supuesta omisión de
los accionados de cancelar las obligaciones.
33. Porlo anterior, se declarará improcedente esta acción de tutela frente al
Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de
Salud, debido a la falta de legitimación en la causa por activa del accionante.
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Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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Expedido por el Gobierno Nacional, y «[p]or el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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Accionante: L.E.R.R.
VI.5.2. De la vulneración de los derechos del accionante por la Nueva E.P.S y
la I.P.S. Urólogos del Norte de Santander S.A.
34. En el caso objeto de estudio se observa que el accionante es una persona de
66 años y se encuentra afiliado a la Nueva E.P.S., en el régimen subsidiado de
salud.
35. El14 de noviembre de 2024 fue valorado por el médico urólogo Diego
Camacho, quien emitió el diagnóstico: “[…] PACIENTE CON 4 MESES DE
EVOLUCIÓN […] LESIÓN EN BASE DEL PENE TIPO NODULAR QUE
POSTERIORMENTE CRECE Y EVOLUCIONA A ÚLCERA […]”. En esa atención
se diagnostica: “[…] tumor maligno del pene, parte no especificada […]”.
36. Con ocasión a dicha valoración, el médico tratante ordenó lo siguiente:
“[…] 901235 UROCULTIVO
902045 TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]
902049 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]
902210 HEMOGRAMA IV
903895 CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS
903841 GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
903426 HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA
895100 ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD
871121 RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DE CUBITO
LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)
907106 UROANALISIS
890226 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN
ANESTESIOLOGÍA […]”
[…]
[…] VALORACIÓN POR PSICOLOGÍA […]
[…]
[…] PENECTOMÍA TOTAL + URESTROSTOMÍA […]”
37. Al
respecto se observan los siguientes apartes de la historia clínica, que
permiten corroborar la existencia del diagnóstico y las órdenes emitidas por el
médico tratante:
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[…]
[…]
[…]
[…]”.
38. El accionante manifiesto que la Nueva E.P.S. S.A. expidió las autorizaciones
núms. (POS-9199) P006-268650133 de 13 de febrero de 2025, correspondiente al
procedimiento de “[…] urestrostomia […]”, y (POS-9199) P006-265944382 de 10
de marzo de 2025, para “[…] amputación total del pene o apendectomía total […]”.
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Accionante: L.E.R.R.
Además, indicó que se acercó a la institución Urólogos del Norte de Santander -
URONORTE S.A., pero no le han programado fecha para la realización del
procedimiento quirúrgico.
39. Al expediente de tutela se allegaron las autorizaciones médicas indicadas con
anterioridad:
[…]
[…]”.
40. La I.P.S. Uronorte en el informe de tutela indicó que el señor L.E.R.R. se
presentó ante ese centro urológico el 10 de abril de 2025 para la programación de
la cirugía, pero: i) no aportó los resultados de los exámenes prequirúrgicos
requeridos; y ii) las autorizaciones expedidas por la Nueva E.P.S. estaban “[…]
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mal generadas […]”, motivo por el cual le indicaron al accionante que para poder
programar la cirugía, debía allegar el resultado de los exámenes prequirúrgicos y
expedirse nuevamente las autorizaciones por la Nueva E.P.S. S.A.
41. Por su parte, la Nueva E.P.S. S.A., pese a que fue notificada del auto admisorio
de la acción de tutela y de la providencia de 25 de abril de 202518 optó por
guardar silencio.
42. Esta Sección pone de presente que de conformidad con el principio de
continuidad19, los usuarios del sistema de salud tienen derecho a recibir la
totalidad del tratamiento de acuerdo con las consideraciones del médico tratante
de manera continua, es decir, que una vez iniciada la prestación de un servicio
determinado, no podrá ser interrumpido por razones administrativas o
económicas20.
43. LaCorte Constitucional ha señalado que las E.P.S. deben garantizar la
continuidad en la prestación del servicio, bajo en entendido que:
“[…] (i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben
ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades
que tienen a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de
realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados […]”21
44. Porlo anterior, la interrupción del servicio de salud es contraria, no sólo al
derecho fundamental a la salud, sino también al derecho a la vida en condiciones
dignas.
45. En sentencia T-881 de 200322 la Corte explicó que “[…] la omisión de
suministrar la fecha exacta a un afiliado sobre cuándo se le realizará un
procedimiento quirúrgico o se le iniciará un tratamiento, vulnera los derechos
fundamentales de tal afiliado […]”, pues “[…] el hecho de diferir, casi al punto de
negar los tratamientos recomendados por médicos adscritos a la misma entidad,
coloca en condiciones de riesgo la integridad física y la salud de los pacientes
[…]”. En consecuencia, “[…] las instituciones de salud no están autorizadas para
evadir y mantener indefinidamente en suspenso e incertidumbre al paciente que
acredita y prueba una urgencia vital y la necesidad de un tratamiento médico […]”.
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Índice 019 Samai.
19
Corte Constitucional, sentencia T-637 de 2017.
20
Artículo 6 literal d) de la Ley 1751 de 2015.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-124 de 2018.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2003.
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Accionante: L.E.R.R.
46. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la Nueva E.P.S. no presentó
informe respecto de los hechos que motivaron la presente acción constitucional, y
considerando que el accionante afirma que, hasta la fecha, no se le ha
programado fecha para la realización del procedimiento médico ordenado por el
médico especialista en urología, esta Sala procederá a tutelar los derechos
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del accionante.
47. Por lo anterior, se ordenará a la Nueva E.P.S. S.A. que garantice al accionante
el acceso a los procedimientos y exámenes ordenados por el médico tratante.
Para tal efecto, la Nueva E.P.S. S.A. deberá realizar las gestiones administrativas
necesarias para que se programe la fecha de la cirugía requerida por el señor
L.E.R.R. en un término máximo de diez (10) días.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Superintendencia Nacional de Salud y la I.P.S. Urólogos del Norte de Santander –
Uronorte S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente al
Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en
condiciones dignas del señor L.E.R.R. En consecuencia, ORDENAR a la Nueva
E.P.S. S.A. que garantice al accionante el acceso a los procedimientos y
exámenes ordenados por el médico tratante. Para tal efecto, la Nueva E.P.S. S.A.
deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para que se programe la
fecha de la cirugía al accionante en un término máximo de diez (10) días.
CUARTO: LEVANTAR la medida provisional decretada en el auto de 8 de abril de
2025.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: L.E.R.R.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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