Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01910-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01910-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01910-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01910-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Inmediatez - confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia
por medio de las cuales se decretó y confirmó el embargo de una de sus cuentas, dentro
de un proceso ejecutivo.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 30 de
mayo de 20252, mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de inmediatez3.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 1 de abril de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-,
mediante apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el
Juzgado 10 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad social en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera, con ocasión de los Autos de 19 de agosto de 2022
y 11 de mayo de 2023, proferidos dentro del proceso ejecutivo con radicado
No. 15001-33-33-006-2015-00084-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
Notificada mediante mensaje de datos enviada el 1 de agosto de 2025.
3
“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP en contra del Tribunal Administrativo
de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01910-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN No. 3 dentro del proceso
ejecutivo No. 15001333300620150008400.
Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 19 de agosto de 2022 dictada por el
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y confirmado
mediante proveído del 11 de mayo de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ SALA DE DECISIÓN No. 3 que decretaron medida de embargo sobre la
cuenta que la UGPP tiene en el Banco Popular denominada de caja mejor sobre la
cual persiste tal medida cautelar, dictada dentro del proceso ejecutivo rad.
15001333300620150008400 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la
medida de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la
Nación, que se administran en dicha cuenta de titularidad de la UGPP en el Banco
Popular.
b. Librar el oficio mediante el cual se comunique al Banco Popular el desembargo de
la cuenta de titularidad de la UGPP bajo el número 110-026-00140-4 Caja Menor.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) La señora Blanca Alicia Amézquita de Arias, beneficiaria de una
pensión de sobreviviente, inició un proceso ejecutivo en contra de la UGPP
por el no pago de intereses moratorios derivados de una sentencia judicial.
El proceso fue conocido por el Juzgado 10 Administrativo de Tunja, bajo el
radicado No. 15001-33-33-006-2015-00084-00.
5. 2) El 22 de febrero de 2016, el Juzgado 10 Administrativo de Tunja libró
mandamiento de pago en contra de la UGPP.
6. 3) La UGPP propuso la excepción de pago de la obligación y el 4 de
octubre de 2017, el juzgado declaró probada la excepción de pago parcial.
Por ello, redujo el monto del mandamiento de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución.
7. 4) El 6 de junio de 2022, la parte ejecutante solicitó medida cautelar
sobre las cuentas bancarias abiertas a nombre de la UGPP destinadas, al
parecer, a gastos personales, gastos generales, caja menor y sentencias y
depósitos. El 19 de agosto de 2022, el juzgado decretó el embargo de la
cuenta destinada a caja menor de la UGPP en el Banco Popular por un valor
de $ 41.412.253 pesos.
8. 5) La UGPP presentó recurso de apelación, en el que solicitó que se
revocara el embargo decretado, porque se trataba de recursos
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Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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provenientes del Presupuesto General de la Nación, los cuales son
inembargables.
9. 6) El 11 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó
la decisión de primera instancia. Consideró que, aunque los recursos
provenían del Presupuesto General de la Nación, la cuenta estaba a
nombre de la UGPP y no de la Nación directamente, lo que permitía su
embargo. Fundamentó su decisión en la excepción jurisprudencial al
principio de inembargabilidad, aplicable cuando se trata del pago de
sentencias judiciales, como en este caso, donde se ejecuta una condena
por reliquidación de mesadas pensionales. Además, el Tribunal concluyó
que los intereses moratorios reclamados son accesorios a la obligación
principal de origen laboral, por lo que también se encuentran amparados
por dicha excepción.
10. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora, en
que las providencias enjuiciadas incurrieron en:
11. 1) Defecto sustantivo: por la errada orden de embargo sobre los dineros
que reposan en la cuenta de la UGPP en el Banco Popular, ya que
contravino el principio de inembargabilidad sobre recursos que formaban
parte del Presupuesto General de la Nación.
12. 2) Defecto fáctico: porque en los Autos de 19 de agosto de 2022 y 11
de mayo de 2023 se omitió valorar las pruebas aportadas por la UGPP. En
dichos documentos, la entidad acreditó que la cuenta corriente No. 110-
026-00140-4 – Caja Menor del Banco Popular tenía naturaleza
inembargable, ya que los recursos allí depositados estaban destinados
exclusivamente al funcionamiento de la Unidad y al pago de aportes a la
seguridad social de algunos de sus funcionarios. Para sustentar esta
afirmación, la UGPP allegó la Resolución No. 25 de 14 de enero de 2015, así
como la certificación de inembargabilidad de dicha cuenta. Estas pruebas
demostraban que los fondos no podían ser objeto de embargo por tratarse
de recursos públicos con destinación específica, distintos de los
relacionados con obligaciones pensionales.
13. 3) Desconocimiento del precedente: Las decisiones enjuiciadas
desconocieron varias providencias de la Corte Constitucional sobre la figura
de la inembargabilidad como las Sentencias C-546 de 1992, C-534 de 1997,
C-402 de 1997 y C-793 de 2002.
14. Estas sentencias daban cuenta de la necesidad de ponderación del
principio de inembargabilidad, con el fin de evitar la parálisis del Estado,
ponderación que no fue realizada por las autoridades accionadas.
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Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
15. El 30 de mayo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de inmediatez. Como fundamento de la decisión,
sostuvo que, entre la firmeza de la providencia de 11 de mayo de 2023, esto
es, el 23 de mayo de 2023, y la radicación de la acción de tutela -el 1 de
abril de 2025-, trascurrió un término superior a 1 año y este superó el
establecido por la jurisprudencia como plazo razonable. Explicó que, si bien
a UGPP alegó que se cumplía con el requisito de inmediatez porque la
vulneración era de tracto sucesivo, lo cierto es que los efectos del embargo
derivaban del cumplimiento de la decisión judicial objeto de tutela, por lo
que los 6 meses de plazo razonable para solicitar el amparo empezaron a
correr desde la ejecutoria de la decisión que se pretendía cuestionar.
16. La parte actora presentó escrito de impugnación, en el que además
de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, insistió en que
la vulneración era de tracto sucesivo, ya que la medida de embargo sobre
la cuenta del Banco Popular seguía vigente y afectaba el funcionamiento
de la entidad. Señaló que la jurisprudencia constitucional permitía flexibilizar
el plazo de 6 meses cuando la afectación persistía en el tiempo y, en este
caso, era necesario flexibilizar el término para evitar un perjuicio
irremediable. Por ello, solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia y se accediera a la solicitud de amparo.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
17. La Sala se centrará en analizar los reparos expuestos por la parte
actora respecto del auto proferido por Tribunal Administrativo de Boyacá, el
11 de mayo de 2023, puesto que, a pesar de que también se enjuició la
decisión de 19 de agosto de 2022 del Juzgado 10 Administrativo de Tunja,
fue la providencia del Tribunal la que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante
un eventual fallo favorable, sería la autoridad judicial de segunda instancia
la llamada a cumplir con la respectiva orden de tutela.
2.2. Fijación de la controversia
18. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de inmediatez. En el evento en el que la respuesta
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer, una vez
verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal
Administrativo de Boyacá, como juez de segunda instancia, vulneró los
derechos de la parte actora e incurrió en los defectos invocados al
confirmar el embargo sobre una cuenta bancaria de la UGPP
inembargable. En ese sentido, se deberá confirmar, modificar o revocar la
decisión de primera instancia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, a través de la cual
se declaró improcedente la acción de tutela, por no superar el requisito de
inmediatez, por las razones que pasan a explicarse.
20. La Corte Constitucional4 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción y, en relación con la acción
de tutela contra providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada
y la firmeza de las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el
examen de inmediatez debe ser más estricto.
21. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.
22. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20145, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse este requisito a fin
de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.
23. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
4 Sentencia SU-018 de 2018.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
24. Aunado a ello, sobre esta exigencia en particular, cuando la parte
actora es una autoridad pública, la Corte Constitucional, en Sentencia
SU184 de 2019, sostuvo (se trascribe):
“La Corte Constitucional considera que la entidad pública accionante cuenta
con todas las capacidades institucionales para desarrollar su función
constitucional y la defensa de sus intereses ante la jurisdicción, razón por la cual,
es exigible una debida diligencia para la protección de sus intereses de manera
inmediata, máxime cuando sostuvo en el escrito la gravedad de la vulneración
de sus derechos fundamentales, por ello, considera la Sala que la vulneración
alegada no es urgente, característica que corresponden a la naturaleza del
amparo ius fundamental. Además de lo anterior, la Sala Plena de la Corte
evidencia que no existe un motivo válido que justifique la inactividad de la
entidad accionante en un término prudencial, pues del escrito de tutela no se
evidencia ello. Asimismo, la Corte encuentra que no existe un nexo causal entre
el ejercicio tardío de la acción de tutela y la vulneración de sus derechos
fundamentales, al punto que podía ejercer la defensa inmediata de sus
intereses. Por lo anterior, no se evidencia un bloqueo institucional que justifique
la tardía presentación de la acción de tutela en un término prudencial.”
25. En el presente caso se cuestiona el Auto de 11 de mayo de 2023, por
medio del cual se confirmó el embargo de la cuenta corriente No. 110-026-
00140-4 – Caja Menor del Banco Popular, dentro del proceso ejecutivo No.
15001-33-33-006-2015-00084-01.
26. La Sala, al igual que el juez de tutela de primera instancia, considera
que no se satisfizo el aludido requisito (inmediatez), comoquiera que la
providencia enjuiciada fue notificada mediante estado electrónico de 17
de mayo de 20236, mientras que la tutela fue radicada hasta el 1 de abril de
2025, es decir, más de 1 año y 10 meses después de la notificación del Auto
de 11 de mayo de 2023, tiempo que superó el plazo considerado como
razonable.
27. Además, la Sala advierte que no se configuró alguno de los supuestos
especiales o circunstancias relacionadas en el párrafo 23 de esta
providencia, que permitan aceptar una interposición después de ese plazo.
28. Si bien, en el escrito de tutela y en la impugnación, la parte accionante
manifestó que la medida de embargo le ha generado una afectación
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Índice 10 de SAMAI, proceso 15001-33-33-006-2015-00084-01.
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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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continuada al funcionamiento de la entidad, la Sala considera que dicha
circunstancia no exonera a la UGPP de actuar dentro de un término
razonable. En efecto, al no haberse acreditado una razón que justificara la
inactividad, especialmente cuando afirmó que la vulneración persistía
desde hace más de 3 años, se concluye que la entidad debió ejercer la
acción de tutela en un plazo oportuno desde el momento en que tuvo
conocimiento de la decisión que, a su juicio, vulneró sus derechos
fundamentales.
2.4. Conclusión
29. Por lo expuesto, la Sala concluye que el requisito de inmediatez no se
cumplió en el caso concreto y, por tal motivo, se abstendrá de pronunciarse
sobre los demás requisitos y confirmará la decisión de primera instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 30 de mayo de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la UGPP, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
7 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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