Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01944-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01944-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01944-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01944-00
Accionante: José Eccehomo Perico Vargas
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01944-00
Accionante: José Eccehomo Perico Vargas
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por el señor José Eccehomo Perico Vargas en contra
del Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Eccehomo Perico Vargas presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de los autos del 13
de noviembre de 2024 y del 26 de febrero de 2025, proferidos por el Juzgado Treinta
y Siete Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm. 11001-33-36-037-2024-00309-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01944-00, índice 2, certificado núm. CD04FA83AFE443C 4E58C3E8527DCB82
FD952F57846CC4BE A47EE7C5E1045054.
1
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Accionante: José Eccehomo Perico Vargas
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
2.
El señor José Eccehomo Perico Vargas estuvo vinculado a la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada (Coopseguridad C.T.A.), desde el
30 de enero de 2014 y hasta el 5 de marzo de 2018.
3. El consejo de administración de la referida cooperativa, mediante Resolución núm.
0834 del 4 de diciembre de 2017, excluyó al señor José Eccehomo Perico Vargas, al
considerar que desconoció los estatutos y reglamentos establecidos por la entidad.
4. El señor José Eccehomo Perico Vargas presentó demanda de reparación directa
contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la omisión de sus funciones de control
frente a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada
(Coopseguridad C.T.A.), en la medida en que no hizo seguimiento a las actas de
asamblea números 069 y 071 de 2016, mediante las cuales se reformaron los estatutos
laborales de la cooperativa, con las que, a su juicio, terminó siendo excluido
irregularmente de la institución.
5. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá, a través de auto del 13 de
noviembre de 2024, rechazó la demanda, al considerar que se configuró la figura de
la caducidad del medio de control judicial invocado. Contra dicha decisión, la parte
demandante presentó recurso de apelación.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
mediante providencia del 26 de febrero de 2025, confirmó en todas sus partes la
decisión de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
PRIMERO: Que se concede el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por [incurrir en] el defecto fáctico
negativo por indebida valoración de la prueba, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permite la aplicación del supuesto legal en que se sustenta la
decisión y el desconocimiento del precedente, que exige que la decisión cuestionada
se hubiera apartado de la jurisprudencia aplicable al caso, sin que se hubiera
cumplido con la carga argumentativa que se exige para tal efecto.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior […]. declarar nul[as] las decisiones
de primera y segunda instancia, en consecuencia, admitir la demanda para su
trámite correspondiente y proferir una nueva sentencia en donde se valoren
debidamente las pruebas documentales de forma integral»2.
8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que los
autos del 13 de noviembre de 2024 y del 26 de febrero de 2025, proferidos por el
Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrieron en defecto fáctico porque no realizaron una valoración
integral de las pruebas aportadas con la demanda, en tanto se limitaron, únicamente,
a analizar el Oficio núm. 20174440075661 del 8 de mayo de 2017, proferido por la
2
Se transcribe incluso con errores.
2
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para concluir que se configuró la
caducidad del medio de control judicial.
9. Así pues, indicó que el término de caducidad de que trata literal i) del numeral
segundo del artículo 164 del CPACA, debió contabilizarse a partir del Oficio núm.
2022030547 del 13 de diciembre de 2022, por medio del cual la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada adoptó algunas medidas en contra de Coopseguridad
C.T.A., cuyas directrices no tuvieron seguimiento por parte de la entidad demandada.
Documento que, a juicio del tutelante, no fue valorado adecuadamente por las
autoridades accionadas.
10.
Adicionalmente, refirió que las decisiones acusadas desconocieron la
jurisprudencia del Consejo de Estado3, en la cual se ha manifestado que «cuando al
momento de producirse el hecho causante del daño no puede conocerse su existencia
o realidad, excepcionalmente el término para accionar no se contabiliza desde cuando
se produjo la actuación causante del daño, sino desde que el afectado tuvo
conocimiento de este».
2.3. Trámite procesal
11. El despacho ponente, mediante auto del 4 de abril de 20254, admitió la demanda,
ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado Treinta y Siete
Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, y puso en conocimiento el escrito de tutela a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada (Coopseguridad C.T.A.), en su condición
de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
12.El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá 5 pidió que se declare
improcedente la tutela porque los argumentos expuestos en la solitud de amparo no
desarrollan eficazmente alguno de los defectos de procedibilidad de la acción.
13. De esta manera, explicó que las razones del accionante están encaminadas a que
el juez constitucional analice nuevamente el asunto que ya fue decidido en las
instancias procesales respectivas por los jueces naturales del medio de control de
reparación directa, por lo que una eventual procedencia de la acción atentaría contra
el principio de cosa juzgada.
14.
Por otro lado, advirtió que en el auto del 13 de noviembre de 2024 se indicaron los
fundamentos fáticos y jurídicos por los cuales se declaró la caducidad de la demanda
promovida por el accionante, sin que se pueda observar alguna irregularidad o
inconsistencia que constituya una vulneración de los derechos fundamentales del
tutelante.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 30 de septiembre de 2020, radicado núm. 05001-23-33-000-2017-
01158-01(61375).
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01944-00, índice 3, certificado núm. 5FDCEA7F63A3B6E1 98E32A8521673C93
6EE341EE6B1450B1 7472E31E4B4ADC36.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01944-00, índice 8, certificado núm. A9073F1BBABBA381 D7C771A28D191EC6
E006890F487258A1 92FE799E443C3568.
3
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15.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C6 solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela, toda vez que carece de
relevancia constitucional, pues la parte actora no identificó con claridad los hechos que
pudieron ocasionar la vulneración de sus derechos fundamentales.
16. Por otro lado, manifestó que la providencia del 26 de febrero de 2025 realizó una
valoración adecuada y en conjunto de las pruebas aportadas a la actuación judicial, en
tanto se hizo un análisis de trece elementos probatorios que resultaban relevantes para
resolver el problema jurídico planteado, entre estos, los oficios expedidos por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, incluido el documento del 13 de
diciembre de 2022, lo cual permitió concluir que el término de caducidad inició con
anterioridad a dicho folio.
17.
Así pues, afirmó que la decisión acusada efectuó una valoración del material
probatorio bajo parámetros de razonabilidad, conforme a las reglas de la sana crítica
y de la lógica, sin incurrir en posturas arbitrarias o caprichosas, por lo que no se
configura el defecto fáctico alegado.
18. De otra parte, refirió que la providencia mencionada por el accionante no
constituye un precedente vinculante a la solución del caso, pues en dicha decisión se
analizó un asunto distinto al de la demanda de reparación directa promovida por el
actor.
19. Aclaró que la providencia acusada estudió las diferentes posturas desarrolladas
por la Sección Tercera del Consejo de Estado para determinar la caducidad en casos
de omisiones de las funciones de inspección, vigilancia y control, por lo que no incurrió
en desconocimiento del precedente como lo afirmó el tutelante.
20. La Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada
(Coopseguridad C.T.A.),7 se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que
los argumentos expuestos por el accionante corresponden a valoraciones subjetivas,
que se alejan de la realidad, pues el proceso de reforma a los estatutos y regímenes
de la cooperativa se surtió en debida forma.
21. Asimismo, refirió que la exclusión del actor de la cooperativa ocurrió por una causa
objetiva, en tanto se evidenció una transgresión a los reglamentos de la empresa.
Dicha decisión fue recurrida por el afectado, respetando el derecho de defensa y
contradicción.
22. De igual manera, explicó que el deber de vigilancia y control por parte de la
supervigilancia hacia Cooseguridad C.T.A. siempre se cumplió, toda vez que se
realizaron requerimientos y visitas de inspección, que sirvieron de fundamento para
evidenciar que la empresa no incurrió en conductas violatorias de sus deberes en
relación con el accionante y en la aplicación de sus reformas estatutarias, por ende,
no había lugar a sancionarla, tal y como consta en la resolución de archivo de la queja
del accionante en contra de la cooperativa.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 11, certificado núm. 621E6BEE460168C1 C62FC06168016AEF
D0A77791047496A5 CC71364967E353D8.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01944-00, índice 10, certificado núm. A7F2050D762BAAB0 D756FD600EC18D8A
F2ED92CE6DF1185A EBCB8237104462B2.
4
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23.
Por otro lado, afirmó que las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
accionadas se encuentran ajustadas a derecho, toda vez que realizaron una valoración
razonable de los hechos y las pruebas aportadas al expediente de reparación directa,
lo cual les permitió evidenciar que la situación de la cual el demandante pretendía
derivar una responsabilidad de la superintendencia fue conocida con antelación por
este, motivo por el cual se configuró la caducidad del medio de control.
24. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada8 manifestó que la
solicitud de amparo es improcedente porque carece de relevancia constitucional, en
tanto pretende revivir el debate jurídico que se surtió en el trámite judicial ante los
jueces naturales, quienes definieron con claridad la caducidad del medio de control
invocado por el actor.
25.
Adicionalmente, afirmó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que la acción de tutela está dirigida en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, en cuyas decisiones no tuvo injerencia la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad.
26. En cuanto a la exclusión del accionante de la cooperativa, advirtió que el señor
Perico Vargas interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 0834 de 2017,
la cual fue confirmada por Resolución núm. 06 de 2018, por lo que resulta evidente
que el actor hizo uso del mecanismo de impugnación respectivo en defensa de sus
intereses.
27. Por otra parte, refirió que en el asunto bajo estudio se configuró una indebida
escogencia del medio de control judicial, toda vez que la situación que afectó al actor
provino de la cooperativa al haberlo excluido de esta y no de la actividad funcional de
la Superintendencia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor José Eccehomo Perico Vargas en
contra del Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
3.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa del señor José Eccehomo Perico Vargas
está acreditada porque es el demandante en el proceso de reparación directa en el
que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
8
Samai, expe 11001-03-15-000-01944-00, índice 14, certificado núm. B9A8C970E7BBC4D7 9E32945EA5162833
230DA0357E7FA5F5 BFBB688A0968B87C.
5
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30.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, debido a que fueron las autoridades que profirieron
las providencias objeto de estudio.
3.3. Cuestión preliminar
31. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
dentro del medio de control de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
32. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 26 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por José Eccehomo Perico Vargas en contra de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
33. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
34.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
35. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6
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requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
36. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
37.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
38. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
39. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión se
configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que
se expidiera una decisión ajustada a derecho.
40. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
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dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
41. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 26 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, fue notificado el 11 de marzo de 202517, y la demanda de tutela se
presentó el 2 de abril de 202518, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos
por la jurisprudencia constitucional19 y el Consejo de Estado20 como razonable.
42. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
43. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
44. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y desconocimiento del precedente
y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la
parte actora.
3.4. Problema jurídico
45. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia del señor José Eccehomo Perico Vargas. En
particular, deberá establecer si incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente al proferir el auto del 26 de febrero de 2025 que confirmó la providencia
del 13 de noviembre de 2024, expedida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo
de Bogotá, que rechazó la demanda de reparación directa por haberse configurado la
caducidad del medio de control.
46.Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad de los defectos invocados; y ii) el
caso concreto.
Generalidad del defecto invocado
47.
La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
fáctico y desconocimiento del precedente.
17
Samai, exp. 11001-33-36-037-2024-00309-01, índice 7.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-01944-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
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El defecto fáctico
48. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.
50. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso25.
51. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»27.
52. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
21
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
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50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.
El desconocimiento del precedente judicial
53. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas29.
54. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo, lo
cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene
entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez
cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de
que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario
desconoce el precedente horizontal».
30 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales31.
55. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 32.
56. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»33.
57. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela34.
58. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación35.
59. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.
3.5 Caso concreto
60.En el asunto bajo estudio, el señor José Eccehomo Perico Vargas presentó escrito
en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de obtener el
31 Se transcribe incluso con errores.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
34 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez enuncie
las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues
“solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones
suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la
igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
35 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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resarcimiento de los prejuicios causados por las posibles omisiones en las que había
incurrido la demandada en el ejercicio de sus funciones de control, frente a la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada (Coopseguridad
C.T.A.), en relación con la validación y seguimiento a las actas de asamblea números
069 y 071 de 2016, mediante las cuales se reformaron los estatutos laborales de la
cooperativa, que terminaron excluyéndolo irregularmente de la institución
61. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá,
mediante providencia del 13 de noviembre de 2024, rechazó la demanda por haber
operado la caducidad del medio de control. Apelada esta decisión, la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió auto el 26 de
febrero de 2025, en la que confirmó la providencia recurrida.
62.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el auto del 26 de febrero de
2025, incurrió en defecto fáctico, toda vez que omitió realizar una valoración en
conjunto de los hechos y los documentos aportados al proceso de reparación directa
y, en consecuencia, no tuvo en cuenta que la demanda se presentó dentro de la
oportunidad prevista en el literal i) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA.
63. Explicó que el Tribunal se limitó a analizar el Oficio núm. 20174440075661 del 8
de mayo de 2017, proferido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
para concluir que se configuró la caducidad del medio de control judicial, sin tener en
cuenta que el hecho constitutivo del daño se originó a partir del Oficio núm.
2022030547 del 13 de diciembre de 2022, por medio del cual la demandada adoptó
algunas medidas en contra de Coopseguridad C.T.A., que no tuvieron una actuación
posterior de seguimiento por la entidad demandada, por lo que, en su criterio, desde
este documento debió contabilizarse el término de caducidad.
64. Adicionalmente, refirió que la decisión cuestionada desconoció la jurisprudencia
del Consejo de Estado36, la cual ha manifestado que «cuando al momento de
producirse el hecho causante del daño no puede conocerse su existencia o realidad,
excepcionalmente el término para accionar no se contabiliza desde cuando se produjo
la actuación causante del daño, sino desde que el afectado tuvo conocimiento de
este».
65. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (auto del 26
de febrero de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
realizó una valoración de los documentos aportados al expediente de reparación
directa, con los cuales precisó que el señor José Eccehomo Perico Vargas pretendía
derivar una responsabilidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
por falla en el servicio, por las posibles omisiones en las que había incurrido la entidad
en el marco de su función de seguimiento y control, que le correspondía en atención a
las observaciones que hizo a la asamblea general ordinaria de delegados de
Cooseguridad y la declaratoria de ineficacia de la asamblea extraordinaria, mediante
oficios del 9 de noviembre de 2016 y del 8 de mayo de 2017 respectivamente.
66. Al respecto, el Tribunal precisó que la desvinculación, en su calidad de asociado
36
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 30 de septiembre de 2020, radicado núm. 05001-23-33-000-2017-
01158-01(61375).
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de la cooperativa, fue la situación que afectó al señor Perico Vargas y por la cual
reclamaba el reconocimiento y pago de una indemnización en sede judicial, por ello,
consideró que, en principio, sería la fecha de notificación de la mencionada resolución
la que interesaba a efectos de contabilizar la caducidad del medio de control.
67. Sobre el particular, la decisión de la autoridad judicial accionada expuso las
siguientes consideraciones:
En el sub examine, conforme a las pruebas aportadas en esta etapa, se demostró que la
SVSP realizó observaciones a la asamblea general ordinaria de delegados de
Cooseguridad y declaró ineficaz la asamblea extraordinaria, mediante oficios del 9 de
noviembre de 2016 y del 8 de mayo de 2017 respectivamente, sin que les hubiese hecho
seguimiento a esas decisiones ni se hubiesen adoptado determinaciones adicionales
(1.1,1.2).
Lo anterior, a juicio del demandante, es lo que constituye la falla en el servicio por omisión
de la Superintendencia frente a sus funciones de control.
Ahora, el accionante considera que, en razón a las decisiones en comento, el
nombramiento de los miembros del consejo de administración de Cooseguridad había
perdido validez, así como las reformas a los estatutos que se hicieron en dichas
oportunidades.
A pesar de ello, mediante resolución nro. 0834 de 2017, el consejo decidió excluir de la
Cooperativa al asociado, lo que, según la parte actora, habría ocurrido con fundamento
en las reformas estatuarias que ya no tenían efectos. La decisión fue notificada al
interesado el 13 de diciembre de 2017 (1.3).
Es precisamente su desvinculación de la Cooperativa, en calidad de asociado, el daño por
el cual el señor Perico Vargas reclama indemnización en sede judicial. Por lo tanto, en
principio, sería la fecha de notificación de la decisión la que interesa a efectos de
contabilizar la caducidad de la acción.
68. Ahora, en lo que respecta a la indemnización de perjuicios derivada de una
responsabilidad del Estado por la acción u omisión de este, la autoridad accionada
explicó que en estos asuntos se requiere que exista certeza en la producción del daño,
lo que implica tener la convicción de un hecho concreto que defina una situación
jurídica consolidada frente al derecho lesionado.
69.
En este sentido, el Tribunal mencionó que al expediente de reparación directa se
aportó el informe ejecutivo núm. 20192200125643 del 22 de mayo de 2019 de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo contenido se indicó que
el demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 0834 de
2017, la cual fue confirmada mediante Resolución núm. 06 de 2018 y, que el 25 de
abril de 2018 recibió la devolución de sus haberes por parte de Cooseguridad. Por lo
tanto, para esta última fecha ya estaba en firme la decisión de exclusión del asociado.
70.
A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que el
25 de abril de 2018, el señor José Eccehomo Perico Vargas «i) conocía el daño que
se le había causado; ii) tenía certeza en su ocurrencia, pues dicha situación ya estaba
consolidada; y iii) estaba en capacidad de atribuirle responsabilidad a la administración
por la presunta omisión en sus funciones de control, en la medida en que las decisiones
de la Superintendencia sobre los estatutos y las asambleas son anteriores, y fueron
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adoptadas durante el tiempo en que el demandante conservaba su estatus de
asociado a Cooseguridad».
71. Al respecto, la providencia objeto de tutela explicó lo que sigue:
No obstante, como ya se explicó, se requiere que exista certeza en la producción del daño,
esto significa que no basta con su ocurrencia si todavía no se trata de una situación jurídica
consolidada frente al derecho lesionado.
Por esa razón, resulta relevante el informe ejecutivo nro. 20192200125643 del 22 de mayo
de 2019 de la SVSP, pues en éste se detalló que el demandante interpuso recurso de
apelación contra la resolución nro. 0834 de 2017, que fue confirmada mediante resolución
nro. 06 de 2018. Aunque la parte actora no aportó esta última con su demanda ni se indicó
la fecha de su notificación, en el mismo informe se relacionó que, el 25 de abril de 2018,
el accionante recibió el cheque de devolución de sus haberes por parte de Cooseguridad.
Luego, se infiere que, en la fecha indicada, ya estaba en firme la decisión de exclusión del
asociado, luego de agotarse el recurso de apelación (1.4).
Siendo así, la Sala concluye que, el 25 de abril de 2018, el señor Perico Vargas: i) conocía
el daño que se le había causado; ii) tenía certeza en su ocurrencia, pues dicha situación
ya estaba consolidada; y iii) estaba en capacidad de atribuirle responsabilidad a la
administración por la presunta omisión en sus funciones de control, en la medida en que
las decisiones de la Superintendencia sobre los estatutos y las asambleas son anteriores,
y fueron adoptadas durante el tiempo en que el demandante conservaba su estatus de
asociado a Cooseguridad.
Luego, para la Subsección, el término de caducidad empezó a correr el 26 de abril de
2018, día siguiente a aquel en el que el accionante retiró el cheque correspondiente a sus
haberes como asociado de la Cooperativa, luego de quedar en firme la decisión de su
desvinculación.
72. A partir de lo anterior, la autoridad accionada precisó que el plazo que tenía el
señor Perico Vargas para presentar la demanda de reparación directa, inicialmente,
estaba comprendido entre el 26 de abril de 2018 y el 26 de abril de 2020. Sin embargo,
debido a la emergencia sanitaria, el término se suspendió entre el 16 de marzo y el 30
de junio de 2020, de modo que se prolongó hasta el 11 de agosto de 2020.
73. Ahora, en el expediente de reparación directa se demostró que el demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de junio de 2024 y, la demanda, el
1 de octubre siguiente, por lo que resultaba evidente que había operado la figura de la
caducidad. Al respecto indició lo siguiente:
En ese orden de ideas, en principio, el plazo bienal habría sido el comprendido entre el 26
de abril de 2018 y el 26 de abril de 2020. No obstante, aquel se suspendió con ocasión
de la emergencia sanitaria entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, de modo que se
prolongó hasta el 11 de agosto de 2020.
En contraste, la parte actora presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de
junio de 2024. Mientras que, la demanda el 1º de octubre siguiente.
Por lo expuesto, la Sala concluye que el demandante actuó por fuera del término legal,
cuando ya había operado la caducidad. De ese modo, se confirmará el auto apelado,
mediante el cual se rechazó la demanda por haber acaecido el fenómeno extintivo, aunque
las razones son las aquí expuestas.
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74.
En este orden de ideas, se observa que la decisión objeto de tutela se pronunció
acerca de la caducidad a partir de una valoración integral de los documentos
aportados a la actuación judicial, con las cuales evidenció que el señor José
Eccehomo Perico Vargas tenía conocimiento de la situación jurídica que afectaba su
estatus de asociado a Cooseguridad, cuando se consolidó la devolución de los
haberes a su favor por parte de la cooperativa. Por consiguiente, para la fecha en que
radicó la demanda (1 de octubre de 2024) ya se encontraba superado el término
previsto en el literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, para ejercer
oportunamente el medio de control de reparación directa.
75.
El Tribunal, también analizó el alcance del Oficio núm. 2022030547 del 13 de
diciembre de 2022 e indicó que dicho documento solo tenía «la finalidad de esquivar
los efectos extintivos de la caducidad», y qué accionante se apoyó en este
pronunciamiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pese a que
tenía conocimiento que la situación que afectó sus intereses ocurrió en el 2018, y
desde entonces venía «expresado ante distintas autoridades su inconformidad con las
presuntas irregularidades de Cooseguridad, y las facultades de inspección, vigilancia
y control a cargo de la Superintendencia».
76. Así pues, contrario a lo expuesto por la parte tutelante, no es cierto que la
autoridad accionada haya omitido valorar el Oficio núm. 2022030547 del 13 de
diciembre de 2022, pues resulta evidente que examinó el efecto que tenía el
documento para establecer el daño alegado y la caducidad del medio de control
promovido por el demandante. Ahora, distinto es que el Tribunal no le haya otorgado
el valor probatorio que el demandante pretendía que se le atribuyera a dicho
documento para efectos de establecer el término de caducidad del medio de control.
77. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume de
buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por el que
le resulte convincente»37.
78. De esta manera, se advierte que el Tribunal accionado realizó un análisis del
presupuesto procesal de la caducidad, tomando como punto de partida el instante en
que el tutelante tuvo conocimiento del posible daño causado, tal y como se establece
en los supuestos descritos en la norma referida.
79. La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre el respeto de los plazos
judiciales y la relevancia de la figura de la caducidad, en el sentido de indicar que «[…]
esta constituye un mecanismo que limita el tiempo durante el que las personas pueden
acudir a la jurisdicción para la definición judicial de las controversias, el cual privilegia
la seguridad jurídica y el interés general. Bajo esa perspectiva se ha destacado la
obligatoriedad de los términos de caducidad, y, por ende: “[…] la actitud negligente de
quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un
hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
37
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado” 38 […]»39.
80. En atención a lo anterior, se observa que la autoridad accionada realizó un análisis
razonable de los elementos probatorios allegados al expediente de reparación directa,
por lo que no es posible inferir que la decisión cuestionada haya efectuado una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas obrantes en la actuación judicial, que
constituya un defecto fáctico, como lo plantea el accionante.
81. Por otro lado, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado por el
tutelante, conviene aclarar que la providencia referida por este no contiene una regla
o principio de derecho general y abstracto aplicable al caso objeto de estudio, pues,
en la decisión citada por el actor se resolvió un supuesto de hecho distintos al
propuesto en la demanda de reparación directa.
82. De esta manera, el argumento planteado por el accionante en la solicitud de
amparo no revela la existencia o configuración del defecto de desconocimiento de
precedente, que pretende atribuirle a la providencia cuestionada.
83. En este punto, es pertinente mencionar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la providencia objeto de tutela, estudió diferentes posturas
desarrolladas por la Sección Tercera del Consejo de Estado para determinar la
caducidad en casos de omisiones de las funciones de inspección, vigilancia y control
y concluyó lo siguiente:
En la jurisprudencia reciente de lo contencioso-administrativo han existido diversas
posturas frente a la contabilización del término de caducidad cuando el daño se atribuye
a omisiones del Estado en sus funciones de inspección, vigilancia y control. Éstas pueden
resumirse en: i) lo determinante es el momento en el que cesa la omisión que se reputa
dañosa, bien sea cuando ocurre la conducta que supera la omisión o cuando la parte
afectada conoce de esta última; y ii) la caducidad se supedita a la ocurrencia del daño,
ya sea la fecha en que se produce o en la que se tiene un conocimiento cierto de aquel.
84. Así pues, para el Tribunal, al examinar a las particularidades fácticas y jurídicas,
consideró que la caducidad del medio de control debía establecerse a partir del
instante en que el demandante tuvo pleno conocimiento de la situación que afectó sus
derechos.
85. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente de las pruebas obrantes en el expediente de reparación
directa, las normas procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso
concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable
al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
86. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación
38
Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
39
Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.
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directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.
IV. CONCLUSIONES
87. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su
contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el defecto fáctico y el
desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la parte actora.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor José Eccehomo Perico
Vargas en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01944-00
Accionante: José Eccehomo Perico Vargas
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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