Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01952-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01952-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01952-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000202501952-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DADO QUE EL ACTOR
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL CON NÚMERO ÚNICO DE
RADICACIÓN 11001-03-28-000-2024-00010-00. EL DEMANDANTE
REFIERE EN SEDE DE TUTELA ARGUMENTOS QUE NO FUERON
SUSTENTADOS DURANTE EL TRÁMITE DE LA NULIDAD ELECTORAL
DE REFERENCIA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 19 de mayo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA- SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que,
frente al defecto sustantivo, declaró su improcedencia por falta del
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Actor: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
requisito de relevancia constitucional y negó frente al
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2
al haber proferido la providencia de 24 de octubre de 2024, dentro
del medio de control de nulidad electoral identificado con número
único de radicado 2024-00010-00, al cual se le acumuló el
expediente núm. 2024-00025-00.
I.2.- Hechos
Señaló que el presidente de la república mediante Decreto 2004 de
21 de noviembre de 2023, nombró en encargo al señor JOSÉ
2
En adelante la SECCIÓN QUINTA.
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Actor: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
MEDARDO PRIETO SUÁREZ en el cargo de experto comisionado de
la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG),
quien se desempeñó como comisionado hasta el 21 de febrero de
2024.
Adujo que el señor GERMÁN LOZANA VILLEGAS promovió medio
de control de nulidad electoral bajo el número único de radicación
2024-00010-00, contra el mencionado acto de nombramiento, por
cuanto, en su sentir, se expidió con infracción de las normas en que
debía fundarse, en especial, del literal d del artículo 21 de la Ley 143
de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 y el
artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015, según el cual el cargo
de experto comisionado de la CREG es de período fijo.
Agregó que el señor DANIEL CURREA MONCADA también
promovió medio de control de nulidad electoral, el cual se identificó
con el número único de radicación 2024-00025-00, quien señaló que
se igualmente se había infringido el literal d del artículo 21 de la Ley
143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021,
dado que el nombramiento en encargo desconocía la dedicación
exclusiva del empleo de experto comisionando y desconoció la
estructura de la CREG al desatender la separación entre los expertos
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comisionados y los integrantes del Gobierno Nacional.
Indicó que, luego de acumularse las demandas en el proceso núm.
2024-00010-00, la SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 24 de
octubre de 2024, declaró la nulidad del Decreto acusado, por cuanto,
a su juicio, el nombramiento del comisionado en encargo vulneró el
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, pues, entre
otros, alteró la estructura de la CREG y se desconoció el período fijo
de tales nombramientos.
Manifestó que el consejero OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
salvó su voto y destacó los siguientes aspectos: “[…] el encargo de
funciones en cargos de período fijo, como ocurrió en el caso que se
analizó, es procedente, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, por
cuanto esa disposición no limita o excluye la aplicación de la figura a
los cargos de carrera y de libre nombramiento y remoción, como se
indicó en el fallo […] en cuanto a la dedicación exclusiva que se exige
para el cargo de experto comisionado, (en relación con el artículo 21
de la Ley 143 de 1994), lo cierto es que su cumplimiento se predica
cuando se provee el cargo en propiedad o en forma definitiva, de
modo que no se requiere la desvinculación del encargado del empleo
del cual es titular […]”.
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Por su parte, adujo que el consejero PEDRO PABLO VANEGAS GIL
salvó voto y precisó lo siguiente: “[…] A mi juicio, dicha norma no
contiene prohibición alguna para hacer nombramientos en encargo,
en empleos de período fijo y de dedicación exclusiva […] tampoco se
advierte que el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 o las disposiciones
regulatorias de la CREG prevean que para suplir las vacancias de los
cargos de expertos comisionados no se pueda acudir a la figura del
encargo […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la sentencia de 24 de octubre de 2024 incurrió en
defecto sustantivo en virtud de una interpretación irrazonable
sobre la supuesta existencia de una prohibición para nombrar en
encargo a los expertos comisionados de la CREG.
Asimismo, señaló que se incurrió en desconocimiento del
precedente por la inaplicación de la Sentencia SU-566 de 2019
proferida por la Corte Constitucional, que establece que es un deber
del operador judicial optar por la interpretación que en menor medida
restringa el acceso a los cargos públicos.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor solicita el amparo de su
derecho fundamental invocado como violado y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 24 DE
OCTUBRE DE 2024 proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO, en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado 11001032800020240001000 (ppal).
TERCERO: ORDENAR a dicha autoridad judicial PROFERIR
SENTENCIA de reemplazo mediante la cual interprete las normas
aplicables al caso de manera razonable y conforme a la
Constitución Política y aplique el precedente constitucional
existente […]”. (Negrillas del texto original).
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó se declare la improcedencia de
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional o, en su defecto, se niegue el amparo solicitado puesto
que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional
dado que lo que se pretende es convertir el presente mecanismo en
una instancia adicional en el proceso de nulidad electoral
cuestionado.
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I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El señor DANIEL CURREA MONCADA3, tercero con interés
directo en las resultas del proceso, manifestó que la acción de tutela
es improcedente toda vez que no cumple con las causales generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Además, tampoco se acreditó el defecto sustantivo alegado dado que
la decisión de la SECCIÓN QUINTA no fue irrazonable, arbitraria o
caprichosa ni se acreditó el desconocimiento del precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia SU-566 de 2019, máxime
si se tiene en cuenta que las reglas allí fijadas, no eran aplicables al
caso en estudio.
I.6.2.- El DEPARTAMENTO ADMNINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA y los señores JOSÉ MEDARDO PRIETO SUÁREZ y
GERMÁN LOZANO VILLEGAS guardaron silencio en el asunto de
referencia.
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Actuando por intermedio de apoderado judicial.
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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 19 de mayo de 2025,
resolvió lo siguiente:
“[…] 1º) Declárase improcedente la solicitud de amparo por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente al
defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2°) Niégase la solicitud de amparo frente al desconocimiento del
precedente jurisprudencial, por las razones expuestas en la parte
motiva.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o
mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier
otro medio expedito y eficaz […]”.
Consideró que el cargo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial cumplía con el requisito de relevancia constitucional
en la medida en que: i) involucraba la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso; y ii) dicho reparo no se
resolvió en el curso del proceso ordinario en la medida en que el actor
no lo presentó en la contestación de la demanda ni en los alegatos
de conclusión.
De otra parte, respecto al cargo del defecto sustantivo, sostuvo
que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional dado que
los argumentos planteados por el actor se dirigieron de forma
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exclusiva a discutir aspectos que ya fueron planteados tanto en la
contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión
allegados al proceso ordinario censurado, lo que dejaba en evidencia
que la finalidad del actor no era lograr el amparo de una afectación
a su derecho fundamental sino obtener una nueva valoración del
asunto.
Agregó que la providencia cuestionada se pronunció de forma
expresa sobre los reparos expuestos por el actor con argumentos
razonables.
Concluyó que, respecto al análisis del desconocimiento del
precedente jurisprudencial, establecido en la sentencia SU-566
de 2019, proferida por la Corte Constitucional, no era aplicable al
caso concreto toda vez que parte de supuestos fácticos y jurídicos
distintos, pues en dicha providencia el exhorto a los operadores
judiciales fue en relación con las causales de inhabilidad.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia bajo los
siguientes argumentos:
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Manifestó que la acción de tutela satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues es evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y el principio de legalidad en relación
con los requisitos frente a los nombramientos de experto
comisionado por la CREG, de conformidad con lo dispuesto en el
literal d del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
Adujo que no pretende reabrir el debate dentro del proceso de
nulidad electoral sino el amparo del derecho fundamental al debido
proceso, así como el orden constitucional respecto a la garantía de
los servicios públicos domiciliarios.
Consideró que la SECCIÓN QUINTA exigió requisitos no previstos
por el legislador para ocupar el cargo de comisionado de la CREG en
encargo y creó una prohibición no prevista en la ley que afecta las
funciones del presidente de la República, que no fueron analizados
en el fallo de tutela impugnado.
Agregó que la Sentencia SU- 566 de 2019 contiene un precedente
constitucionalmente vinculante al caso bajo estudio que obliga a los
jueces a optar por una interpretación que limite “[…] en la menor
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medida posible […]” el acceso a los cargos públicos.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 24 de octubre de 2024 proferida por
la SECCIÓN QUINTA, dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con el número único de radicación 2024-00010-
00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor,
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo en
virtud a que realizó una interpretación irrazonable sobre la supuesta
existencia de una prohibición para nombrar en encargo a los expertos
comisionados de la CREG. Asimismo, incurrió en desconocimiento
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del precedente por la inaplicación de la Sentencia SU- 566 de 2019
proferida por la Corte Constitucional, que establece como deber del
operador judicial optar por la interpretación que en menor medida
restrinja el acceso a los cargos públicos.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 19 de mayo de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente al
defecto sustantivo y negó frente al desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia para lo cual reiteró que, en el caso bajo estudio se
incurrió en un defecto sustantivo al realizar una interpretación
irrazonable del literal d del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 y; ii) se
desconoció el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU- 566 de 2019, en la que se exige
a los operadores de justicia optar por la interpretación que limite, en
la menor medida posible, el acceso a cargos públicos.
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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolverse consiste en determinar si en el presente caso se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo
cual, en primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN QUINTA vulneró el derecho fundamental al debido
proceso por el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente judicial alegados.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
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“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional en la medida en que lo pretendido por el actor es, por
un lado, que se de apertura a un asunto que ya fue resuelto dentro
del medio de control de nulidad electoral identificado con el número
único de radicado 2024-00010-00, como si se tratara de una
instancia adicional y, por el otro, trae nuevos argumentos que dejó
de proponer dentro del trámite de nulidad electoral de referencia,
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siendo esa la oportunidad idónea para traer el referido reproche.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN QUINTA de forma
admisible, así:
“[…] 2.3. Problemas jurídicos
48. En consideración a la fijación del litigio efectuada en el auto del
21 de agosto del 2024, corresponde a la Sala dar respuesta a los
siguientes interrogantes:
a) ¿Es procedente el nombramiento en encargo en la posición de
experto comisionado, código 0090, de la planta de personal de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas?
b) ¿Desconoce el acto demandado el contenido del literal d) del
artículo 21 de la Ley 143 de 1994 modificado por el artículo 44 de la
Ley 2099 de 2021, el cual dispone que el empleo de experto
comisionado de la CREG es de dedicación exclusiva, lo anterior, al
permitir que el demandado mantenga su posición como asesor del
despacho del ministro de Minas y Energía?
[…]
2.4.3. Caso concreto
[…]
77. Estando acreditado que el accionado, en efecto, fue designado
bajo la figura del encargo y sin desprenderse de las funciones
del empleo que ocupaba en la referida cartera ministerial,
corresponde a la Sala determinar la legalidad de dicha actuación,
para lo cual considera:
78. En primer lugar, es importante reiterar el contenido de la
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normativa especial en materia de nombramiento de los
comisionados de la CREG, contenida en el literal d) del artículo 21 de
la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de
2021, el cual dispone que la Comisión de Regulación de Energía y
Gas Combustible, está integrada, entre otros, «por seis (6) expertos
en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el
presidente de la República para un período de cuatro (4) años».
79. Dos aspectos resultan relevantes de esa descripción normativa,
pues el legislador dotó al empleo de la condición de ser de período
fijo y de dedicación exclusiva, las cuales constituyen una garantía
de la independencia que debe caracterizar el ejercicio de la función
reguladora que se predica de estas comisiones14.
80. Es de resaltar que la jurisprudencia constitucional precisa que
existe un conjunto de condiciones institucionales que deben cumplir
los órganos de regulación, buscando que esta relevante función sea
cumplida por instituciones que sean independientes del Gobierno
Nacional y conforme con el perfil y requerimientos que el legislador
establezca en el ámbito de su libertad de configuración15 .
81. Con ello, se persigue el cumplimiento de la finalidad específica
de garantizar que las actuaciones de las comisiones de regulación
respondan a las necesidades propias del sector regulado y no:
«a las presiones políticas, los motivos coyunturales, el acceso
14
La Corte Constitucional ha dispuesto sobre el particular lo siguiente: El primer rasgo común estriba
en que la función estatal de regulación es ejercida por una autoridad específicamente creada y
concebida para fijar y ajustar de manera continua las reglas de juego a las cuales debe sujetarse una
actividad determinada dentro de un sector socio-económico. Segundo, la actividad determinada sujeta
a regulación, reviste una especial trascendencia en cuanto compromete el desarrollo del mercado en
un ámbito donde, en mayor o menor medida, está envuelto el goce efectivo de los derechos de las
personas y donde se juzga necesario adoptar medidas de protección social y de corrección de las fallas
del respectivo mercado. Tercero, la autoridad reguladora dispone de instrumentos de regulación
peculiares para el cumplimiento de su misión específica los cuales pueden ser de la más diversa
naturaleza según el problema que ésta deba abordar, puesto que tales instrumentos van desde la mera
recepción y divulgación de información (medida de comunicación), pasando por la intervención en los
precios (medida económica) hasta la adopción de normas y la imposición de sanciones a quienes las
infrinjan (medidas jurídicas). Cuarto, la función de regulación es usualmente confiada a órganos con
un mayor grado de independencia que el que tienen las entidades administrativas preexistentes en el
respectivo país sometidas a controles jerárquicos o de tutela. No obstante, esta mayor independencia
no sustrae a las autoridades de regulación de los controles característicos de una Estado democrático
de derecho puesto que sus actos pueden ser revisables por los jueces, sus decisiones son objeto de
debate político y legislativo en el Congreso o Parlamento correspondiente, el jefe del ejecutivo dispone
de medios diversos para incidir, así sea en algunos casos de manera general y mediata, en la orientación
de dichas autoridades y sus integrantes y resoluciones están sujetas al escrutinio de los ciudadanos.
Quinto, la función de regulación está fundada en la necesidad de encontrar y mantener un equilibrio
entre intereses legítimos contrapuestos en contextos socio-económicos de gran dinamismo de tal forma
que, a pesar de los cambios frecuentes y acelerados que se presenten, el Estado disponga de
instrumentos para orientar sostenidamente las actividades socio-económicas reguladas hacia los fines
de interés general señalados por el constituyente y el legislador” Sentencia C-150 del 2003.
15
C-150 del 2003. Título 4.4.1.4
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privilegiado de algunas fuerzas a los procesos decisorios, la
captura del regulador por el regulado, entre otras
contingencias que impiden que el órgano regulador actúe en
aras del interés general con miras a proteger los derechos de
los usuarios y asegurar la continuidad y calidad del servicio
público correspondiente»16 .
82. Para ello, el legislador ha fijado las siguientes características que
se predican de las comisiones de regulación, entre ellas, la CREG: (i)
su carácter colegiado, (ii) su naturaleza técnica y especializada, (iii)
su independencia patrimonial, (iv) el período fijo de sus
comisionados y (v) el sometimiento a un régimen de conflicto de
intereses, compatibilidades e inhabilidades17.
83. En atención a lo dicho, el período fijo de los comisionados busca
hacer menos probable que se encuentren sujetos a presiones por
parte del gobierno de turno en cabeza del presidente que ostenta la
facultad nominadora.
84. Lo anterior, en tanto supone la existencia de un plazo específico
para el ejercicio del empleo, sin que el titular pueda ser despojado
del mismo, salvo por las razones legales específicamente
establecidas para el efecto, que normalmente se relacionan con la
existencia de decisiones judiciales o administrativas que así lo
dispongan, razón por la cual, los cargos con dicha condición «ocupan
una posición intermedia entre los empleos de carrera y los de libre
nombramiento y remoción»18.
85. Esta connotación no conlleva en sí misma a desconocer la
facultad nominadora del presidente de la República respecto de los
expertos comisionados de la CREG, dado que lo buscado es el
establecimiento de una limitante a la facultad discrecional de
nombrar, con el fin de garantizar la independencia de quien ostenta
la condición de experto comisionado.
86. De otra parte, la sentencia C-048 del 2024 de la Corte
Constitucional, indicó que los expertos comisionados no son agentes
del presidente. Sobre el particular, se razonó en los siguientes
términos:
«(...) la noción de agente del presidente no es predicable del
cargo de comisionado experto de la CREG. Dicho cargo no ha
sido calificado por ninguna norma constitucional o legal con
16
Ídem.
17
Sentencia C-048 del 2024. Reitera criterio de la sentencia C-150 del 2003.
18
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020. Radicación:
11001032400020150054200.
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esa naturaleza y la asignación del presidente de nombrar estos
funcionarios obedece al margen de configuración legislativa
para definir el empleo público. Tampoco corresponde con el
criterio sentado por la jurisprudencia de que sean subalternos
del presidente y sometidos a sus órdenes y orientaciones para
asegurar el cumplimiento de la agenda y los planes de
gobierno, pues esto contradiría el carácter independiente que
el legislador, en ejercicio de sus atribuciones, le asignó a la
CREG. De igual modo, esa independencia que se manifiesta
concretamente en la garantía de que los comisionados
expertos puedan desempeñar su función por el período en el
que fueron nombrados, permite que los fines de la regulación
constitucional de los servicios públicos domiciliarios se hagan
efectivos. De interpretarse en el sentido opuesto, se
desconocería la independencia de la entidad para el ejercicio
de sus funciones y se obstaculizaría el cumplimiento de los
propósitos que asigna la Constitución a la regulación de los
servicios públicos domiciliarios» (énfasis fuera del texto
original).
87. A lo anterior, suma el hecho de ser un empleo de dedicación
exclusiva, que se basa en la idea del ejercicio de una función
regulatoria técnica y altamente especializada.
88. En decisiones de constitucionalidad, se ha precisado que esa
connotación de algunos empleos de la administración pública
contribuye a la profesionalización y representación directa de los
intereses de la Nación19.
89. Bajo estas condiciones, la dedicación exclusiva también tiene
como fin la garantía de independencia de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, buscando que los expertos comisionados que la
integran solo atiendan al ejercicio de su función frente al mercado y
a los usuarios, la materialización de su independencia en el manejo
de los servicios públicos domiciliarios que son de su competencia, el
privilegio al interés general que se predica de ellos y la función que
desempeñan en el marco del Estado Social y Democrático de
Derecho.
90. En atención a lo dispuesto, le asiste razón a la parte demandante
al señalar que las dos condiciones del empleo descritas en
precedencia hacían improcedente en el presente caso, y ante la
vacancia absoluta del cargo, acudir a la figura del encargo, que, si
bien se encuentra consagrada en el Decreto 1083 del 2015, ella tiene
19
Corte Constitucional, sentencia C-426 del 2020. En reiteración del criterio expuesto en la sentencia
C-827 del 2001.
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un carácter supletivo frente a regulaciones específicas de la CREG.
91. En criterio mayoritario de esta Sala, permitir el encargo daría
lugar a que el presidente de la República desconozca la necesidad de
contar con un período fijo en beneficio de la independencia de la
comisión en el ejercicio de su función regulatoria, pues quien llega al
cargo en dichas condiciones se encuentra sujeto directamente a la
facultad del nominador y puede ser removido en cualquier momento,
sin la prerrogativa propia del tiempo que institucionalmente está
llamado a ocupar.
92. Es de resaltar que esta Sala de Sección60, al decidir una acción
de cumplimiento interpuesta contra el presidente de la República
para atender lo señalado en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143
de 1994, consideró lo siguiente:
«Ahora bien, de su contenido se deriva un mandato o deber
de naturaleza imperativa, expresa e inobjetable a cargo del
señor presidente de la república, consistente en nombrar a 6
expertos que la conforman, pese a que del contenido de la
norma no se precise el modo en que se deben proveer tales
cargos [encargo o permanentemente]. Por tanto, atendiendo
a la postura jurisprudencial de la Sentencia de 25 de enero de
2024 precitada, la Sala comparte la conclusión mayoritaria del
Tribunal de primera instancia en tanto que el presidente de la
república debe nombrar las plazas que resulten vacantes de
manera permanente [modo] por el período que señala
disposición «períodos de cuatro (4) años», con el fin de no
dejar en incertidumbre la función regulatoria que la CREG
tiene a su cargo.
En efecto, en este punto, la Sala destaca la importancia de la
función regulatoria de la CREG como mecanismo de
intervención en los servicios públicos, considerada como
esencial a la finalidad social del Estado, dada la injerencia que
tiene en la calidad de vida y la dignidad de las personas. Así
las cosas, como el nombramiento de todos los expertos
comisionados permite la debida intervención del Estado en el
ámbito de los servicios públicos, asunto que está ligado al
deber que en él recae, esto es, garantizar la realización
efectiva de los postulados mínimos del estado social de
derecho, asegurar la prestación eficiente de servicios y
proteger los derechos de los usuarios bajo los límites
constitucionales y legales, la Sala considera que es necesario
que el señor presidente de la República cumpla las previsiones
del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 y provea las vacantes.
Por tanto, como en el expediente no se encuentra acreditado
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que todos los expertos fueron nombrados, se confirmará la
sentencia de primera instancia» (énfasis fuera del texto
original).
93. A su vez, considerar procedente que la persona que accede al
empleo mantenga las funciones de otro, como sucede con el aquí
demandado, es contrario al criterio de «dedicación exclusiva», que
determinó el legislador; por lo cual, quien llegue al cargo ostentando
dos condiciones laborales afectaría de tajo ese sentido de la
norma, que busca que los intereses que se ven involucrados en el
ejercicio de la función regulatoria sean los únicos que guíen el
cumplimiento de las competencias y funciones propias del experto
comisionado.
94. Así las cosas, está claro que el aquí demandado ostenta el empleo
en el Ministerio de Minas y Energía, entidad del Gobierno Nacional y,
por otro lado, ocupa la posición de experto comisionado de la CREG,
el cual, como ya se indicó no tiene la condición de agente del
presidente de la República -mucho menos de sus ministros- y, por lo
tanto, debe ejercer sus funciones por fuera del ámbito que se deriva
de una relación legal y reglamentaria con aquellos.
95. Por tal motivo, la mera vinculación con la cartera ministerial
resulta suficiente para encontrar acreditado que el demandado
tendría la representación de dos intereses, al ser funcionario del
Gobierno Nacional y a la vez de la comisión, aspecto que conllevó a
que el primero tenga un asiento adicional de aquellos que por ley le
corresponden (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación).
96. Por todo lo expuesto con anterioridad, se concluye entonces que
no es procedente la figura del encargo frente al empleo de experto
comisionado de la CREG.
97. Ahora bien, no es de recibo para esta judicatura la razón
expuesta por las entidades intervinientes al señalar que al no existir
prohibición expresa para el uso de la figura del encargo en empleos
de período fijo y de dedicación exclusiva, entonces aquella se
entiende permitida.
98. Lo anterior, en tanto, como fue expuesto en forma precedente,
existe norma imperativa de orden legal que debe ser atendida por la
autoridad nominadora, que conlleva a que siempre sean respetadas
las condiciones de período fijo y la dedicación exclusiva que fijó el
legislador, razón suficiente para descartar el encargo aquí
demandado.
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99. En línea con lo anterior, es de resaltar que las autoridades tienen
una vinculación de naturaleza positiva frente al ordenamiento
jurídico, es decir, solo pueden hacer lo que les está expresamente
permitido. Así las cosas, se considera que, para este específico tipo
de empleo, el presidente de la República está en la facultad de
designar en el marco de las limitaciones y condiciones que la norma
establece, sin que la inexistencia de la prohibición expresa sea un
atenuante que permita acudir a figuras que no se acompasan con el
cargo.
100. A su vez, contrario a lo manifestado por las entidades que
contestaron el libelo, no queda duda de que el presidente de la
República, para evitar precisamente la «parálisis de la prestación de
servicios», podía nombrar, de manera definitiva, a estos funcionarios
y no en encargo como lo hizo.
101. Conforme a lo dicho, la Sala debe comprender que a partir de
una lectura con efecto útil de las Leyes 142, 143 de 1994 y 2099 de
2021, sobre las expresiones «independiente», «exclusiva» y de
«periodo fijo» que caracterizan a la CREG y a sus comisionados, se
advierte que estas no dieron vía libre a esta situación administrativa,
precisamente, porque en la redacción de la norma estas palabras se
edificaron para evitar la paralización del servicio público de
regulación, con lo cual el nombramiento debía ser provisto en forma
definitiva ante la vacancia absoluta de su titular.
102. Sobre esta base, no asiste razón al dicho de algunos
intervinientes en la parte pasiva cuando aseveran que el encargo
«permite efectuar los procedimientos necesarios para el
nombramiento en propiedad de los expertos comisionados», debido
a que el presidente de la República solo debe verificar que el
nombrado cumpla con los requisitos que la ley dispuso para tal
efecto.
103. Por lo dicho, la Sala encuentra que el cargo por infracción del
literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994 modificado por el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, se encuentra debidamente
acreditado, por lo que se considera que prospera la nulidad por estas
razones […]”.
De los apartes transcritos, la Sala observa que la SECCIÓN
QUINTA, en el caso bajo estudio, sustentó la decisión en atención a
los supuestos de orden fáctico y jurídico y así concluyó que se debía
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declarar la nulidad del Decreto 2004 de 2023, mediante el cual el
presidente de la república nombró en encargo al señor JOSÉ
MEDARDO PRIETO SUÁREZ como experto comisionado de la
CREG.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado
por el recurrente, la SECCIÓN QUINTA efectuó un análisis riguroso
del Decreto 2004 de 2023 con relación al contenido de lo dispuesto
en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por
el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, pues desarrolló las razones
según las cuales el nombramiento desconoció la normativa en cita lo
que denota que el estudio fue sustentado en debida forma.
Lo anterior significa que lo que pretende el actor es que el juez
constitucional haga un nuevo examen integral de los argumentos
respecto a la interpretación del literal d) del artículo 21 de la Ley 143
de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, con
la finalidad de que se haga una corrección al análisis que realizó la
SECCIÓN QUINTA y, en ese sentido, se acoja la interpretación que
propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o
recurso adicional a los previstos en el medio de control de nulidad
electoral desnaturalizando así la acción constitucional.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y las
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
De otra parte, la Sala considera que el actor, al argumentar el
presunto desconocimiento del precedente judicial contenido en
la sentencia SU- 566 de 2019 proferido por la Corte Constitucional,
indicó que correspondía a una situación que no fue formulada dentro
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del trámite de la nulidad electoral identificado con el número único
de radicación 2024-00010-00 toda vez que, tanto en la contestación
de la demanda como en los alegatos de conclusión, no hizo alusión
alguna, lo que demuestra que el actor pretende en sede de tutela
corregir un asunto que debió poner en conocimiento de la autoridad
judicial para que esta procediera con el análisis correspondiente en
la instancia judicial pertinente.
Por lo anterior, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia
que negó el amparo frente al presunto desconocimiento del
precedente jurisprudencial, para en su lugar, declarar su
improcedencia por falta del requisito de relevancia constitucional y
confirmará en toda lo demás la sentencia recurrida, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva
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de sentencia de 19 de mayo de 2025, proferida por la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará así:
“[…] SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo
constitucional frente al desconocimiento del precedente
jurisprudencial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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