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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01953-00

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01953-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por cuanto no se cumplen los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Radicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00 Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P. requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01953-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01953-00
Demandante: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL – No procede estudio de fondo
porque no se cumplen los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Empresas Municipales
de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. contra el Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 2 de abril de 2025, Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E. E.S.P.,
por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y defensa
con motivo de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, en el recurso extraordinario de anulación con
radicado 11001-03-26-000-2024-00032-00 (70968). Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben):

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso
a la administración de justicia e igualdad de EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI E.I.C.E. E.S.P. - EMCALI, que fueron vulnerados por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la sentencia del 23 de
agosto de 2024, notificada el 2 de octubre del 2024 con radicación no. 11001-
03-26-000-2024-00032- 00 (70968), mediante la cual resolvió el recurso de
anulación interpuesto contra el laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023
dictado por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias
surgidas con el CONSORCIO ADUCCIÓN RÍO CALI en razón del Contrato de
Obra No. 300-CO-1449 de 2019.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024, con
fecha de notificación del 2 de octubre del 2024 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró infundado el

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Demandante: EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

recurso de anulación interpuesto por EMCALI contra el laudo arbitral del 24 de
noviembre de 2023.

3. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la notificación
del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia resolviendo el recurso de
anulación interpuesto por EMCALI contra el laudo arbitral del 24 de noviembre
de 2023, en la cual:
a) Analice de manera integral los argumentos expuestos por EMCALI en su
recurso de anulación.
b) Valore adecuadamente la configuración de la causal 7ª del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 (fallo en conciencia debiendo ser en derecho),
particularmente respecto a los siguientes puntos:
• La valoración de un dictamen pericial rendido por un perito manifiestamente
impedido
• La inaplicación del precedente sobre el deber de planeación compartido
• La aplicación del principio de conservación de la ecuación financiera del
contrato a un negocio jurídico regido por el derecho privado
• La omisión del análisis de la concurrencia de culpas.

c) Valore adecuadamente la configuración de la causal 9ª del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, respecto a la omisión de pronunciamiento sobre las
pretensiones segunda, cuarta y quinta de la demanda de reconvención
formulada por EMCALI.

4. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR que se tomen las medidas
necesarias para proteger los derechos fundamentales vulnerados a EMCALI,
incluyendo, si es procedente conforme al análisis que debe realizarse, la
anulación total o parcial del laudo arbitral del 24 de noviembre de 2023.

5. ORDENAR la suspensión de los efectos del laudo arbitral del 24 de
noviembre de 2023 y de cualquier procedimiento de ejecución que se hubiere
iniciado con base en el mismo, hasta tanto la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado profiera la nueva sentencia ordenada.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El 10 de julio de 2019 el Consorcio Aducción Río Cali y Empresas Municipales
de Cali -EMCALI EICE ESP celebraron el contrato de obra 300-CO-1449-2019 para
la construcción de la nueva línea de aducción PTAT Río Cali (B. San Antonio), desde
el sistema de bocatoma - desarenador existente hasta la Planta de Potabilización
Río Cali.

4. El Consorcio Aducción Río Cali convocó la conformación de un Tribunal de
Arbitramento con el fin de dirimir las controversias surgidas durante la ejecución del
contrato. Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE ESP, a su vez, radicó
demanda de reconvención.

5. A través de Laudo Arbitral de 24 de noviembre de 2023, corregido el 11 de
diciembre de 2023, el Tribunal de Arbitraje declaró, entre otros, que «EMCALI
incumplió el contrato al no haber suministrado al Consorcio la información y
documentos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y al no haber
realizado los pagos en la forma y plazos pactados» y la condenó al pago de ciertas
sumas de dinero por diferentes conceptos.

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6. Contra esa decisión, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. interpuso recurso extraordinario
de anulación, en el que invocó las causales séptima y novena del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012.

7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
de 23 de agosto de 2024, declaró infundado el recurso extraordinario de anulación.
Luego de analizar el caso, concluyó lo siguiente:

Visto lo anterior, para la Sala el panel arbitral no dejó de lado el ordenamiento
jurídico ni se apartó o desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
el principio de planeación y los deberes en la etapa precontractual; antes bien,
el Tribunal de Arbitramento ciertamente tuvo en consideración las cargas de
diligencia y buen fe que le asistían al Consorcio al participar en el proceso de
selección, pero concluyó que el estándar de diligencia exigible implicaba una
revisión razonable de los documentos proporcionados dentro del periodo de
tiempo disponible y que, por lo mismo, no comprendía un pormenorizado
estudio de los diseños, a tal nivel de detalle que llegara comprender, incluso, la
realización de pruebas de campo y perforaciones en el terreno.
(…)

Como puede verse, el Tribunal de Arbitramento analizó el reproche endilgado
por EMCALI y concluyó que no encontraba razón para no considerar la
experticia referida, habida cuenta de que la circunstancia puesta de manifiesto
por la entidad no le generaba dudas sobre la imparcialidad del dictamen pericial
aportado por el CARC.
(…)

De acuerdo con lo anterior, para la Sala los argumentos expuestos por EMCALI
al señalar que no ha debido ser considerada la citada prueba pericial, dado que
la entidad había manifestado reparos frente a la imparcialidad del perito, se
dirigen a cuestionar la valoración probatoria que hizo el Tribunal de
Arbitramento, pretendiéndose, pues, reabrir el debate jurídico sustancial y
probatorio del trámite arbitral, cuestión que no compete al juez de anulación.

5.1.5. En similar sentido, respecto al postulado del equilibrio financiero del
contrato encuentra la Sala que corresponde a un aspecto sustancial de la
controversia que abordó con amplitud el juez del contrato, que en este caso lo
era el Tribunal de Arbitramento, sin que corresponda al juez del recurso de
anulación entrar a pronunciarse sobre el fondo de su decisión.
(…)

Ahora bien, para la Sala de la revisión del Laudo en modo alguno puede
concluirse que el Tribunal de Arbitramento hubiere impartido solución al litigio
de acuerdo con su convicción personal o con base en el sentido común.
(…)

De conformidad con lo anterior, estima la Sala que no se configura la causal de
anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda
vez que en el Laudo Arbitral del 24 de noviembre de 2023, corregido el 11 de
diciembre de 2023, el Tribunal de Arbitramento se pronunció en la parte motiva
y en la resolutiva del referido fallo respecto de las pretensiones segunda, cuarta
y quinta planteadas en la demanda de reconvención reformada, así como las
excepciones formuladas en su contestación.
(…)

Como atrás se advirtió, el recurso extraordinario de anulación se encuentra
sujeto a las causales taxativas que la ley ha previsto con el fin de corregir los
errores in procedendo en los cuales hubiese podido incurrir el respectivo
Tribunal de Arbitramento. No es posible, entonces, disentir del criterio y de las

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consideraciones asumidas por el Tribunal al expedir el laudo, teniendo en
cuenta que el mismo resulta de la apreciación de los hechos sometidos a su
competencia.
(…)

En similar sentido, es menester advertir que tampoco se incurrió en un fallo
infra petita por la circunstancia de no haberse examinado una eventual
concurrencia de culpas, como señala EMCALI en su recurso, toda vez que el
colegio arbitral concluyó que estaba demostrada la excepción de contrato no
cumplido argüida por el CARC, a la vez que, paralelamente, declaró el
incumplimiento de EMCALI y despachó negativamente las excepciones
planteadas por la entidad.

8. El accionante considera que la decisión adoptada incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico, por cuanto desconoció que el Tribunal de Arbitramento: (i) falló
en conciencia; (ii) valoró indebidamente un dictamen pericial viciado de parcialidad;
(iii) aplicó indebidamente el principio de conservación de la ecuación financiera a un
contrato regido por el derecho privado; (iv) no decidió sobre las pretensiones de la
demanda de reconvención relacionadas con el incumplimiento del Consorcio, y (i)
desconoció el precedente «sobre el deber de planeación del contratista, la valoración
de un dictamen pericial parcializado y la omisión de pronunciamiento sobre las
pretensiones relacionadas con el incumplimiento del Consorcio, desconocimiento
que vulnera directamente el derecho fundamental al debido proceso».

9. Agregó que «la desproporcionada cuantía de la condena genera un perjuicio
grave, inminente e irreparable que justifica el amparo constitucional».

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto de 10 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a los árbitros del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, que profirieron el laudo
cuestionado. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la
demanda y no se accedió al decreto y práctica de la inspección judicial solicitada en
la demanda.

11. El Consorcio Aducción Río Cali -CARC- manifestó que los reparos de la
accionante se relacionan con aspectos sustanciales del laudo arbitral, así como
sobre la valoración probatoria que hizo el Tribunal Arbitral y, en esencia, contiene
una reproducción de los planteamientos formulados en el recurso extraordinario de
anulación, a los que ya se dio solución, «no habiendo lugar a volver a debatirlas
ahora bajo el ropaje de supuestas violaciones al debido proceso».

12. En su concepto, la tutela es improcedente porque carece de relevancia
constitucional, pues pretende ser utilizada como una tercera instancia para que se
analice el fondo de la controversia sometida a la justicia arbitral; además, la discusión
que se plantea es puramente legal. Adicionalmente, el verdadero motivo de la tutela
es evitar el pago de la condena que se impuso en el laudo arbitral, lo que también

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desvirtúa el requisito de relevancia constitucional, por tratarse de una discusión
estrictamente económica.

13. Agregó que la sentencia y el laudo no contienen defectos de fondo que
justifiquen la procedencia del amparo constitucional; por el contrario, resultan
coherentes con el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio que realizaron los
jueces y árbitros; además, no es cierto que el laudo hubiera dejado de pronunciarse
frente a algunas pretensiones de la demanda de reconvención, tal como se corroboró
en el recurso de anulación.

14. La autoridad judicial accionada solicitó declarar improcedente el amparo o, en
su defecto, negarlo. Adujo que la tutela carece de relevancia constitucional, pues
pretende reabrir la controversia desatada en el trámite arbitral y, en el fondo, la
accionante no disiente de lo resuelto en la sentencia proferida en el recurso
extraordinario de anulación, sino de lo expuesto en el laudo arbitral de 24 de
noviembre de 2023, corregido el 11 de diciembre de ese mismo año.

15. Sostuvo que tampoco se reúnen los requisitos específicos de procedibilidad,
en tanto no se configuró defecto fáctico, ni sustantivo y tampoco se incurrió en
violación directa de la Constitución, pues en realidad la sentencia se estructuró en
las previsiones de la Ley 1563 de 2012.

16. El 2 de mayo de 2025, la parte accionante radicó escrito de «réplica contra la
respuesta» del Consorcio Aducción Río Cali, en el que aseguró que el objeto de la
acción de tutela es «corregir defectos específicos y objetivos (…) como la validación
de una prueba pericial que consideramos parcializada (vinculada a la discusión sobre
el fallo en conciencia) o la falta de motivación material en puntos definitivos». Añadió
que la condena impuesta en el laudo arbitral es desproporcionada y genera un
perjuicio grave, inminente e irreparable que afecta los derechos de EMCALI, lesiona
el interés general del Distrito de Santiago de Cali y tiene impacto en la prestación de
servicios esenciales.

17. Aclaró que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo «al validar
un laudo arbitral que a su vez aplicó normas y principios de forma indebida y
desconoció el precedente» y, en defecto fáctico «al validar un laudo arbitral que se
fundamentó principalmente en un dictamen pericial del ingeniero Juan Diego Arango
Botero», pese a que ese perito había rendido un concepto previo sobre la misma
materia por solicitud del Consorcio.

18. En escrito separado, la empresa demandante presentó réplica a la
contestación presentada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la que reiteró lo expuesto en el escrito que antecede y agregó que se
incurrió en error conceptual «al confundir el control de legalidad, que resulta
obligatorio cuando están en juego vicios constitucionales como la imparcialidad,
motivación adecuada o respeto al precedente, con la prohibida revisión de mérito
que comprende aspectos como la valoración probatoria o interpretación contractual».
Indicó que «se cumplió el agotamiento de vías ordinarias, pues el recurso de
anulación demostró ser ineficaz para corregir los vicios constitucionales alegados,
los cuales persisten en la sentencia del Consejo de Estado»; por último, advirtió que

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«ni el formalismo procesal ni la autonomía de las instituciones pueden anteponerse
a la protección efectiva de los derechos fundamentales».

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Legitimación en la causa

20. Empresas Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de parte
demandante en el recurso extraordinario de anulación con radicado 11001-03-26-
000-2024-00032-00 (70968), en el que se profirió la sentencia cuestionada.

21. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.

E. Problema Jurídico

22. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales cuya protección se
reclama.

F. Cargos expuestos en la tutela

23. En la demanda se mencionaron múltiples cargos que, en criterio de la
accionante, vician la legalidad de la sentencia cuestionada y conllevaron a la
vulneración de sus derechos fundamentales:

Primer cargo.

24. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente porque se validó el
laudo arbitral que aplicó indebidamente la teoría de la imprevisión y el principio de
conservación de la ecuación financiera del contrato para resolver las pretensiones
relacionadas con el reconocimiento de perjuicios por los efectos del Covid-19 y el
Paro Nacional, a pesar de que el contrato ya había terminado cuando se presentó
la demanda arbitral. Con ello, se desconoció que «este principio es propio y

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exclusivo de los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (Ley 80 de 1993) y no de los contratos sometidos al régimen
de derecho privado, como era el caso del Contrato de Obra No. 300-CO-1449-2019
celebrado entre EMCALI y el Consorcio». Lo anterior, de conformidad con lo
precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ejemplo, en sentencia
de 10 de febrero de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera, en
el proceso con radicado interno 47.068.

Segundo cargo.

25. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente relacionado con el
deber de planeación compartido entre la entidad estatal y el contratista. «Como se
evidencia en el laudo, el Tribunal exoneró completamente al Consorcio de cualquier
responsabilidad por no advertir defectos en los diseños durante la etapa
precontractual, contraviniendo la jurisprudencia consolidada del Consejo de
Estado».

Tercer cargo.

26. Defecto sustantivo porque no se aplicó la teoría de la concurrencia de culpas
en materia contractual, según la cual, cuando ambas partes contribuyen a la
causación del daño, la responsabilidad debe distribuirse proporcionalmente según
el grado de participación de cada una. No se analizó la posible responsabilidad
compartida, como indica la jurisprudencia y la sentencia cuestionada «validó este
desconocimiento del precedente sin ofrecer razones suficientes para ello».

Cuarto cargo.

27. Defecto sustantivo porque se falló en equidad cuando debía hacerse en
derecho, «por ejemplo, cuando el Tribunal califica como una "carga exagerada y
desproporcionada" el deber del Consorcio de revisar adecuadamente los diseños
en la etapa precontractual, o cuando decide no considerar la teoría de la
concurrencia de culpas a pesar de que ambas partes contribuyeron a la no ejecución
del contrato».

Quinto cargo.

28. Defecto fáctico por cuanto se validó un laudo arbitral que se fundamentó en
un dictamen pericial parcializado, lo que configuraba causal de recusación, según lo
establecido en los artículos 141, numeral 12 y 235 del CGP, y se omitió valorar la
confesión del perito.

Sexto cargo.

29. Violación directa de la Constitución «al validar un laudo arbitral que vulneró
de manera grave y ostensible los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia de EMCALI», por las razones
expuestas en los cargos anteriores, con lo cual además se desbordaron los límites

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competenciales de los árbitros. En el caso concreto, «la Sección Tercera del
Consejo de Estado realizó un control meramente formal del laudo arbitral, sin
verificar de manera efectiva las vulneraciones constitucionales que lo viciaban,
configurándose así un defecto por violación directa de la Constitución que amerita
la protección inmediata de los derechos fundamentales de EMCALI mediante la
acción de tutela».

Séptimo cargo.

30. Defecto orgánico al «validar un laudo arbitral emitido por un Tribunal que
excedió manifiestamente el ámbito de su competencia, desconociendo los precisos
límites establecidos en el pacto arbitral y en la ley». El Consejo de Estado validó la
decisión proferida en equidad y la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones
segunda, cuarta y quinta de la demanda de reconvención, relacionadas con el
incumplimiento del Consorcio.

Octavo cargo.

31. Falta de motivación o motivación contradictoria, por cuanto se validaron los
yerros señalados en las demás acusaciones.

G. Límites de la tutela contra laudos arbitrales

32. La Corte Constitucional, en múltiples ocasiones, se ha referido a la
procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales y ha concluido que, al
tratarse de decisiones adoptadas por la jurisdicción arbitral, a la que acceden las
partes de forma voluntaria con la consecuente renuncia a la justicia ordinaria, su
estudio es excepcional y está restringido a la comprobación de una vía de hecho que
implique la vulneración directa de un derecho fundamental. Esto bajo el entendido
de que los árbitros no están exentos de cumplir las disposiciones de la Constitución
Política1.

33. Ha dicho, además, que la acción de tutela se considera procedente cuando
se demuestra que se ha hecho uso de los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico para cuestionar los laudos y a pesar de ello persiste la vía de hecho; sin
embargo, cuando los yerros endilgados no son susceptibles de ser analizados a
través del recurso de anulación, se ha avalado acudir a la acción de tutela de manera
directa2.

34. Al respecto, en sentencia T-920 de 2004, la Corte precisó que:

Si bien existen dentro del ordenamiento jurídico mecanismos para cuestionar
las decisiones de los tribunales arbitrales, la naturaleza taxativa de las causales
de los recursos de anulación y revisión hacen que no todas las posibles
objeciones presentadas contra un dictamen pericial encuadren dentro de

1
Al respecto, se pueden consultan las sentencias T-608 de 1998, SU-837 de 2002, SU-058 de 2003,
T-1228 de 2003, T-920 de 2004, entre otras.
2
Consultar, por ejemplo, sentencias T-294 de 1999, T-972 de 2007 y T-058 de 2009.

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estos recursos. En consecuencia, cuando alguna de las partes de un proceso
arbitral considere que en su caso el Tribunal de Arbitramento incurrió en una
arbitrariedad que desconoce el debido proceso y ésta no encuadre dentro de
las causales de los recursos existentes, procederá la tutela para estudiar de
fondo el problema jurídico existente. (se resalta)

35. Por consiguiente, en ese asunto se resolvieron los cargos presentados contra
el laudo arbitral, que versaban sobre la incorrecta interpretación de los términos del
contrato y la indebida valoración de un dictamen pericial, toda vez que tales defectos
endilgados a la decisión no encuadraban dentro de las causales de anulación y de
revisión3, para ese momento.

36. En sentencia SU-174 de 2007, la Corte Constitucional reiteró las reglas de
procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales y resaltó que exige la
configuración de una vulneración directa de derechos fundamentales, y su
persistencia pese al agotamiento de los recursos provistos por el ordenamiento
jurídico para controlar los laudos. Aclaró, además, que la vía de hecho en
providencias judiciales sólo se concreta por la existencia de los defectos sustantivo,
orgánico, procedimental y fáctico.

37. En esa ocasión, la acción de tutela se dirigió simultáneamente contra el laudo
arbitral y la sentencia que resolvió el recurso de anulación, a los que se atribuyó un
defecto orgánico, por cuanto se efectuó y avaló, respectivamente, el pronunciamiento
efectuado por el panel arbitral sobre la validez del acto administrativo de liquidación
unilateral del contrato, con lo que habría rebasado su competencia legal y
constitucional. Para determinar el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad, la Corte constató el agotamiento de los recursos procedentes en el
trámite arbitral y del recurso de anulación, en los que se cuestionó el supuesto
defecto orgánico, y advirtió que los argumentos de la anulación coincidían con los
expuestos en la tutela y daban cuenta de una posible vulneración de derechos
fundamentales.

38. Más adelante, en Auto 051 de 2012, la Corte insistió en que:

El recurso de extraordinario de revisión no siempre es idóneo y eficaz para proteger
oportunamente los derechos fundamentales de la parte demandante, toda vez que
las causales por las que procede son taxativas y de interpretación restringida. Como
lo ha expresado esta Corporación, los mecanismos de control del procedimiento
arbitral no fueron diseñados por el legislador para revisar integralmente la
controversia resuelta por los árbitros, como podría ocurrir si se tratara de una
segunda instancia en virtud del recurso de apelación 4 . Es más, por ejemplo, las

3
Para el momento en el que se profirió la decisión, el recurso extraordinario de revisión era
procedente para cuestionar laudos arbitrales por las causales taxativas de revisión; empero, esto
cambió con la entrada en vigor de la Ley 1563 de 2012 que restringió el mecanismo de control contra
laudos al recurso de anulación.
4
«En la sentencia T-136 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte precisó: “Las facultades del
juez que conoce del recurso de anulación se limitan a la verificación de las causales de nulidad
invocadas por el actor, causales que han sido consagradas por el legislador y que son de
interpretación restrictiva. No se trata, entonces, de una nueva oportunidad para revivir el debate
planteado ante el tribunal de arbitramiento pues al juez ordinario o contencioso le está vedado
pronunciarse sobre el fondo del litigio conocido por aquél. Por ello, la labor del juez que conoce del

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causales para acudir al recurso de anulación son limitadas si se comparan con las
motivaciones que se pueden alegar y sustentar durante el trámite del recurso de
apelación. Incluso, la Corte ha precisado que los jueces de anulación deben restringir
su estudio a las causales específicamente invocadas por los recurrentes, dentro del
marco restrictivo fijado por el legislador.5”

39. La sentencia SU-500 de 2015, también de la Corte Constitucional, enfatizó
en que la tutela contra providencias judiciales no resulta equivalente, de manera
automática, a la que se dirige contra laudos arbitrales, en consideración a la
voluntad de las partes de dotar al tribunal de arbitramento de una autonomía y
firmeza «que escapa de la actuación de los mecanismos de controversia
convencional. La procedibilidad de la acción de tutela, en este grado de
excepcionalidad, sólo encuentra sentido en la trascendencia de los bienes jurídicos
que el procedimiento de amparo tiene como objeto proteger y en que los árbitros,
no obstante la autonomía e independencia que supone la justicia arbitral, no están
exentos de garantizar los derechos fundamentales». Recalcó, además, que el
legislador restringió la posibilidad del recurso de anulación a unas causales
taxativas, de suerte que puede darse la eventualidad de que en el trámite arbitral se
produzcan afectaciones a derechos fundamentales que no estén comprendidas en
tales causales y, por tanto, no puedan ser controvertidas por vía de ese recurso
extraordinario. Concluyó, así, que:

Con miras a que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional,
más en tratándose de la justicia arbitral que se aparta voluntariamente de la
jurisdicción ordinaria, y que se respete el margen de decisión de los árbitros, la
actuación del juez de tutela debe limitarse a las afectaciones directas de
derechos fundamentales. Y esta exigencia se hace más estricta en los casos
en que se ha agotado el requisito de subsidiariedad por tratarse de
afectaciones que coinciden con las causales que sirvieron de argumentos
para llevar el recurso de anulación; de modo que la actuación del juez de
amparo debe restringirse a determinar si el derecho al debido proceso se
ha protegido en la sentencia de anulación, guardando distancia con los
aspectos concretos del laudo. Esto, claro está, siempre y cuando el
reproche en sede de tutela se restrinja a defectos en el laudo arbitral,
resueltos en la anulación, y no se trate de defectos en la propia
providencia que resuelve el recurso de anulación, pues en estos casos no
se trata de un control iusfundamental sobre el laudo bajo las
características especiales vistas más arriba, sino de una tutela contra una
providencia judicial en sentido general. (se resalta)

40. Al estudiar el caso concreto, la Corte encontró que la demanda había
acusado tanto al laudo arbitral como a la sentencia que resolvió el recurso de
anulación de haber incurrido en violación del debido proceso, y que existía
correspondencia entre los argumentos resueltos en el recurso de anulación y los
expuestos en la tutela, por lo que ya se había hecho una valoración detallada por
parte del Consejo de Estado «de la actuación in procedendo del Tribunal de
Arbitramento que reprocha la tutelante». A partir de lo anterior, sostuvo que la
actuación del juez de amparo debía dirigirse «a establecer si, frente a los cargos

recurso de anulación se circunscribe a la verificación de la validez del compromiso o cláusula
compromisoria y del laudo arbitral y ateniéndose siempre a las causales invocadas por el
recurrente.”».
5
«SU-174 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa».

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propuestos, el trámite del recurso de anulación se surtió de manera que se
garantizase el derecho al debido proceso, o si, por el contrario, el juez de
anulación incurrió en una conducta lesiva de tal derecho. Ello, a su vez, impone al
tutelante la carga de, más allá de reiterar los argumentos que, en su criterio fueron
inadecuadamente resueltos en el trámite de anulación, mostrar los defectos en
los que habría incurrido en dicha instancia».

41. A partir de lo expuesto, es dable concluir que la acción de tutela contra laudos
arbitrales se torna procedente cuando se advierte una vulneración de derechos
fundamentales y ésta: (i) no hubiera podido proponerse jurídicamente a través del
recurso de anulación, al ser sus causales de procedencia taxativas, o (ii) persista
pese al agotamiento del recurso de anulación. Además, cuando la tutela se dirige
simultáneamente contra el laudo y la sentencia que resolvió el recurso de anulación,
corresponderá al juez verificar la correspondencia entre los argumentos expuestos
en el recurso de anulación y en la tutela, y el estudio del caso se restringirá a la
comprobación de una vulneración al debido proceso, por alguna de las vías de hecho
contempladas por la Corte Constitucional, vía jurisprudencial. Por su parte, cuando
la tutela se dirige, únicamente, contra la sentencia del recurso de anulación, los
requisitos de procedencia son los mismos que se abordan en los casos de tutela
contra providencia judicial, en sentido general, por manera que el accionante debe
ocuparse de exponer los defectos imputables a esa decisión judicial.

H. Análisis de la Sala

42. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
procedencia de la inmediatez exige que la tutela se presente en un plazo razonable,
esto es, justo y moderado, con el fin de garantizar la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se estiman vulnerados o amenazados. Dicha
exigencia se justifica en la necesidad de salvaguardar los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, y de garantizar la esencia de este mecanismo judicial de
protección inmediata y urgente6.

43. La calificación de plazo razonable le ha sido deferida al juez, quien es el
llamado a analizar las circunstancias particulares de cada situación y a determinar
si se cumplió este requisito de procedibilidad de la acción. Para ello, la
jurisprudencia constitucional ha identificado ciertos criterios, unos denominados
valorativos del plazo y, los otros, justificantes de la conducta del accionante7.

44. Entre los criterios valorativos del plazo se encuentran: (i) la pertenencia del
actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o

6
Sobre el requisito general de la inmediatez, consultar, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias
T-032 de 2023, T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019, entre muchas más.
7
Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.

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falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica8.

45. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i)
que se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la
originó es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la
especial situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de
acudir al juez9.

46. Como se expuso en acápite anterior, la Corte Constitucional ha precisado
que en la acción de tutela contra laudo arbitral se aplican las reglas sobre
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, en la medida en que estas
decisiones también son producto del ejercicio de una función jurisdiccional que hace
tránsito a cosa juzgada. No obstante, dada la particularidad que caracteriza a la
justicia arbitral, por cuenta de la renuncia de las partes a la jurisdicción ordinaria y
su sometimiento voluntario a un tribunal de arbitramento, su examen debe ser más
riguroso y estricto10. Esto supone analizar «con especial detenimiento el requisito
de relevancia constitucional (además) la exigencia de haberse agotado los recursos
que el sistema jurídico consagra para atacar laudos arbitrales comporta un estudio
más “atento” del requisito de subsidiariedad».

47. Ahora bien, tratándose de tutela contra providencia judicial, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de 5 de agosto de 2014, acogió como regla general
«un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente».

48. En criterio de esta Subsección11, se debe contabilizar el plazo de seis meses
desde la notificación de la providencia que se cuestiona, porque al conocer la
decisión se puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales y la
configuración de uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de
tutela contra providencia judicial. Excepcionalmente, el término de seis meses se
contabiliza desde la ejecutoria de la decisión, cuando se realizan trámites
adicionales que inciden en su firmeza, como las solicitudes de aclaración, de
corrección o de adición de la sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, siempre

8
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
9
Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
10
En sentencia SU-174 de 2007, la Corte explicó que en la tutela contra laudo arbitral «(1) [existe]
un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez
de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la
procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la decisión que se
ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar
la doctrina de las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto
por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los cuales implican que su procedencia se
circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y (4) el carácter
subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo
procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para
controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante la cual se configura la vulneración de
un derecho fundamental (…)».
11
En este mismo sentido, ver la sentencia de 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.

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que no sean abiertamente improcedentes y resulten transcendentales en la decisión
que se cuestiona por vía de tutela.

49. La postura adoptada por esta Corporación, en relación con el plazo que
considera razonable para demandar una decisión judicial mediante la acción de
tutela, ha sido avalada por la Corte Constitucional en sede de revisión, por ejemplo,
en sentencia SU-090 de 2018, al señalar que el plazo de 6 meses es «prudencial
para la oportuna formulación de la acción de tutela».

50. En el caso que se analiza, la solicitud de amparo cuestionó la sentencia que
resolvió el recurso extraordinario de anulación, con el argumento de que «validó»
un supuesto fallo en conciencia o en equidad, de modo que, en ese aspecto puntual,
le corresponde a la Sala verificar los requisitos de procedencia dispuestos, de
manera general, para la tutela contra providencia judicial, sin el análisis particular
que ha contemplado la Corte Constitucional para los eventos en los que se aduce
una vulneración de garantías iusfundamentales, predicables del laudo arbitral y del
recurso de anulación, por violación del derecho al debido proceso, tal como se indicó
en acápite precedente.

51. Adicionalmente, encuentra la Sala que varios de los cargos elevados
contienen reparos contra el laudo —aunque formalmente se dirijan a la providencia
que resolvió el recurso— y, por ende, no superarían el requisito de inmediatez, como
se verá más adelante.

52. Para entender esta conclusión es menester aclarar que el recurso
extraordinario de anulación de laudo comporta un litigio independiente que tiene por
finalidad controvertir las decisiones arbitrales, únicamente por las específicas
causales de naturaleza procesal establecidas en el ordenamiento legal.

53. En esa medida, sólo los reproches al laudo arbitral que encuadren en alguna
de las causales de anulación consagradas en la Ley 1563 de 201212 pueden ser
ventilados a través del recurso extraordinario de anulación, en el que, además,
prevalece el principio dispositivo13, que impide pronunciarse más allá de lo solicitado
por el recurrente. El juez de la anulación está limitado, así, al análisis de los vicios
de carácter procesal que se aleguen y no tiene competencia para entrometerse en
el estudio de errores de carácter sustancial, por ejemplo, por posibles vicios en la
valoración probatoria o en la interpretación acogida por los árbitros para resolver el
asunto. Al respecto, el artículo 42 de la aludida Ley 1563 de 2012 establece que «la
autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de
la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones
probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo».

12
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.
13 No le está permitido al juez de la anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender

o deducir causales que no hubieren sido invocadas, menos aún para pronunciarse sobre aspectos
que no se alegaron en la sustentación del recurso. Al respecto, consultar: Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 32.871, M.P. Mauricio Fajardo Gómez,
reiterada por esta Subsección en sentencias de 25 de agosto de 2011, exp.
38.379, M.P. Hernán Andrade Rincón y de 4 de abril de 2025, exp. 72.240.

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54. En reciente sentencia de 4 de abril de 202514, esta Subsección resaltó que «la
finalidad del mencionado mecanismo es controvertir la decisión contenida en el
laudo arbitral por errores in procedendo, de modo que a través de él no puede
atacarse el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores in iudicando.
En ese sentido, no le es dable al juez del recurso examinar si el tribunal de
arbitramento obró o no de acuerdo con el derecho sustancial, ni revivir el debate
probatorio para entrar a considerar eventuales yerros en la valoración de las
pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente tribunal, dado
que el juez de la anulación no ha sido instituido como superior jerárquico o funcional
del tribunal arbitral».

55. En el recurso extraordinario de anulación que ocupa la atención de la Sala,
EMCALI solicitó dejar sin efectos el laudo arbitral de 24 de noviembre de 2023,
corregido el 11 de diciembre del mismo año, con fundamento en las causales
previstas en los numerales 7º y 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Con
argumentos muy similares a los expuestos en esta acción constitucional, acusó al
Tribunal Arbitral de: (i) proferir fallo en conciencia, no en derecho; (ii) apartarse de
las normas y jurisprudencia relativas al deber de planeación y buena fe durante la
fase precontractual; (iii) aplicar el principio de conservación de la ecuación financiera
a un contrato de derecho privado, y (iv) omitir pronunciamiento frente a las
pretensiones de incumplimiento formuladas en la demanda de reconvención.

56. La Subsección C de la Sección Tercera, en el fallo cuestionado, advirtió que
«la causal 7a del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no autoriza al juez del recurso
de anulación para verificar el fondo del fallo, ni alterar el valor que el juzgador le
otorgó a las pruebas». Por consiguiente, consideró que las objeciones relacionadas
con la valoración del dictamen pericial rendido por un perito impedido, así como con
el postulado del equilibrio económico del contrato y la aplicación de la teoría de la
imprevisión se dirigían a cuestionar el fondo del asunto, lo que escapaba al ámbito
de competencia del juez de la anulación.

57. En similar sentido, luego de verificar que el laudo sí abordó el estudio de las
pretensiones segunda, cuarta y quinta de la demanda de reconvención, explicó que
las razones por las cuales se denegaron esas pretensiones tampoco podían ser
examinadas, «dado que le está vedado al juez de la anulación pronunciarse sobre
el fondo de la controversia, así como tampoco le está dado calificar o modificar las
valoraciones e interpretaciones realizadas por el Panel Arbitral o el análisis del
acervo probatorio, limitando su estudio a la revisión de la consonancia o coherencia
externa entre el fallo y las pretensiones y hechos aducidos en el libelo introductorio,
así como las excepciones propuestas, sin entrar a evaluar las motivaciones de la
decisión».

58. En relación con la omisión de analizar la posible concurrencia de culpas,
comprobó que el laudo se ocupó de resolver las excepciones propuestas por las
partes y coligió que aparecía probado el incumplimiento de EMCALI, de modo que

14
Exp. 72.240.

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no era dable volver a ese debate en el recurso de anulación, pues dicho reproche
recaía directamente sobre la motivación del fallo arbitral.

59. Continuando con el análisis del requisito de inmediatez, dos precisiones
deben hacerse a propósito de lo que acaba de exponerse: (i) el recurso
extraordinario de anulación no comporta una instancia o recurso ordinario del
proceso arbitral ni puede ser empleado para debatir aspectos sustanciales, con el
propósito de provocar un nuevo estudio del fondo del litigio. Su procedencia se
restringe a las causales taxativas de anulación que establece el ordenamiento legal;
y (ii) la acción de tutela es un proceso autónomo, mas no una instancia adicional del
recurso extraordinario de anulación, de ahí que no dependa del resultado de ese
proceso. Su objetivo, en este caso, es la protección inmediata y eficaz de los
derechos fundamentales, cuando han sido vulnerados o amenazados por la
decisión que se cuestiona.

60. Se desprende de lo anterior que los cuestionamientos relativos al
desconocimiento del precedente judicial en los aspectos que conciernen a la
aplicación de la ecuación financiera, la concurrencia de culpas y el deber de
planeación y buena fe en la fase precontractual, así como la falta de
pronunciamiento frente a ciertas pretensiones de la demanda de reconvención, no
eran susceptibles de ventilarse a través del recurso extraordinario de anulación,
porque versaban sobre aspectos sustanciales del litigio que se sometió al
conocimiento de la justicia arbitral y no encuadraban en ninguna de las causales
invocadas.

61. Y si algunos de los reparos contra el laudo versaban sobre aspectos
sustanciales, bien pudo la sociedad accionante acudir directamente al juez
constitucional una vez conoció el laudo arbitral, para solicitar la protección de los
derechos que considera vulnerados, por los supuestos defectos sustanciales y
fáctico que le atribuye a la decisión, tal como ha señalado la Corte Constitucional,
al advertir la viabilidad de acudir al amparo constitucional cuando los vicios que se
le atribuyen al laudo no se encuadran dentro de las causales taxativas del recurso
de anulación, como ocurre en este caso.

62. El error en la interposición del mecanismo judicial procedente para debatir
dichos yerros no constituye excusa válida que justifique la tardanza de la interesada
para presentar la solicitud de amparo, toda vez que no se advierte alguna relación
de dependencia con lo resuelto al respecto en el recurso extraordinario de
anulación, ni una situación especial que impidiera ejercer la acción de tutela dentro
de los seis meses siguientes a la fecha en la que cobró firmeza el laudo arbitral,
máxime si se considera que la solicitud de amparo no requiere de formalidades para
su presentación. Téngase en cuenta que el laudo arbitral data del 24 de noviembre
de 2023 y fue corregido el 11 de diciembre siguiente; sin embargo, la acción de
tutela se radicó más de dos años después, el 2 de abril de 2025, sin razón aparente,
más allá de la simple espera a lo que se resolviera en el recurso extraordinario.

63. Por las razones anotadas, se declarará improcedente la solicitud de amparo,
por incumplimiento del requisito de inmediatez, frente a los cargos primero,

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segundo, tercero, quinto y séptimo, este último en lo que atañe a la falta de
resolución de algunas pretensiones. Sobre el cargo séptimo cabe decir, además,
que la supuesta omisión de resolver las pretensiones de la demanda de
reconvención pudo subsanarse con la presentación de solicitud de adición del laudo
arbitral, lo que no ocurrió, por lo que ese reproche tampoco reuniría el requisito de
subsidiariedad.

64. Los cargos sexto y octavo, en los que se acusa a la decisión demandada de
haber incurrido en violación directa de la Constitución y de carecer de motivación
por haber «validado» los vicios enrostrados al laudo, no cuentan con fundamento
adicional al que se expuso para sustentar las demás imputaciones, por lo que se
consideran ligados a estos y no serán abordados de forma independiente.

65. El cargo cuarto de la tutela y el séptimo, en lo que respecta a la supuesta
adopción de un fallo en equidad y su «validación» por parte del juez de lo
contencioso administrativo, guarda relación con uno de los puntos sujetos al recurso
extraordinario de anulación y refiere la convalidación del yerro por parte del juez de
la anulación. En este contexto, resulta procedente continuar con el análisis de ese
punto concreto, toda vez que reúne el requisito de inmediatez, pues la sentencia
cuestionada, proferida el 23 de agosto de 2024, se notificó a través de medios
electrónicos el 2 de octubre de 2024 y la solicitud de amparo se presentó el 2 de
abril de 2025, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación.

66. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

67. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 15 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

68. Al revisar las premisas expuestas en los cargos cuarto y séptimo de la tutela,
la Sala observa que carecen de relevancia constitucional, por cuanto resultan ser
una réplica más de las discrepancias que insistentemente ha planteado la
accionante, tanto en el recurso de anulación como en los demás cargos propuestos
en esta acción constitucional.

15 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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69. Ciertamente, en el recurso extraordinario de anulación EMCALI sustentó la
causal de fallo en conciencia o equidad, en los siguientes supuestos -reproducidos
nuevamente en este asunto-:

(i) Los defectos en los diseños en la fase precontractual eran fácil o
razonablemente advertibles por el proponente, dada su experticia, por lo que debió
concluirse su responsabilidad en atención al deber de planeación que le asistía.
Sobre el deber de planeación se trajeron a colación las sentencias del Consejo de
Estado de 11 de octubre de 2023, exp. 60.910, de 12 de diciembre de 2022, exp.
51.911 y de 8 de mayo de 2019, exp. 59.309, a partir de lo cual se afirmó que «al
acudir los árbitros al criterio de lo que les parece justo o equitativo, no como criterio
auxiliar, sino como regla de desplazamiento de los textos legales o del contrato
mismo, como ocurrió en este caso a propósito de la consideración que advertir
defectos en los diseños era “imposible”, “oneroso” y de contera inexigible al CARC,
incurrieron los árbitros en esta infracción».

(ii) El Laudo Arbitral se apartó de la ley procesal al no aceptar la recusación
formulada por EMCALI al Perito Juan Diego Arango Botero. «El Laudo, fue
decidido en equidad, lo cual se estructura cuando los árbitros inaplican la ley al caso
concreto de la recusación formulada por EMCALI, porque consideran que es inicua,
o buscando una solución al asunto por fuera del ámbito de la ley, pues el
impedimento del perito no se desvanece con el solo hecho que el Tribunal valore la
prueba, obviamente todas las pruebas deben ser valoradas, pero solo aquellas que
sean recaudadas de acuerdo con la Ley vigente». Se aludió a los artículos 141 y
226 a 235 del CGP.

(iii) El Laudo Arbitral se apartó de la ley y la jurisprudencia por aplicar el principio
de conservación de la ecuación financiera del contrato a un contrato de derecho
privado y no el artículo 868 del Código de Comercio. Lo anterior, por cuanto la
jurisprudencia ha señalado que el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato es una figura propia de los contratos regulados por la Ley 80 de 1993 y,
por tanto, no es posible su aplicación en aquellos acuerdos que no se rijan por el
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, dado que en las normas
civiles y comerciales no existe una obligación en torno a mantener la ecuación
contractual en los términos y con el alcance que sí se prevé en esta ley.
Adicionalmente, «tampoco resultaba procedente acceder las pretensiones del
CARC por la excesiva onerosidad sobrevenida, con fundamento en el mencionado
artículo 868, toda vez que una de las características de esta figura es que el contrato
se encuentre vigente y existan pretensiones futuras por ejecutar, pero en este caso
el contrato objeto de la controversia se encontraba terminado».

70. El juez de la anulación, en la sentencia de 23 de agosto de 2024, a fin de
descartar la existencia de un fallo en equidad, verificó la aplicación de las
disposiciones legales al asunto, en concordancia con la jurisprudencia vigente.
Advirtió, al respecto, lo siguiente:

Si los árbitros resuelven la litis con base en el ordenamiento jurídico, fundado
en el análisis y la valoración de las pruebas allegadas oportunamente al
proceso, el pronunciamiento será́ en derecho.

A su turno, el desacuerdo de las partes respecto a las consideraciones,
interpretaciones y valoraciones efectuadas por el Tribunal de Arbitramento al
proferir el laudo arbitral no configura un fallo en conciencia, ni configura la

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causal 7a de anulación, puesto que el recurso extraordinario de anulación no
puede utilizarse como una instancia adicional para replantear el debate sobre
el fondo del proceso.

Bajo este entendido, de cara a las pretensiones de la reforma de la demanda
principal y de la demanda de reconvención, las excepciones formuladas en las
respectivas contestaciones, así como las consideraciones y la parte resolutiva
del laudo arbitral, la Sala no encuentra que la decisión proferida por el Tribunal
de Arbitramento haya sido adoptada en conciencia y no en derecho.

En efecto, a partir de la estructura argumentativa del laudo, se observa que el
Panel Arbitral fundamentó su fallo en normas vigentes y aplicables, que
respondieron al objeto de litis, a los argumentos de defensa y a las excepciones
alegadas y se basó en las pruebas que soportaron los hechos y las
pretensiones. Además, incluyó la motivación o exposición de las razones que
fundamentaron las decisiones adoptadas, incluido lo concerniente a los
deberes de las partes en la etapa precontractual, las obligaciones a cargo de
cada una y su cumplimiento o inejecución durante el negocio celebrado, la
valoración de las pruebas allegadas al proceso, los cuestionamientos
formulados por EMCALI frente a la imparcialidad del perito Juan Diego Arango
Botero, las circunstancias sobrevinientes, imprevistas e imprevisibles que
hicieron más gravosa la ejecución del contrato y el postulado del equilibrio
financiero del contrato.

2.1.3. Es así como, en cuanto al deber de planeación y buena fe a cargo del
Consorcio durante la etapa pre contractual, se observa que al abordar el
estudio de la segunda pretensión principal de la reforma de la demanda, el
colegio arbitral analizó la obligación a cargo de EMCALI de suministrar la
información y documentos requeridos por el Consorcio para el debido
cumplimiento del objeto de contrato, así como si dicha información y
documentación fue entregada al CARC en forma oportuna, completa y en
condiciones adecuadas para su revisión, con especial detenimiento en la
discusión que entre las partes se suscitó en el proceso en punto al alcance y
nivel de diligencia que debía ejercer el Consorcio en la fase precontractual y el
deber de planeación. (…)

Así, indicó el panel arbitral que, sin perjuicio de “la necesaria participación
activa de un contratista privado” y del “deber de colaboración a su cargo bajo
el principio de planeación previsto, entre otros, por el numeral 12 del artículo
25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con principios constitucionales
previstos en los artículos 209, 339 y 341 de la Constitución Política”, la carga
de diligencia que pesaba sobre el contratista en la revisión de la documentación
de un proceso de selección de un contrato como el que originó la controversia
sometida a decisión del colegio arbitral, no equivalía “al deber de advertir de
entrada cualquier defecto, dificultad o error que puedan tener los documentos
como planos o diseños de una obra, salvo que sean fácil o razonablemente
advertibles con base en un análisis normal de los mismos bajo buenas y
normales prácticas de la industria, en este caso de la ingeniería. (…)

Bajo este derrotero, explicó el Tribunal que no resultaba de recibo el alcance
que EMCALI pretendía dar al deber de buena fe a cargo del CARC en la fase
precontractual, pues no podía confundirse la diligencia en el proceso de
selección con la obligación de advertir, de entrada y bajo su propio costo, la
suficiencia total técnica de los planos y diseños entregados, máxime cuando
ello en el presente caso implicaba la necesidad de realizar pruebas de campo
y perforaciones en los terrenos en los que se construiría el túnel de conducción
de aguas, entre otras actividades, todo lo cual constituiría una carga
“exagerada y desproporcionada” que, por lo demás, “atentaría en lógica contra
los límites temporales concretos en que se debe actuar dentro de los márgenes
de tiempo del proceso de selección respectivo”. (…)

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A partir de la lectura del Laudo Arbitral se observa que el Tribunal de
Arbitramento analizó ampliamente el alcance del principio de planeación en la
fase precontractual y, de hecho, se refirió expresamente a la jurisprudencia del
Consejo de Estado traída a colación por EMCALI y estudió, también, los
pronunciamientos citados por el Ministerio Público en el concepto que rindió
(…).

Encuentra la Sala que EMCALI cuestionó la imparcialidad del perito por haber
realizado una asesoría al Consorcio con anterioridad a rendir su experticia, lo
cual fue reconocido por el perito en la diligencia en la que se llevó a cabo la
contradicción del dictamen. Este punto fue expresamente analizado por el
colegio arbitral en el laudo, citando al respecto lo que sobre el particular
manifestó el perito Arango Botero en su declaración, en el sentido de manifestar
que llevó a cabo una valoración de las consecuencias técnicas y económicas
derivadas del desarrollo del contrato similar a la efectuada con ocasión de la
experticia (…).

Como puede verse, el Tribunal de Arbitramento analizó el reproche endilgado
por EMCALI y concluyó que no encontraba razón para no considerar la
experticia referida, habida cuenta de que la circunstancia puesta de manifiesto
por la entidad no le generaba dudas sobre la imparcialidad del dictamen pericial
aportado por el CARC. (…)

5.1.5. En similar sentido, respecto al postulado del equilibrio financiero del
contrato encuentra la Sala que corresponde a un aspecto sustancial de la
controversia que abordó con amplitud el juez del contrato, que en este caso lo
era el Tribunal de Arbitramento, sin que corresponda al juez del recurso de
anulación entrar a pronunciarse sobre el fondo de su decisión.

Al respecto, baste con señalar que el Tribunal de Arbitramento abordó con
detenimiento el estudio del régimen jurídico del contrato sobre el que gravitó la
controversia, señalando que “se rige por las normas civiles y comerciales
aplicables, y de manera excepcional por las aplicables a la contratación estatal,
como es el caso de cualquier Entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios aún de carácter público”, sin perjuicio de lo cual anotó que ello “no
impide la aplicabilidad de principios básicos de la contratación estatal, que
encuentra también asidero en normas civiles y comerciales como las ya
reseñadas, como lo son, entre otros, los de planeación o restablecimiento de la
ecuación contractual”. (…)

Al analizar el laudo impugnado y, concretamente, la Sección B en la que el
colegio arbitral se ocupó del análisis de la reforma de la demanda de
reconvención, se observa que el apartado I de la mencionada Sección B versó
sobre las pretensiones segunda, cuarta y quinta planteadas por EMCALI, a
propósito de lo cual el Tribunal de Arbitramento, resumió la posición expuesta
por EMCALI en la reforma de la demanda de reconvención y en sus alegatos
de conclusión y se refirió, también, a la postura esgrimida por el Consorcio
frente a los incumplimientos endilgados por la entidad y a las excepciones que
en tal sentido planteó el CARC, luego de lo cual pasó a pronunciarse acerca de
los presupuestos de la pretensión declaratoria de incumplimiento contractual.

En este orden, aludió a los artículos 1546, 1602 y 1609 del Código Civil, así
como al artículo 870 del Código de Comercio y 50 de la Ley 80 de 1993 y
resaltó, dentro de los requisitos estructurales de la responsabilidad contractual,
que la parte que pretende el incumplimiento haya cumplido con sus
obligaciones contractuales o haya estado dispuesta a cumplirlas en la
oportunidad y tiempo debidos, de modo que, en palabras del Tribunal, “[n]o
basta, entonces, con alegar y probar el incumplimiento de la contraparte, la
existencia de un contrato válido y que genere un nexo causal y la relevancia o
carácter esencial de tal incumplimiento, sino también su propio cumplimiento

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contractual, ya que mal se podría declarar incumplida a su contraparte, si no se
demuestra su propio carácter de contratante cumplido”.

Bajo esta línea argumentativa, el laudo, a renglón seguido, se refirió
específicamente a las pretensiones segunda, cuarta y quinta para resaltar que
en el proceso había quedado establecido el incumplimiento por parte de
EMCALI de la obligación de entregar al Consorcio diseños adecuados y
suficientes para acometer la obra contratada y pagar varias actas de obra, tal
como había sido analizado ampliamente en la Sección A del fallo, al abordar el
estudio de las pretensiones de la reforma de la demanda principal y
puntualmente en el apartado II “Análisis de la segunda pretensión principal de
la reforma de la demanda arbitral”, motivo por el cual se encontraba probada la
excepción de contrato no cumplido argüida por el CARC.

De conformidad con lo anterior, estima la Sala que no se configura la causal de
anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda
vez que en el Laudo Arbitral del 24 de noviembre de 2023, corregido el 11 de
diciembre de 2023, el Tribunal de Arbitramento se pronunció en la parte motiva
y en la resolutiva del referido fallo respecto de las pretensiones segunda, cuarta
y quinta planteadas en la demanda de reconvención reformada, así como las
excepciones formuladas en su contestación. (…)

5.2.4. Conviene añadir que, contrario a lo afirmado por el recurrente, para la
Sala no hubo quebrantamiento alguno del principio de congruencia por la
circunstancia de que el panel arbitral hubiese manifestado que, al encontrar
demostrada la excepción de contrato no cumplido, resultaba “innecesario el
estudio de todas las hipótesis, hechos y pruebas atinentes a estructurar una
responsabilidad contractual a cargo del CARC, o su responsabilidad
consecuencial por los perjuicios que le hubiere podido causar este a EMCALI,
así como por la estructuración de los supuestos de una responsabilidad
derivada de la tipificación de los elementos propios de una cláusula penal”,
como resaltó EMCALI en su recurso, pues lo cierto es que, al decidir las
peticiones de la demanda principal, el colegio arbitral encontró configurado el
incumplimiento contractual de la entidad y, en tal sentido, frente a las
pretensiones segunda, cuarta y quinta de la demanda de reconvención
concluyó que estaba probada la excepción de contrato no cumplido formulada
por el Consorcio, tal como lo dispuso expresamente en la parte resolutiva de la
providencia. (…)

En similar sentido, es menester advertir que tampoco se incurrió en un fallo
infra petita por la circunstancia de no haberse examinado una eventual
concurrencia de culpas, como señala EMCALI en su recurso, toda vez que el
colegio arbitral concluyó que estaba demostrada la excepción de contrato no
cumplido argüida por el CARC, a la vez que, paralelamente, declaró el
incumplimiento de EMCALI y despachó negativamente las excepciones
planteadas por la entidad denominadas “cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato por parte de EMCALI al haber suministrado al CARC en
forma total y oportuna la información y documentos requeridos para el debido
cumplimiento de su objeto”, “inadmisibilidad de las alegaciones del contratista
fundadas en su propia culpa, para atribuir responsabilidad contractual a
EMCALI”, “incumplimiento del principio de buena fe negocial, por ir en contra
de sus propios actos (venire contra factum propium not valet)”, e “inexistencia
de responsabilidad de EMCALI, debido a culpa exclusiva del contratista”.

71. Se desprende de lo anterior que los cargos expuestos en la demanda ya
fueron analizados por el juez de la anulación y se dirigen, exclusivamente, a
cuestionar el resultado del proceso arbitral, por el valor que los árbitros le dieron a
las pruebas y la interpretación que realizaron para resolver la controversia.

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72. El accionante pretende trasladar los cargos de la anulación a la acción de
tutela, con el argumento de que la Subsección C de la Sección Tercera «validó» los
yerros contenidos en el laudo que daban cuenta de un fallo adoptado en equidad o
conciencia, a sabiendas de que dichos cuestionamientos no podían ser debatidos
en el marco del recurso extraordinario de anulación y de que, en todo caso, fueron
abordados y desestimados por el juez de la anulación, luego de verificar que el laudo
se sustentó en disposiciones legales vigentes y en jurisprudencia relacionada con
el tema sometido al análisis de los árbitros.

73. Es así como el cargo relacionado con la adopción de un fallo en equidad o
conciencia, en verdad comprende las mismas críticas contenidas en las demás
reclamaciones, pero no explica la existencia de una vulneración a los derechos
fundamentales por cuenta de fallas atribuibles a la autoridad judicial accionada
respecto de los asuntos que fueron sometidos a su conocimiento. En esa medida,
no existe ninguna razón que valide la intromisión del juez constitucional en la
contienda que fue resuelta por la justicia arbitral y analizada por el juez de la
anulación, máxime si se tiene en cuenta que los reparos elevados se dirigen contra
el laudo, no precisamente contra la sentencia que resolvió el recurso de anulación
y, en todo caso, además de ser de orden sustancial, no fueron planteados
oportunamente a través de la acción procedente, como se expuso en esa
providencia.

74. Conviene mencionar, en este punto, que la causal de anulación referida a
haberse proferido el laudo en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho,
«opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema
jurídico, normativo o probatorio, para ajustar sus decisiones exclusivamente a su
criterio personal. (…) Por tanto, solo puede cuestionarse como laudo en conciencia
el que se ha fundamentado exclusivamente en el fuero interno de los árbitros,
desligado del orden jurídico y probatorio»16.

75. Con ese parámetro, la Sala observa que la sentencia cuestionada se ocupó
de desvirtuar la ocurrencia del vicio mediante la comprobación del sustento legal y
jurisprudencial que sirvió de base al laudo. Los argumentos de la Subsección C de
la Sección Tercera, en criterio de esta Sala, no se muestran caprichosos, arbitrarios
ni desprovistos de fundamento, de modo, que no se aprecia la vulneración al
derecho al debido proceso que aduce la accionante. De cualquier manera, es claro
que en la solicitud de amparo no se formuló un reproche formal contra la decisión
demandada que permita demarcar el cargo, no en los aspectos de inconformidad
frente al laudo, sino en los temas que le competían al juez de la anulación, y la Sala
tampoco advierte motu proprio alguna irregularidad con la fuerza de invalidar la
decisión discutida.

76. El requisito de relevancia constitucional, se reitera, exige una carga
argumentativa mínima, lo cual supone que la tesis o premisas en que se cimienta la
solicitud de amparo sean suficientes, claras, coherentes y que tengan una relación

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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de abril de 2025, rad. 11001-
03-26-000-2024-00181-00 (72240).

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inescindible y de conexidad con los fundamentos de la decisión que se somete al
escrutinio constitucional.

77. Aún mas, no se puede perder de vista que, en virtud de las restricciones para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en la cual entran en tensión
reglas y principios como los de seguridad jurídica, cosa juzgada, congruencia,
respeto e independencia por la autonomía judicial, el juez de tutela no puede
sustituir la labor del juez de la anulación y, menos aún de los árbitros, para decidir
sobre temas que le fueron deferidos a esa jurisdiccion, por voluntad de las partes.
El ejercicio de este mecanismo constitucional no es una oportunidad más para que
otra autoridad jurisdiccional revise una decisión o se obtenga una aprobación a la
postura o visión que se tiene dentro de un litigio. Todo lo contrario, este tipo de
tutelas deben estar revestidas de seriedad en la argumentación y de un estudio
preliminar y detallado de las decisiones que se atacan en una perspectiva
eminentemente constitucional.

78. Es así como la simple enunciación de la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
defensa, bajo la premisa de que se «validaron» los errrores que fueron expuestos
en el recurso extraordinario de anulación, no habilita al juez de tutela a abordar un
nuevo estudio de fondo frente a esos puntos, pues el cargo así expuesto aparece
desprovisto de razonamiento alguno acerca de una omisión o extralimitacion o
cualquier otro vicio en la decisión cuestionada que permita, al menos inferir, la
posible existencia de un yerro capaz de vulnerar los derechos que se piden proteger.

79. Se recalca, en este punto, que la tutela sólo se justifica en aquellos eventos
en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional,
circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se están
afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas
razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho
fundamental.

80. Así pues, la acción de tutela, en lo que respecta a los cargos cuarto y séptimo,
se torna improcedente porque no ofrece una carga argumentativa mínima y porque
su finalidad es provocar un nuevo pronunciamiento sobre asuntos que ya fueron
resueltos por la justicia arbitral y revisados en la sentencia que resolvió el recurso
extraordinario de anulación.

81. De acuerdo con lo expuesto, se impone concluir que la solicitud de amparo
es completamente improcedente por incumplimiento de los requisitos generales de
inmediatez y relevancia constitucional, y así se declarará en la parte resolutiva.

82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por Empresas
Municipales de Cali – EMCALI E.I.C.E. E.S.P., por cuanto no se cumplen los

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requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional, de acuerdo con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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