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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01970-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01970-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Amparo Inés Correa Torres, por las razones anotadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01970-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01970-00
Demandante: Amparo Inés Correa Torres

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01970-00
Demandante: AMPARO INÉS CORREA TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / INMEDIATEZ - La demanda se presentó más de un año después de haberse
notificado la decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Tampoco se cumple en este caso porque la solicitud
de amparo carece de la carga argumentativa mínima exigida por la jurisprudencia
constitucional para cuestionar providencias judiciales mediante la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Amparo Inés Correa
Torres contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
el Juzgado 24 Administrativo de Medellín y el Departamento de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 3 de abril de 20251, la señora Amparo Inés Correa Torres interpuso acción
de tutela contra las autoridades judiciales y el ente territorial mencionados, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, con motivo de las
sentencias proferidas el 24 de septiembre de 2018 y el 22 de septiembre de 2023,
que negaron las pretensiones de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
reclamada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-024-2014-01080-01. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual):

1.- Quiero solicitar que la Honorable Corte reivindique ante los accionados, me
restablezcan los derechos que me fueron negados de manera arbitraria, y se
revise de manera vigilante la providencia para efectos de notar las
inconsistencias insertas en él para negar a mi derecho.

1
Se advierte que el 9 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01970-00
Demandante: Amparo Inés Correa Torres

2.- Quiero solicitar que la Honorable Corte impida que los accionados, cometan
una injusticia contra mi persona que solo ven en la justicia de ustedes
honorables magistrados una última esperanza, de reconocer, y como
consecuencia se ordene a los accionados, mediante sentencia revocatoria
reparar de mi derecho, conforme a las pretensiones.

3.- Quiero solicitar que la Honorable Corte dé instrucciones claras y directrices
concretas a los accionados, con el fin de que abandone la mirada y
comprensión reduccionista de los perjuicios y de las indemnizaciones, de tal
manera que no los agote en los valores monetarios sino que sea capaz de
identificar los perjuicios que destruyen bienes jurídicos como la los derechos
solicitados, individual, comunitario, la seguridad, la tranquilidad, la sociabilidad,
las relaciones humanas, la accesibilidad de la justicia, la autoestima individual
la paz y la confianza. Y que así mismo enfoque la dimensión reparadora o
indemnizatoria de la justicia hacia formas no solo monetarias, sino que miren a
reconstruir lo que en verdad fue destruido.

2. De la demanda de tutela, de las pruebas aportadas y de la consulta del
proceso con radicado 05001-33-33-024-2014-01080-01, realizada en la plataforma
SAMAI, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Amparo Inés Correa Torres contrajo nupcias con el señor Luis
Enrique Calderón Tobón, el 8 de noviembre de 2011.

4. El señor Calderón Tobón era beneficiario de la pensión de jubilación a cargo
del Departamento de Antioquia y falleció el 15 de julio de 2013, razón por la cual la
accionante reclamó el reconocimiento de la sustitución pensional, prestación que fue
denegada mediante la Resolución 095416 del 16 de septiembre de 2013.

5. La señora Correa Torres ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a fin de obtener el reconocimiento y pago de la
sustitución de la prestación que en vida percibió su esposo, Luis Enrique Calderón
Tobón.

6. El Juzgado 24 Administrativo de Medellín conoció la controversia en primera
instancia y, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2018, negó las
pretensiones. Consideró que la señora Amparo Inés Correa Torres no acreditó la
convivencia con el causante durante los cinco años anteriores al fallecimiento, Por
esa misma razón le negó las pretensiones a la señora Ana Rocío Urrego, quien
también perseguía la sustitución de la pensión que devengaba el señor Calderón
Tobón.

7. Inconforme con la decisión, la señora Amparo Inés Correa Torres la apeló y,
por sentencia del 22 de septiembre de 2023, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia la confirmó, tras concluir que «(…) ni la señora Amparo
Inés Correa Torres ni la señora Ana Rocío Urrego Ríos, acreditaron la convivencia
de cinco (5) años con el pensionado, pues en el primer caso, la convivencia se
acredita con posterioridad al año 2010 y, en el caso de la señora Urrego Ríos, la
convivencia se acredita entre el año 2008 y el año 2010 (…)».

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Demandante: Amparo Inés Correa Torres

8. A juicio de la accionante, las decisiones censuradas desconocen lo
preceptuado en los artículos 1, 2, 5, 40, 86, 92, 93, 94 y 229 de la Constitución
Política; además, dejaron de aplicar «el derecho internacional consuetudinario».

B. Trámite impartido e intervenciones

9. Mediante auto de 11 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas, al gobernador
del Departamento de Antioquia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y, como tercera con interés, a la señora Ana Rocío Urrego Ríos, toda vez que
intervino en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-33-33-024-2014-01080-01. También se tuvieron como prueba los
documentos aportados con la demanda.

10. El Departamento de Antioquia sostuvo que la acción de tutela es
improcedente, porque no satisface los requisitos generales y específicos señalados
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de censurar providencias
judiciales. Concretamente, adujo que la accionante pretende revivir el debate
zanjado en las sentencias objeto de reproche, que hicieron tránsito a cosa juzgada
y, por ende, son inmodificables.

11. La titular del Juzgado 24 Administrativo de Medellín se limitó a remitir las
copias de las providencias objeto de reproche, que obran en el proceso de origen.

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunció sobre la acción de
la referencia, pese a que fue notificado en debida forma.

13. La señora Ana Rocío Urrego Ríos guardó silencio, pese a haber sido
debidamente notificada2.

14. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica no intervino en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

16. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas

2
SAMAI, índices 11 y 12.

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exigencias, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y al mínimo vital de la señora Amparo Inés Correa Torres.

E. Análisis de la Sala

17. Inmediatez. De entrada, la Sala advierte que la presente tutela deviene en
improcedente, porque no cumple con el requisito de inmediatez. Como se sabe,
dicha consecuencia emerge cuando el interesado no ejerce el mecanismo
constitucional dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de
la providencia atacada, según el caso3..

18. Para esta Subsección4, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde
la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de ese
momento que se conoce la decisión y se puede advertir la posible vulneración de
derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

19. Sólo procede contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la
decisión en los casos en que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión
del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de
sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, pues los pronunciamientos que se
dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que
se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser
objeto de cuestionamiento siempre, claro está, que no se trate de peticiones
abiertamente improcedentes. En este caso, sin embargo, no se presentó ninguna
de las solicitudes mencionadas.

20. En el asunto examinado, se observa que el fallo con el que culminó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Amparo

3
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-090 de 2018, señaló:

Estudiados los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional, esta Corte
evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez
que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende
impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de
motivación y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido
incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas
por el accionante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del
Código de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no justifica entonces la inactividad del
actor para interponer la acción de tutela, toda vez que la nulidad formulada fue
ostensiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de enervar el requisito de
inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el
incidente de nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para
plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo
constitucional, toda vez que se superó sin justificación válida el término prudencial
para la oportuna formulación de la acción de tutela.
4
En este mismo sentido, ver la sentencia del 4 de febrero de 2022, rad. 11001-03-15-000-2021-
06292-01, proferida por esta Subsección.

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Demandante: Amparo Inés Correa Torres

Inés Correa Torres fue proferido el 22 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, y se notificó mediante correo electrónico del 28 del
mismo mes y año5.

21. Significa lo anterior que la interesada dejó transcurrir más de 6 meses para
instaurar la acción de tutela, lo cual hizo apenas el pasado 3 de abril de 2025, de
ahí que evidentemente no se cumple el requisito de inmediatez.

22. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que
no está acreditado en el expediente: (i) que la accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con
antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que
impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la
vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último,
(vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte
de la accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.

23. En este caso, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no
resulta desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la señora
Correa Torres se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la
acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia censurada, con mayor razón si se tiene en cuenta que esta no requiere
de formalidades para su presentación y que la accionante estuvo representada por
una apoderada judicial en el proceso ordinario.

24. Bajo ese entendimiento, la tutela no satisface el requisito de inmediatez,
razón por la cual se declarará su improcedencia.

25. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

26. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 6 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela

5
Información consultada en la página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, enlace:
file:///C:/Users/marie/Downloads/6_050013333024201401080011NOTIFICACIONPO20231006084
000.pdf .
6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

27. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que no cumple con
la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar providencias judiciales.

28. En efecto, la parte actora se limitó a señalar que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, en tanto desconocieron los
artículos 1, 2, 5, 40, 86, 92, 93, 94 y 229 de la Constitución Política e inaplicaron el
«derecho internacional consuetudinario».

29. Es decir, pese a que el desacuerdo con la providencia judicial es evidente, los
argumentos expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela
realice el estudio de fondo, dado que la parte actora no se preocupó por detallar las
razones por las cuales considera que las providencias judiciales que censura a través
de esta acción constitucional incurrieron en la violación de sus garantías superiores.
Mucho menos identificó ni desarrolló alguna de las causales específicas que la
jurisprudencia constitucional ha establecido como requisito de procedibilidad cuando
se cuestionan providencias judiciales.

30. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de
tutela contra una providencia judicial debe sustentar amplia y razonadamente los
defectos o vicios que le endilga. Como se sabe, detrás de las causales específicas
de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para
limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias
judiciales7.

31. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron
los derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional, pues es necesario dotar al juez de amparo
de suficientes elementos para decidir si una providencia judicial incurrió en un vicio
o causal específica y, por ende, viola dichas prerrogativas.

32. Así pues, en el caso concreto, la acción de tutela se torna improcedente
porque (i) no satisface el requisito de inmediatez, en tanto se radicó por fuera del
término de 6 meses establecido por la jurisprudencia como razonable para atacar
providencias judiciales, y (ii) no cumple el requisito de relevancia constitucional,
pues no ofrece la carga argumentativa mínima para que el juez de tutela se
pronuncie de fondo sobre el asunto.

33. Por las razones anotadas, se declarará improcedente el amparo solicitado.

34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Demandante: Amparo Inés Correa Torres

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Amparo Inés Correa Torres, por las razones anotadas.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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