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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01979-00

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01979-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 21 Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00 Actora: María Luz Dary Muñoz Marín SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01979-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y ii)
seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada1, presentó acción de tutela contra la Sala Octava
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir
la sentencia de 30 de octubre de 2024, dentro del proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 19 y 20 del documento denominado

“1_DemandaWeb_Demanda_tutelamarialuzdarymu(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

número único de radicación 050013333017202000115-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia, petición
que fue negada a través de las resoluciones RDP 020782 del 16 de julio de 2019 y
RDP 027826 del 17 de septiembre de 2019.

4. Sostuvo que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin
de que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 020782 del 16 de julio de
2019 y RDP 027826 del 17 de septiembre de 2019.

5. El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Medellín mediante sentencia de 16
de febrero del 2023, denegó las pretensiones de la demanda.

6. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia, en segunda instancia,
el 30 de octubre de 2024, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AVOCAR el conocimiento del proceso de la referencia de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, que negó las
pretensiones de la demanda. […]”.

7.Como fundamento, el Tribunal consideró que:

“[…] A juicio de esta Sala de Decisión se tiene que la señora María Luz Dary Muñoz
Marín no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en la ley 114 de 1913
para acceder a la pensión gracia, como pasa a explicarse.
Tal como se expuso en el marco normativo correspondiente, la Ley 114 de 1913
establece que para obtener la pensión gracia se debe acreditar: i) Haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980 (sin importar si está activo o no para esa fecha)
y que acrediten vinculación territorial o nacionalizada previo a esa fecha; ii) Que el
empleo se haya desempeñado con honradez, consagración y buena conducta: iii)
Que no haya recibido ni reciba actualmente otra pensión o recompensa de carácter

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

nacional y iv) acreditar veinte (20) años de servicio del orden territorial o
nacionalizados.
El requisito atrás mencionado de demostrar 20 años de servicios del orden territorial
o nacionalizado no lo cumple la demandante y esto es así, pues de los certificados
aportados al expediente no se desprende que los servicios prestados a favor del
Departamento de Caldas en calidad de “Profesora Vocacional Nivel B” de la División
de Educación de Adultos, “Instructor Vocacional I Sección Educación de Adultos y
Fomento Cultural” e “Instructora código 415, nivel 4, grado 1, Sección de Educación
No Formal e Informal”, entre el 03/04/1987 y al 24/12/2001 obedezcan a una
vinculación como docente en el nivel básica primaria o secundaria, adscrita a un
plantel educativo municipal, departamental o distrital.
Así las cosas, aunque la demandante haya cumplido sus labores en virtud del
nombramiento y posesión designada por una entidad territorial, como lo es el
departamento de Caldas en programas de educación para adultos; ello no la ubica
en la hipótesis contemplada por la norma para hacerse merecedora de la pensión
gracia, concebida ella como una medida para restablecer el equilibrio salarial de los
profesores del nivel territorial frente a aquellos del nivel nacional, antes de que se
produjese el proceso de nacionalización de la educación, esto es, en favor de
aquellos nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980 en calidad de docentes de
primaria, secundaria o normalistas, en planteles educativos oficiales del nivel
municipal, departamental o distrital.
Aunado a lo anterior debe tenerse en cuenta que el Formato Único Para la
Expedición del Certificado de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG aportado en el archivo “034” solo reporta la
calidad de docente adscrita a una institución educativa oficial en los niveles
mencionados a partir del 12 de marzo de 2004 con el nombramiento realizado a
través del Decreto 0296.
En ese orden de ideas, el tiempo laborado por la demandante entre el 03 de abril de
1987 y hasta el 24 de diciembre de 2001, no resulta válido para estos efectos y por
tanto no pueden ser computados para acreditar los 20 años de servicios docente
que exige la norma para adquirir la pensión gracia.
Por esta razón, estima la Sala que fue acertada la conclusión a la que arribó el
juzgado de primera instancia, apoyada en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado del 6 de febrero de 2020, dado que los nombramientos de profesora
vocacional o instructora vocacional de adultos en Educación No Formal e Informal,
son una categoría que no se aviene con la exigencia legal de ostentar la calidad de
ser maestra de escuela primaria oficial, ni de empleada o profesora de las Escuelas
Normales y tampoco Inspectora de la Instrucción Pública, en colegios
departamentales o municipales, y tampoco maestra de establecimiento de
enseñanza secundaria; por ende, no puedan ser computados para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia.
Se resalta al respecto lo expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 6 de
febrero de 2020, providencia en la que se arriba a la misma conclusión respecto a
que los tiempos laborados como docente vocacional en educación de adultos, no
cumplen la exigencia referida. Dijo la sentencia referida: […]”.
[…]
“[…] De otro lado, coincide esta Sala con el análisis que se hizo en la sentencia de
primer grado en la que se tuvo en cuenta los periodos laborados por la demandante
entre el 04/04/1979 – 03/05/1981 a favor del Departamento de Caldas y entre
15/03/2004 – 09/12/2005 y el 6/01/2006 – 17/09/2019 a favor del municipio de

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

Medellín a efectos de reconocer la pensión gracia como docente nacionalizada, a
pesar de que en el formato del FOMAG se indique que es de carácter “nacional”
aclarando eso sí, que a pesar de ello aún no alcanza a acreditar los 20 años de
servicio docente del orden territorial o nacionalizados.
Bajo tales circunstancias, no es posible acceder a las pretensiones de la
demandante, lo que conduce a confirmar la sentencia proferida en primera instancia
el 16 de febrero de 2023 por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de
Medellín. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] PETICIÓN DE AMPARO
Respetuosamente le solicito a su honorable despacho, se sirva amparar los
derechos fundamentales a la "IGUALDAD (Art. 13 C.Pol.) A LA SEGURIDAD
SOCIAL (Art. 48 C. Pol) DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.Pol); y cualquier otro derecho
que se considere vulnerado por parte del H. Tribunal Administrativo del Meta, en el
seno del proceso Nulidad y Restablecimiento del Derecho en el que se emitió
sentencia el 29 de agosto del 2024.
En tal sentido, respetuosamente solicito a su señoría REVOQUE la sentencia
emitida en segunda instancia por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su
lugar ORDENE al H Tribunal Administrativo de Antioquia, emitir nueva sentencia
donde acceda a las pretensiones de la demanda y otorgué la pensión de gracia a la
señora Maria Luz Dary Muñoz. […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Octava de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó como terceros con interés
legítimo, al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

2 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la acción
de tutela al considerar lo siguiente:

“[…] La parte accionante enmarca su reproche dentro del i) desconocimiento del
precedente que tiene lugar cuando sin justificación alguna una providencia se aparta
del sentido y alcance de la decisión establecida por el respectivo tribunal de cierre
frente a un caso concreto; y ii) la violación directa de la Constitución que ocurre
cuando se desconoce por completo un postulado de la Constitución, se le atribuye
un alcance insuficiente o se lo contradice.

Sin embargo, no indica ni desarrolla de forma clara, detallada y comprensible cómo
la sentencia censurada desconoció la sentencia de unificación aludida y mucho
menos cómo contravino o desconoció la carta superior. No cumple con la carga
argumentativa mínima exigida que permita dilucidar los defectos invocados.

Lo que se advierte es que la accionante pretende convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate jurídico ya
zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que resolvió confirmar la
decisión de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

Debe precisarse que la actuación discutida se encuentra debidamente motivada y
sustentada, con análisis de todos los elementos de prueba y con apego a la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, y aunque se alegue en el escrito de tutela
la afectación a los derechos fundamentales de la accionante, lo cierto es que el
análisis de la sentencia cuestionada se hizo bajo el marco normativo aplicable para
este caso y con el examen íntegro del expediente, lo que permitió a la Sala de
Decisión concluir la posición plasmada en la providencia.

De esta manera se insiste que lo que busca el actor es reabrir un debate ya
concluido mediante la sentencia proferida por el Juez natural de la causa, en la que
no se incurrió en ninguna actuación arbitraria o ilegítima, ni mucho menos en la
vulneración a los derechos fundamentales que se invocan.

Dado que en la actuación desplegada por la Salsa Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia con ponencia de la suscrita titular del Despacho 23, no
se incurrió en ningún defecto la conclusión indefectiblemente deberá encaminarse a
declarar la improcedencia de la acción. […]”.

11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar improcedente la
acción de tutela. En ese orden de ideas, señaló lo siguiente:

“[…] a. En la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTARTIVO DE
ANTIOQUIA, no se incurrió en defecto material o sustantivo ni desconocimiento del
precedente jurisprudencial, sino que por el contrario la misma se ajustó al
ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para
determinar que a quien acciona no le asiste el derecho a la pensión Gracia, ello de
igual modo, basado en las pruebas aportadas el proceso judicial.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para que se reabra un debate judicial y menos para revisar las decisiones
adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un
procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

c. No existe violación al debido proceso en razón a que, de la revisión del proceso
judicial, que culminó con la decisión cuestionada se le garantizó a la parte tutelante
sus derechos de contradicción y defensa lo que hace que el objeto de inconformismo
de la parte accionante con esas determinaciones no pueda ser catalogados como
violatoria de derecho fundamental alguno.

d. En este caso existe cosa juzgada, la cual está siendo desconocida por la parte
tutelante con la invocación de esta acción, pasando por alto que en la actuación hoy
cuestionada ya se resolvió por el juez natural de la causa.

e. En este caso no se cumplen los requisitos de subsidiariedad, ni existencia a un
grave perjuicio de quien acciona pues no está probado que la nugatoria de la
pensión gracia le ocasione un grave perjuicio y a hoy no está probado que hubiera
acudido al recurso extraordinario que procedía contra la decisión hoy controvertida
sin que sea el juez de tutela el competente para dirimir esa situación jurídica ante la
inexistencia de violación a derecho alguno. […]”.

12. El Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín guardó silencio en
esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 135 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social;
vi) el análisis del caso concreto y, finalmente, vii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

18. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

10

Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso de que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla
o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el

[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.

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Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

26. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

27. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor

23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

28. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
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29. Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

30. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

31. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y

24 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

32. El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

33. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:26

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado27.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a

26 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
27 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.

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Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

través del trabajo”28. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”29 […]”.

Análisis del caso concreto

34. La actora, a través de apoderada30, presentó acción de tutela contra la Sala
Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 30 de octubre de 2024, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 050013333017202000115-01, vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.

35. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

36. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

37.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

37.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 30 de octubre de 2024.

28 Sentencia T-173 de 2016.
29 Ibídem.
30 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 19 y 20 del documento denominado

“1_DemandaWeb_Demanda_tutelamarialuzdarymu(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

38. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente31:

“[…] DEMOSTRACIÓN DE LAS CAUSALES ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD
PARA ACCIONES DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL:

El ejercicio jurídico que sigue en este acápite es verificar si la valoración o
argumentación de la decisión tomada por parte del H. Consejo de Estado:

Para tales efectos, sea lo primero resaltar la definición de las causales específicas de
"VULNERACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN" y "DESCONOCIMIENTO AL
PRECEDENTE"

En este sentido, téngase en cuenta que la "VULNERACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN" es considerada, cuando una decisión judicial desconoce el
contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes y realiza
interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta.

Violación directa a la Constitución Política Colombiana […]”.

[…]

“[…] En el presente caso se evidencia una clara desigualdad bajo dos aspectos, el
primero de ellos se da debido a que nunca se cumplió la finalidad inicial de la pensión
gracia, que era darle una compensación a aquellos docentes que tenían un sueldo
diferente a sus compañeros nombrados por el Ministerio de Educación Nacional
realizando el mismo trabajo y bajo los mismos horarios, en el caso de la Sra. María Luz
Dary Muñoz existió desigualdad ya que no fue reconocida, sigue latente; el segundo
aspecto va enfocado frente a otros docentes que cumplieron los requisitos igual que mi
poderdante y si se les reconoció la pensión gracia, como agravante que el actuar del
Consejo de Estado no se puede justificar en la falta de certezas sobre aspectos
técnicos en los nombramientos. […]”.

[…]

“[…] A pesar de cumplir todos los requisitos exigidos por la ley, se le niega
injustificadamente la pensión de gracia a mi apoderado cambiando radicalmente su
estilo de vida, desencadenando consecuencialmente la violación de otros derechos,
entre ellos a una vida digna.

Ahora, se debe tener en cuenta que los Derechos Constitucionales son irrenunciables
e intransferibles, y a consideración de la suscrita, a mi protegido se le violan varios

31 Transcripción literal del texto.

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principios constitucionales, pues cumple los requisitos para acceder este derecho y aun
asi le niega la pensión, afectando de manera radical su condición de vida.
Se plasmaron las situaciones fácticas y jurídicas que daban evidencia sobre la clara
violación a los derechos mencionados y, también se apoya en sentencias del máximo
órgano Constitucional donde se hacía alusión a dichos derechos:

Corte Constitucional sentencia C 447 de 1997 1468 de 2003 y t 330 de 2005 […]”.

[…]

“[…] Frente a la causal o yerro especial del "DESCONOCIMIENTO AL PRECEDENTE",
es importante destacar la afectación que el mismo genera, además de los clásicos
derechos fundamentales al Debido Proceso Judicial (Art. 29 de la C.Pol.), a otros tales
como la Igualdad (Art. 13 de la C.Pol.), Acceso a la Administrativo de Justicia; así como
las garantías fundamentales como la CONFIANZA LEGITIMA Y PROHIBICIÓN DE
CONTRADICCIÓN CONTRA LOS ACTOS PROPIOS implícitas en el derecho a la
BUENA FE (Art. 83 C.Pol.) Sentencia de Unificación del 21 DE JUNIO DEL 2018,
25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-2014), C.P Dr Carmelo Perdomo Cuéter, a lo
largo del presente escrito se evidenció en que aspectos fue violada la mencionada
Sentencia de Unificación.

Sobre este particular, resulta de relieve traer a colación algunas consideraciones
desarrolladas por la Jurisprudencia Constitucional que se ha ocupado del tema. El
anterior un ejercicio que podemos sintetizar en los siguientes puntos:

Acerca del "Grado de Vinculación del Precedente", esta Corporación se ha pronunciado
en el siguiente sentido: […]”.

[…]

“[…] En síntesis, son varias las razones que, desde el punto de constitucional,
establecen el mandato a los diversos Despachos y Tribunales Judiciales de Instancia,
inclusive a los mismas Altas Cortes, de respetar tanto el "Precedente Judicial de
Carácter Vertical" como el "Horizontal". De ahí no sólo la relevancia que adquiere el
caso que a continuación se presenta, pues como se verá, no existiendo una instancias
adicional, ni mucho menos recurso judicial que eventualmente nos permitiere solicitar
la revocatoria de la decisión cuestionada. resulta procedente que sea el mismo
honorable CONSEJO DE ESTADO, quién como Máximo Tribunal de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa revise bajo una perspectiva constitucionalmente y
iusfundamental la decisión adoptada, de conformidad con los argumentos que
seguidamente se expondrá. […]”.

39. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

40. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la

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Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.

41. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

42. La Sala considera que la discusión que se plantea a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez natural.

43. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

44. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, el cual escapa de la órbita de competencia del juez
constitucional. Pues, si bien es cierto que la actora alega la vulneración de los
derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia constitucional
no se determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y

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razonable de una presunta amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció
en el caso sub examine.

45. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la seguridad social, enunciados por la actora, no se evidencian
en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del
proceso. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.

46. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien la
actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por la actora
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501979-00
Actora: María Luz Dary Muñoz Marín

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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