Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01981-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01981-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01981-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2025-01981-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: YOLANDA SÁNCHEZ ROJAS Y OTROS.
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN
SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, VIDA, DIGNIDAD HUMANA
Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el JUZGADO 31 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN “C” DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.
1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 110010315000-2025-01981-00
Actores: YOLANDA SÁNCHEZ ROJAS Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores YOLANDA SÁNCHEZ ROJAS y DUBER ARMANDO
HOYOS RENDÓN, actuando en nombre propio y en representación
de sus menores hijas EYHS y ADHS3, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
vida, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia
los cuales estiman vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al
haber proferido, respectivamente, las providencias de 22 de enero y
9 de octubre de 2024, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-
031-2022-00215-00.
I.2.- Hechos
Señalaron que su hijo el señor JESÚS ORLANDO MORENO
SÁNCHEZ (Q.E.P.D.) el 27 de febrero de 2019 ingresó a prestar el
3
La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad.
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Actores: YOLANDA SÁNCHEZ ROJAS Y OTROS.
servicio militar obligatorio en el Batallón de Comando de Infantería
de Marina, ubicado en el Municipio de Coveñas - Sucre.
Afirmaron que el 25 de mayo de 2019, el señor JESÚS ORLANDO
MORENO SÁNCHEZ (Q.E.P.D.) fue hallado sin vida en extrañas
circunstancias, mientras prestaba el servicio de guardia en las
instalaciones del batallón.
Manifestaron que, debido a lo anterior, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- ARMADA NACIONAL4,
con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de
orden moral y material sufridos con ocasión a la muerte del señor
JESÚS ORLANDO MORENO SÁNCHEZ (Q.E.P.D.), mientras
prestaba su servicio militar obligatorio.
Indicaron que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 11001-33-36-031-2022-00215-00 y le correspondió en
primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 22 de
enero de 2024, denegó las pretensiones de la demanda.
4
En adelante el Ministerio.
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Advirtieron que inconformes con la decisión, interpusieron recurso de
apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 9 de octubre de
2024, confirmó la sentencia del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestaron que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron
en el desconocimiento del precedente establecido en las
sentencias5 proferidas por la Corte Constitucional y por esta
Corporación, en las que, a su juicio, se reconoce la responsabilidad
del Estado en los asuntos en los que los soldados que se encuentran
prestando el servicio militar obligatorio son presionados y
maltratados por sus superiores, al punto de inducirlos al suicidio.
Aseguraron que las autoridades judiciales accionadas dejaron de
aplicar el artículo 90 de la Constitución Política, para efectuar una
valoración probatoria caprichosa y arbitraria de las pruebas
presentadas al plenario, desconociendo los derechos de las víctimas
y la causación de los perjuicios demandados.
5
Los actores hicieron referencia a las sentencias: T-949-03; C-590-05; SU-024-18; T-967-14; SU-219-
21; T-571-92; T-506-92; T-571-92. 3001-23-31-000-2007-00675-01(36414), 5001-23-31-000-1997-
00440-01(16530), 8001-23-15-000-1998-00468-01(31499),8001-23-31-000-2000-00074-01(31190)
0001-23-15-000-1999-00326-01(31172).
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Resaltaron que, las decisiones judiciales cuestionadas fueron
proferidas sin motivación, por cuanto los hechos materia de estudio
se originan de una violación de los derechos de los familiares del
conscripto fallecido desconociendo el bloque de constitucionalidad,
pues, las providencias no realizaron el control de convencionalidad
evadiendo las responsabilidades asumidas por Colombia al aceptar el
pacto de San José6.
Igualmente, señalaron que “[…] ni el juzgado, ni el Tribunal en sus
pronunciamientos, le dieron cumplimiento a ese mandato, para que
en el evento de no proceder el amparo solicitado, los afectados
tengan que acudir a esa jurisdicción interamericana, a reclamar sus
derechos vulnerados, las exigencias que la Corte IDH, ha realizado
en varios pronunciamientos […]”.
I.4.- Pretensiones
6
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de
Noviembre del 1969), resalta que dentro de un estado de derecho en el cual se rigen las instituciones
democráticas, la garantía de derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de
condiciones básicas necesarias para su sustentación (alimentación, salud, libertad de organización, de
participación política, entre otros)”.
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Como consecuencia de lo anterior, los actores solicitan el amparo de
sus derechos fundamentales invocados como violados y, en
consecuencia:
“[…] Se solicita en forma concreta al juez de tutela, mediante la
presente acción, dejar sin efecto la sentencia dictada por el
juzgado 31 Administrativo y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el proceso de Reparación Directa, radicado,
11001333603120220021501 y en su defecto se ordene a las
entidades accionadas dictar sentencia de reemplazo
condenatoria, ordenando reconocer y pagara a los accionantes,
los perjuicios de todo orden causados con el asesinato de su hijo
y hermano JESUS ORLANDO MORENO SANCHEZ, en hechos
ocurridos el 25 de mayo de 2019, dentro de la base naval de
entrenamiento de infantería de marina en el municipio de
Coveñas (sucre), quien se encontraba prestando en servicio
militar obligatorio, con la debida actualización, de suma pedidas
hasta la fecha que se reconozca y pague efectivamente el monto
de los perjuicios hasta, estimados y probados en la demanda
como allí se solicitaron: equivalente a Trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales, para la progenitora;, ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales para el padre de
crianza; Ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales, para las hermanas del fallecido; perjuicios
materiales Setecientos Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Mil
Pesos Moneda Legal ($748.800.000.oo). Como cantidad alzada
o capital anticipado […]”. (Negrilla pertenece al texto).
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo por cuanto no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, pues, a su juicio, los actores pretenden
implementar la acción de tutela como una tercera instancia con la
que se pretende reabrir un debate jurídico debidamente definido por
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la autoridad judicial contenciosa administrativa.
Asimismo, señaló que las pretensiones de amparo no están llamadas
a prosperar, pues, “[…] en la providencia objeto de controversia
constitucional, se hicieron explícitos y se desarrollaron ampliamente
los fundamentos jurídicos y fácticos de la decisión adoptada, de modo
que no se incurrió en una falta o indebida motivación […]”.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
I.5.3.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- ARMADA
NACIONAL pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
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de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
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adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida,
a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia y, en
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consecuencia, se dejen sin efecto las providencias de 22 de enero
y 9 de octubre de 2024, proferidas por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
11001-33-36-031-2022-00215-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
incurrieron en desconocimiento del precedente establecido en las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional y por esta
Corporación, en las que, a su juicio, se reconoce la responsabilidad
del Estado en los asuntos en los que los soldados que se encuentran
prestando el servicio militar obligatorio, son presionados y
maltratados por sus superiores, al punto de inducirlos al suicidio.
Resaltaron que, las decisiones judiciales cuestionadas fueron
proferidas sin motivación, por cuanto los hechos materia de estudio
se originan de una violación de los derechos de los familiares del
conscripto fallecido desconociendo el bloque de constitucionalidad,
pues, las providencias no realizaron el control de convencionalidad
evadiendo las responsabilidades asumidas por Colombia al aceptar el
pacto de San José.
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Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto la providencia de 22 de enero de 2024 proferida
por el JUZGADO, como la dictada el 9 de octubre de 2024 por el
TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la
providencia de segunda instancia proferida por el ad quem, por ser
la que puso fin al proceso.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la parte actora respecto del defecto deprecado implica
la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y
del cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada desconoció el precedente establecido en las
sentencias proferidas por la Corte Constitucional y por esta
Corporación, en las que, a su juicio, se reconoce la responsabilidad
del Estado en los asuntos en los que resultan afectados los soldados
que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio -
conscriptos-, además de la inaplicación del control de
convencionalidad evadiendo las responsabilidades asumidas por
Colombia al aceptar el pacto de San José.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la aplicación
e interpretación normativa y jurisprudencial que la parte actora
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pretende que se dé a su situación particular, giran en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL, así:
“[…] 2. Problema jurídico.
De acuerdo con los debates planteados en sede de apelación, la Sala
determinará si la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
es responsable del fallecimiento del señor Moreno Sánchez por
tratarse de un homicidio y, en ese sentido, haberse probado que la
demandada incumplió sus deberes de protección y seguridad, o si,
habiéndose demostrado que la muerte del conscripto corresponde a
un suicidio, operó el hecho de la víctima como causa extraña que
libera de responsabilidad a la demandada.
3. Tesis de la Sala.
La Sala concluye que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional no es responsable de la muerte del señor Moreno Sánchez,
en la medida en que no se probó que se hubiese tratado de un
homicidio ni que la demandada hubiese incumplido sus deberes de
protección y seguridad frente al conscripto. Por el contrario, sí se
demostró que su fallecimiento corresponde a un suicidio y, por
tratarse de una decisión interna de la víctima directa, que no fue
conocida por la demandada y frente a la cual no podían adoptarse
medidas para evitar su ocurrencia, constituye una causa extraña que,
en el caso en concreto, exonera de responsabilidad al Estado.
Adicionalmente, los precedentes invocados por la parte actora no son
aplicables al caso en concreto. […]
En el caso en concreto, está probado que la muerte del señor Moreno
Sánchez ocurrió durante la prestación del servicio militar obligatorio.
En particular, cuando el infante se encontraba agregado a la
Compañía de Seguridad del Bacaim 6. También se demostró que el
deceso ocurrió cuando la víctima directa se encontraba prestando
servicio de guardia en el puesto de Malla Villa y que la causa de la
muerte fueron las heridas producidas por el impacto de proyectil del
arma de fuego de dotación del conscripto (1.1-
1.4,1.5.7.1,1.5.7.2,1.5.7.4,1.5.8,1.5.9,1.6.4-1.6.7).
A partir de lo anterior, se concluye, prima facie, que logró acreditarse
el nexo de causalidad. No obstante, éste se rompe al haber ocurrido
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una causa extraña como es el hecho exclusivo de la víctima, derivada
de la decisión del propio conscripto de acabar con su vida.
Al respecto, lo primero que debe decirse es que la conducta del
infante fue determinante en la producción del daño antijurídico, dado
que su muerte ocurrió debido a que él decidió accionar su arma de
dotación para acabar con su vida, en un contexto en el que nadie
podía impedirlo.
Lo segundo es que, en concordancia, el suicidio del conscripto asume
como un hecho completamente exterior a la demandada,
imprevisible e irresistible.
Se trata de un evento exterior, dado que la decisión de acabar con
su vida corresponde a una que es propia del fuero interno de las
personas, en un ámbito tan personal que no puede entenderse
relacionada con el servicio, a menos de que se pruebe que estuvo
motivada por el constreñimiento o el sometimiento a malos tratos, lo
que no ocurrió en el caso en concreto.
Imprevisible, toda vez que, como ya se indicó, la víctima directa no
exteriorizó en ningún momento su intención de atentar contra sí
mismo. Luego, la demandada no tenía elementos de juicio que le
permitieran prever lo que estaba por suceder.
Finalmente, es irresistible, por cuanto, al no poderse prever, la
demandada no podía adoptar medidas para evitar que ocurriera el
resultado trágico. Adicionalmente, se recuerda que el daño se
produjo cuando el IMB Moreno Sánchez se encontraba prestando
servicio de guardia sin compañía, en medio de la noche, lo que
impedía que un tercero pudiera intervenir para que el daño no se
ocasionara. Incluso, se probó que se realizó la ronda motorizada a
los diferentes puestos de seguridad, sin que en ella se evidenciara
alguna novedad y sin que, a juicio de esta Sala, tal acción tuviera la
capacidad de impedir el suicidio del conscripto.
En estos términos, la Subsección tiene por demostrado el hecho
exclusivo de la víctima como causa extraña que exime de
responsabilidad a la demandada.
Dado que el a quo arribó a la misma conclusión y, en consecuencia,
se negaron las pretensiones de la demanda, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia.
2.2.3. Respuesta a argumentos adicionales del recurso de
apelación.
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Para concluir, la Sala se pronunciará sobre los argumentos
adicionales que la parte actora desarrolló en su recurso de apelación.
Así pues, frente al desconocimiento de las decisiones del Consejo de
Estado invocadas, se evidencia que en ellas no se discute la
responsabilidad del Estado frente al suicidio de una persona que
estaba prestando servicio militar obligatorio. Por lo tanto, aquéllas
no constituyen precedentes vinculantes para la solución del caso en
concreto. Otras, no fueron posibles de identificar en el sistema de
relatoría del Alto Tribunal por la indebida individualización que hizo
el apoderado recurrente.
Sobre la congruencia del fallo de primera instancia, se advierte que
la decisión adoptada por el a quo guarda coherencia con lo pedido en
la demanda, los debates planteados por la parte demandada y lo
probado en el proceso, con lo cual se concluye que efectivamente se
decidió con respeto por el principio de congruencia. Cuestión distinta
es que las conclusiones del a quo no sean satisfactorias a las
pretensiones de la demanda, lo que no hace que la sentencia sea
incongruente.
Finalmente, la parte actora insistió en que debe agotarse el
respectivo control de convencionalidad. Sin embargo, tal solicitud no
tiene ningún respaldo ni desarrollo, de manera que no se indican
cuáles preceptos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se estarían vulnerando en el caso en concreto ni frente a
qué interpretación se busca que se agote dicho control. En
consecuencia, la Sala no emitirá un pronunciamiento de fondo sobre
el particular […]”. (Negrilla pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL efectuó un análisis del material probatorio
aportado al expediente y, concluyó que, no había lugar a declarar la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor JESÚS
ORLANDO MORENO SÁNCHEZ (Q.E.P.D.), en la medida en que no
se probó negligencia o descuido por parte de la administración
respecto del soldado conscripto.
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En ese sentido, de la valoración probatoria el TRIBUNAL logró
establecer que la muerte del soldado correspondió a un suicidio, por
lo que al tratarse de una decisión personal de la víctima se configuró
el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en
la medida que la entidad demandada no podía adoptar medidas para
evitar el daño deprecado por los actores.
Asimismo, al estudiar los demás argumentos presentados en el
recurso de apelación, el TRIBUNAL señaló que, frente al
desconocimiento de las decisiones judiciales aludidas en el recurso
de alzada, no se evidenció que en el contenido de tales criterios
jurisprudenciales se discuta la responsabilidad del Estado frente al
suicidio de un conscripto y, por lo tanto, no podrían considerarse
como criterios vinculantes en la resolución del asunto.
Igualmente, frente al control de convencionalidad el TRIBUNAL se
abstuvo de efectuar un pronunciamiento de fondo, en tanto los
actores no indicaron cuales preceptos de la Convención Americana
sobre derechos humanos fueron vulnerados en el caso objeto de
análisis, ni frente a que interpretación se pretendió agotar dicho
control.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció frente a los aspectos que aluden los actores como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
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competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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