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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01982-00

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01982-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por José Largo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia respecto al cuestionamiento de los Autos de 30 de enero y 28 de marzo de 2025, y NEGAR el amparo solicitado frente a la presunta mora judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Banco Agrario de Colombia y la Procuraduría General de la Nación, por los motivos dados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01982-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

3 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional.
ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA Y CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL | Mora judicial - Niega

Síntesis del caso: El accionante reclamó la protección de su derecho fundamental de cara
a la negativa de aceptar sus solicitudes de desistimiento y de subsanación de la demanda
en un proceso de acción popular, así como por la configuración de una presunta mora
judicial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por José Largo contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 3 de abril de 2025, José Largo, en nombre propio, presentó una
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de las decisiones que rechazaron la solicitud de desistimiento de la
acción popular y la de subsanación de la demanda, así como por una
presunta mora judicial dentro del proceso de acción popular No. 05001-23-
33-000-2024-01179-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“se ordene aceptar mi desistimiento de la acción popular ante la mora y la
renuencia judicial del tutelado, quien no cumple términos perentorios de
tiempo que le ordene la ley 472 de 1998

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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se ordene bajo tutela se acepte mi desistimiento, mi renuencia a mi acción
popular y de denegarlo exijo en derecho se consigne la ley que me obliga,
impone a actuar contra mi voluntad y a seguir perdiendo mi tiempo contra
mi voluntad en la renuente y moratoria acción popular.

se ordene al procurador delegado en acciones populares frente al tribunal
tutelado que sea este quien siga con mi acción popular pues yo estoy mamao
emocionalmente de perder mi tiempo en la acción popular renuente y
moratoria.

se ordene bajo tutela a fin que el tutelado demuestre mi irrespeto, pues
siempre he sido respetuoso y actúo y actuare de buena fe como Ciudadano
lego en derecho

se ordene bajo tutela aceptar la reforma a mi acción popular.

se ordene cumplir los términos perentorios de tiempo que le ordene a la ley
472 de 198 al tutelado

se ordene al tutelado sancionar al alcalde de Medellín por su insistencia al
pacto, art 27 ley 472 de1998

se ordene bajo tutela al procurador delegado en acciones populares ante el
tribunal que me garantice art 29 CN, actúe en esta tutela y en mi acción
popular pues nada hace en derecho en mi popular.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos2,
se destacan los siguientes:

4. 1) José Largo presentó una demanda, en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, contra el
Banco Agrario y la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. A este
proceso se le asignó el radicado No. 05001-23-33-000-2024-01179-00 y le
correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia.

5. 2) El 5 de diciembre de 2024, el accionante presentó escrito de
reforma de la demanda, que fue rechazado mediante Auto de 30 de enero
de 2025, por haberse presentado de forma extemporánea.

6. 3) Inconforme con la decisión, el señor Largo presentó recurso de
reposición, y en Auto de 7 de marzo de 2025 se resolvió no reponer la
providencia recurrida.

7. 4) El 19 de marzo de 2025, José Largo presentó un memorial en el que
manifestó su intención de desistir del proceso. No obstante, en Auto de 28
de marzo de 2025 se le informó que el desistimiento expreso de la demanda
no era procedente en las acciones populares.

2 Se pone de presente que el escrito de tutela no fue del todo claro, por ello, mediante Auto de 8 de abril de 2025,

se requirió al accionante para que lo corrigiera en los términos allí pedidos, en respuesta a ello, el accionante
remitió un escrito el 23 de abril de 2025, por lo que, en Auto de 5 de mayo de 2015, se admitió la tutela, con la
salvedad de que se interpretaría de acuerdo con lo que pudiera extraerse del escrito tal y como fue presentado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora adujo que no
existía ley alguna que le impusiera la obligación de seguir con el proceso de
acción popular. Señaló que presentaba la acción de tutela amparado en
las Sentencias SU 333 de 2020 y SU 048 de 2021 de la Corte Constitucional.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que, si bien el
accionante no realizó un relato coherente de los hechos y derechos
vulnerados, interpretaba que todo giraba en torno a una presunta mora
judicial en el proceso 05001-23-33-000-2024-01179-00. Alegó que la tutela no
tenía vocación de prosperidad, pues ha desplegado las actuaciones que
prevé la Ley 472 de 1998 para el trámite de las acciones populares, y que ha
actuado dentro del margen legal y constitucional. Solicitó que se negara el
amparo al no encontrase configurada la mora judicial en el proceso judicial.

10. La Procuraduría General de la Nación señaló que, del escrito de
tutela, no identificaba un relato puntual respecto de hechos generadores
de vulneración a derechos fundamentales, por lo que consideraba que las
pretensiones se encontraban sustentadas en diversas situaciones que
alegaba el actor que se presentaron durante el devenir procesal y que, a su
juicio, se apartaban del debido proceso y a una presunta mora judicial en
el trámite de la acción popular No. 05001-23-33-000-2024-01179-00. Solicitó
que se declarara improcedente la acción constitucional y, en
consecuencia, se negaran las pretensiones.

11. Indicó que estaba de acuerdo con lo determinado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el Auto de 28 de marzo de 2025, en el que
resolvió desfavorablemente la solicitud de desistimiento presentada por el
accionante en la acción popular, y se le reiteró que ese medio de control,
por su naturaleza, no era desistible en forma expresa ni le era aplicable el
desistimiento tácito, pues su objeto era la protección de derechos colectivos
sobre los cuales no podía disponer el actor por acción u omisión. Sobre la
pretensión de la parte actora de que fuera el Ministerio Público quien
asumiera de oficio el impulso procesal que le asistía al extremo actor
popular, sostuvo que era improcedente y debía ser desestimada, ya que la
Procuradora 222 Judicial II para Asuntos Administrativos asignada al
despacho sustanciador ha intervenido en el marco de sus funciones.

12. Añadió que el rechazo de la reforma de la demanda de la acción
popular, mediante el Auto de 30 de noviembre de 2025, se encontraba

3 Mediante Auto de 5 de mayo de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de

amparo (2) tener como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia, y (3) vincular al Banco Agrario de
Colombia, a la Nación – Ministerio de Salud y protección Social y a la Procuraduría General de la Nación, como
terceros con interés en el asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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ajustada a derecho, pues la reforma fue extemporánea. Respecto a la
solicitud de imposición de sanción al alcalde de Medellín por no asistir a la
audiencia de pacto de cumplimiento, adujo que, al no ser parte procesal la
Alcaldía de Medellín, el alcalde ni su representante judicial estaban en la
obligación de asistir a la audiencia que se adelantó el 11 de febrero de 2025,
por lo cual, no era sujeto sancionable como lo consideraba el accionante,
por lo que debía desestimarse la pretensión.

13. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Regional de instrucción de Antioquia remitió aclaración en la que solicitó
que se le desvinculara de la acción de tutela de la referencia.

14. El Banco Agrario de Colombia precisó que no había vulnerado los
derechos fundamentales del accionante, pues, su actuar se enmarcó en el
respeto a las disposiciones legales, normativas y constitucionales que
contemplaba el ordenamiento jurídico. Solicitó que se le desvinculara de la
presente acción de tutela.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Metodología de estudio. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Procedencia de la acción de tutela por acción u omisión de
autoridad pública. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5. Verificación de la afectación de
derechos alegada. 2.6. Conclusión.

2.1. Metodología de estudio

15. De la revisión del escrito de tutela, logró entreverse que, de un lado,
la demandante cuestionó autos proferidos en la acción popular No. 05001-
23-33-000-2024-01179-00, lo cual se estudiará como acción de tutela contra
providencia judicial.

16. De otro lado, la demandante alegó la aparente vulneración de los
derechos por una presunta mora judicial, lo cual se estudiará como acción
contra acción u omisión de autoridad pública.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

17. Frente a los autos enjuiciados, la Sala declarará la improcedencia de
la solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia
constitucional, por los motivos que pasan a explicarse:

18. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional4.

19. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental5.

20. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto6; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario7 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad8.

21. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 20239,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

22. Bajo este entendido, se advierte que la parte actora no formuló
ningún argumento dirigido a acreditar que la cuestión discutida tenía
trascendencia constitucional. En particular, no alegó la configuración de
ningún defecto en relación con el Auto de 28 de marzo de 2025, mediante
el cual se rechazó la solicitud de desistimiento expreso, ni respecto del Auto

4 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
5 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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de 30 de enero de 2025, que negó la solicitud de reforma de la demanda
de acción popular No. 05001-23-33-000-2024-01179-00.

23. A juicio del accionante, el rechazo de la solicitud de desistimiento,
contenido en el Auto de 28 de marzo de 2025, lo obligaba a continuar, en
contra de su voluntad, en el trámite de la acción popular, pese a que no
existe ninguna ley que le imponga dicha carga.

24. Para la Sala, tal argumento resulta ser insuficiente para explicar las
razones por las cuales el asunto controvertido tiene verdadera relevancia
constitucional, máxime cuando la parte actora no controvirtió los
fundamentos jurídicos expuestos por el Tribunal Administrativo de Antioquia
en las providencias cuestionadas, más allá de las pretensiones formuladas
en la acción de tutela. En consecuencia, no desplegó la carga
argumentativa suficiente para justificar la procedencia de la tutela y la
intervención del juez constitucional.

25. En esa medida, la Sala recuerda que las diferencias interpretativas
que existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional10.

2.3. Procedencia de la acción de tutela por acción u omisión de autoridad
pública

26. Frente al reparo de la existencia de una mora judicial, la Sala
considera que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección del derecho
fundamental11 al debido proceso. José Largo es la titular del derecho
invocado como violado, por lo cual, aspecto que acredita la legitimación
activa en la causa12.

27. De igual manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia tiene
legitimación pasiva en la causa13, porque de este se predica la presunta
vulneración.

10 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
12 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
13 Ídem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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28. En lo que respecta a las solicitudes de desvinculación del Banco
Agrario de Colombia y de la Procuraduría General de la Nación, se
despacharán de forma desfavorable, comoquiera que sus vinculaciones se
hicieron en calidad de terceros y una eventual decisión favorable en el
marco de este proceso podría llegar a generar algún interés de su parte.

29. Frente al requisito de subsidiariedad14, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.

30. En relación con el requisito de inmediatez15, este se satisface, toda vez
que, de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se
presentó con ocasión de una situación actual y continua, como lo es el
presunto retardo o mora en el trámite de primera instancia de una acción
popular

2.4. Fijación de la controversia

31. Determinar si se configuró, o no, configura la presunta mora judicial
alegada por José Largo en la acción popular No. 05001-23-33-000-2024-
01179-00 y si, con ello, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora.

2.5. Verificación de la afectación de derechos alegada

32. La Sala negará el amparo del derecho fundamental de José Largo,
por las razones que pasan a explicarse:

33. El reparo presentado por el accionante se fundamentó en que el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en una presunta mora judicial
en el trámite de primera instancia de la acción popular.

34. Al respecto, es preciso indicar que, (se trascribe) “la mora judicial es
un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se
presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que
superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos”16. Asimismo, la Corte Constitucional
ha precisado17 que la mora judicial no se configura por el solo transcurso del
tiempo, sino que ella debe ser injustificada, esto es, (se trascribe):

14 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
15 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4
16 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018
17 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017 y T-052 de 2018

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01982-00
Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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“(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza
es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial”.

35. En ese sentido, dicha corporación ha reiterado que (se trascribe) “no
toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un
desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido
que lo justifique”18. Para tal efecto, se deberá examinar las condiciones
específicas del asunto sometido a decisión judicial, para evaluar si existe, o
no, una justificación debidamente probada que explique la mora.

36. Así las cosas, a partir de la información dada por la autoridad
accionada y la revisión del aplicativo SAMAI, la Sala advirtió que, desde la
radicación de la acción popular, el 27 de septiembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2024-01179-00, se presentaron las siguientes actuaciones: (1) el 3
de octubre de 2024, se admitió la demanda y, vencido el término para la
presentación de la contestación, se fijó fecha para la realización de la
audiencia de pacto de cumplimiento; (2) el 5 de diciembre de 2024, el
accionante presentó solicitud de reforma a la demanda, la cual fue
rechazada mediante Auto de 30 de enero de 2025, contra esta decisión
presentó recurso de reposición; (3) el 11 de febrero de 2025, se realizó la
audiencia de pacto de cumplimiento; (4) en Auto de 7 de marzo de 2025,
se decidió no reponer la providencia recurrida; (5) mediante Auto de 28 de
marzo de 2025 se resolvieron unas solicitudes presentadas por el accionante;
y (6) con Auto de 9 de abril de 2025 se abrió a pruebas el proceso y se
decretaron unos exhortos.

37. A partir de lo anterior, la Sala estima que no se configuró una mora
judicial, pues no se estructuraron los elementos señalados por la Corte
Constitucional para ello, pues el Tribunal Administrativo de Antioquia, desde
la presentación de la demanda ha realizado actuaciones procesales para
lograr proferir la decisión correspondiente y no puede perderse de vista el
problema estructural que representa la congestión judicial.

38. Finalmente, en lo que respecta a la solicitud encaminada a que se
ordene a la entidad accionada adelantar investigaciones disciplinarias por
la inasistencia del Alcalde de Medellín a la audiencia de pacto de
cumplimiento, realizada el 11 de febrero de 2025, se le recuerda igualmente
a la parte actora que la acción de tutela no es el mecanismo para encausar
investigaciones penales, disciplinarias y/o de cualquier otro tipo, ya que
para ello hay conductos procesales y canales específicos.

18 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2017, reiterada por la sentencia SU-333 de 2020.

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Demandante: José Largo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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2.6. Conclusión

39. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
de los autos enjuiciados de la acción popular No. 2024-01179-00, tras
corroborar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.
Además, negará el amparo frente a la mora judicial invocada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por José Largo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia respecto al
cuestionamiento de los Autos de 30 de enero y 28 de marzo de 2025, y
NEGAR el amparo solicitado frente a la presunta mora judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Banco Agrario de Colombia y la Procuraduría General de la Nación, por los
motivos dados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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