Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01989-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01989-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01989-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: EXPRESO LOS PATRIOTAS S.A. Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
confirma el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de
amparo por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
16 de junio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad Expreso Los Patriotas S.A. y los señores Danilo Alfonso Gil Molina y
José Ángel Rodríguez León solicitaron, a través de apoderado, la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y al mínimo vital, cuya vulneración le atribuyeron al Tribunal Administrativo de
Boyacá, al Ministerio de Transporte y a los municipios de Tunja y Ventaquemada,
con las providencias de 8 de agosto de 2024 y 4 de febrero de 2025 proferidas por
autoridad judicial indicada dentro del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos núm. 15001-23-33-000-2019-00249-00, y a las Resoluciones
20243040009805 y 20243040011565 de 6 y 20 de marzo de 2024 expedidas por el
Ministerio de Transporte.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
2.1. Manifestó que el señor Ricardo Cifuentes Torres presentó acción popular núm.
15001-23-33-000-2019-00249-00 contra el municipio de Tunja, el municipio de
Ventaquemada y el Ministerio de Transporte con el fin de obtener la protección de los
derechos colectivos al acceso a los servicios públicos por la operación del Transporte
como un servicio de carácter público, “[…] propio de la finalidad social del Estado,
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades competentes para tal fin
[…]”.
2.2. Afirmó que, la acción popular le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Boyacá, autoridad que, mediante sentencia de primera instancia,
amparó el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna.
2.3. Indicó que los municipios de Tunja y Ventaquemada y el Ministerio de Transporte,
interpusieron recurso de apelación, y la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 11 de mayo de 2023 modificó los ordinales tercero, cuarto y
quinto de la sentencia de primera instancia y confirmó en lo demás la sentencia
apelada.
2.4. Señaló que el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 8 de agosto
de 2024, declaró el cumplimiento total de la sentencia.
2.5. Informó que contra la decisión indicada supra la empresa Expreso Los Patriotas
S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante auto de 4 de febrero de 2025, dispuso: i) no
reponer la decisión, ii) declarar improcedente el recurso de apelación y iii) ordenar
el archivo del expediente.
2.6. Manifestó que se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial y en una
violación directa de la Constitución.
2.7. Al respecto señaló que “[…] ha desarrollado la actividad de prestación del servicio
público de transporte en el trayecto Tunja – Ventaquemada y viceversa desde hace
30 años y el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de las sentencias emitidas
dentro del referido medio de control, implementó una ruta de influencia, pero sin
garantizar la participación de los actores afectados ni tener en cuenta la
problemática derivada del fenómeno de conurbación y con deficiencias desde el
punto de vista técnico y repercusiones ambientales, es decir, no acató en debida
forma las órdenes judiciales […]”.
III. PRETENSIONES
3. El accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] SEGUNDO: DECLARE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
por el menoscabo de los derechos fundamentales expresados en el cuerpo de
la presente demanda.
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
TERCERO: Señores jueces sírvanse declarar improcedente en el presente
asunto la institución de la Ruta de influencia por no contar con los requisitos que
consagra la ley.
CUARTO: Como consecuencia de lo antecedente declare por el colegiado
como ineficaz el auto proferido por el accionado el día 8 de agosto de 2024,
mediante la cual dio por cumplido lo ordenado por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ adiado el 22 de marzo de 2022 y que fuera
modificado por la sala de decisión número 4 del CONSEJO DE ESTADO el día
11 de mayo de 2023.
QUINTO: Por tanto, solicito que se declaren ineficaces las resoluciones
20243040009805 del 6 de marzo de 2024 y número20243040011565 del 20 de
marzo de 2024 por medio de la cual se resuelve el recurso vertical de apelación.
SEXTO: en consecuencia, sírvase ORDENAR a quien corresponda verifique
que la actualización del estudio técnico haya incluido un proceso de
participación comunitaria amplio y efectivo, permitiendo que los residentes
afectados por la ruta de influencia tengan voz en la planificación y desarrollo del
proyecto.
SEPTIMO: ORDENAR quien corresponda verificar que el estudio técnico
cumpla con todas las políticas y normativas ambientales aplicables,
garantizando una evaluación adecuada de los impactos ambientales y la
implementación de medidas de mitigación necesarias.
OCTAVO: ORDENAR quien corresponda Que se realice una verificación
rigurosa del cumplimiento de la actualización del estudio técnico y de la
implementación de los equipos y seguros adecuados.
NOVENO: ORDENAR quien corresponda en caso de constatarse
incumplimientos o deficiencias, que se adopten las medidas correctivas
necesarias. […]”. [Mayúscula original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de abril de 2025, el magistrado sustanciador de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al
señor Ricardo Cifuentes Torres, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, a la
Firma Interventora del Contrato de Concesión No. 377 del 15 de julio de 2002, a las
sociedades CSS Constructores S.A, Flota Sugamuxi S.A., Transportes los Muiscas
S.A., Autoboy S.A., los Delfines O.C. y Transportes Hunza S.A., la Cooperativa
Integral de Transportes Colonial -Cootranscol-, así como a los integrantes de la
Unión Temporal Mi Ruta.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
6. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó declarar la improcedencia de la
acción de amparo, en la medida que, como autoridad judicial, “[…] se ciñó a lo
expresamente establecido en las órdenes impartidas a las entidades accionadas en
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
el fallo de la acción popular y las «objeciones» que invocó la empresa Expreso Los
Patriotas S.A. debían ser verificadas por el Ministerio de Transporte en la actuación
administrativa adelantada ante dicha cartera ministerial […]”.
7. El Ministerio de Transporte solicitó declarar improcedente la acción de amparo
porque el accionante está utilizando de manera indebida el mecanismo de la acción
de tutela para reabrir debates legales ya concluidos en los procesos judiciales
ordinarios, de igual manera indicó, que es improcedente la acción de tutela contra
actos administrativos, en la medida que, “[…] pueden ser resueltos a través de los
procedimientos ordinarios previstos en la legislación ordinaria […]”.
8. La Alcaldía Mayor de Tunja manifestó que la vía idónea para controvertir la
legalidad de las resoluciones mencionadas “[…] debe ser la jurisdicción contencioso
– administrativa por vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho […]”.
9. La Organización Cooperativa de Transportadores Los Delfines, manifestó
que comparte lo expuesto en el escrito de tutela, “[…] en razón a que la decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá y demás actos administrativos invadieron las
competencias determinadas de manera específica e inequívoca al Ministerio de
Transporte […]”.
10. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó su desvinculación de la acción
de amparo y, además, “[…] no se avizora de ninguna forma la violación a los
derechos fundamentales alegados por el accionante […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
11. Mediante sentencia de tutela de 16 de junio de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada
por la Agencia Nacional de Infraestructura, por las razones expuestas en la
motivación de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
en atención a las consideraciones planteadas. […]”.
12. Al respecto consideró:
“[…] En ese orden de ideas, el reproche de indebido cumplimiento de la
sentencia comporta una simple inconformidad con los autos acusados que no
trasciende al ámbito constitucional, pues tiene como fin que se acoja la tesis
planteada por los tutelantes frente a la manera como debían acatarse, sin hacer
referencia a la motivación que sobre el particular brindó la autoridad judicial.
En este punto, cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para
imponer la tesis que defiende la parte actora para que se estime desacatada
una sentencia popular, cuando no se comprobó que las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial sobre el particular involucraran arbitrariedad alguna.
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida,
pues de avalarse ello se usurparía la función del juez natural de la controversia.
En esa medida, la Sala observa que la intención de los accionantes es obtener
un pronunciamiento que le resulte favorable a sus intereses, sin tener en cuenta
que el juez natural examinó el asunto conforme al material probatorio adosado
al plenario. El hecho de que la autoridad judicial accionada no haya decidido del
modo pretendido por los tutelantes, no los faculta para que acudan a este
mecanismo judicial para imponer el criterio que defienden. La simple
inconformidad de criterios no comporta en sí la acreditación de la afectación
constitucional que se requiere para conceder el amparo reclamado.
Resulta oportuno anotar que la acción de tutela no se instituyó como una
instancia adicional a los procesos, por ende, al juez constitucional le está
vedado efectuar un juicio de corrección.
43. Por otro lado, los tutelantes exponen que las resoluciones emitidas por el
Ministerio de Transporte, en cumplimiento de las sentencias populares, no son
pasibles de enjuiciamiento en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al comportar actos administrativos de ejecución.
No obstante, la Sala no comparte tal afirmación, en la medida en que, como se
anotó en precedencia, la orden impartida a dicha cartera ministerial consistía en
resolver sobre la solicitud de ruta de influencia presentada por los municipios
de Tunja y Ventaquemada, mas no que se decidiera en determinado sentido.
44. Por tal razón, lo indicado por la autoridad judicial al respecto no comporta
arbitrariedad alguna, en ese sentido, la pretensión de dejar sin efectos dichos
actos administrativos también resulta improcedente, al no superar el requisito
de subsidiariedad.
45. Al respecto, cabe anotar que la acción de tutela tiene una naturaleza residual
y subsidiaria, esto es, que procede en los eventos en que el ordenamiento
jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la protección
constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la
Constitución Política).
Con base en lo citado, se tiene que las resoluciones 20243040009805 y
20243040011565 de 6 y 20 de marzo de 2024, respectivamente, del Ministerio
de Transporte, conforme a los artículos 137 y 138 del CPACA, son susceptibles
de ser sometidas a juicio de legalidad ante la jurisdicción contencioso-
administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, en la oportunidad legal prevista para ese efecto,
dentro de los que pueden solicitarse las medidas cautelares que se estimen
pertinentes para la protección de sus garantías superiores de acuerdo con los
artículos 229 y siguientes ibidem.
Por último, como lo anotó el juez natural, no resulta dable que la empresa
tutelante pretenda que se abordara un aspecto, como lo constituye la
procedencia o no de la ruta de influencia, en sede de verificación de
cumplimiento de la sentencia, cuando lo referente a que se adelantaran las
gestiones para su implementación fue ordenado en la sentencia de primera
instancia y contra esta decisión judicial aquella no interpuso recurso alguno,
pues solamente fue recurrida por los entes territoriales y el Ministerio de
Transporte con el objeto de que se extendieran los plazos concedidos para ese
fin. Es decir, no fue objeto de inconformidad lo relativo a que se haya ordenado
adelantar dichas gestiones, por lo que no se podía suscitar ese cuestionamiento
cuando no fue planteado de manera previa a zanjar de manera definitiva el
litigio.
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
En ese orden de ideas, comoquiera que no se superan los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad, esta Sala declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
13. El accionante impugnó el fallo de primera instancia. Al respecto señaló:
“[…] Por ello, al omitir la corporación accionada aplicar la norma llamada a
dirimir la controversia a la luz del caso concreto, se incurren en claros errores
in iudicando e in procedendo; pues el fallador plural cuestionado, sin motivación
alguna omitió estructurar las razones por las cuales se abstenía de aplicar la
norma concebida para tal fin, cercenando el asunto del lindero procesal natural,
en la medida que precisamente correspondía a la judicatura llamada a este
escenario, verificar que de la actuación del ministerio accionado se profirieran
actos administrativos que se acompasaran con lo expresado “en los términos
establecidos en los Artículos 2.2.1.1.8.1. y 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1079 de
2015.” (resaltado y negrilla por la sala)
Así pues, al no contener razones atendibles con relación a la inaplicación de la
norma que inexorablemente debe ser aplicada, el auto de archivo se torna en
una DECISIÓN CAPRICHOSA
De otra parte, las confusas e incompletas resoluciones que propenden el
cumplimento del fallo colectivo, en vez de contribuir al desarrollo del transporte,
en términos de seguridad y eficiencia, ha servido como punto de confusión
propicio, para que empresas de transportes de naturaleza de veredal presten el
servicio público de transporte intermunicipal de pasajeros con equipos
diseñados para viajes veredales,-, sometiendo a un grave riesgo al derecho más
importante del pasajero el derecho a la vida, el cual se predica en conexidad
con la seguridad al usuario por lo que se atenta gravemente con en principio
que inspira la prestación del servicio de transporte, cual es la seguridad del
pasajero.
Ergo, en la medida que se de por cumplida la orden determinada en el fallo de
2023, que ordenaba la culminación del proceso de implementación de la ruta
de influencia, se estaría dejando huérfano al pasajero y a la deriva
administrativa, sometiendo sus bienes mas valiosos como su integridad física
en conexidad con la vida y demás pertenencias a los avatares que implica la
prestación del servicio de transporte sin las mínimas condiciones de seguridad
que pregona la ley para su procedencia. […]”. [Negrilla y mayúscula del texto
original]
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VIII.2. Cuestión previa
15. Los Consejeros de Estado doctores Oswaldo Giraldo López y Nubia Margoth
Peña Garzón manifestaron encontrarse incursos en la causal de impedimento
prevista en el numeral 6. del artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 2004 6,
por las siguientes razones:
15.1. Mediante escrito de 19 de agosto de 2025 el doctor Oswaldo Giraldo López
manifestó:
“[…] Los hechos que pueden dar lugar a la configuración de la causal invocada
se sustentan en que, en mi calidad de Magistrado de la Sección Primera de esta
Corporación, participé en la aprobación de la sentencia del 11 de mayo de 2023,
mediante la cual se modificaron los ordinales tercero, cuarto y quinto de la
providencia del 22 de marzo de 2022, que ordenó a los alcaldes de Tunja y
Ventaquemada adelantar las gestiones necesarias para solicitar al Ministerio de
Transporte la autorización de una ruta de influencia hasta el Puente de Boyacá.
Ello es relevante, pues en la acción de tutela bajo examen controvierte las
providencias, mediante los cuales el Tribunal declaró el cumplimiento de los
anotados fallos […]”.
15.2. En escrito de 19 de agosto de 2025 la doctora Nubia Margoth Peña Garzón
señaló:
“[…] La acción de tutela de la referencia está encaminada a que se deje sin
efecto, entre otras, la providencia de 8 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
2019-00249-01, que declaró el cumplimiento de la sentencia de 11 de mayo de
2023, dictada en segunda instancia por la Sección Primera de esta Corporación.
En virtud de lo anterior y debido a que suscribí la sentencia de segundo grado
dentro del mencionado medio de control, objeto de tutela, considero que me
encuentro incursa en la causal de impedimento prevista en el artículo 56,
numeral 6, del Código de Procedimiento Penal […]”.
16. En razón a que los Consejeros de Estado doctores Oswaldo Giraldo López y
Nubia Margoth Peña Garzón suscribieron la providencia de 11 de mayo de 2023, la
Sala concluye que se encuentra configurada la causal de impedimento prevista en
el numeral 6.7 del artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 2004, norma aplicable
por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991.
17. En consecuencia, se aceptarán los impedimentos manifestados.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
7
“[…] 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o
sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo
de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar […]”.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
VIII.3. Problemas jurídicos
18. De acuerdo con la situación fáctica plantada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente en un desconocimiento del precedente judicial y en una
violación directa de la Constitución.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
20. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
25. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
26. La sociedad Expreso Los Patriotas S.A. y los señores Danilo Alfonso Gil Molina y
José Ángel Rodríguez León solicitaron, a través de apoderado, la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y al mínimo vital, cuya vulneración le atribuyeron al Tribunal Administrativo de
Boyacá, al Ministerio de Transporte y a los municipios de Tunja y Ventaquemada,
con las providencias de 8 de agosto de 2024 y 4 de febrero de 2025 proferidas por
autoridad judicial indicada dentro del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos núm. 15001-23-33-000-2019-00249-00, y a las Resoluciones
20243040009805 y 20243040011565 de 6 y 20 de marzo de 2024 expedidas por el
Ministerio de Transporte.
27. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
28. En ese sentido, frente a las providencias de 8 de agosto de 2024 y 4 de febrero
de 2025 se estudiará el requisito general de relevancia constitucional y en relación
con las resoluciones 20243040009805 y 20243040011565 del 6 y 20 de marzo de
2024, expedidas por el Ministerio de Transporte, se analizará el cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad.
VIII.5.1. Del incumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
relevancia constitucional y subsidiariedad
29. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
31. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
33. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
34. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por la accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales19.
35. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
36. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y mínimo vital, por haber incurrido, presuntamente, en desconocimiento del
precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.
37. Refirió que “[…] ha desarrollado la actividad de prestación del servicio público de
transporte en el trayecto Tunja – Ventaquemada y viceversa desde hace 30 años y
el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de las sentencias emitidas dentro del
referido medio de control, implementó una ruta de influencia, pero sin garantizar la
participación de los actores afectados ni tener en cuenta la problemática derivada
del fenómeno de conurbación y con deficiencias desde el punto de vista técnico y
repercusiones ambientales, es decir, no acató en debida forma las órdenes
judiciales […]”.
38. En criterio de esta Sala, la controversia sobre las decisiones de 8 de agosto de
2024 y 4 de febrero de 2025 carece de relevancia constitucional porque la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que
busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
39. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada a
sus derechos fundamentales”.
40. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que las providencias
cuestionadas hayan incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró el
cumplimiento del fallo proferido dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivo con el número de radicación 15001-23-33-000-2019-
00249-00/01.
41. La Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 11 de mayo de
2023 señaló lo siguiente:
“[…] Conforme con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1079 de
2015, son autoridades de tránsito en su respectiva Jurisdicción los alcaldes
municipales y/o distritales, según sea el caso; y son aquellos a quienes
corresponde la función de autorizar la prestación del servicio de transporte
dentro de su correspondiente territorio, el cual será brindado por una empresa
de transporte debidamente autorizada para ello.
Por lo anterior, y según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.5.1. del Decreto
1079 de 2015, el radio de acción de las empresas habilitadas para prestar el
servicio público de transporte terrestre será el de la entidad territorial
competente que adjudique dicho servicio dentro de su jurisdicción.
Ahora, el artículo 2.2.1.1.8.1. del Decreto 1079 de 2015 prevé que en los casos
en que se requiera la autorización de una ruta que comunique dos municipios
contiguos que no formen parte de un área metropolitana, dichos entes
territoriales deberán formular una solicitud ante el Ministerio de Transporte con
la finalidad de que ésta sea autorizada a través de la figura denominada ruta
de influencia.
Siendo ello así, la Sala advierte que corresponde tanto a los municipios de
TUNJA como de VENTAQUEMADA autorizar las correspondientes rutas de
transporte dentro de sus jurisdicciones para que las empresas de transporte
habilitadas para tal efecto presten el servicio; y que en caso de que se requiera
de una ruta que atraviese la jurisdicción de ambos entes territoriales, el
MINISTERIO deberá autorizarla como ruta de influencia, previa solicitud de
los entes territoriales, circunstancia de la cual se desprende que corresponde
a dichos municipios, como autoridades de tránsito, garantizar la cobertura en
la prestación del servicio público de transporte terrestre.
En el caso concreto, de la revisión del expediente se advierte que la única ruta
de transporte público autorizada para prestar el servicio en el sector objeto de
la acción popular corresponde a la núm. 19 ARBOLEDA - LIMITE PERÍMETRO
TUNJA - (RETORNO BTS, VDA. BARÓN GALLERO - SECTOR SAN
ANTONIO), la cual, debido al diseño de la doble calzada que atraviesa la ciudad
de TUNJA, solamente permite el acceso hasta el último retorno situado dentro
de la jurisdicción de la ciudad que está ubicado en la vereda Barón Gallero,
sector San Antonio, por lo que en la actualidad no cubre 5.65 km de sus límites
con el municipio de VENTAQUEMADA, particularmente respecto de la Vereda
de Puente de Boyacá.
14
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
Asimismo, se observa que los municipios de TUNJA y VENTAQUEMADA
tienen conocimiento de la anterior problemática; y que la primera alternativa
viable formulada corresponde a que ambos entes territoriales, de forma
mancomunada, soliciten ante el MINISTERIO la autorización de una ruta de
influencia que cubra dicho trayecto, la cual no ha sido presentada por éstos.
De lo expuesto, se concluye que le asistió razón al Tribunal al declarar
trasgredido el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna de las personas que se desplazan entre la
Vereda de Puente de Boyacá y Tunja, habida cuenta que se demostró que la
problemática relativa al acceso al servicio de transporte terrestre colectivo no
ha sido solucionada por parte de los municipios demandados, pese a que en
su calidad de autoridades de tránsito no han adoptado las medidas necesarias
encaminadas a garantizar la cobertura de la prestación del servicio respecto de
la población afectada.
Lo anterior, desvirtúa la afirmación del municipio de VENTAQUEMADA en el
sentido de que no trasgredió el derecho colectivo invocado, por cuanto, a su
juicio, el servicio público de transporte terrestre colectivo está siendo prestado
en el sector, máxime si no allegó prueba alguna que acredite su dicho, lo cual
lleva a la Sala a confirmar la providencia recurrida.
[…]
De acuerdo con lo precedente, la Sala considera que hay lugar a ampliar el
término otorgado por el Tribunal para que las entidades territoriales accionadas
presenten, ante el Ministerio de Transporte, la autorización de la ruta de
influencia que opere desde el Municipio de Tunja hasta el Puente de Boyacá,
habida cuenta que para dar cumplimiento a la orden es necesario agotar el
debido proceso de planeación y de coordinación entre los dos municipios para
aportar toda la información requerida para tal fin.
Por ello, la Sala modificará el ordinal tercero de la providencia recurrida en el
sentido de otorgarle a los municipios de VENTAQUEMADA y TUNJA un plazo
de tres (3) meses, contado a partir de la notificación de esta providencia, para
que soliciten la correspondiente ruta de influencia que opere desde el Municipio
de Tunja hasta el Puente de Boyacá.
Ahora, en lo que tiene que ver con la responsabilidad del MINISTERIO, la Sala
observa que el artículo 6° de la Ley 489 de 199820 establece lo siguiente:
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que pese a que la trasgresión del
derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea
eficiente y oportuna de los habitantes de la vereda de Puente de Boyacá no
obedece a una omisión por parte del MINISTERIO, la realidad es que las
medidas encaminadas a garantizar su protección dependen de su actuación en
conjunto con los municipios de TUNJA y VENTAQUEMADA, circunstancia por
la que en virtud del principio de coordinación y colaboración, le asistió razón al
Tribunal al imponerle la orden de pronunciarse sobre la solicitud de ruta de
influencia que formulen los municipios accionados, en el marco de su
competencia establecida en el artículo 2.2.1.1.8.1. del Decreto 1079 de 2015.
20
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
15
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
Finalmente, la Sala considera que también debe ampliarse el término otorgado
por el Tribunal para que el MINISTERIO resuelva sobre la autorización de ruta
de influencia para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros
entre los mencionados entes territoriales, toda vez que de la lectura en conjunto
de las leyes 105 de 1995 y 136 de 1996 y de la revisión del oficio núm.
20170110009391 de 26 de julio de 2017 se advierte que corresponde a la
entidad demandada realizar el análisis correspondiente de las características
de prestación del servicio, esto es, los equipos; el esquema para la fijación de
tarifas; la inexistencia de oferta autorizada; que la nueva ruta no genere
paralelismo o interferencia total o parcial con alguna ruta previamente
autorizada, ni que afecte rutas intermedias, todo ello con la finalidad de resolver
sobre la procedencia de la petición, resultando insuficiente el término
originalmente otorgado por el a quo.
Por ello, la Sala modificará el ordinal cuarto de la providencia recurrida en el
sentido de otorgarle al MINISTERIO un plazo de dos (2) meses, contado a partir
de la radicación de la solicitud de ruta de influencia que presenten los
municipios de Tunja y Ventaquemada, para que resuelva sobre la autorización
de ruta de influencia para la prestación del servicio de transporte público de
pasajeros, que corresponda a la ruta entre el Municipio de Tunja hasta el
Puente de Boyacá. […]”.
42. A su vez en la providencia de 8 de agosto de 2024 que declaró el cumplimiento
del fallo de acción popular, el Tribunal Administrativo de Boyacá indicó lo siguiente:
“[…] En auto previo del 26 de abril de 2024, el despacho dispuso requerir al
Ministerio de Transporte – Dirección de Tránsito y Transporte a efectos de que
informara el trámite impartido al recurso de apelación interpuesto por la
empresa Expreso Los Patriotas S.A., contra la Resolución No. 20233040034395
del 11 de agosto de 2023, por medio de la cual se determinó la ruta de influencia,
objeto de esta acción popular, recurso que le fue remitido por la Subdirección
de dicha cartera el 14 de marzo de 2024.
Mediante oficio con Radicado MT No.: 20244150486331 del 30 de abril de
202421, el director territorial Boyacá del Ministerio de Transporte informó
que a través de la Resolución No. 20243040011565 del 20 de marzo de 202422,
se resolvió el recurso de apelación, determinando en su artículo primero lo
siguiente:
[…]
Señaló que lo anterior, se da en cumplimiento a las sentencias proferidas en el
proceso de la referencia, que ordenaron al Ministerio de Transporte resolver
sobre la autorización de la ruta de influencia para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros, entre el municipio de Tunja hasta el Puente de
Boyacá.
[…]
Adicional a lo anterior, se observa que mediante memorial radicado el 15 de
mayo de 202423, el apoderado de la empresa Expreso Los Patriotas S.A.,
solicitó que se verifique la observancia y el cumplimiento riguroso de los fallos
judiciales proferidos en este proceso, pues, a su juicio, no se han acatado por
parte de las entidades accionadas, en razón a lo siguiente:
[…]
21
Archivo 263, anotación 212 – SAMAI.
22
Archivo 266, anotación 212 – SAMAI.
23
Anotación 216 – SAMAI.
16
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Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Se destacan las órdenes impartidas en esta acción popular, a través de la
sentencia de segunda instancia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Consejo
de Estado24, la cual modificó los numerales tercero a quinto del fallo proferido
por este Tribunal el 22 de marzo de 202225, en los siguientes términos:
[…]
Así, en el trámite adelantado por el despacho de cara a la verificación de
cumplimiento del fallo referido, se encuentran acreditadas en el expediente las
siguientes actuaciones:
[…]
Conforme al contexto anterior, en lo que respecta al pronunciamiento de la
empresa Expreso Los Patriotas S.A., advierte el despacho que los argumentos
relacionados con la ausencia del fenómeno de conurbación y con la no
configuración del concepto de municipio contiguo, se encuentran dirigidos a
afirmar que no procede la determinación de una ruta de influencia entre Tunja y
Ventaquemada y viceversa, aspectos que debieron ser debatidos en el trámite
de la acción popular de la referencia y no con posterioridad a que se profirieran
los fallos que ordenaron precisamente que se estableciera dicha ruta. La
empresa en mención fue vinculada a la parte pasiva de esta acción26, sin que
se observe que hubiese interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de
primer grado.
En cuanto al argumento de desactualización del estudio técnico que sirvió de
base para la solicitud de la ruta de influencia, elevada por los alcaldes de los
municipios de Tunja y Ventaquemada al Ministerio de Transporte, se precisa
que las sentencias objeto de verificación de cumplimiento, ordenaron tener
«como plan de ejecución las áreas de extensión comprendidas en el estudio
técnico que en el año 2017 fuera presentado por el Municipio de Tunja,
conforme obra a folios 137 y 138 del archivo 0002 expediente SAMAI, estudio
que además deberá elaborarse con énfasis en las características de la
demanda y la oferta, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las
necesidades de movilización, conforme a los derroteros legales, como
componente definitivo para determinar la demanda y la oferta de las rutas a
otorgar o adecuar y contener especificaciones de recorrido, horarios,
frecuencias y demás aspectos operativos, en los términos establecidos en los
Artículos 2.2.1.1.8.1. y 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1079 de 2015.» (Negrita fuera de
texto).
Frente a la primera parte resaltada, se observa que, del estudio técnico
elaborado en 2017, únicamente debía tenerse como referencia las áreas de
extensión27 y en lo demás, sí debía elaborarse un «nuevo» estudio, con énfasis
en la demanda y la oferta de las rutas, especificando recorrido, horarios,
frecuencias y demás aspectos operativos, como en efecto procedieron los
municipios accionados, tal y como dan cuenta los anexos que componen el
estudio técnico elaborado recientemente28, cuya recolección de datos se
efectuó con fecha 2022 y que se consolidaron en el documento denominado
«Subsanación Estudio para la Aprobación de Ruta de Influencia entre el
Municipio de Tunja y el Municipio de Ventaquemada29.
24
Archivo 11, anotación 151 – SAMAI.
25
Anotación 92 – SAMAI.
26
Folios 170-174, archivo 0002, anotación 70 expediente electrónico - SAMAI.
27
Folios 137-138, archivo 0002, anotación 70 expediente electrónico – SAMAI.
28
Carpeta 2.3., anotación 189 – SAMAI.
29
Archivo 2.2, anotación 189 – SAMAI.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
Además, en cuanto al contenido del estudio técnico señalado por la empresa
Expreso Los Patriotas S.A., se observa que el Ministerio de Transporte, desde
2017 (oficio No. 20170110009391 del 26 de julio de 2017)24, precisó a los
municipios accionados el contenido o los requisitos mínimos que debía contener
la solicitud de ruta de influencia, teniendo como referente el artículo 2.2.1.1.8.1
del Decreto 1079 de 2015 (propuesta de una decisión integral de transporte en
cuanto a las características de prestación del servicio, de los equipos y el
esquema para la fijación de tarifas). Los requisitos fueron verificados por la
cartera ministerial accionada y a quien legalmente corresponde dicha función a
efectos de determinar la ruta de influencia30.
Y, así mismo, se observa que en el fallo de primer grado claramente se
estableció las entidades responsables de su cumplimiento (municipios de Tunja
y Ventaquemada y Ministerio de Transporte), bajo la siguiente precisión:
[…]
En esa medida, para el despacho no resultan procedentes las peticiones
elevadas por la empresa Expreso Los Patriotas S.A. en la etapa de verificación
de cumplimiento del fallo, máxime que sobre el particular se pronunció el
Ministerio de Transporte al resolver el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación interpuesto por dicha empresa contra la resolución que determinó la
ruta de influencia ordenada en esta acción.
Finalmente, en lo que respecta al último informe remitido por el Ministerio de
Transporte, así como al concepto rendido por la agente del Ministerio Público,
tal y como se relacionó en precedencia, evidencia el despacho que se encuentra
en firme la decisión que determinó la ruta de influencia para la prestación del
servicio público de transporte entre los municipios de Tunja – Ventaquemada y
viceversa, pues como se precisó en auto anterior del 26 de abril de 202426, la
única actuación que se encontraba pendiente era la resolución de los recursos
de apelación interpuestos, por lo que, es claro para este Tribunal el
cumplimiento total del fallo de primera instancia proferido por esta Corporación
y modificado por el Consejo de Estado.
Por tanto, se declarará el cumplimiento total del fallo objeto de verificación y, en
consecuencia, se dispondrá el archivo definitivo del expediente […]”.
43. Contra la providencia citada supra la sociedad accionante presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación y mediante auto de 4 de febrero de 2025 el
Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió lo siguiente:
“[…] No es cierto que la empresa Expreso Los Patriotas S.A. no discuta, en
primer lugar, la implementación «en sí misma» de la ruta de influencia entre los
municipios de Tunja y Ventaquemada y viceversa, ordenada en el fallo proferido
dentro de esta acción popular, pues insiste en el recurso que no se configura
en este caso el fenómeno de la conurbación, el cual, afirma, impide que se
determine dicha ruta. Como quiera que la orden de implementación de la ruta
en mención fue impartida en sentencia de primera instancia y, al encontrarse la
empresa recurrente vinculada a la parte pasiva de este proceso, tenía a su
30
Ley 1079 de 2015. «ARTÍCULO 2.2.1.1.8.1. Ruta de influencia. Es aquella que comunica municipios contiguos sujetos a
una influencia recíproca del orden poblacional, social y económica, que no hacen parte de un área metropolitana definida por
la ley, requiriendo que las características de prestación del servicio, los equipos y las tarifas sean semejantes a los del servicio
urbano.
Su determinación estará a cargo del Ministerio de Transporte, previa solicitud conjunta de las autoridades locales en materia
de transporte de los municipios involucrados, quienes propondrán una decisión integral de transporte en cuanto a las
características de prestación del servicio, de los equipos y el esquema para la fijación de tarifas.» (Subraya fuera de texto).
18
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01989-01
Accionante: Expreso Los Patriotas S.A. y otros
alcance el recurso de apelación contra dicha decisión, sin que se advierta la
interposición del mismo.
Ahora, en cuanto a las objeciones que señala de tipo técnico y jurídico,
efectivamente, tal y como lo refiere en el recurso debían ser verificadas por la
entidad competente para ello, esto es, el Ministerio de Transporte en la
actuación administrativa adelantada ante dicha cartera ministerial, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.8.1 de la Ley 1079 de 2015, que señala que la
determinación de la ruta de influencia «estará a cargo del Ministerio de
Transporte, previa solicitud conjunta de las autoridades locales en materia de
transporte de los municipios involucrados, quienes propondrán una decisión
integral de transporte en cuanto a las características de prestación del servicio,
de los equipos y el esquema para la fijación de tarifas», como efectivamente
sucedió:
[…]
• Los argumentos invocados por la empresa ahora recurrente, fueron resueltos
de forma negativa por parte el Ministerio de Transporte a través de las
Resoluciones No. 20243040009805 del 6 de marzo de 2024 (recurso de
reposición)31 y No. 20243040011565 del 20 de marzo de 2024 (recurso de
apelación)32.
Como se observa, la empresa Expreso Los Patriotas S.A. puso de presente al
Ministerio de Transporte los reparos frente a la determinación de la ruta de
influencia que se ordenó en los fallos proferidos en la presente acción y frente
a los cuales se pronunció dicho ministerio, se insiste, en el marco de sus
competencias legales (art. 2.2.1.1.8.1 L.1079/15) y conforme fue establecido en
las sentencias emitidas, encontrándose en firme la autorización e
implementación de dicha ruta, por lo que, si la empresa recurrente se
encontraba en desacuerdo con lo decidido por el Ministerio de Transporte, debió
acudir al medio de control dispuesto para el efecto y debatir la legalidad de los
actos administrativos proferidos, lo cual no correspondía analizar a este juez en
el marco de la verificación del cumplimiento de los fallos que se profirieron en
la acción popular de la referencia. Por lo anterior, no se repondrá el auto
recurrido [...]”.
[…]
“[...] PRIMERO: NO REPONER el auto proferido el 8 de agosto de 2024,
mediante el cual se resolvió declarar el cumplimiento total de los fallos objeto
de verificación y archivar el expediente de forma definitiva, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el recurso de apelación, interpuesto
como subsidiario al de reposición, contra el auto proferido el 8 de agosto de
2024, por las razones expuestas en precedencia.
TERCERO: En firme este auto, dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral
tercero del auto del 8 de agosto de 202433. […]”. [Negrilla original del texto]
44. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que el debate planteado en
esta sede constitucional fue analizado por la autoridad judicial y no se observa que
la decisión controvertida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
31
Documento terminado en 2, anotación 204 – SAMAI.
32
Archivo 266, anotación 212 – SAMAI.
33
“TERCERO: En firme este auto, ARCHIVAR el expediente de forma definitiva, dejándose las anotaciones del caso en el
Sistema Samai”.
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derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso dentro del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.
45. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”34.
46. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”35. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”36.
47. En relación con las resoluciones 20243040009805 y 20243040011565 del 6 y
20 de marzo de 2024, expedidas por el Ministerio de Transporte, la accionante
aduce que no era procedente declarar una “[…] ruta de influencia […]” porque: (i) el
municipio de Ventaquemada no tiene “[…] la calidad de municipio contiguo […]”, (ii)
“[…] no consulta los presupuestos y requisitos que la legislación aplicables [sic]
requiere […]”, (iii) se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a
la participación, y (iv) se omitió realizar un estudio de impacto ambiental.
48. El juez de primera instancia concluyó que el caso sub examine no cumplía con el
requisito general de procedencia de subsidiariedad porque contra los actos
administrativos mencionados, el accionante tendría a su disposición otro medio
judicial de defensa.
49. En el escrito de impugnación la parte accionante insistió que las resoluciones
controvertidas eran actos de ejecución expedidos en cumplimiento de una orden
judicial, por lo que no son susceptibles de control judicial.
50. Esta Sección comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia.
En efecto, los cuestionamientos realizados a los actos administrativos expedidos
por el Ministerio de Transporte pueden ser planteados ante el juez de lo contencioso
administrativo.
51. Aunque las Resoluciones 20243040009805 y 20243040011565 del 6 y 20 de
marzo de 2024 se expidieron para dar cumplimiento a una sentencia de acción
popular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que excepcionalmente
estos actos serían susceptibles de control judicial cuando crean, modifican o
34
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
35
Ibidem.
36
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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extinguen una situación jurídica, en tanto que no se limitan a dar cumplimiento a
una orden judicial.
52. Al respecto, se sostuvo en la sentencia de 30 de mayo de 202437:
“[…] 2.2.2. Actos administrativos de ejecución susceptibles de control de
legalidad por vía judicial
El acto administrativo es toda declaración unilateral de la voluntad de la
administración pública o de un particular, efectuada en ejercicio de la función
administrativa otorgada por la constitución o la ley, capaz de producir efectos
jurídicos directos o definitivos, es decir el mecanismo por el cual la
administración crea, modifica o extingue una situación jurídica determinada.
[…]
Las múltiples manifestaciones de la actividad de la administración pública han
hecho que la jurisdicción y la doctrina delimiten conceptualmente el acto
administrativo con el fin de determinar la susceptibilidad de su control de
legalidad por vía judicial. En ese orden hay tres tipos de actos a saber: el
primero, denominado acto preparatorio o de trámite, por medio del cual, si bien
la administración no resuelve el fondo de la controversia, si da impulso a la
actuación administrativa a fin de llevarla hasta su culminación38; el segundo,
corresponde a los actos definitivos, es decir aquel que resuelve o decide directa
o indirectamente el fondo de un asunto; y el tercero, que ha sido previsto como
acto de ejecución, a través del cual la administración se limita a dar
cumplimiento a una orden judicial o administrativa.
Ciertamente, respecto de este último tipo de actos esta Corporación, de manera
reiterada39 ha determinado que, por si solos, no son enjuiciables ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto, cualquiera fuere la
forma en que se manifieste, dicho acto no crea, modifica o extingue situación
jurídica alguna.
Así las cosas, para esta Sala es claro que los actos de ejecución son aquellos
a través de los cuales la administración ejecuta las órdenes impartidas por una
autoridad judicial o administrativa, razón por la cual no son controlables
judicialmente, ya que no contienen la expresión de la voluntad de la
administración, sino que, por el contrario, se limitan a materializar esas
decisiones. Distinto es que de su contenido se pueda advertir que la
administración se apartó de lo dispuesto por la autoridad y, como
consecuencia, creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular lo que
impondría considerar que se trata de un verdadero acto administrativo
susceptible de control. […]”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de
30 de mayo de 2024, Exp., núm. 25000-23-42-000-2015-05289-01 (3060-2022). C.P.: Juan Enrique Bedoya.
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 1997, expediente 3762, M.P. Libardo
Rodríguez Rodríguez.
39 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 1991, expediente
CE-SEC3-EXP1191-N5934, M.P. Julio césar Uribe Acosta; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del
4 de septiembre de 1997, expediente 4598, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 27 de septiembre de 2007, expediente 25000- 23-25-000-1999-03741-01 (7392-05),
M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 5 de junio de 2014,
expediente 11001-03-25-000-2011-00015-00 (0044-11), M.P. Bertha lucía Ramírez de Páez. Consejo de
Estado, Sección Segunda, providencia 4 de noviembre de 2010, expediente 25000-23- 25-000-2003-01124-02
(1712-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia 4 de
noviembre de 2010, expediente 15001-23-31-000-2002-01595- 02 (1717-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila; Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013, T-153 de 2015, T-464 de 2015 y T-228 de 2016
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53. Las Resoluciones cuestionadas determinaron una ruta de influencia y a juicio de
la parte accionante dicha decisión desconoció las normas superiores en las que
debía fundarse y vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. De manera
que en principio los accionantes consideran que los actos administrativos se han
apartado de la orden judicial impartida en el proceso de acción popular.
54. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la parte accionante tiene a su
disposición otro medio de defensa a través del cual puede controvertir los actos que
aduce como causantes de la vulneración de sus garantías constitucionales.
55. Por lo anterior, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR los impedimentos manifestados por los Consejeros de
Estado doctores Oswaldo Giraldo López y Nubia Margoth Peña Garzón, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de junio de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
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EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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