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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01993-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01993-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01993-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla
Demandados: Sección Primera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; y ii) propiedad privada

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Girardot y la Sección Primera -Subsección C- del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala y iii) resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor Neil Armstrong Lozano Falla, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot y
la Sección Primera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, al proferir las providencias de 18 de diciembre de 2024 y 27 de
enero de 2025, respectivamente, dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos, identificado con el número único de radicación

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

253073333001202400304-01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la propiedad privada.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, promovió demanda contra el
Municipio de Girardot, con el fin de que se diera cumplimiento a lo previsto en el
artículo 791-4 del Estatuto Tributario de Girardot - Acuerdo núm. 005 de 2021.

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot, mediante sentencia
de 18 de diciembre de 2024, declaró improcedente el medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

5. La Sección Primera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 27 de enero de 2025, confirmó la decisión
del a quo, al considerar que:

“[…] La parte actora invocó la siguiente norma vigente:

“[…] Artículo 791. Término de prescripción. La acción de cobro de las
obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1) La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la Administración
Municipal, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2) La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en
forma extemporánea.

3) La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los
mayores valores.
4) La fecha de ejecutoría del respectivo acto administrativo de determinación
o discusión.

La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de la
Secretaría de la Hacienda a través del Tesorero Municipal y será decretada de
oficio o a petición de parte.

Cuando la prescripción sea presentada como una excepción en el proceso
administrativo de cobro, dicha decisión será de competencia del Tesorero
Municipal.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

Para la Subsección, la pretensión es improcedente porque no plantea el
cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en la ley o un
acto administrativo, sino un debate relacionado con la configuración del fenómeno
de la prescripción de las obligaciones tributarias, para cuyo efecto se debe acudir a
los medios de control idóneos, porque la acción de cumplimiento tiene un fin
específico y una naturaleza residual y subsidiaria […]”.

[…]

“[…] Además, la acción de cumplimiento tampoco es el mecanismo idóneo para
ordenar la entrega de copias del proceso de cobro coactivo.

Finalmente, no existe prueba de un perjuicio grave e inminente, que impida o haya
impedido al accionante acudir al instrumento judicial idóneo para debatir la legalidad
de los actos administrativos que negaron la declaratoria de prescripción.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la
improcedencia del medio de control […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela1:

“[…] 8.1. Actos urgentes para salvaguardar la fe pública que comporta el derecho
de defensa y debido proceso y por consiguiente el de propiedad privada.
8.1.1. Ordenar a la Alcaldía de Girardot hacer entrega a la Procuraduría General de
la Nación, copia integra del proceso coactivo 1690 debidamente foliado con las
salvedades de los espacios en blanco, con el propósito de garantizar y evitar una
presunta alteración de su contenido.
La anterior pretensión se eleva en atención a que la Alcaldía de Girardot, se niega
a certificar los pagos recibidos del impuesto predial de las vigencias fiscales para
los años 2024 y 2025 no es descartable por un presunto “descuido” se extravíen los
escritos y pruebas que he presentado por más de 15 años.
8.1.2. Se ordene compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación con el propósito que se investigue disciplinaria y
penalmente al Dr. Salomón Said Arias, Alcalde de Girardot Cundinamarca, pues si
bien es cierto, el cobro coactivo está a cargo de la Oficina de Tesorería, también lo
es, corresponde al Burgomaestre cumplir y hacer cumplir la ley, y por consiguiente
adoptar todas la medidas necesarias tendientes garantizar la probidad
administrativa del ente territorial a su cargo.
Esta pretensión se fundamenta en que se puso de presente una presunta extorción,
no es un hecho de bagatela que no merezca una investigación, las personas que
atiende las ventanillas de la tesorería de la Alcaldía de Girardot, abierta al público,
hacen entrega de un escrito donde se informa el número de teléfono 3103437801,
en el cual se puede ubicar al señor Edgar García con quien se “podía negociar” para
impedir el remate del inmueble.

1 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

La Alcaldía se niega a investigar con el pretexto que el documento no contiene
cedula de ciudanía, desconozco si es una coincidencia, pero en los actos
administrativos publicados por el ente territorial al pie de página aparece el nombre
del señor Edgar García anunciándose como asesor, contador público.
No tiene carta de presentación que debajo de las mesas de la Alcaldía,
presumiblemente se llegan acuerdos ilícitos, y en la legalidad se convierta en un
karma para hacer respetar y cumplir la ley.
Por otra parte, las falsas motivaciones con que la Alcaldía responde la peticiones
son un irrespeto a los principios que debe regir la prestación del servicio público, la
declaratoria de la prescripción constituye un enriquecimiento ilícito, a pesar que el
estatuto tributario municipal la regula; la calidad de contribuyente no es sujeto de
derechos, dicho estatuto define quienes son contribuyentes y cuáles son sus
derechos; se niega a certificar los pagos del impuesto predial, siendo un servicio
público, se exige que acredite la demanda de pertenencia sin que entregue el
certificado catastral, entre otras, groseras falsas motivaciones.
8.1.3. Se ordene compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación con el propósito que se investigue disciplinaria y
penalmente al Dr. José Alfonso Cuenca Gómez, Personero de Girardot, por
presunta omisión en sus deberes legales como servidor público para investigar los
hechos denunciados.
Esta pretensión se fundamenta en que se puso de presente una presunta extorción,
no es un hecho de bagatela que no merezca una investigación, las personas que
atiende las ventanillas de la tesorería de la Alcaldía de Girardot, abierta al público,
hacen entrega de un escrito donde se informa el número de teléfono 3103437801,
en el cual se puede ubicar al señor Edgar García con quien se “podía negociar” para
impedir el remate del inmueble.
La Alcaldía se niega a investigar con el pretexto que el documento no contiene
cedula de ciudanía, desconozco si es una coincidencia, pero en los actos
administrativos publicados por el ente territorial al pie de página aparece el nombre
del señor Edgar García anunciándose como asesor, contador público.
No tiene carta de presentación que debajo de las mesas de la Alcaldía,
presumiblemente se llegan acuerdos ilícitos, y en la legalidad se convierta en un
karma para hacer respetar y cumplir la ley.
8.1.4. Se ordene compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación con el propósito que se investigue disciplinaria y
penalmente al Dr. Alfonso León Varela Sánchez, o quien haga sus veces,
Procurador Provincial de Girardot, por presunta omisión en sus deberes legales
como servidor público para investigar los hechos denunciados.
Esta pretensión se fundamenta en que se puso de presente una presunta extorción,
no es un hecho de bagatela que no merezca una investigación, las personas que
atiende las ventanillas de la tesorería de la Alcaldía de Girardot, abierta al público,
hacen entrega de un escrito donde se informa el número de teléfono 3103437801,
en el cual se puede ubicar al señor Edgar García con quien se “podía negociar” para
impedir el remate del inmueble.
La Alcaldía se niega a investigar con el pretexto que el documento no contiene
cedula de ciudanía, desconozco si es una coincidencia, pero en los actos
administrativos publicados por el ente territorial al pie de página aparece el nombre
del señor Edgar García anunciándose como asesor contador público.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

No tiene carta de presentación que debajo de las mesas de la Alcaldía,
presumiblemente se llegan acuerdos ilícitos, y en la legalidad se convierta en un
karma para hacer respetar y cumplir la ley […]”.
[…]
“[…] 9.1. En consecuencia de lo anterior, se ordene a la Tesorería Municipal –
Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Girardot, decretar de oficio la caducidad y
prescripción del impuesto predial materializada en relación el inmueble identificado
con el folio matrícula inmobiliaria 307-35859, del impuesto predial de las vigencias
fiscales anteriores al año 2011, de acuerdo con la certificación del Oficio TMCC
3033-2024 del 23 de abril de 2024, proferido por la Alcaldía de Girardot, y en
cumplimiento del numeral 4 del artículo 791 del Estatuto Tributario del Municipio de
Girardot – Cundinamarca, Acuerdo 005 de 2021 […]”.

7. Ahora bien, la Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos por el actor,
evidencia que la pretensión principal es que se protejan los derechos fundamentales
indicados supra y, en ese orden de ideas, que se dejen sin efectos jurídicos las
providencias 18 de diciembre de 2024 y 27 de enero de 2025, proferidas por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot y la Sección Primera -
Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente,
dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, identificado con
el número único de radicación 253073333001202400304-01.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Primera -
Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al juez primero
administrativo del Circuito de Girardot; y iii) vinculó como tercero con interés
legítimo, al Municipio de Girardot, concediéndoles el término de tres (3) días para
que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

9. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot expresó lo siguiente:

“[…] Observada la narración fáctica realizada en el escrito de la acción constitucional
contrastada con el caudal probatorio se encuentra necesario señalar la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta, puesto que ha sido reiterado por
la jurisprudencia que no puede acudirse a esta acción para controvertir
providencias y actuaciones judiciales, salvo que exista un perjuicio irremediable
o que el juez haya incurrido ostensiblemente en vía de hecho, como anteriormente

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

se denominaba, hoy causales genéricas y específicas de procedibilidad, situaciones
estas que no se presentan en el caso sub examine, tal como se demostrará más
adelante […]”.

[…]

“[…] En esa secuencia, observados los fundamentos fácticos y jurídicos del escrito
de tutela, encuentra el Despacho que en el presente asunto se configuran las
causales de improcedencia de la acción de tutela, como quiera que, lo que
pretende el accionante, es reabrir la discusión de un asunto que fue
presentado ante la Jurisdicción y desatado tanto en primera como en segunda
instancia por las autoridades judiciales competentes […]”.

10. El Municipio de Girardot manifestó lo siguiente:

“[…] En este orden de ideas, resulta necesario resaltar que el accionante, busca
confundir e inducir en error a los funcionarios públicos y administradores de
justicia, invocando situaciones contrarias a la realidad fáctica y jurídica o
confusas de acuerdo a su sentir subjetivo de actuaciones procesales y/o
judiciales ya agotadas y resueltas, situación que como ya se indicó resulta
desgastante para los funcionarios públicos y la administración de justicia que
deben atender las injustificadas actuaciones del accionante, persistiendo en
desconocer los diversos fallos judiciales proferidos por los jueces de la rama
judicial, buscando con esto invalidar sus actuaciones y decisiones, conducta
que resulta reprochable, inapropiada y temeraria contraria a los principios de
eventualidad procesal, subsidiaridad e inmediatez de conformidad con lo
establecido en el decreto 2591 de 1991.

De otra parte, el hoy accionante señor NEIL ARMSTRONG LOZANO FALLA,
conoce lo concepción jurídica y alcances de las acciones constitucionales y del
derecho de petición, los cuales no fueron diseñados para sustituir los recursos,
acciones ordinarias y procedimientos ordinarios establecidos por la ley para cada
procedimiento procesal o judicial que se pretenda adelantar, tampoco fueron
diseñados para invalidar diversos pronunciamientos judiciales que resultan
adversos a sus pretensiones, buscando con esto un beneficio injustificado, tratando
de alegar su culpa en beneficio propio alegando posibles vulneraciones a los
derechos fundamentales.

Aunado a lo anterior, la situación resulta tan particular, que el hoy accionante aduce
que los jueces de la República le darán la razón, previo a los pronunciamientos
judiciales, intimidando a los funcionarios con pronunciamientos judiciales que no se
han dado, aduciendo que se estarán incursos en incidentes de desacatos,
acompañado de denuncias penales, disciplinarias y profesionales, con las
connotaciones jurídicas, judiciales y profesionales que esto implica, buscando con
esto ejercer medio de presión institucional, personal, profesional y psicológico a los
funcionarios, esto con el único objeto de que sus pretensiones sean atendidas de
manera positiva, situación que resulta reprochable, aunado al desgaste innecesario
e injustificado para la administración de justicia, que también resulta ser ahora objeto
de reproche por parte del accionante al encontrar que sus acciones son contrarias
a su sentir subjetivo y pretensiones infundadas, situación que no obstante de existir
diversos fallos judiciales persiste después de (14) meses de injustificado actuar por
parte del hoy accionante […]”.

[…]

“[…] Como consecuencia de lo anterior, respetuosamente solicitamos a los H.
Magistrados del Consejo de Estado, NEGAR las pretensiones de la presente acción
de tutela, teniendo en cuenta los antecedentes jurisdiccionales, las pruebas
recaudadas y lo establecido en la ley 1437 de 2011 y el Decreto 2591 de 1991 […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

11. La Sección Primera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1° y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1° del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 134 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente, si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

15. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la propiedad privada; v) el
análisis del caso concreto; y, finalmente, vi) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

17. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
identificado con el número único de radicación 253073333001202400304-01, en
primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo
lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de
los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular
la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional y de subsidiariedad como requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590
de 2005, proferida por la Corte Constitucional11.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

25. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales; y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

27. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

28. Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la propiedad
privada

29. El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

30. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho a la
propiedad privada, así:

“[...] El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia consagra, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, seis principios, a saber: a) la garantía de la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles; b) la protección
y promoción de formas asociativas y solidarias de la propiedad; c) el reconocimiento
del carácter limitables de la propiedad; d) las condiciones de prevalencia del interés
público o social sobre el interés privado; e) el señalamiento de su función social y
ecológica y; f) las modalidades y los requisitos de la expropiación. En el presente caso
se estudiará la garantía de la propiedad privada.

El artículo 58 inciso 1 oración 1 de la Constitución Política de Colombia establece que
se garantizarán la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la propiedad como el
derecho subjetivo26 que tiene toda persona sobre una cosa corporal o incorporal, que
faculta al titular para usar, gozar, explotar y disponer del él27.

a. Titularidad del derecho (ámbito personal de protección)

El derecho a la propiedad privada es un derecho universal. Toda persona natural, sin
distinción alguna, y toda persona jurídica28 pueden acceder a ella y ejercer las
acciones que derivan de la posición jurídica reconocida por la constitución y las leyes
[...]”.

25 Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 4 de diciembre de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
26 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 133 de 2009.
27 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 410 de 2015, reiterada por la sentencia SU- 454 de 2016.
28 C. Const., sentencia de tutela T- 172 de 2016.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

Análisis del caso concreto

31. El señor Neil Armstrong Lozano Falla presentó acción de tutela contra el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot y la Sección Primera -
Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , porque, a su juicio, al
proferir las providencias de 18 de diciembre de 2024 y 27 de enero de 2025,
respectivamente, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
identificado con el número único de radicación 253073333001202400304-01,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada.

32. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

33. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

34.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección C de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de enero de
2025.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

35. La Sala evidencia que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro
de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente29:

“[…] 4.6.1. Interpretación errónea de la norma como de la demanda en que incurre
el Juzgado 1 Administrativo de Girardot, defecto sustantivo, entre otros.

El desconocimiento del tenor literal en su sentido natural y obvio de las palabras
contenidas en el numeral 4 del artículo 791 del Estatuto Tributario del Municipio de
Girardot – Cundinamarca, Acuerdo 005 de 2021, implica la violación al derecho de
defensa y debido proceso, es claro que su verbo rector está dirigido al ente territorial
para que de oficio decrete la prescripción del impuesto predial, NO ES OPTATIVO, de
tal manera que el Juzgado administrativo de conocimiento yerro al manifestar que la
citada norma no contiene un mandato imperativo.

La declaratoria de oficio en el contexto jurídico, significa que una actuación se realiza
sin necesidad de solicitud previa de una persona interesada, es el cumplimiento de una
orden que se debe cumplir por ministerio de la Ley, sin que se requiera el impulso a
petición de parte.

No cabe duda que, el estatuto tributario estableció que la prescripción del impuesto
predial, en primer lugar, se debe decretada de oficio, no requiere de solicitud de parte,
es decir, estamos frente a un error grave de interpretación de la norma, dicho de otra
manera, el juzgado interpreta erróneamente la hipótesis prevista en la norma.

El artículo 11 del Código Civil establece: “La ley es obligatoria y surte sus efectos desde
el día en que ella misma se designa, y en todo caso después de su promulgación […]”.

[…]

“[…] 4.7. Mediante providencia del 27 de enero de 2025, el Honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, radicado25307333300120240030401, sin hacer
salvedades y/o aclaraciones confirma el fallo del 18 diciembre de 2024 del Juzgado 1
Administrativo de Girardot, anteriormente mencionado, incluyendo otras circunstancias
para negar las pretensiones.

Entre una de las consideraciones para negar las pretensiones, se tiene:

“Para la Subsección, la pretensión es improcedente porque no plantea el
cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en la ley o un
acto administrativo, sino un debate relacionado con la configuración del fenómeno de
la prescripción de las obligaciones tributarias, para cuyo efecto se debe acudir a los
medios de control idóneos, porque la acción de cumplimiento tiene un fin específico y
una naturaleza residual y subsidiaria.” (resaltado fuera de texto)

De la lectura del citado párrafo, con el respeto del Tribunal constitucional, la norma a
la cual se le exige su complimiento, precisamente contiene una obligación clara,
expresa y exigible a cargo del ente territorial como es la de decretar de oficio la
prescripción del impuesto predial, en cuyo caso el municipio se niega a cumplir, esto
es, numeral 4 del artículo 791 del Estatuto Tributario del Municipio de Girardot –
Cundinamarca, Acuerdo 005 de 2021, norma que no está condicionada a solitud de
parte, de tal manera que resulta impreciso la valoración e interpretación que se hace
de la demanda (error de hecho), la cual contiene las descripción de unos hechos de
contexto que no desnaturalizan su objeto, y por el contrario demuestran la necesidad

29 Transcripción literal del texto.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

urgente de conceder las pretensiones, esto es, ordenarle a la Alcaldía de Girardot
decretar de oficio la prescripción del impuesto predial de acuerdo con lo dispuesto en
el Estatuto Tributario Municipal.

Es evidente que, al materializarse la prescripción del impuesto predial, de acuerdo con
el Estatuto Tributario Municipal, con cargo al Ente Territorial se constituye en una
obligación clara, expresa y exigible, de decretarla de oficio.

Así las cosas, resulta evidente que los Jueces Constitucionales, Juzgado 1
Administrativo de Girardot y el Tribunal Administrativos de Cundinamarca yerra al
negar las pretensiones al entender que el numeral 4 del artículo 791 del Estatuto
Tributario del Municipio de Girardot – Cundinamarca, Acuerdo 005 de 2021, no tiene
un mandato de obligatorio cumplimiento y por lo tanto se encuentra ausente de una
obligación expresa, clara y exigible.

Gravísimo error para el Circuito de Girardot, pues abre la puerta para interpretar que,
para el máximo Tribunal de cierro local de acuerdo con los criterios para definir la
competencia, esto es, el Honorable Tribunal de Cundinamarca, la norma en cuestión
no contiene una obligación, clara, expresa y exigible, contrariando su literalidad.
Recordemos que se confirma la sentencia del Juzgado 1 Administrativo de Girardot
donde se asevera que el estatuto tributario a cumplir no es imperativo.

En suma, de igual manera, el Honorable Tribunal de Cundinamarca de cierre local
incurre en error al interpretar la norma.

4.7.1. Equivocadamente el Honorable Tribunal de Cundinamarca, entiende la demanda
como un mecanismo supletorio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
que no fue interpuesta dentro del término legal, lo cual es impreciso, la acción de
cumplimiento se instauró precisamente en razón que la Alcaldía me tiene marginado
del proceso coactivo, habilidosamente se abstiene de proferir una actuación
administrativa definitiva dirigida al suscrito para poderla demandar y frenar el proceso
coactivo.

Esto es, la acción de cumplimiento se instaura toda vez que la Alcaldía no me permite
la vinculación al proceso coactivo, es decir, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirma la sentencia bajo unos hechos y pruebas que no existen, es impreciso
entender que la acción de cumplimiento se interpuso para revivir una discusión por falta
de interponer la acción ordinaria en tiempo de nulidad y restablecimiento del derecho.
Dicho de otra manera, para evitar un daño irreparable de forma oportuna no tengo
otra alternativa que acudir al Juez Constitucional […]”.

[…]

“[…] Se logra confundir al Honorable Tribunal de Cundinamarca, pues para negar las
pretensiones de la acción de cumplimiento trae a colación como un caso similar, una
jurisprudencia donde el accionante previo a interponer la acción constitucional
(Precedente jurisprudencial, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del
16 de julio de 2024, radicado 11001333502620240025401 M.P. Luis Antonio Rodríguez
Montaño), dejó de interponer y demandar las decisiones proferidas en un proceso de
cobro coactivo, no siendo sustancialmente nuestro caso, lo que evidencia un error en
la interpretación de la demanda del suscrito.

Lo que comporta que el Honorable Tribunal de Cundinamarca, incurre en un defecto
fáctico, toma la decisión de confirmar la sentencia del Juzgado 1 Administrativo de
Girardot, sin que las circunstancias del caso se ajusten al supuesto legal y sobre una
prueba que no existe […]”.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

36. Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

37. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.

38. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU-215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración de
un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de
un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

39. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez natural.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

40. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

41. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal en el marco del proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o de actos administrativos, el cual escapa de la órbita de competencia del juez
constitucional, por lo que, si bien es cierto que el actor alega la vulneración de los
derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia constitucional
no se determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y
razonable de una presunta amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció
en el caso sub examine.

42. Los supuestos de vulneración del derecho fundamental al debido proceso y a la
propiedad privada, enunciados por el actor, no se evidencia en el caso sub examine,
toda vez que el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o de actos administrativos se adelantó ante el juez competente, respetando las
formas propias del proceso y, además, no concurre una situación de amenaza o
alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional ni
se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección
constitucional.

43. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

44. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

45. Ahora bien, la Sala advierte que, frente a las otras pretensiones del escrito de
tutela mencionadas supra concierne a competencias propias de cada una de las
autoridades mencionadas en la tutela, en las que se prevén procedimientos propios
para su ejercicio y respecto de las cuales, en el caso concreto, no se advierte
omisión o acción alguna que implique la vulneración de los derechos fundamentales
del actor que justifique la intervención del juez de tutela, ni siquiera como
mecanismo transitorio frente a un perjuicio irremediable, por lo que la Sala no emitirá
pronunciamiento alguno al respecto.

46. En ese sentido, la Sala no advierte prueba alguna que permita inferir que es
necesaria y urgente la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio
irremediable.

Conclusiones de la Sala

47. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el actor
contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

22

Núm. único de radicación: 110010315000202501993-00
Actor: Neil Armstrong Lozano Falla

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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