Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02001-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-02001-011
Demandante : Henry Guzmán, Henry Andrés, Miguel Josué, Lilly Gabriela y
Cindy Alejandra Guzmán Martínez y Nuri Luz Martínez
Negrette
Demandado : Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué
Vinculados :
Municipio de Ibagué, Seguros Generales Suramericana S. A.
y Élver David Ferro Rodríguez
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, el acceso a la administración de justicia, a la
: defensa y al principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas
Tema Tutela contra providencia judicial que negó las pretensiones
de la demanda
Decisión : Sentencia de segunda instancia – confirma
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el fallo
del 7 de mayo de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que negó la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2. La demanda de tutela
1
Expediente digital disponible en SAMAI.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02001-01
Demandante: Henry Guzmán y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Henry Guzmán, Nuri Luz Martínez Negrette y Henry Andrés, Miguel Josué Lilly
Gabriela y Cindy Alejandra Guzmán Martínez interpusieron el presente recurso de
amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, presuntamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Tolima.
En consecuencia, solicitó lo siguiente:
«1-. Dejar sin efectos la sentencia proferida por los despachos accionados en su reemplazo
proferir sentencia el despacho del juez de primera instancia basado y teniendo como probado
el sitio o lugar de los hechos y que fueron reconocidos y aceptados por las partes en la
audiencia inicial, razón por la cual en la misma se negara la inspección judicial para entre
otras (sic) aspectos verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valide[z] a las
fotografías del periódico el Q!hubo anexadas, como pruebas y los testimonios expuestos,
junto con la anotación de recogida del lesionado HENRY GUZMÁN, por parte de la
ambulancia.
2-. Como subsidiaria dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia y en su reemplazo,
ordenar al mismo proferir la sentencia basado y teniendo como probado el sitio o lugar de
los hechos y que fueron reconocidos y aceptados por las partes en la audiencia inicial, razón
por la cual en la misma se negara la inspección judicial para entre otras (sic) aspectos
verificar y constatar el lugar de los hechos, darle valide[z] a las fotografías del periódico el
Q!hubo anexadas, como pruebas y los testimonios expuestos, junto con la anotación de
recogida del lesionado HENRY GUZMÁN, por parte de la ambulancia, en su efecto,
igualmente, dejar sin efectos la sentencia, ordenándole por ser procedente las pruebas
solicitadas en segunda instancia, a decretarse y practicarse en segunda instancia por
haberse solicitado dentro del término legal y reunir los presupuestos de conducencia,
oportunidad, y convivencia, se sirva decretarlas y basado además en estas, se proceda a
proferir nueva sentencia».
1.3. Hechos2
Ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué impetraron demanda
de reparación directa a la que le correspondió el radicado 73001-33-33-009-2015-
00035-00, para que, se declarara administrativamente responsable al municipio de
Ibagué por los perjuicios causados, como consecuencia de las lesiones sufridas por
el señor Henry Guzmán.
Indicaron que el 1.o de julio de 2023, sobre las once de la mañana mientras el señor
Guzmán se desplazaba en bicicleta por la carrera 6.a a la altura de las calles 56 y
57, sitio en el que, la Alcaldía de Ibagué estaba construyendo zonas sonoras o
reductores de velocidad, tuvo una caída en la que se golpeó la cabeza, sufrió una
herida ósea y una lesión profunda en la pierna en tejidos blandos
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
2
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Demandante: Henry Guzmán y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Comoquiera que, en la demanda se estableció mediante fotografías y testimonios,
que el lugar de instalación de los reductores de velocidad era la carrera 6.a entre
calles 57 y 56, detrás de la sede del Hospital Federico Lleras Acosta en
inmediaciones del acceso a urgencias, solicitaron como prueba una inspección
judicial con perito para verificar el sitio del accidente.
En la audiencia inicial celebrada el 25 de mayo de 2017, las partes aceptaron como
hecho probado la ubicación del lugar del accidente como lo indicó el juez, quien
además negó la inspección judicial atendiendo lo preceptuado en el artículo 236,
incisos 3 y 4 del Código General del Proceso, al considerar que ya existían registros
fotográficos del sitio, decisión ante la cual las partes guardaron silencio.
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué dictó sentencia de primera
instancia el 22 de febrero de 2021, negando las súplicas de la demanda,
argumentando que, si bien se superaba la existencia del daño, no se acreditó la
alegada falla del servicio, ya que había dudas en relación con el lugar de la
ocurrencia de los hechos.
Contra la decisión, se interpuso recurso de apelación haciendo énfasis en la
ubicación exacta en donde sucedieron los hechos, carrera 6.a con calle 57, frente a
la entrada de la Clínica de los Seguros Sociales del Limonar, hoy Federico Lleras
Acosta, tal y como se aceptó por las partes y que se dejó consignado en la audiencia
inicial, que por estar determinado con claridad inobjetable el sitio, se negó la
inspección judicial.
Con fundamento en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, solicitó el decreto de
pruebas en segunda instancia, esto es, la inspección judicial. Por medio de auto de
30 de noviembre de 2021, se admitió el recurso de apelación, pero se denegó la
prueba, providencia contra la que interpuso recurso de reposición, pero fue negado
el 6 de octubre de 2022.
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia de 26 de septiembre de
2024, notificada el 4 de octubre del mismo año, confirmó la decisión del a quo al
considerar que existía duda del lugar donde sucedieron los hechos, a pesar de que,
desde la audiencia inicial ello había quedado claro.
3
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Demandante: Henry Guzmán y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
1.4. Argumentos de la tutela
Alega el accionante que en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos
fáctico y procedimental absoluto, por cuanto, el Tribunal Administrativo del Tolima,
no obstante, se solicitaron oportunamente las pruebas en segunda instancia,
interpretó erróneamente su oportunidad de presentación y las negó, sin tener en
cuenta que resultaban fundamentales a efectos de demostrar que el a quo no tenía
razón para negar las pretensiones con el argumento de no estar determinado
claramente el lugar de los hechos, comoquiera que, se pidió la práctica de
inspección judicial pero esta no se decretó en la audiencia inicial, porque se
consideró que las partes aceptaron cuál era el sitio donde se produjo el accidente.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, admitió3 la presente acción de tutela el 8 de abril de 2025. En dicha
providencia se ordenó notificar al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Ibagué y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima en calidad de
demandados y vincular al municipio de Ibagué, a Seguros Generales Suramericana
S. A., al señor Élver David Ferro Rodríguez y a todos los demás intervinientes en el
medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-009-2015-00035-
00 [01] como terceros con interés.
2.1. Contestaciones a la acción
2.1.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué4 efectuó un
recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa promovido
por los aquí accionantes, alegando que estas no constituyen una vía de hecho ni se
enmarca en ninguna de las causales generales o especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, pues no se advierte que los argumentos
que sustentaron la sentencia emitida por ese despacho y las actuaciones realizadas
sean arbitrarias ni que carezcan de soporte legal.
3
Visible en el expediente digital en SAMAI, primera instancia, índice 00004.
4
Visible en el índice 00010 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
4
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2.1.2. El Tribunal Administrativo del Tolima5 alegó que las razones expuestas en
las providencias atacadas resultan suficientes para soportar la defensa dentro del
presente proceso, como se puede verificar en las consideraciones consignadas en
aquellas, las cuales transcribió.
Con base en lo anterior, pidió negar las pretensiones, teniendo en cuenta que, de la
lectura del escrito inicial se colige que la parte actora persigue un nuevo
pronunciamiento judicial frente a su caso.
2.1.3. El señor Élver David Ferro Rodríguez6 adujo que las pretensiones de la
acción de tutela no están llamadas a prosperar, al considerar que ni el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué ni el Tribunal Administrativo del Tolima
ni él, han desconocido los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
2.1.4. Seguros Generales Suramericana S. A. 7 solicitó su desvinculación del
trámite constitucional ante la falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.1.5. El municipio de Ibagué8 pidió denegar la solicitud de amparo por
improcedente, por cuanto no cumple con los presupuestos para su estudio; no
obstante, indicó que ese ente territorial es respetuoso de las decisiones judiciales y
las acata en su integridad; por tanto, se acoge a lo que decida el Consejo de Estado,
corporación que tiene la exclusiva competencia y autonomía para efectuar la
valoración legal y jurisprudencial del caso y determinar lo que en derecho
corresponda.
2.2. Providencia impugnada9
Mediante fallo de 7 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, denegó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva solicitada por Seguros Generales Suramericana S. A. y la acción de tutela.
La Sala estimó que, el material probatorio que obra en el plenario no permite
dilucidar con certeza el lugar de ocurrencia de los hechos, por el contrario, genera
5
Visible en el índice 00015 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
6
Visible en el índice 00013 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
7
Visible en el índice 00014 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
8
Visible en el índice 00016 de la plataforma SAMAI, de primera instancia.
9
Índice 00020, ibidem.
5
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incertidumbre; por lo que, no se evidencia que la autoridad demandada incurriera
en una indebida valoración probatoria al interior del proceso de reparación directa
ni tampoco se advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales de los
accionantes.
Consideró en lo referente al defecto procedimental absoluto y por exceso ritual
manifiesto que aduce la parte actora, que ni en las contestaciones de la demanda
ni en la fijación del litigio se demostró la aceptación de las partes procesales frente
al lugar en donde ocurrieron los hechos, así como tampoco, que los demandantes
manifestaran su inconformidad frente a la providencia que negó la inspección
judicial con la interposición del recurso de apelación.
Agregó que, era pertinente recordarle a la parte accionante que la negativa ante la
solicitud de inspección judicial obedeció a que en primera instancia no se determinó
como necesaria la práctica de dicha prueba, toda vez que, para comprobar el lugar
de ocurrencia de los hechos, se decretaron diversas pruebas, y en particular, la
declaración de un testigo presencial que finalmente se contradijo, por lo que, la
presentación de esa petición en segunda instancia resultaba improcedente, pues no
se cumplía con ninguna de las causales previstas por el artículo 212 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto al defecto procedimental absoluto porque no se decretó de oficio la
prueba que permitiera corroborar el lugar de ocurrencia de los hechos, advirtió que,
según lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga
probatoria corresponde a la parte demandante; por consiguiente, no podían los
accionantes pretender que a través de este mecanismo constitucional se corrigiera
su descuido y se invirtiera la carga de la prueba a la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, consideró que no se configuró el defecto procedimental absoluto,
pues el Tribunal fundamentó su decisión en las pruebas allegadas al proceso de las
cuales concluyó que, en efecto, no existían elementos suficientes que acreditaran
el lugar donde aparentemente ocurrieron los hechos.
2.3. La impugnación10
10
Índice 00025, ibidem.
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Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la impugnan para que se
revoque y, en su lugar, se conceda el amparo deprecado.
Argumentan que configura un defecto fáctico por contradicción interna y omisión en
la valoración probatoria, teniendo en cuenta que, el fundamento central de las
sentencias judiciales fue la supuesta falta de certeza sobre el lugar del accidente,
circunstancia, que según se expone impidió declarar la existencia de una falla en el
servicio.
No obstante, el Juzgado Noveno Administrativo en el acta 85 del 25 de mayo de
2017, correspondiente a la celebración de la audiencia inicial, negó la práctica de la
inspección judicial que solicitaron expresamente, argumentando que, existía
suficiente material probatorio sobre el lugar de los hechos, tales como fotografías y
un testimonio presencial, ello con base en lo previsto en los artículos 236, incisos 2
y 4 del Código General del Proceso.
Lo anterior, demuestra que, en ese momento el sitio del accidente no se consideró
como un hecho problemático ni materia de controversia probatoria, por lo que, no
era necesario practicar una diligencia adicional, esa valoración genera una cosa
juzgada procesal interna sobre la delimitación del objeto del litigio, siendo así, no
puede admitirse que las autoridades que negaron la prueba por innecesaria años
después sustenten la denegación de justicia en la supuesta indeterminación de ese
hecho, cuya discusión se excluyó por decisión judicial, lo cual, constituye un
razonamiento circular, contradictorio y carente de coherencia lógica y jurídica, que
según la jurisprudencia configura un defecto fáctico por indebida o irracional
estimación probatoria.
El Tribunal incurrió en defectos procedimentales graves al negar nuevamente la
inspección judicial, sin tener en cuenta la decisión de primera instancia, que la
consideró innecesaria no porque la parte demandante haya omitido pedirla sino
porque lo que se pretendía demostrar con ella, era posible como otros medios de
prueba; indicó que no se podía prever que el a quo cambiaría el eje del debate y
fundaría su fallo en una duda que antes había descartado.
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Indicó que, el juez de tutela omitió evaluar ese desequilibrio procesal, aceptando
una lectura rígida y mecánica del procedimiento, en abierta contradicción con los
artículos 229 de la Constitución y 176 del Código General del Proceso que imponen
al operador jurídico dictar sentencia conforme a los hechos y pruebas que hayan
sido debidamente debatidos, sin introducir argumentos nuevos o vacíos no
atribuidos a la parte procesal sino a decisiones jurisdiccionales previas.
Adicionalmente, evidenció una contradicción interna grave en la providencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de
septiembre de 2024, teniendo en cuenta que, el fallador sostiene que la falta de
certeza sobre el lugar de los hechos no permite imputar responsabilidad a las
entidades demandadas; sin embargo, al mismo tiempo se niega a ejercer sus
facultades para decretar pruebas de segunda instancia, las que le asisten conforme
al artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), específicamente rechazó la práctica de la inspección
judicial, probanza que permitiría esclarecer el hecho que considera indeterminado,
y luego sustenta su decisión de fondo precisamente en esa falta de claridad.
Así mismo, el acervo probatorio permite afirmar, con base en precedentes del
Consejo de Estado, que existe responsabilidad del Estado por omisión en el deber
de señalización vial y, en este caso se demostró (i) la existencia de reductores de
velocidad sin señalización adecuada, en sector residencial cercano al hospital; (ii)
las lesiones permanentes causadas al señor Henry Guzmán que afectan su
integridad y proyecto de vida; y (iii) la existencia de un contrato estatal que
expresamente obligaba a instalar reductores, así como registro fotográfico del
avance y finalización de la obra, elementos que no fueron aportados por la
administración.
Finalmente indica que, negar el amparo revictimiza a quien sufrió un daño
antijurídico y valida un uso excesivo de las formas procesales como barrera para el
acceso a la verdad judicial y a la reparación integral, ello constituye un ritual
manifiesto regresivo y contrario al bloque de constitucionalidad.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
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En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201914 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2. La acción
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema Jurídico
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 26
de septiembre de 2024, por medio del cual, el Tribunal Administrativo del Tolima
decidió en segunda instancia, el medio de control de reparación directa con radicado
73001-33-33-33-009-2015-00035-01 promovido por los señores Henry Guzmán,
Nuri Luz Martínez Negrette y Henry Andrés, Miguel Josué Lilly Gabriela y Cindy
Alejandra Guzmán Martínez en contra del municipio de Ibagué, Seguros Generales
Suramericana S. A. y el señor Élver David Ferro Rodríguez, en el sentido de
confirmar la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la
defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, invocadas en la solicitud de
amparo.
11
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente”.
12
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
13
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
14
Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.
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3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional,
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual, sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir, cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
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de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Así mismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
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Demandante: Henry Guzmán y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales15, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos17.
3.5. Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a
15
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
17
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
12
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que fue expedida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en razón a que la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 15 de octubre de 202418 y la solicitud de
amparo se presentó el 4 de abril de 2025, es decir, dentro de un término prudencial
de cinco meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y defecto
procedimental absoluto invocadas por la parte actora.
3.5.1. Defecto fáctico
Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».19
La Corte Constitucional ha sostenido que el referido vicio contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en
que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra20.
En el presente caso los impugnantes sostienen que, en la decisión reprochada se
configura un defecto fáctico, toda vez que hay una contradicción interna y una
omisión en la valoración probatoria, pues el fundamento central para negar las
pretensiones fue la falta de certeza sobre el lugar donde ocurrieron los hechos,
circunstancia, que según se expone en las sentencias de instancia, es la razón
principal que impidió declarar la falla en el servicio.
18
Constancia de ejecutoria expedida por la secretaria del Tribunal Administrativo del Tolima, visible en el índice 00009 de la
Plataforma SAMAI.
19
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
20
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
13
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Pues bien, la autoridad accionada, en el asunto ordinario que nos ocupa encontró
acreditado el daño antijurídico causado a los demandantes, por lo que, procedió a
analizar si se estructuraba una falla del servicio, título de imputación bajo el cual,
determinó debía estudiarse el caso, en efecto indicó respecto al acervo probatorio:
«[...] observa esta Corporación que en los hechos de la demanda se indicó que el día 01 de
julio de 2013, el señor HENRY GUZMAN iba conduciendo una bicicleta cuando sufrió un
accidente de tránsito al caer de la misma, mientras transitaba en la carrera 6ª entre calles 56
y 57, y al no haber señalización de unas bandas sonoras o también llamados reductores de
velocidad que se encontraban realizando, conllevó a que cayera de forma abrupta
provocándole las lesiones por las que hoy reclama.
Al respecto, la Juez de primera instancia, advirtió que al revisar el formato de traslado de
ambulancia, se desprende que allí se consignó que el señor HENRY GUZMÁN fue recogido
en la calle 60 con carrera 6ª, es decir, casi tres cuadras después de donde afirman los
demandantes que ocurrieron los hechos, lo que evidentemente dilucida una inconsistencia
del lugar donde realmente sucedió el accidente.
Para lo cual el demandante en su recurso de apelación señala, que si bien el A Quo,
consideraba que existía duda del lugar donde ocurrieron los hechos, debió haber dado
credibilidad a lo consignado en el periódico Q´ HUBO, donde se precisó el accidente de
tránsito acaeció en la carrera 6ª entre calles 56 y 57, y que si esto no era suficiente, de forma
oficiosa debió haber decretado una inspección judicial en aras de determinar con claridad y
exactitud la dirección.
Para lo cual, encuentra la Sala que le asiste razón al A Quo al haberle surgido duda del lugar
donde ocurrieron los hechos, pues se encuentra acreditado que el lugar donde fue la
ambulancia recogió al señor HENRY GUZMÁN fue en la calle 60 con carrera 6ª y no en la
señalada por los demandantes, sin que sea válido tener como prueba la noticia o recorte de
prensa por el periódico Q’ hubo, para confirmar el lugar donde ocurrieron los hechos».
Consideró el Tribunal que la decisión del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Ibagué de no otorgarle valor probatorio a la publicación efectuada por el
Periódico Q’Hubo resultaba ajustada al criterio jurisprudencial que sobre la materia
estableció la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 13 de agosto
de 2024, en el proceso con radicado 18001-23-31-000-2011-00117-02 (68.668), así:
La autoridad demandada con base en lo anterior estimó que la mencionada noticia
por sí sola no era suficiente para determinar el lugar de ocurrencia de los hechos,
carga que le correspondía a la parte actora y que tampoco resultaba procedente lo
alegado por los apelantes en el sentido de que el a quo debió decretar de forma
14
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oficiosa una prueba para corroborar el acaecimiento de los hechos, ya que «no se
puede pasar por alto que en (sic) la jurisdicción contenciosa administrativa se basa
en el principio de justicia rogada, y en este caso, son los accionantes quienes
pretenden [demostrar] la falla del servicio que le es endilgada a las demandadas».
Igualmente, el Tribunal indicó que las fotografías allegadas al plenario no eran
convincentes ni cumplían con los requisitos para tenerlas como medio de prueba,
dado que, la simple manifestación en la demanda no demostraba que efectivamente
pertenecían al lugar y fecha de los hechos; por tanto, no era de recibo el argumento
de los demandantes, según el cual «el simple hecho de no haber sido refutadas
[obligaba a que fueran valoradas]»; en consecuencia, era necesario que se aportara
otro elemento probatorio que complementara y ratificara su contenido, pero como
así no lo hicieron, resolvió no tenerlas en cuenta.
Agregó que, aún de haberse establecido de manera fehaciente el sitio de los
hechos, ello no daba lugar a tener por acreditada la falla del servicio que se le
imputaba a los demandados, la cual, radicaba en la presunta omisión en la
«señalización de la obra respecto a las bandas sonoras o reductores de velocidad
que se encontraban realizando en la vía donde ocurrió el accidente», por las
siguientes razones:
«[...] en primer lugar, porque durante el interrogatorio de parte, el señor HENRY GUZMÁN
precisó que no recordaba si habían (sic) o no señales de tránsito donde se accidentó.
Y, en segundo lugar, de la historia clínica del Hospital Federico Lleras Acosta al momento
en el que fue atendido el señor HENRY GUZMÁN se consignó que el paciente se desplazaba
en bicicleta a alta velocidad y perdió el control al pasar por reductores de velocidad[...]»
Concluyó el Tribunal de lo anterior, que el señor Guzmán no tenía certeza si el día
del accidente había señales de tránsito que le permitieran prever la existencia de
reductores de velocidad, además «iba en exceso de velocidad perdiendo el control
al pasar por dichos reductores, afirmación que él mismo hizo el día de la ocurrencia
de los hechos» de lo que se podía deducir que ello «fue lo que conllevó a que no
pudiera reaccionar causándole las lesiones por las que hoy demanda».
De lo expuesto se colige que, el Tribunal determinó que no había lugar a declarar la
responsabilidad extracontractual del Estado en el medio de control de reparación
directa con radicado 73001-33-33-009-2015-00035-01, porque no se acreditaron los
elementos constitutivos de la falla en el servicio atribuida al municipio de Ibagué,
15
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Seguros Nacionales Suramericana S. A. y al señor Élber David Ferro Rodríguez,
comoquiera que, los accionantes ni siquiera probaron el sitio de ocurrencia de los
hechos tampoco demostraron la inobservancia de las normas, la falta de
señalización o conservación de la vía, carga de la prueba que recaía exclusivamente
en la parte demandante.
En ese orden de ideas, la Sala considera que, el Tribunal demandado se ciñó a los
mandatos legales y jurisprudenciales para analizar la responsabilidad del Estado
por la presunta falla en el servicio alegada, con fundamento en las pruebas que
fueron aportadas y practicadas en el proceso, motivo por el cual, no se observa
probado el defecto fáctico alegado en la demanda.
Por otro lado, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya apreciado las pruebas en el sentido que pretendía la parte actora
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, teniendo en cuenta que, en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de estudiar la
pertinencia utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el
proceso, así como, la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.
En consecuencia, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están
precedidas de una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas
recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean
evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el
presente caso. Acerca de este aspecto la Corte Constitucional 21 hizo el siguiente
pronunciamiento:
«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labro, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
21
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
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[...]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto».
Siendo así, es el juzgador de la causa el que puede apreciar y valorar de la forma
más acertada el material probatorio que obra dentro de un proceso, sin que al juez
de tutela le esté permitido «convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del [operador judicial] que ordinariamente conoce de un
asunto» o para cubrir las falencias en que hayan incurrido las partes en un juicio,
como lo plantean los accionantes en esta oportunidad.
3.5.2. Defecto procedimental
Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos por extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales»,22 es decir, se privilegian aspectos
formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la
administración de justicia.23
La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha dicho que en la causal por defecto procedimental deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii)
que el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar
derechos constitucionales fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada, salvo que las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que como
consecuencia de lo anterior, se vulneran garantías superiores;24 y (v) que, no puede
ser atribuible al afectado el desconocimiento del procedimiento que se arguye. 25
En el asunto sub examine los accionantes aducen que en la providencia
cuestionada se incurrió en defecto procedimental, al negar nuevamente la
22
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla..
24
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
17
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inspección judicial, sin tener en cuenta que en primera instancia se consideró
innecesaria y sin que se pueda señalar que, como parte demandante haya omitido
pedir su decreto y tampoco que podía prever que el a quo cambiaría el eje del
debate y fundaría su fallo en una duda que antes había descartado.
En la sentencia objeto de censura en el acápite denominado «TRÁMITE EN
SEGUNDA INSTANCIA» se señaló que, mediante auto del 30 de noviembre de
2021, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se
resolvió negar las pruebas solicitadas, por lo siguiente:
«SEGUNDO. - NIÉGUESE la prueba solicitada por la parte demandante en segunda
instancia, teniendo en cuenta que no se presenta dentro de la oportunidad procesal
establecida para ello, ni se encuentra comprendida en los casos contemplados en el artículo
212 del C.P.A.C.A., toda vez que: i) el a quo en la audiencia inicial, celebrada el 25 de mayo
de 2017 negó la solicitud de inspección judicial y la necesidad de obtener el nombre del
fotógrafo que publico las fotos en el periódico el Q’HUBO, estas pruebas fueron
desestimadas de conformidad con lo dispuesto en los incisos 2 y 4 del articulo 236 del CGP
y el articulo 212 ibidem, decisión que no fue recurrida por la parte actora, y ii) respecto de la
prueba testimonial se evidencia que, claramente fue decretada en primera instancia, sin
embargo, la parte demandante no cumplió con la carga de hacer comparecer a los testigos
a la audiencia de pruebas, por lo tanto, estas situaciones hacen que sea improcedente su
solicitud».
Así mismo, indicó el Tribunal que contra esa decisión los demandantes impetraron
recurso de reposición que se desató mediante providencia del 6 de octubre de 2022,
en el sentido de no reponerla, por las siguientes razones:
«Descendiendo al caso en concreto, como un primer argumento del recurrente indica que la
petición de prueba fue presentada dentro del término que establece el artículo 212 de la Ley
1437 de 2011 pues a su juicio lo presentó dentro del término de ejecutoria proferido por el
juez de primera instancia y con antelación al auto proferido por esta corporación.
Previamente es menester hacer claridad sobre las providencias que se profieren luego de
proferirse la sentencia de primera instancia, para lo cual, resulta imperioso hacer
transcripción literal del artículo 247 ibidem [...]
Con el artículo transcrito, se quiere resaltar que el auto que concede recurso de apelación y
el auto que admite el recurso de alzada son dos providencias distintas proferidas por dos
instancias diferentes, pues el primero de ellos lo profiere el juez de conocimiento cuando
encuentre que el recurso fue interpuesto dentro del término legal y el segundo, lo emite el
superior.
Teniendo claro las providencias que se dictan dentro del trámite del recurso de apelación
contra sentencias, a efectos de conocer la oportunidad procesal que tiene las partes para
solicitar pruebas, resulta viable remitimos al artículo 212 del C.P.A.C.A. [...]
Bajo lo anterior, resulta claro entonces que la oportunidad de solicitar pruebas en segunda
instancia es dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación,
providencia que como quedó anteriormente expuesto es el juez de segunda instancia que la
profiere, en tanto, será dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este que el
interesado deberá presentar su solicitud.
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Para el caso en concreto, revisado el expediente se encuentra que el auto que concedió el
recurso de apelación proferido por el Juzgado Noveno Administrativo de este Circuito Judicial
fue expedido el 17 de marzo de 2021 y el escrito presentado por el apoderado de la parte
demandante solicitando la práctica de pruebas radicado el 23 del mismo mes y año, lo que
significa la solicitud probatoria presentada por el recurrente fue dentro del término de
ejecutoria de la providencia que concedió la alzada y NO dentro del término de ejecutoria del
auto que admitió la demanda que data del 30 de noviembre de 2021, tal y como lo prevé el
artículo 212 de la Ley 1437.
Ahora bien, el otro argumento expuesto por el apoderado de la parte actora es que la prueba
de inspección judicial no fue decretada porque la juez de primera instancia al considerarlo
innecesaria pues no había sido objeto de contradicción ni oposición por la parte demandada.
Al respecto, la práctica de pruebas en segunda instancia ha sido considerada como
excepcional, teniendo en cuenta que solo resultan procedentes siempre y cuando se
configuren algunos de los eventos establecidos en el artículo 212 [...]
Al respecto, advierte el despacho que la solicitud de inspección judicial indicada en el recurso
de alzada, no se enmarca en ninguno de los requisitos del artículo 212 multicitado, ya que
no se refiere a hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad probatoria de primera
instancia, así como tampoco se hace referencia a que la misma no se haya podido aportar
por caso fortuito o fuerza mayor, razón por la cual, se mantendrá la decisión recurrida.
No obstante, lo anterior, valga recordar que si esta instancia al momento de decidir el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el sub lite en primera instancia,
considera necesaria la prueba para decidir de fondo, será decretada de oficio de conformidad
con el artículo 213 del C.P.A.C.A».
Ahora, conforme se desprende del contenido de los proveídos cuyo contenido se
transcribe, se tiene que, la alegación referente a la ocurrencia de un defecto
procedimental, que la parte actora hace consistir en que el Tribunal al examinar el
asunto aplicó un excesivo ritual manifiesto al considerar que lo único que permitiría
demostrar la falla en el servicio era la identificación plena del lugar de ocurrencia
del accidente, sin tener en cuenta que es un hecho probado desde la audiencia
inicial que se celebró el 25 de mayo de 2017 y porque no decretó de oficio la práctica
de una inspección judicial, es decir, pretendió imponerle una carga probatoria, sin
tener en cuenta los derechos fundamentales quebrantados, no tiene vocación de
prosperidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo señaló la primera instancia ni en las
contestaciones a la demanda ni en la fijación del litigio se llegó a un consenso entre
las partes respecto al sitio en donde acaecieron los hechos y tampoco se acreditó
que, los accionantes impugnaran la decisión de no decretar la inspección judicial,
es más, en el escrito de tutela manifiestan que los sujetos procesales guardaron
silencio frente a ello.
Así mismo, en los autos mediante los cuales se negó la práctica de pruebas en
segunda instancia, el Tribunal señaló que, la solicitud de práctica de inspección
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judicial no se enmarcaba en ninguno de los requisitos previsto en el artículo 212 de
la Ley 1437 de 2011, debido a que no se refería a hechos ocurridos con
posterioridad a la etapa probatoria de primera instancia y tampoco manifestó que
no se hubiera podido aportar por caso fortuito o fuerza mayor. Y, en la sentencia
que resolvió el fondo del asunto, después de un estudio exhaustivo del caudal
probatorio, de las disposiciones legales y de los precedentes judiciales, concluyó
que la parte no cumplió con la carga que le imponía el artículo 167 del Código
General del Proceso, en cuanto le incumbía acreditar los elementos de
responsabilidad de los demandados, esto es, el lugar donde sufrió el accidente, la
existencia o no de señalización de tránsito o de conservación de la vía.
De esta forma, no se encuentra que el Tribunal accionado incurriera en el yerro
deprecado y tampoco se advierte vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto los
accionantes no acreditaron que la providencia del 26 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, hubiere incurrido en los defectos
invocados. Por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 7 de mayo de 2025, a través de la cual, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo de
los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al acceso a la
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administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
invocados por los señores Henry Guzmán, Nuri Luz Martínez Negrette y Henry
Andrés, Miguel Josué Lilly Gabriela y Cindy Alejandra Guzmán Martínez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
21
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