Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02006-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02006-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02006-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02006-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, VIDA, SALUD Y MÍNIMO
VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02006-00
Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida, a la salud y al mínimo
vital, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al
haber proferido la providencia de 28 de octubre de 2024, dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 08001-23-33-003-2015-00091-01.
I.2.- Hechos
Indicó que prestó el servicio militar obligatorio desde el 4 de julio de
1989 en el Batallón Vergara y Velasco y tiempo después realizó el
curso de suboficial llegando hasta el grado de cabo primero.
Aseguró que mientras estuvo prestando sus servicios recibió un
castigo por parte de los comandantes, donde luego de pasar horas
bajo el sol inclemente a más de 40 grados de temperatura y bajo
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02006-00
Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
ejercicios rigurosos, recibió un baño con agua helada, razón por la
que se enfermó y tuvo que ser ingresado en el Hospital Naval de
Cartagena.
Manifestó que se vio en la necesidad de retirarse de la institución por
problemas graves de salud al ser diagnosticado con artrosis
reumatoidea, que en sus inicios fue leve pero se fue agravando con
el tiempo, al no recibir la prestación médica ni el tratamiento
adecuado.
Relató que, como consecuencia de las órdenes emitidas dentro de
una acción de tutela, le fue realizada Junta Médico Laboral y
exámenes que arrojaron una calificación del 100% de la pérdida de
la capacidad laboral, más un 25% de pérdida de la capacidad para
valerse por sí mismo en sus actividades cotidianas.
Señaló que, por lo anterior, promovió junto con su núcleo familiar
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –
Dirección de Sanidad, con el fin de que se declarara responsable a la
entidad por el daño a la salud que padece, el cual fue originado como
consecuencia de la prestación del servicio militar obligatorio y los
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Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
castigos allí recibidos.
Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2015-00091-00 y le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Atlántico que, en sentencia de 18 de mayo de
2018, negó las pretensiones al considerar que si bien se acreditó el
daño sufrido, no se allegó medio de convicción alguno que permitiera
demostrar que dicho menoscabo se originó con ocasión de la
prestación del servicio militar obligatorio, pues no se logró establecer
que el origen de la patología sufrida haya sido el castigo al que fue
sometido.
Relató que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
el cual fue desatado por la SECCIÓN TERCERA que, mediante
providencia de 28 de octubre de 2024, revocó la decisión del a quo
y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control y lo condenó
en costas procesales.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la magnitud del daño soportado es un resultante de la
acción y omisión por parte del Ejército Nacional a través de la
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Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, quien no prestó de forma
oportuna los servicios integrales de salud con ocasión de las
afecciones presentadas durante la prestación del servicio militar y
que lo aquejaron todo el tiempo hasta dejarlo en condición de
invalidez, tal como lo registró la Junta Médica.
Indicó que consta dentro de las pruebas allegadas al expediente que
el Ejército Nacional conoció de manera oportuna las patologías que
padecía, sin embargo, hizo caso omiso a la prestación de servicios
médicos tendientes a brindarle los tratamientos necesarios,
incurriendo en la pérdida de oportunidad para su recuperación.
Igualmente, señaló que lo anterior dio origen a que no fuese tratado
con la oportunidad y diligencia debida, de tal forma que la omisión
del deber legal fue un factor determinante para que se agravara el
daño, desembocando en una pérdida de la capacidad laboral
equivalente al 100%.
Finalmente, destacó que su enfermedad conocida como “Artrosis
Reumatoidea” se fue prolongando en el tiempo y generando cada vez
más deformación de sus manos, pies, cadera, codos, costillas y
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miembros inferiores ocasionándole una invalidez absoluta, lo que
evidencia que la omisión de la institución castrense se configuró en
una falla del servicio, de conformidad con lo expuesto por la
jurisprudencia dispuesta para el asunto.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] ORDENAR AL CONSEJO DE ESTADO CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE
RODRÍGUEZ NAVAS, para que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas, MODIFIQUE la sentencia de fecha 28 de octubre de
2024 del radicado 08001-23-33-000-2015-00091-01 (62546), y
en consecuencia se sirva ajustarse a la línea JURISPRUDENCIAL
de la misma corporación fallando a favor de este servidor de
acuerdo con la analogía del derecho […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, a través de la magistrada Adriana
Polidura Castillo, informó que se posesionó en el cargo desde el 4 de
febrero de 2025, por lo que no fue la ponente de la sentencia
cuestionada, de tal forma que se abstiene de pronunciarse sobre la
solicitud de amparo.
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I.6. Interviniente
I.6.1.- El MINISTERIO DE DEFENSA, vinculado en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó
denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, toda
vez que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
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fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 28 de octubre de 2024 proferida
por la SECCIÓN TERCERA, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2015-00091-01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la salud y al
mínimo vital, toda vez que, a su juicio, la magnitud del daño
soportado es un resultante de la acción y omisión por parte del
Ejército Nacional a través de la Dirección de Sanidad del Ejército
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Nacional, quien no prestó de forma oportuna los servicios integrales
de salud con ocasión de las afecciones presentadas durante la
prestación del servicio militar y que lo aquejaron todo el tiempo
hasta dejarlo en condición de invalidez.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional2, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».3
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación4, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
2
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
3
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [5]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [6].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [7].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [8].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
[5] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[6] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[7] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
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naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó de la
siguiente forma:
“[…] 12-Visto lo anterior se puede verificar la magnitud del daño
soportado por parte del señor Barroso Guzmán, el cual es una
resultante de la ACCIÓN Y OMISIÓN del Ejercito Nacional a
través del ente adjunto denominado Dirección de Sanidad
Ejercito Nacional, ambos organismos son responsables
solidariamente por la no prestación oportuna de los servicios
integrales de SALUD a mi cliente, con ocasión de las afecciones
presentadas durante la prestación del servicio militar, y que lo
aquejaron todo este tiempo hasta dejarlo en una condición de
invalidez, tal como se registra en la junta médica antes
mencionada.
13- Así mismo, consta dentro de las pruebas del proceso
referenciado, que la entidad demandada conoció de manera
oportuna las patologías que padecía el señor Barroso Guzmán,
sin embargo, hizo caso omiso a la prestación de los servicios
médicos tendientes a brindarle los tratamientos necesarios para
su recuperación, incurriendo en la figura jurídica de PÉRDIDA
DEL CHANCE o Pérdida de la Oportunidad para la recuperación
del paciente. Según lo establecido por el Decreto 1796 del 2000,
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Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
todo integrante de las fuerzas militares tras su desincorporación
debe ser sometido a una valoración médica para dictaminar
cualquier tipo de enfermedad o lesión que haya sufrido este en
la prestación del servicio militar.
14- Tal mandato legal fue omitido por la entidad demandada, lo
cual dio origen a que mi cliente no fuese tratado con la
oportunidad y diligencia debida, de tal forma, que la omisión del
deber legal se constituyó en un factor incremental determinante
en el agravamiento del daño y su nexo causal, desembocando
en una pérdida de capacidad laboral de mi cliente equivalente al
100% más una ayudantía para los quehaceres diarios. Tal
invalidez por la que hoy atraviesa mi defendido es producto de
un sinnúmero de errores administrativos por parte de las
entidades mismas del estado, que si bien están instituidas para
cumplir una función específica en la institución castrense, no
cumplen con los fines estatales que fundamentan su creación,
como es el procurar actuar siempre, en función de prestar
servicios de salud de manera inmediata, eficaz y eficiente, los
cuales son principios consignados en la Constitución y la Ley de
obligado cumplimiento.
[…]
Esto quiere decir, que es la notificación del acto administrativo
sancionatorio la que permite establecer si la Administración
actuó antes de que operara la caducidad de la facultad
sancionatoria. Tesis que coincide con lo expuesto en el
pronunciamiento de la Sala Plena de esta Corporación, en el que,
ante la importancia jurídica del tema de la caducidad de la
facultad sancionatoria de la Administración, y la necesidad de
unificación jurisprudencial sobre el mismo, se analizó el ejercicio
de la facultad sancionatoria de la Administración en un proceso
disciplinario”. Luego de concluir que se desconoció el precedente
judicial vertical y el precedente constitucional. Acción de Tutela
– Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2020-
00687-01 Accionante: Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá
Accionado: Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Razones estas que evidencian
un incumplimiento a la carga de ofrecer una justificación
razonable, suficiente y proporcionada para distanciarse de la
postura del órgano de cierre y unificador de jurisprudencia. Así,
resulta evidente la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente vertical, en tanto su respeto era
una obligación por parte de la autoridad judicial accionada, al no
superar los requisitos para, en el marco de su autonomía,
desconocerlo.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02006-00
Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
[…]
Ahora bien, aclarado la parte de la caducidad de la acción de
reparación directa, y la producción del daño que fue donde
esencialmente se inició la controversia, es menester desmenuzar
la teoría causante del daño y que queremos exponer a su señoría
para declarar la responsabilidad patrimonial del estado por las
lesiones y los daños causado por la acción y omisión
administrativa de los entes demandados.
[…]
Es decir una vez el señor Barroso ingresó a la entidad
demandada, es responsabilidad de esta, velar primeramente por
los cometidos estatales, y como segunda medida inspeccionar y
tratar a tiempo todas aquellas lesiones y patologías, que pueda
adquirir el servidor público en el ejercicio de su función pública,
así como garantizar la correcta prestación de los servicios
médicos integrales, tratamientos, planes de promoción y
previsión de enfermedades, que por el campo de acción de los
soldados y agentes del servicio militar, puedan adquirir en zonas
nocivas para la salud.
En este caso en particular se reseña que el actor durante el
servicio, padeció una enfermedad conocida como ARTROSIS
REUMATOIDEA, la cual pese a que es una enfermedad
catalogada como autoinmune, se exacerbó con ocasión de los
castigos que recayeron sobre la humanidad de mi cliente, quien
después de haber realizado fuerte actividad física a plena luz del
día, seguidamente era sometido a baños de agua helada, como
medio de castigo en el ejército nacional, dichos cambios bruscos
de temperatura permitieron que la enfermedad fuera ganando
terreno en el organismo de mi poderdante, acompañado de un
deficiente seguimiento a la salud y recuperación del señor
Barroso Guzmán, con la omisión en la correcta prestación del
servicios de salud, y los tratamientos médicos a tiempo que
garantizaran una recuperación de su enfermedad,
desencadenando ello, en un agravamiento de los daños
generados en la humanidad del ex militar, deformando manos,
pies, cadera, codos, costillas, miembros inferiores, ocasionando
un daño que se prolongó en el tiempo dejándolo en un estado
de postración e invalidez absoluta, que afecta su
desenvolvimiento en el desarrollo de sus quehaceres diarios y
por ello debe apoyarse en otras personas, para su realización.
[…]”.
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Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que en el escrito
introductorio la parte actora se limitó a afirmar que el Ejército
Nacional incurrió en una falla del servicio al omitir prestarle la
atención médica necesaria y oportuna a su patología, por lo que se
debió acceder a las pretensiones dentro del medio de control de
reparación directa.
Para el efecto, el actor afirmó que la SECCIÓN TERCERA accionada
vulneró sus derechos fundamentales, sin especificar concretamente
en qué yerro o en qué defecto incurrió la autoridad judicial accionada.
Así las cosas, es del caso advertir que no basta con que la parte
actora realice una remisión al tema objeto de debate dentro del
proceso ordinario, afirmando que la decisión controvertida
desconoció sus derechos fundamentales, por cuanto dicha afirmación
no identifica en qué forma la SECCIÓN TERCERA incurrió en algún
defecto ni en qué manera tal decisión desfavorable desconoció sus
derechos fundamentales.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02006-00
Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 20199, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los accionantes
les corresponde argumentar, al menos, de forma sucinta, en qué
forma la autoridad judicial incurrió en algún defecto al proferir la
providencia con la cual estiman vulnerados sus derechos
fundamentales.
Así las cosas y comoquiera que la Sala advierte que el escrito
primigenio de tutela carece de la argumentación que permita al juez
constitucional estudiar en concreto la inconformidad de la parte
actora, es menester precisar que dicha falencia argumentativa no
puede ser suplida por el juez de tutela, habida cuenta que si bien es
cierto que la acción de tutela se caracteriza por la flexibilización de
formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales,
en tratándose de cuestionamientos dirigidos contra providencias
judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un
examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-03-15-
000-2018-03615-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02006-00
Actor: JOSÉ DAVID BARROSO GUZMÁN
en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales, máxime si no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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