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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02009-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02009-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 21 Sentencia SU-074 de 2022. 22 Sentencia SU-072 de 2018. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-02009-00 SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la referencia interpuesta contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Magdalena por no superar el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02009-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de octubre de 2025

Demandantes: Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02009-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02009-00
Demandantes: CARLOS ARTURO RODGERS PATERNOSTRO Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Se decide en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros1, a través de apoderada
judicial2, instauraron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin
de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana.

Lo anterior, con ocasión del auto del 18 de noviembre de 2024, proferido por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que confirmó la
providencia del 14 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, la cual, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 47001-23-33-000-2019-00484-
00/01/02.

1 En conjunto con los señores Ricardo, Francisco Dolcey y Brina del Rosario Barros
Paternostro, Gala y María del Socorro Paternostro Aragón.
2
Índice 8 de Samai. Según poderes conferidos mediante presentación personal el 31 de marzo
y 1° de abril de 2025 ante la Notaria Primera del Círculo de Santa Marta.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02009-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:

2º. Que, en consecuencia, de lo anterior, se revoque la decisión de la
providencia, que declara caducidad de la acción de fecha 14 de febrero de
2024, emitida del Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Magdalena MP. ADONAIS FERRAI PADILLA. Y la que confirma esta
decisión en trámite de apelación SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B, MP. DR. ALBERTO MONTAÑA PLATA del expediente
con radicados 47001-23-33-000-2019 00484-00, 47001-23-33-000-2019-
00484-01, 47001-23-33-000-2019-00484-02.

3. Que se ordene al Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Magdalena, MP. Adonáis Ferrari Padilla, que se disponga a admitir
demanda de Reparación directa dentro del radicado 47001-23-33-000-
2019-00484-00, 47001-23-33-000-2019-00484-01, 47001-23-33 000-
2019-00484-02.3

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará:

El señor Francisco Paternostro Odorizzi (Q.E.P.D.) figuraba como propietario
de los predios «Oceania», «Primavera» y «Chibolo Casa» ubicados en el
municipio de Chibolo (Magdalena), sobre los cuales, ejerció la propiedad y
explotación hasta que fue hostigado por personas ajenas con apoyo de grupos
al margen de la ley, como se narra en la demanda del proceso de reparación
directa.

A través de Resolución 03815 del 25 de octubre de 1982, el INCODER inició
un procedimiento administrativo tendiente a clarificar la situación jurídica de la
propiedad de múltiples terrenos, entre ellos, se encontraban aquellos cuya
titularidad reputaba en cabeza del señor Paternostro Odorizzi.

Por medio de Resolución 02124 del 10 de mayo de 1984, la mencionada
entidad declaró que estos predios no habían salido del patrimonio del Estado
y, por tanto, ostentaban el carácter de baldíos, por lo que, requirió al
Registrador de Instrumentos Públicos de la Seccional de Plato para que
procediera a la cancelación del registro de las escrituras correspondientes a
los terrenos involucrados.

Puntualmente, sobre los predios que reputaban bajo titularidad del señor
Paternostro Odorizzi, el INCODER precisó que:

3 Transcripción del texto original que puede contener errores.

2

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Demandantes: Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
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[E]l actual y presunto propietario adquirió solamente los derechos y acciones
que le pueden corresponder en el juicio de sucesión doble de los señores
JOSE DEL CARMEN MARTÍNEZ y RITA CHIQUILLO DE MARTÍNEZ. En tales
circunstancias, no se ha transmitido el derecho de dominio; tan solo existe la
simple expectativa de aquel.

El anterior acto administrativo fue objeto de recurso de reposición interpuesto
por el apoderado del señor Paternostro Odorizzi y se confirmó a través de la
Resolución 4695 del 27 de septiembre de 1984.

Con ocasión de la anterior actuación administrativa, los herederos del señor
Paternostro Odorizzi interpusieron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional
de Tierras (en adelante ANT) para que se les indemnizara por los perjuicios
derivados del proceso de clarificación de la propiedad previamente descrito.

El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Magdalena el cual, en proveído del 16 de diciembre de 2019,
resolvió inadmitir la demanda y concedió un término de subsanación en el
sentido de aportar los documentos que acrediten la calidad de herederos del
señor Paternostro Odorizzi, indicada por los demandantes.

En auto del 1 de febrero de 2021 y ante la omisión en la corrección del escrito
inicial, el tribunal rechazó la demanda. Contra esta decisión, la parte actora
interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B. Este último, por medio de providencia del 1
de marzo de 2023, revocó la decisión del a quo al observar que los accionantes
anexaron al líbelo introductorio sus registros civiles, probando el parentesco
que tenían con el señor Paternostro Odorizzi.

En seguimiento de la decisión de segunda instancia, el tribunal accionado
efectuó el estudio de admisibilidad de la demanda en auto del 14 de febrero
de 2024. En tal sentido, rechazó el medio de control al advertir que había
operado la caducidad.

A partir del contenido de la demanda, concluyó que el conocimiento del hecho
dañoso se remontaba a la expedición de la Resolución 4695 del 27 de
septiembre de 1984, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
la decisión que declaró que los predios no habían salido del patrimonio estatal.
Como dicha resolución fue debidamente notificada, el tribunal consideró que
el término de caducidad de dos años debía contarse desde el 14 de noviembre
de 1984, fecha para la cual el extremo demandante ya estaba al tanto del daño.

Por consiguiente, la parte actora presentó recurso de alzada, alegando la
conexidad entre la actividad del Estado y el desplazamiento forzado del grupo
familiar demandante. Así, la decisión de rechazo por caducidad fue confirmada

3

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02009-00

en auto del 18 de noviembre de 2024 dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.

La autoridad judicial accionada señaló que el daño alegado se deriva
exclusivamente de la actuación administrativa de clarificación de la propiedad
que adelantó el INCODER, cuya decisión definitiva se adoptó en 1984, fecha
referente para el conteo de la caducidad.

Sobre esa base, señaló que al haber sido radicada la demanda el 15 de julio
de 2019, había transcurrido el término de dos años previsto para ejercer el
medio de control de reparación directa. Agregó que no se demostró que los
actores estuvieran en imposibilidad de acudir a la jurisdicción en tiempo y
recordó que desde el 1 de junio de 2012 ya habían puesto en conocimiento de
la Fiscalía la situación de orden público en la zona, lo que evidenciaba que, al
menos desde esa fecha, contaban con los elementos para formular su
reclamación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La anterior providencia fue notificada por estado el 13 de diciembre de 20244.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo del
Magdalena y su confirmación por parte del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, al considerar que ambas autoridades judiciales
incurrieron en un defecto fáctico y desconocieron el precedente aplicable sobre
el tratamiento del desplazamiento forzado.

Reprochó la afirmación del auto de segunda instancia en el cual se indicó que
la demanda de reparación directa carecía de claridad sobre los daños
alegados, pues esto debió indicarse en el estudio de admisión adelantado por
el tribunal accionado para subsanar el escrito. Además, refirió que tal
afirmación implica un defecto fáctico toda vez que, tanto en los hechos como
en las pruebas, se indicó la situación de violencia que dio lugar al
desplazamiento forzado de la familia Paternostro, situación que
instrumentalizó el INCORA a través del proceso administrativo de clarificación
de la propiedad.

En relación con el defecto fáctico, afirmó que en el medio de control ordinario
se omitió la valoración y el debate de la prueba documental en la que se
registró la inspección judicial realizada por el INCORA el 1 de abril de 1982 en
el predio «Oceanía» y sus anexidades, y que da constancia de los hechos de
violencia que condujeron al abandono del terreno.

4 Se comunicó el estado por correo electrónico el 10 de diciembre de 2024. Índices 7 y 8 de

Samai. Radicado 47001-23-33 000-2019-00484-02.
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02009-00

Sostuvo que las resoluciones señaladas al interior de la demanda de
reparación directa constituyen un despojo institucional de los predios que
pertenecían al señor Paternostro Odorizzi, por lo cual la acción de reparación
por los daños causados no está sujeta a término de caducidad en vista del
desplazamiento forzado que persiste.

Insistió en que el Consejo de Estado ha reconocido que el desplazamiento
forzado implica una excepción a la regla general de la caducidad y que, en los
eventos de daño continuado, no se debe negar la reparación cuando el
conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen.

Finalmente, citó fragmentos de las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional T-004 de 2025, T-083 de 2017, T-129 de 2019, SU-179 de 2021,
SU-254 de 2013, C-588 de 2019, C-980 de 2010 y de la proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C el 20 de marzo de 2018
en el expediente con radicado 05001-23-33-000-2017-02487-01.

1.5. Admisión de la demanda

A través de auto del 21 de abril de 2025, la magistrada ponente dispuso
inadmitir la acción para que la parte actora aportara en debida forma los
poderes otorgados a su apoderada, bien sea mediante mensaje de datos o
con la presentación personal de los mismos.

Allegado lo solicitado por los accionantes, mediante proveído del 12 de mayo
de 2025 se resolvió admitir la solicitud de amparo y, en consecuencia: (i)
notificar de la acción de tutela al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Magdalena; (ii) vincular en
calidad de tercero con interés a los demandantes y demandados del medio de
control ordinario; (iii) requerir al a quo y al ad quem del proceso de reparación
directa para que remitieran el expediente identificado con el radicado 47001-
23-33-000-2019-00484-00/01/02; y (iv) reconocer personería para actuar a la
abogada Nancy Sánchez Bermúdez en calidad de apoderada judicial de la
parte actora.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el
auto admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos
procesales5, en virtud de los cuales se recibieron los siguientes:

5 Índices 13 y 26 del expediente de Samai.

5

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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado ponente refirió que la providencia cuestionada y el expediente
de la respectiva acción de reparación directa, contienen los argumentos y
elementos necesarios para adoptar la decisión de tutela.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

La autoridad judicial afirmó que la acción de tutela debe ser declarada
improcedente, por cuanto la parte actora pretende utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional para variar el sentido de
decisiones debidamente fundadas.

Indicó que al interior del medio de control de reparación directa se persiguió la
reparación de los perjuicios ocasionados por la falla del servicio de la
administración que condujo a la falta de explotación económica y la pérdida de
la propiedad de los predios objeto del procedimiento administrativo de
clarificación adelantado por el INCODER, sin cuestionar la legalidad de los
actos administrativos proferidos en su trámite.

Por tanto, precisó que, en seguimiento de la jurisprudencia del Consejo de
Estado en torno a estos casos, rechazó la demanda al determinar que los
accionantes tuvieron conocimiento del daño alegado a partir de 1984,
contando desde tal fecha el término de caducidad ampliamente superado en
el momento de interposición de la acción.

Subrayó que las pretensiones de reparación directa no estaban encaminadas
a la atribución de responsabilidad al Estado por desplazamiento forzado y que,
de ser así, en todo caso la acción habría caducado. Recordó que la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 y la sentencia
SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional dispusieron que, aun tratándose
de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra imputables al
Estado, el término de caducidad es exigible, salvo que se pruebe una
imposibilidad material de acudir a la justicia, circunstancia que en el caso no
se acreditó.

1.6.3. Agencia Nacional de Tierras

La entidad resaltó que la acción de tutela se dirige contra decisiones judiciales,
por lo cual no ha desplegado conducta alguna que tenga incidencia sobre los
derechos fundamentales de los accionantes. En línea con lo anterior, enfatizó
que su vinculación al proceso se dio en calidad de tercero con interés y no
como extremo pasivo de la solicitud de amparo. Por tanto, solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.

6

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1.6.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio solicitó ser desvinculado del trámite de la tutela argumentando
que no ha tenido participación en el proceso judicial cuestionado, dado que no
fue notificado de la demanda de reparación directa al haberse rechazado por
caducidad. Por tanto, sostuvo que no se le puede atribuir responsabilidad en
la presunta vulneración de derechos fundamentales y que existe falta de
legitimación pasiva en lo que a sí respecta.

1.6.5. Luis Alberto Riascos Rodgers, Estella María Paternostro Andrade,
Piedad Paternostro Aragón y Piedad Paternostro Aragón

En memorial allegado por los nombrados, solicitaron que se concedan las
pretensiones elevadas en el escrito tutelar y ratificaron la veracidad de los
hechos que en este se relataron.

1.7. Trámite al interior de la segunda instancia y declaratoria de nulidad

A través de auto proferido el 12 de agosto de 2025 por la Sección Tercera,
Subsección A de esta Corporación, se declaró la nulidad de la sentencia de
primera instancia dictada el 19 de junio de 2025 y las actuaciones surtidas con
posterioridad a esta, «a fin de que la Sección Quinta del Consejo de Estado
integre en debida forma el contradictorio».

Lo anterior, tras advertir que no se notificó en debida forma de la presente
acción de tutela a los señores Ramiro Paternostro Aragón, Edgardo Rodgers
Paternostro, Johny Rodgers Paternostro y Francisco Paternostro Andrade, y
se omitió vincular a los señores María Bernarda Barros Paternostro, María de
Jesús Rodgers Paternostro, Carlos Eduardo Cabas Rodgers y Carlos Alberto
Riascos Rodgers.

Así las cosas, a través de auto del 1 de septiembre de 2025, la Magistrada
Ponente de primera instancia, ordenó la notificación de los mencionados. Sin
embargo, puesto que no se corroboró que las notificaciones se surtieran a la
dirección personal de los implicados, por medio de proveído del 19 de
septiembre de 2025, se requirió a la apoderada de la parte actora para que
indicara los datos de notificación de los señores Ramiro Paternostro Aragón,
Edgardo Rodgers Paternostro, Johny Rodgers Paternostro y Francisco
Paternostro Andrade y Carlos Alberto Riascos Rodgers para su respectiva
notificación.

En vista de las anteriores gestiones, la Secretaría notificó a los mencionados
de la siguiente forma:

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Demandantes: Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros
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Tercero con Correo electrónico Fecha N°
interés notificación
Ramiro nancyes54@yahoo.com 2/09/2025 124518
Paternostro
elsaiehhorlandyasesoriaj@gmail.com 2/09/2025 124556
Aragón
nancyes54@yahoo.com
Valarey94@hotmail.com 30/09/2025 140359

Edgardo nancyes54@yahoo.com 2/09/2025 124518
Rodgers elsaiehhorlandyasesoriaj@gmail.com 2/09/2025 124556
Paternostro nancyes54@yahoo.com
May-2096@hotmail.com 30/09/2025 140357
Johny Rodgers nancyes54@yahoo.com 2/09/2025 124518
Paternostro elsaiehhorlandyasesoriaj@gmail.com 2/09/2025 124556
nancyes54@yahoo.com
Notificación por aviso 3/10/2025 Índice 66
Francisco nancyes54@yahoo.com 2/09/2025 124520
Paternostro
Andrade6 elsaiehhorlandyasesoriaj@gmail.com 2/09/2025 124555
ccabasr@cendoj.ramajudicial.gov.co
mariarodgers0809@icloud.com
nancyes54@yahoo.com
fcopaternostroi@@hotmail.com 30/09/2025 140358

María Bernarda elsaiehhorlandyasesoriaj@gmail.com 2/09/2025 124556
Barros nancyes54@yahoo.com
Paternostro mariabarros955@gmail.com 25/09/2025 137828
María de Jesús mariarodgers0809@icloud.com 2/09/2025 124555
Rodgers
Paternostro
Carlos Eduardo ccabasr@cendoj.ramajudicial.gov.co 2/09/2025 124555
Cabas Rodgers
Carlos Alberto elsaiehhorlandyasesoriaj@gmail.com 2/09/2025 124555
Riascos ccabasr@cendoj.ramajudicial.gov.co
Rodgers
Notificación por aviso 3/10/2025 Índice 66

Por lo expuesto, se dio cumplimiento a lo ordenado por la Sección Tercera,
Subsección A de esta Corporación, en virtud de las notificaciones surtidas a
los mencionados en la tabla previa. En todo caso, los mismos no aportaron
intervención con ocasión de la notificación del trámite tutelar.

En ese orden, procederá la Sala a dictar sentencia de primera instancia.

6 En todo caso, la apoderada de la parte actora informó que el señor Paternostro Andrade

falleció (índice 62 de Samai)
8

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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el
Decreto 2591 de 1991 y los numerales 5° y 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 20157, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021
y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La ANT y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitaron su
desvinculación, a su juicio, por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
Sin embargo, estas peticiones serán negadas, en tanto, su llamado al proceso
se realizó en calidad de terceros, y no como las autoridades contra la cual se
encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés
que les asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

Previo a establecer los interrogantes que guiarán el estudio del asunto, la Sala
advierte que la parte actora cuestiona tanto el auto que rechazó la demanda
de reparación directa como aquel que en segunda instancia confirmó tal
decisión. Los anteriores proveídos que se profirieron al interior del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 05001-23-33-000-
2017-02487-01.

En este sentido, el estudio se limitará a la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 18 de noviembre de 2024, dado
que fue ésta la que puso fin al medio de control.

Así las cosas y teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte
actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales de los actores, con ocasión del auto del 18 de
noviembre de 2024 que confirmó el rechazo por haber operado la

7Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
9

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Demandantes: Carlos Arturo Rodgers Paternostro y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02009-00

caducidad del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 47001-23-33-000-2019-00484-00/01/02?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se abordarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial, ii) los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9 y declaró
su procedencia.10

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia
del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de
la referencia.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
10

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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la
competencia que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas
anteriores, la acción de tutela no se erige en una tercera instancia. Al respecto,
la Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU 215 de 202211, la cual, desarrolló y explicó
los derroteros que deben observarse en aplicación de este requisito de
relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del
principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Lo anterior como un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son
de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz
de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos

11 M.P. Natalia Ángel Cabo.

11

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adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13;
es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”14

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”15 En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”16

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave
un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal18.
(Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, se anticipa que la acción

12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-128 de 2021.
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Ibid.

12

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de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito
de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

En relación con este requisito, la Sala ha sostenido en ocasiones anteriores19
que la acción de tutela interpuesta contra providencias judiciales dictadas en
procesos de reparación directa, cuando se busca la indemnización de
perjuicios derivados del desplazamiento forzado, cumple con el presupuesto
de relevancia constitucional.

Lo anterior al considerar que, en estos casos, y en observancia a lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 2023, los accionantes
pertenecen a un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, reconocidos
como sujetos de especial protección constitucional.

No obstante lo anterior, dicha consideración no resulta aplicable al caso
concreto. Aunque los accionantes afirman ser víctimas de desplazamiento
forzado, lo cierto es que tal condición no guarda una relación directa con la
presente acción de tutela. Como pasará a evidenciarse, en el marco del medio
de control de reparación directa en el que se profirió la providencia
cuestionada, no se solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado ni la
correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados por tal
circunstancia.

En realidad, como lo advirtió el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, el objeto del proceso ordinario fue el reconocimiento de los
perjuicios derivados del procedimiento administrativo de clarificación de la
propiedad, mediante el cual el INCODER concluyó que los predios del señor
Paternostro Odorizzi no habían salido del patrimonio estatal. Así se desprende
de las pretensiones formuladas en el referido proceso:

1. Son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y
morales causados por falla o falta en el servicio o de la administración: La
Nación, el Ministerio de Agricultura, INCODER y/o Agencia Nacional de
Tierras […] en el decurso del Procedimiento Administrativo, Pro curativo
de la clarificación de la propiedad a través de la resolución 3815 del 25 de
octubre de 1983, de los derechos sobre los predios rurales: LA
PRIMVERA, OCEANIA, BOCA DE BURRO, LA FLORIDA, PUNTO
NUEVO, MATA GUINEO Y OTROS., al declarar no haber salido del
patrimonio del estado por resolución 02124 del 10 de Mayo de 1984.
2. Como consecuencia de la anterior declaración condenar a la Nación, el
Ministerio de Agricultura, INCODER y/o Agencia Nacional de Tierras, a
título de reparación del daño ocasionado a pagar […] los perjuicios de
orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros los cuales
estimo como mínimo en la suma de Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Un
Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Diecinueve Pesos con 36

19 Consultar la sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-15-000-2024-04353-01.

MP Gloria María Gómez Montoya.
13

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CV ($63.041.796.119,36), y en su defecto, en la forma genérica que
aparezca demostrado en el proceso.20

Aclarado lo anterior, se tiene que, en apreciación de la parte actora, la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana
mediante el auto del 18 de noviembre de 2024 que confirmó el rechazo por
haber operado la caducidad del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 47001-23-33-000-2019-00484-00/01/02.

Los accionantes fundamentan su solicitud de tutela en la existencia de los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente. En este orden, sostuvieron
que se omitió la valoración y el debate de la prueba documental en la que se
registró la inspección judicial realizada por el INCORA el 1 de abril de 1982 en
el predio «Oceanía» y sus anexidades. Además, aseveraron que la autoridad
judicial accionada desconoció el precedente aplicable sobre el tratamiento del
desplazamiento forzado.

Esta Sala encuentra que, desde el ámbito argumentativo, los reparos
expuestos en el líbelo inicial, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen
la intromisión del juez constitucional en un asunto asignado al juez ordinario.
Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada y estamos en
presencia de una providencia dictada por una alta corte.

Por el contrario, lo formulado en el escrito de tutela en relación con los defectos
señalados constituye una reiteración de los argumentos impetrados al interior
del trámite ordinario. En tal sentido, la controversia propuesta por los tutelantes
ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
mediante la providencia cuestionada en la presente acción constitucional.

En particular, la solicitud de amparo gira en torno a formular que en el auto de
rechazo de la demanda de reparación directa se dejó de apreciar la situación
de desplazamiento forzado sufrida por la familia Paternostro y, en
consecuencia, no se dio aplicación a la jurisprudencia relacionada. Tal
objeción también se planteó en la apelación del proveído proferido por el
Tribunal Administrativo del Magdalena de forma que, en el auto del 18 de
noviembre de 2024 la autoridad judicial accionada se pronunció al respecto en
los siguientes términos:

18. Aunque, no se desconoce que, en los hechos, se hizo referencia al
supuesto desplazamiento, lo cierto es que, como se citó, en las pretensiones
de la demanda únicamente se señaló que lo buscado era la declaratoria de
responsabilidad por la “falla o falta en el servicio o de la administración: (…)
en el decurso del Procedimiento Administrativo, Pro curativo de la clarificación

20 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

14

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de la propiedad a través de la resolución 3815 del 25 de octubre de 1983, de
los derechos sobre los predios rurales: LA PRIMAVERA, OCEANIA, BOCA DE
BURRO, LA FLORIDA, PUNTO NUEVO, MATA DE GUINEO y OTROS, al
declarar no haber salido del patrimonio del estado por resolución 02124 del 10
de mayo de 1984.”

19. Como puede observarse, en las pretensiones, que, sin duda, constituyen
el objeto de la demanda e integran la guía del estudio de responsabilidad y el
eje del principio de congruencia, ni siquiera se hizo alusión al presunto
desplazamiento forzado. De igual forma, en el acápite de liquidación de
perjuicios de la demanda tampoco se mencionó ese hecho. Los perjuicios
materiales se solicitaron “desde el mes de enero de 1985, fecha en que se
suspendió la explotación en los predios (…)”, y respecto a los perjuicios
morales solamente se señaló que debían tenerse en cuenta “las directrices
para los jueces y tribunales sobre la materia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional”, y se mencionaron algunas providencias.

Adicionalmente, si bien los accionantes alegan que la providencia objeto de
controversia incurrió en un defecto fáctico y un defecto por desconocimiento
del precedente, no se superó la carga argumentativa mínima que se requiere
para proceder con un análisis de fondo del asunto, lo que denota que en
realidad los motivos de inconformidad son de orden legal y no constitucional,
persiguiendo a través del presente mecanismo constitucional la reapertura de
la discusión zanjada por el juez de la especialidad.

Frente al defecto fáctico en la dimensión alegada por los accionantes, se tiene
que si bien se delimitó el yerro a la prueba documental en la que se registró la
inspección judicial realizada por el INCORA el 1 de abril de 1982 en el predio
«Oceanía» y sus anexidades, la solicitud de amparo no aporta razones
suficientes que den cuenta de la relevancia de este elemento probatorio en el
auto de rechazo.

Por otro lado, alrededor del defecto planteado por los actores por
desconocimiento del precedente, esta Sección ha considerado que la parte
que lo invoca debe cumplir con la carga mínima de identificar en su proceder
argumentativo: i) la decisión que considera desatendida; ii) la ratio de esta
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia.

En vista de lo anterior, se advierte que el escrito introductorio se limita a afirmar
que, en la providencia cuestionada, la Sección Tercera, Subsección B, de esta
corporación desatendió el precedente aplicable sobre el tratamiento del
desplazamiento forzado.

En este sentido, pese a que la parte accionante citó múltiples fragmentos de
sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, no identificó las
reglas de derecho en ellas contenidas, ni explicó por qué, en razón a la
vinculatoriedad y similitud de su caso con el analizado en dichas ocasiones,

15

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se debían atender estas decisiones. Lo anterior demuestra, una vez más, la
falta de relevancia constitucional de los reparos formulados e impide a esta
Sala, actuando como juez constitucional, adentrarse en el estudio del fondo
del asunto.

Se resalta que las omisiones de la parte actora en la argumentación de la
solicitud de amparo no pueden ser suplidas oficiosamente por el juez, pues
tratándose de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional dejó en
claro en la sentencia SU-215 de 2022 que el fallador debe atenerse
exclusivamente a los reparos formulados por el demandante:

Adicionalmente, y dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”21.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia. Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una
entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela22. Así, por
ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-149 de
2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la tutela
contra providencias de las altas cortes, en tanto sus decisiones, como órganos
de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo tienen relevancia en términos
de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta
vía, en la materialización del principio de igualdad. (Resaltado de la Sala)

En suma, el asunto carece de relevancia constitucional tornando improcedente
la acción de tutela de la referencia, puesto que se identificó que las razones
contenidas en la solicitud de amparo pretenden perpetuar el debate que tuvo
lugar en el proceso de reparación directa; los defectos propuestos por la parte
actora no cumplen con la carga argumentativa mínima que se requiere para
su estudio; y, a priori, no se encuentra que la decisión de la autoridad judicial
accionada resulte arbitraria o caprichosa.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia
Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

21
Sentencia SU-074 de 2022.
22
Sentencia SU-072 de 2018.
16

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SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia interpuesta contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B y el Tribunal Administrativo del Magdalena por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

17

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