Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02012-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02012-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02012-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
15 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02012-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN
SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO, SEGURIDAD
SOCIAL, MÍNIMO VITAL, VIDA, DIGNIDAD HUMANA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE PEREIRA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA2.
1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02012-00
Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ, actuando a través
de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad
social, al mínimo vital, a la vida, a la dignidad humana y al acceso a
la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de 19
de diciembre de 2022 y 30 de enero de 2025, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019-00342-00.
I.2. Hechos
Manifestó que laboró como patrullero al servicio de la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL3 desde el 13 de
julio de 2010 fecha en la que fue vinculado al nivel ejecutivo y
asignado a la Policía Metropolitana de Pereira.
3
En adelante Policía Nacional.
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Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
Indicó que en el año 2015 mientras se encontraba en servicio activo,
empezó a padecer una patología neurológica denominada
“neuropatía mixta no especifica”, la cual le generaba dolor crónico,
contracturas musculares, mareo y cefalea crónica.
Mencionó que el 12 de junio de 2018, la Junta Médico Laboral de la
Policía Nacional lo declaró no apto para el servicio y sin
recomendación de reubicación laboral en trabajos administrativos,
otorgándole una calificación de pérdida de la capacidad laboral de
10.94%.
Aseguró que el 19 de enero de 2019, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía ratificó la decisión, concluyendo que la
patología le impedía continuar en la institución, incluso en funciones
administrativas.
Señaló que la POLICÍA NACIONAL expidió la Resolución núm.
01152 de 29 de marzo de 2019, mediante la cual se ordenó su retiro
del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho contra la POLICÍA NACIONAL, con el fin de obtener el
reintegro a la institución y, el pago de los salarios y prestaciones
dejadas de percibir, la cual fue identificada con el número único de
radicación 66001-33-33-005-2019-00342-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO que, en sentencia de 19 de diciembre de 2022,
denegó las pretensiones de la demanda.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de enero de 2025,
confirmó la decisión del a quo.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico, por cuanto omitió la valoración integral de las
pruebas obrantes en el expediente, con las que se pudo evaluar la
posibilidad de reubicarlo en un cargo con funciones administrativas o
de apoyo, por cuanto la patología que padece no le impide realizar
ciertas actividades.
Señaló que esta omisión vulneró sus derechos fundamentales, en
tanto no se le brindó la posibilidad de ser evaluado de manera justa
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y equitativa, trasgrediendo los principios de igualdad y no
discriminación.
Aseguró que, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto sustantivo, al no aplicar debidamente los principios de
estabilidad laboral reforzada y la protección de las personas en
situación de discapacidad.
Igualmente, manifestó que las providencias judiciales cuestionadas
incurrieron en el desconocimiento del precedente establecido en
las sentencias4 proferidas por la Corte Constitucional, en las que, a
su juicio, se ha determinado la obligación de las entidades públicas
de garantizar el derecho al trabajo de quienes han sufrido
disminución de la capacidad laboral, por lo que la decisión de
desvincularlo sin considerar su capacidad residual y la posibilidad de
reubicación, constituyó la vulneración de esta garantía
constitucional.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
4
El actor hizo referencia a las siguientes sentencias: T-328 de 2022 y T-286 de 2019.
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invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se solicita que se declare la nulidad de la sentencia del
Tribunal Administrativo de Risaralda y se ordene proferir una
sentencia de reemplazo, donde se acceda a el reintegro de Jorge
Andrés Restrepo Ramírez a la Policía Nacional en un cargo
compatible con su capacidad residual, así como el reconocimiento
y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Además,
se debe garantizar la realización de evaluaciones médicas
periódicas para determinar su situación laboral o, en su defecto,
iniciar el trámite pensional correspondiente […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo debe
denegarse, por cuanto en la decisión cuestionada sí se valoró el
material probatorio aportado, incluyendo el concepto el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y Policía, el cual sirvió de
fundamento para expedir el acto de retiro de la institución por
disminución de la capacidad psicofísica.
Asimismo, mencionó que en dicho concepto se indicó que la patología
que padece el actor puede generar una lesión motora y/o sensitiva,
aunado al estrés dentro de la actividad normal dentro de la fuerza
pública, circunstancias que podrían ocasionar una complicación
progresiva de la lesión neurológica que padece y, por lo tanto, el
actor no era apto para continuar al servicio de la actividad policial.
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Asimismo, resaltó que la decisión judicial cuestionada no incurrió en
los defectos deprecados por el actor, pues la providencia abordó el
estudio del problema jurídico de conformidad con el marco legal y
jurisprudencial que regula el retiro del servicio por disminución de la
capacidad psicofísica.
Finalmente, aseguró que el actor pretende controvertir la decisión
proferida por esa Corporación, utilizando la acción de tutela como
una nueva instancia judicial.
I.5.2.- El JUZGADO manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente, ya que las pretensiones formuladas por el actor
pretenden reabrir una debate jurídico que fue previamente analizado
por los jueces naturales del asunto, de conformidad con las pruebas
recaudadas.
Igualmente, señaló que: “[…] el fallo objeto de tutela que la parte
demandante no había desvirtuado la presunción de legalidad del acto
demandado, lo que impide en sede de tutela cuestionar la decisión
proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa; pues ello
implicaría invadir o vulnerar los principios de autonomía e
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independencia judicial, aunado al hecho que este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado como un recurso adicional o una
tercera instancia que permita revisar las actuaciones judiciales que
resulten adversas frente al administrado […]”.
I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia
de un perjuicio irremediable derivado de las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales cuestionadas.
Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e
injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional
para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico
fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
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11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
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aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
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proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
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que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida, a la dignidad humana
y al acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se
dejen sin efecto las providencias de 19 de diciembre de 2022 y 30
de enero de 2025, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
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respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2019-00342-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
incurrieron en defecto fáctico, por cuanto omitió la valoración
integral de las pruebas obrantes en el expediente, con las que se
pudo evaluar la posibilidad de reubicarlo en un cargo con funciones
administrativas o de apoyo, por cuanto la patología que padece no le
impide realizar ciertas actividades.
Señaló que esta omisión vulneró sus derechos fundamentales, en
tanto no se le brindó la posibilidad de ser evaluado de manera justa
y equitativa, trasgrediendo los principios de igualdad y no
discriminación.
Aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto sustantivo, al no aplicar debidamente los principios de
estabilidad laboral reforzada y la protección de las personas en
situación de discapacidad.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02012-00
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Igualmente, manifestó que las providencias judiciales cuestionadas
incurrieron en el desconocimiento del precedente establecido en
las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en las que, a su
juicio, se ha determinado la obligación de las entidades públicas de
garantizar el derecho al trabajo de quienes han sufrido disminución
de la capacidad laboral, por lo que la decisión de desvincularlo sin
considerar su capacidad residual y la posibilidad de reubicación,
constituyó la vulneración de esta garantía constitucional.
Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efectos tanto de las providencias de 19 de diciembre de 2022
proferida por el JUZGADO, como la dictada el 30 de enero de 2025
por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta
la que dio por terminado el proceso para la parte actora.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
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Actor: JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
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además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone el actor respecto de los defectos deprecados implica la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del
cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada omitió la valoración las pruebas obrantes en el
expediente, con las que se pudo evaluar la posibilidad de reubicarlo
en un cargo con funciones administrativas o de apoyo antes de ser
retirado del servicio, por cuanto la patología que padece no le impide
realizar ciertas actividades.
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Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución se deriva de la
valoración probatoria que la parte actora pretende que se dé a su
situación particular, giran en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue resuelta por el
TRIBUNAL, así:
“[…] 2. OBJETO DE LA DECISIÓN
Deberá analizar el Tribunal en la presente instancia, la
inconformidad planteada por la parte demandante, circunscrita
a determinar la legalidad de la Resolución N° 01152 del 29 de
marzo de 2019, proferida por el Director General de la Policía
Nacional, que decidió retirar del servicio activo al patrullero
Jorge Andrés Restrepo Ramírez, por disminución de su capacidad
psicofísica, que tuvo como sustento el concepto emitido por el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y
verificar si se encuentra viciada de nulidad por desconocer los
preceptos constitucionales del debido proceso, seguridad social,
salud, trabajo y estabilidad reforzada y por tanto, procede el
reintegro; o si por el contrario, como lo aduce la entidad
demandada, dicha decisión se encuentra ajustada a la
Constitución y la ley, por cuanto obedece al análisis que para el
efecto realizó la autoridad médica. […]
4.2. Análisis del caso concreto
Para dilucidar el problema jurídico planteado, observa la Sala
que la parte demandante solicita se declare la nulidad del acto
administrativo por medio del cual fue retirado del servicio activo
de la Policía Nacional por disminución de la capacidad sicofísica
y que, en consecuencia, se disponga su reintegro sin solución de
continuidad para efectos salariales y prestacionales.
Teniendo en cuenta el material probatorio relacionado, se
encuentra que en efecto y como se indica en el acta del Tribunal
Médico Laboral de Revisión, la patología que sufre el
demandante le impide ejercer las actividades propias de la
misión de la institución; por ello, en principio, pudiera afirmarse
que a la entidad le asiste la atribución de retirar del servicio al
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patrullero Jorge Andrés Restrepo Ramírez y resulta necesario
constatar si la parte demandante pudo derruir tal premisa.
Así las cosas, para determinar si, a pesar de su condición de
salud, que le implica una incapacidad permanente parcial
calificado como No apto, la entidad accionada podía o no
retirar del servicio al señor Restrepo Ramírez, es del caso
recordar que, conforme a lo establecido en el Decreto 1796 de
2000 para que proceda el retiro de un miembro de la Policía
Nacional por la causal denominada disminución de la capacidad
psicofísica para la actividad militar, se deben cumplir dos
aspectos, el primero que la Junta Médico Laboral o el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía hayan analizado y
concluido que la persona no tiene capacidad alguna
aprovechable en la entidad; y segundo, que dicho concepto de
incapacidad se encuentre vigente al momento de proferirse el
acto de retiro; esto es, que no se haya superado un término
mayor a 3 meses.
Luego el numeral 3° del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000
fue declarado exequible pero condicionadamente por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-381 de 2005, al
considerar que el retiro del servicio por disminución de la
capacidad sicofísica sólo procede cuando el concepto de la
Junta Médico Laboral sobre reubicación no sea favorable
y las capacidades del policial no puedan ser aprovechadas
en actividades administrativas, docentes o de instrucción.
En este mismo pronuncia (sic) se hace referencia a que
“tampoco podría mantenerse en la Policía todo el grupo de
personas que sufran alguna discapacidad, so pretexto de dar
aplicación absoluta al principio de estabilidad laboral reforzada,
porque se desnaturalizaría su función y se pondrían en riesgo
sus importantes funciones constitucionales y legales y con ello
los derechos de los ciudadanos.”
Sin embargo, tal prerrogativa, según lo expuesto por la
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la del
Consejo de Estado, encuentra como límite que el servidor
público cuente con condiciones de realizar otras labores,
tales como administrativas, de instrucción o de docencia,
para lo cual se deben valor sus habilidades y
conocimientos.
Por su parte, el Tribunal Médico soporta su decisión de no
reubicación laboral, en el hecho que el demandante venía con
una incapacidad total de más de 36 meses lo cual producía
un desajuste laboral, además de indicar que dados los estresores
a los que encuentra sometido el personal de militar y de policía
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podían agravar su enfermedad o alterar la patología de
neuropatía desmielinizante y distrofía muscular que le fue
diagnosticada, razón por la cual concluyó que la permanencia del
demandante en la vida policial, aun en labores
administrativas, de docencia o de instrucción, le
agravaría su condición médica y que por otra parte pese a
que el evaluado refirió tener capacitaciones, no fueron allegadas
al Tribunal Médico constancias en ese sentido.
Para esta Sala de Decisión, es cierto que el concepto del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, contenido en el
acta N° M19-417 MDNSG-TML-41.1 del 28 de enero de 2019,
que sirvió de fundamento al acto de retiro -Resolución N°01152
del 29 de marzo de 2019- del demandante de la institución
policial, por disminución de capacidad psicofísica, fue rendido en
el sentido que «el funcionario no es apto para las actividades
policiales, ya que presenta alteración psicofísica, que no le
permite desarrollar normal y eficientemente la actividad policial,
correspondiente a su cargo, grado, empleo o funciones, además
con causales de no aptitud tipificadas en la normatividad
vigente. Artículos 58 literal n) y q) y artículo 68 literales a) y b)
del Decreto 094 de 1989», y no sugiere la reubicación laboral en
atención a que la secuela de polineuropatía mixta, distrofia
muscular, que ocasiona trastornos de la sensibilidad, aumentan
los síntomas con el estrés, adicional a que de acuerdo con el
reporte de la primera instancia -Junta Médica-, el paciente tiene
más de 36 meses en excusa médica total por cuadro de dolor
generalizado y que «a pesar de su condición actual el
calificado no ha realizado actividades laborales
administrativas leves, no ha podido trabajar en nada
administrativo» lo que le ocasiona un «desajuste
ocupacional», expuso igualmente que «el permanecer en la
Institución y de acuerdo a las exigentes actividades policiales
tanto físicas como de orden mental, que ocasiona alto estrés
ocupacional, pondría en peligro la salud o bienestar del calificado
al permanecer en la vida policial».
Siguiendo la misma línea, indica que la patología del paciente
puede generar una lesión motora y/o sensitiva al exponerse a
diferentes actividades físicas y/o administrativas cotidianas,
aunado al estrés, dentro de la actividad normal al interior de la
fuerza, al mismo tiempo que, los movimientos repetitivos o
posiciones permanentes dentro de la actividad administrativa u
operacional pueden ocasionar agravamiento de lesión
neurológica, o lesiones inflamatorias neurológicas, razón por la
cual no evidencia la autoridad que el demandante tenga las
capacidades físicas suficientes para que puedan ser
aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de
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instrucción propias de la institución policial y que para prestar el
servicio se necesita tener personal idóneo que le sirva a la
misma, en consecuencia, consideró que el actor no es apto ni
reubicable en la actividad policial.
En vista de lo anterior, estima esta Colegiatura Judicial que la
actuación administrativa enjuiciada y el acto administrativo
demandado, en cuanto se fundamenta en dicho concepto, debe
ser analizada a la luz del enfoque constitucional que la Corte
Constitucional ha señalado en la sentencia C-381 de 2005,
reiterado en el fallo T-328 del 19 de septiembre de 2022,
y para este juez plural, la Resolución N° 01152 del 29 de marzo
de 2019 proferida por el Director General de la Policía Nacional
por medio de la cual se retira del servicio activo de la Policía
Nacional por «retiro por voluntad de la Dirección General» de
conformidad con lo establecido en los artículos 54 inciso 1º y
artículo 55 numeral 3º del Decreto Ley 1791 de 2000, no
constituye un desconocimiento del precitado precedente, pues
como bien lo determinó el Consejo de Estado en sentencia del
24 octubre de 202430, si se analiza la posibilidad de reubicación
laboral como se hizo en el caso que convoca, y la misma no
resulta procedente, como se extrae del Acta de Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía No. M19-417 MDNSG-
TML-41.131 donde se determinó: […]
Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio
contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse
siempre y en todos los casos a un marco funcional y concreto,
es decir, que dichas funciones deben hacer referencia a las
propias del cargo que se desempeña, que generalmente se
detallan ya sea en la ley o en el reglamento, esto es, en principio
las expresamente contempladas en el respectivo Manual de
Funciones y Requisitos de cada entidad, de acuerdo a las
necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios
de dicha entidad; pero, dentro del contexto de las funciones
propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el
cual ha sido nombrado.
Resulta procedente afirmar que el retiro del servicio NO ha sido
contrario a las prerrogativas constitucionales ni desconoce la
estabilidad laboral reforzada que le pueda asistir al demandante,
pues no se puede omitir que la Corte Constitucional en la citada
sentencia C-381 de 2005, no solo consideró que el retiro del
servicio por disminución de la capacidad sicofísica sólo procede
cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre
reubicación no sea favorable y las capacidades del policial
no puedan ser aprovechadas en actividades
administrativas, docentes o de instrucción,; sino además
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que «Lo anterior implica que si no se demuestra que el
policial puede realizar ese tipo de funciones, resulta
razonable que se le retire de la institución toda vez que
no existen derechos absolutos aun tratándose de
personas con discapacidad y que puede ocurrir que
restricciones legislativas para el acceso o ejercicio de derechos
por parte de personas discapacitadas resulten razonables.
En efecto, tampoco podría mantenerse en la Policía todo el grupo
de personas que sufran alguna discapacidad, so pretexto de dar
aplicación absoluta al principio de estabilidad laboral reforzada,
porque se desnaturalizaría su función y se pondrían en riesgo
sus importantes funciones constitucionales y legales y con ello
los derechos de los ciudadanos.”
Es así como, en el caso de marras, el señor Jorge Andrés ajustó
más de 36 meses en excusa médica total, y como quedó
consignado en el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía “no trabajo en nada administrativo” y
debido al diagnóstico de polineuropatía mixta, distrofia muscular
que padece tiene como “riesgo médico el presentar y/o
aumentar síntomas… que puede generar una lesión
motora y/o sensitiva al exponerse a diferentes
actividades físicas y/o administrativas cotidianas,
aunado al stress, dentro de la actividad normal al interior
de la fuerza… los movimientos repetitivos o posiciones
permanentes dentro de la actividad administrativa u
operacional pueden ocasionar agravamiento de lesión
neurológica o lesiones inflamatorias neurológicas”,
argumentos que sustentan los 36 meses de incapacidad
permanente parcial, no siendo apto para el servicio. […]
En ese sentido, para la Sala es claro que en principio existe una
estabilidad reforzada para las personas en situación de
discapacidad, o a quienes sus condiciones médicas hayan
disminuido sus destrezas o capacidades laborales, como es el
caso del señor Jorge Andrés Restrepo Ramírez; sin embargo,
dicha estabilidad no es absoluta, y se deben considerar las
situaciones particulares del caso para concluir si finalmente se
está o no ante una situación de vulneración de derechos
fundamentales o si la permanencia del servicio termina antes
afectando y agravando las condiciones de salud del demandante,
pues de acuerdo con el dictamen médico laboral, exponerlo a
labores físicas y/o administrativas, podría ocasionar
agravamiento de la lesión neurológica, lo que justifica que haya
estado incapacitado por más de 36 meses sin poder cumplir con
la función pública de la Institución policial, convirtiéndose en una
justa causa para proceder con el retiro del servicio. […]
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En orden de lo anterior, considera la Sala que el demandante no
logró demostrar los vicios de nulidad endilgados al acto
administrativo acusado y en ese sentido, si bien en otras
oportunidades este Tribunal ha considerado que el retiro del
servicio no resultaba procedente, ello ha obedecido al análisis de
las aristas de cada caso particular en concreto, que distan del
que ahora se estudia y por tanto, no hay lugar a declarar ni la
desviación de poder ni la falsa motivación en la expedición de la
Resolución N° 01152 del 29 de marzo de 2019, por medio de la
cual el director general de la Policía Nacional retiro del servicio
activo al demandante por disminución de la capacidad sicofísica.
Conforme lo expuesto, el Tribunal CONFIRMARÁ la sentencia de
primer grado, en cuanto desestimatoria de las pretensiones de
la demanda […]”.(Negrilla pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL efectuó un análisis de las pruebas aportadas al
plenario y, a partir de ese estudio, determinó que el actor sufre de
una patología neurológica que le impide hacer actividades propias de
la función policial.
En ese sentido, el TRIBUNAL luego de efectuar un análisis del
concepto del Tribunal Médico Laboral de Revisión y de las
condiciones de salud del actor, concluyó que este no era apto para
continuar en el servicio activo, comoquiera que no contaba con las
capacidades físicas necesarias para ejercer las funciones que se
predican del personal militar y de policía.
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Aunado a lo anterior, el TRIBUNAL observó que las pretensiones
relacionadas con el reintegro y la reubicación a un cargo de labores
administrativas, de docencia o de instrucción no podían ser
aceptadas, en el entendido que dichas labores implicarían el
recrudecimiento de la condición medica del actor.
Asimismo, para resolver el problema jurídico planteado en la
demanda, el TRIBUNAL explicó que acto de retiro del servicio del
actor no fue contrario a los postulados constitucionales, pues de
ningún modo desconoció el criterio de estabilidad laboral reforzada
que le pudo asistir al actor, esto, en razón a que, el señor JORGE
ANDRÉS RESTREPO permaneció incapacitado más de 36 meses,
no ejerció funciones de tipo administrativo en la entidad y, que
debido al diagnóstico médico que padece está en riesgo medico de
presentar una lesión motora o sensitiva al exponerse a las
actividades propias de la fuerza policial.
Así las cosas, el TRIBUNAL concluyó que había de confirmarse la
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO, por
cuanto el actor no logró desvirtuar la legalidad del acto
administrativo de retiro del servicio activo por disminución de la
capacidad psicofísica.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció frente a los aspectos que alude el actor como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
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competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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