Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02014-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02014-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02014-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502014-00
Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
Demandados: Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado y otros.
Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derechos Fundamentales Invocados: i) Vida, ii) salud, iii) dignidad humana, iv)
mínimo vital y v) seguridad social.
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado y la Nación -Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado y la Nación -Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 13 del documento denominado “5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202502014-00
Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
porque, a su juicio, por un lado, el Consejo de Estado, al no resolver la “[…]
SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SENTENCIA SU 179/21 EN
EL SENTIDO DE DAR PRELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE TURNOS […]”, en
el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000-2016-06218-02 y, por otra parte, el Ministerio y el Fondo, al no “[…]
reconocer y pagar su pensión de jubilación […]”, vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la
seguridad social.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que “[…] la docente MARÍA MAYERLLY nació el veintiséis (26) de
febrero del año mil novecientos cincuenta y siete (1957), por lo que en la actualidad
tiene sesenta y ocho (68) años de edad […]”.
4. Sostuvo que “[…] El veinticuatro (24) de febrero del año dos mil quince (2015),
solicitó ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, la cual fue negada de manera infundada […]”.
5. Expresó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 2593 de 4 de mayo de 2015, mediante
la cual se negó la pensión de vejez y la Resolución RDP núm. 3562 de 29 de julio
de 2015, que confirmó lo resuelto.
6. Manifestó que Sección Segunda -Subsección F- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 10 de mayo de 2022, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
7. Indicó que “[…] Dicho fallo judicial fue objeto de apelación por las partes en
litis, el cual fue concedido en el efecto suspensivo y se remitió el expediente al H.
CONSEJO DE ESTADO […] Mediante auto de fecha de veintitrés (23) de
noviembre del año 2023, el H. CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B, admitió los recursos de apelación […]”.
8. Señaló que “[…] Con data ocho (8) de febrero del año 2024, el mencionado
proceso ingresó al despacho para proferir sentencia […]”.
9. Expresó que “[…] Transcurrido un (1) año desde el ingresó al despacho, el día
tres (3) de febrero del año 2025, el suscrito apoderado - en representación de la
demandante, radicó ante el H. CONSEJO DE ESTADO, "SOLICITUD DE
PRIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SENTENCIA SU 179/21 EN EL SENTIDO
DE DAR PRELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE TURNOS", teniendo en cuenta
la avanzada edad de la señora MARÍA MAYERLLY PINZÓN DE RÍOS, y su
precaria situación económica, ya que no cuenta con un ingreso mensual para
su subsistencia, lo que atenta flagrantemente contra su mínimo vital,
situación esta (sic) que le causa lamentos, angustia y desesperación a diario […]”.
10. Manifestó que “[…] Al consultar de manera presencial y verbal ante el
despacho de la magistrada ponente Dra. […], el tiempo que puede demorar el
aludido proceso administrativo para que se emita el correspondiente fallo de
instancia, nos informan que puede tardar varios años más, ya que actualmente
están resolviendo las apelaciones que ingresaron al despacho en el año 2019 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. La actora solicitó en su escrito de tutela:2
“[…] PRIMERO: Tutelar y conceder el amparo definitivo y/o transitorio de los
derechos fundamentales AL MINIMO VITAL Y MOVIL, A LA SEGURIDAD SOCIAL,
en conexidad con el derecho A LA VIDA, A LA SALUD Y A LA DIGNIDAD HUMANA,
a favor de la señora MARÍA MAYERLLY PINZÓN DE RÍOS identificada con C.C N°
[…].
2 Transcripción literal del texto.
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
SEGUNDO: Ordenar a las accionadas MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
FIDUPREVISORA S.A., a que en un término improrrogable de quince (15) días
siguientes a la notificación del presente fallo, o el que su despacho considere
prudente, reconozcan y paguen de manera definitiva y/o transitoria a favor de
la señora MARÍA MAYERLLY PINZÓN DE RÍOS, la pensión de jubilación por
aportes, equivalente al 75% del salario base de liquidación, de conformidad con el
artículo 8 del decreto 2709 de 1994, el cual reglamentó el artículo 7 de la ley 71 de
1988, mientras el H. CONSEJO DE ESTADO resuelve los recursos de apelación
que se interpusieron contra la sentencia de primera instancia […]”.
12. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente:3
“[…] 16-Para este togado es comprensible el cumulo de procesos, la congestión
judicial y el exceso de la carga laboral que sufren los despachos, reconociendo que
esta situación NO es atribuible a la capacidad humana y profesional de los
funcionarios judiciales que actualmente conocen en segunda instancia la demanda
administrativa.
17-Sin embargo, la precaria situación económica de la accionante, la afectación a su
calidad de vida, que repercute negativamente en su salud psíquica y
física, no dan más espera.
18-La tutelante es una adulta mayor de sesenta y ocho (68) años de edad, que
ya no hace parte de la población potencialmente activa, siendo discriminada
por su edad dentro del mercado laboral, no cuenta con un ingreso mensual
para sufragar sus gastos diarios, no tiene bienes, no es beneficiaria de algún
subsidio del Estado, paga arriendo y vive de la caridad de un hijo, quien trata
de ayudarla, ya que él también tiene familia, sus propios gastos y su sueldo
es mínimo […]”.
[…]
“[…] 21-Téngase en cuenta que la señora MARÍA MAYERLLY PINZÓN, solicitó de
manera administrativa el reconocimiento de la pensión de jubilación el 24 de febrero
de 2015, es decir, que lleva diez (10) años reclamando su pensión por la vía
administrativa y judicial, sin que a la fecha se haya resuelto de fondo su derecho
pensional.
22-La difícil situación en la que se encuentra actualmente la demandante, aunado a
su condición de adulta mayor, la ponen en un estado de indefensión, quien se
encuentra en un riesgo inminente de pasar a la pobreza extrema, circunstancias que
la convierten en un sujeto de especial protección constitucional […]”.
[…]
“[…] Téngase en cuenta que los medios de defensa judiciales activados (demanda
administrativa), no han sido efectivos para concretar el derecho pensional a favor
de la tutelante de manera oportuna, y evitar la vulneración de sus derechos
fundamentales aquí invocados, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia
constitucional¹, la presente acción de amparo transitoria es procedente, teniendo en
cuenta la tardanza en el trámite del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia […]”.
3 Transcripción literal del texto.
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda -
Subsección B- del Consejo de Estado, al Ministro de Educación Nacional y al
Representante Legal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;
y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Sección Segunda -Subsección
F- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá –
Secretaría de Educación de Bogotá y a la Fiduciaria La Previsora S.A.,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la demandada y los terceros con interés legítimo
14. La Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado solicitó denegar
la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Ahora bien, en relación con la solicitud de tutela, me permito informar que el 7
de octubre de 2024 asumí funciones como magistrada de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Desde ese momento, he venido
adelantando un riguroso inventario de los expedientes asignados a este Despacho,
con el propósito de atender los asuntos judiciales en el menor tiempo posible.
Al respecto, es pertinente señalar que al iniciar mis funciones encontré un Despacho
con más de 2.000 expedientes en trámite. Frente a este escenario, se ha desplegado
un plan de acción estructurado con metas específicas, lo que ha permitido emitir un
número significativo de providencias en desarrollo del trabajo emprendido.
Poniendo en contexto la situación descrita, se advierte que el proceso al que se
refiere la hoy accionante ingresó al despacho para proferir sentencia el 8 de febrero
de 2024, asignándosele el turno correspondiente conforme al inventario de procesos
y al orden cronológico de ingreso, tal como lo establece el artículo 63A de la Ley 270
de 19961, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024.
Lo anterior, porque, más allá de que la accionante sea una mujer de 68 años, no se
acreditaron —de ninguna forma— las supuestas afecciones psicológicas que afirma
padecer, ni que presente alguna condición física o mental que la ubique como sujeto
de especial protección constitucional. En otras palabras, el hecho de que
actualmente tenga 68 años, por sí solo, no justifica que deba resolverse de manera
preferente el medio de control en el que figura como demandante, alterando el turno
asignado según el orden cronológico de ingreso al despacho.
En conclusión, en este asunto no se constata una situación particular que justifique
la alteración del orden para proferir sentencia, por no configurarse los supuestos
excepcionales que la jurisprudencia constitucional ha considerado para tal fin, a
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saber, i) que se trate de un sujeto de especial protección constitucional; y ii) cuando
se esté ante la materialización de un perjuicio irremediable.
Asimismo, tampoco se aportaron pruebas con el propósito de demostrar la
configuración de un posible perjuicio irremediable […]”.
15. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación por carecer
de legitimación en la causa por pasiva y, en su defecto, declarar improcedente la
acción de tutela. Para tal efecto, señaló que:
“[…] El MINISTERIO DE EDUACION (sic) NACIONAL no es, ni representa al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG-, así como tampoco tiene
injerencia en las prestaciones sociales responsabilidad de dicho Patrimonio
Autónomo, razón clara por la que cualquier DEMORA o IRREGULARIDAD en el
trámite no le es imputable.
Por último, las secretarias (sic) de educación hacen parte de las administraciones
territoriales y su superior jerárquico, por mandato constitucional es el respectivo
gobernador departamental o alcalde municipal […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas y conforme lo establecido en el artículo 4 de la Ley 91
de 1989, resulta evidente que el Ministerio de Educación Nacional no debe ser
llamado a actuar en el proceso constitucional pues es la Fiduprevisora S.A., como
encargada de manejar los recursos del FOMAG, el encargado de pagar las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, razón por la cual
esta cartera ministerial debe ser desvinculada del presente trámite pues no tiene
relación alguna con los hechos que sirven como fundamento de las pretensiones de
la accionante toda vez que no desplegó acción u omisión alguna con la cual fuesen
lesionados derechos fundamentales […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas, resulta claro que la acción constitucional no es la
propicia para obtener el cumplimiento de una providencia judicial pues este
escenario desconocería los mecanismos enunciados como los idóneos para obtener
el cumplimiento y materialización de las condenas del caso particular, adicional a
esto, en el presente caso no se ha dado ninguno de estos presupuestos y no existió
una violación de derecho fundamental alguno, pues el Ministerio de Educación
Nacional no ha ejecutado ninguna acción que produzca este resultado en contra de
la parte accionante, razón por la cual deberá declararse improcedente la acción de
tutela […]”.
16. El Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación de Bogotá solicitó su
desvinculación, toda vez que, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva, por las siguientes razones:
“[…] Es preciso indicar que la información solicitada en esta oportunidad por el juez
constitucional, junto a la verificación de la veracidad de los hechos mencionados en
el mecanismo de tutela promovido, son requerimientos que no corresponde en
sentido estricto a esta Secretaría abordar, sino al ámbito funcional de la accionada
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sección del Consejo de Estado, órgano jurisdiccional que por reparto tiene bajo su
conocimiento el trámite del recurso en cuestión. En ese sentido, la presunta
vulneración alegada en la solicitud se relaciona directamente con el trámite y
decisión del recurso ordinario de apelación por parte de mencionada autoridad
judicial, así como la argumentación y consideraciones que realizó el respectivo
operador judicial para justificar razonablemente el no cumplimiento en los plazos o
términos procesales […]”.
[…]
“[…] Así la (sic) cosas, a esta entidad le resulta procedente solicitar que se declare
improcedente la acción de tutela que se nos ha formulado por falta de legitimación
en la causa por pasiva. En consecuencia, se pide respetuosamente la desvinculación
de esta entidad […]”.
17. La Fiduciaria La Previsora S.A. solicitó su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, declarar improcedente la
acción de tutela. Para tal efecto, señaló que:
“[…] Del trámite procesal se deduce que la FIDUPREVISORA S.A no es responsable
del quebrantamiento del derecho fundamental de la actora, pues no existe nexo de
causalidad entre la entidad y la omisión o acción o amenaza del derecho
fundamental, por lo que se torna improcedente, por configurarse el fenómeno de la
falta de legitimación pasiva de la tutela.
2. INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL FRENTE
AL CASO CONCRETO
Equivocadamente, manifiesta el accionante que se le trasgrede su derecho
fundamental de debido proceso, seguridad jurídica, entre otros los cuales fueron
vulnerados presuntamente por el (sic) Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
La presente tutela resulta improcedente toda vez que estas entidades actuaron
conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que el juez de instancia
haya desconocido entre otros, los precedentes judiciales relacionados con el tema
objeto de la demanda.
En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección
de las formas propias de cada juicio, tal y como lo establece el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, se reitera que la acción de tutela interpuesta por
la accionante resulta improcedente […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
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18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Falta de legitimación en la causa por pasiva
20. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
21. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
22. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[8]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
23. La Sala advierte que el Ministerio de Educación Nacional, el Distrito Capital de
Bogotá – Secretaría de Educación de Bogotá y la Fiduciaria La Previsora S.A.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la
causa por pasiva.
24. Al respecto, es preciso indicar que: i) el Ministerio de Educación Nacional fue
notificado del proceso de tutela de la referencia como accionado, en la medida en
que la actora presentó reparos y pretensiones en su contra, lo cual debe ser objeto
de estudio por parte de la Sala al abordar el fondo del asunto; y ii) el Distrito Capital
de Bogotá – Secretaría de Educación de Bogotá y la Fiduciaria La Previsora S.A.,
fueron vinculados como terceros con interés legítimo, por integrar la parte
demandada en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000201606218-02, es decir, que les asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.
25. En tal virtud, la Sala denegará la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Educación
Nacional, del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación de Bogotá y la
Fiduciaria La Previsora S.A.
Problema jurídico
26. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consisten en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales
invocados por la actora, los cuales considera vulnerados con ocasión a que, por un
lado, el Consejo de Estado no ha resuelto la “[…] SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA SENTENCIA SU 179/21 EN EL SENTIDO DE DAR PRELACIÓN
DENTRO DEL SISTEMA DE TURNOS […]”, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000201606218-02; y, por otra parte, el
Ministerio y el Fondo, no ha procedido a “[…] reconocer y pagar su pensión de
jubilación […]”.
27. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
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salud; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la seguridad social; vi) el derecho a la administración de
justicia y el debido proceso frente a la mora judicial; vii) análisis del caso concreto;
y finalmente, viii) las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
28. De conformidad con el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
29. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional9, se ha sostenido
que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia digna,
que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la extinción
de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que incomoden
su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
30. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de
1991 y el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 10 sobre el
derecho fundamental a la salud.
31. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional11 ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
10 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana
32. De conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala)
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
34. El artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
35. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho13:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
36. El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
13 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202502014-00
Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
37. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:14
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado15.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”16. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”17 […]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial
38. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”18.
39. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201619, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201720, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
14 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
16
Sentencia T-173 de 2016.
17
Ibídem.
18 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
15
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
40. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta21, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201322, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).
41. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
21 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
22 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
16
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en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”23.
42. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, sólo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
43. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado y la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
porque, a su juicio, por un lado, el Consejo de Estado, al no resolver la “[…]
SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SENTENCIA SU 179/21 EN
EL SENTIDO DE DAR PRELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE TURNOS […]”, en
el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000201606218-02 y, por otra parte, el Ministerio y el Fondo, al no “[…]
reconocer y pagar su pensión de jubilación […]”, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
44. De conformidad con el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
23 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
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Núm. único de radicación: 110010315000202502014-00
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45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
46.1. Escrito de tutela e Informes rendidos por los accionados y terceros con
interés legítimo, con sus anexos.
Solución del caso concreto
47. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección
Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado y la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
porque, a su juicio, por un lado, el Consejo de Estado, al no resolver la “[…]
SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SENTENCIA SU 179/21 EN
EL SENTIDO DE DAR PRELACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE TURNOS […]”, en
el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000201606218-02 y, por otra parte, el Ministerio y el Fondo, al no “[…]
reconocer y pagar su pensión de jubilación […]”, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
48. Al respecto, la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] Ahora bien, en relación con la solicitud de tutela, me permito informar que el 7
de octubre de 2024 asumí funciones como magistrada de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Desde ese momento, he venido
adelantando un riguroso inventario de los expedientes asignados a este Despacho,
con el propósito de atender los asuntos judiciales en el menor tiempo posible.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202502014-00
Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
Al respecto, es pertinente señalar que al iniciar mis funciones encontré un
Despacho con más de 2.000 expedientes en trámite. Frente a este escenario, se
ha desplegado un plan de acción estructurado con metas específicas, lo que ha
permitido emitir un número significativo de providencias en desarrollo del trabajo
emprendido.
Poniendo en contexto la situación descrita, se advierte que el proceso al que se
refiere la hoy accionante ingresó al despacho para proferir sentencia el 8 de
febrero de 2024, asignándosele el turno correspondiente conforme al
inventario de procesos y al orden cronológico de ingreso, tal como lo establece
el artículo 63A de la Ley 270 de 19961, modificado por el artículo 26 de la Ley
2430 de 2024.
Lo anterior, porque, más allá de que la accionante sea una mujer de 68 años, no se
acreditaron —de ninguna forma— las supuestas afecciones psicológicas que afirma
padecer, ni que presente alguna condición física o mental que la ubique como sujeto
de especial protección constitucional. En otras palabras, el hecho de que
actualmente tenga 68 años, por sí solo, no justifica que deba resolverse de
manera preferente el medio de control en el que figura como demandante,
alterando el turno asignado según el orden cronológico de ingreso al
despacho.
En conclusión, en este asunto no se constata una situación particular que
justifique la alteración del orden para proferir sentencia, por no configurarse
los supuestos excepcionales que la jurisprudencia constitucional ha
considerado para tal fin, a saber, i) que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional; y ii) cuando se esté ante la materialización de un perjuicio
irremediable.
Asimismo, tampoco se aportaron pruebas con el propósito de demostrar la
configuración de un posible perjuicio irremediable […]”. (Resaltado por la Sala)
49. Al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por la actora en el
presente trámite de tutela, advierte la Sala que dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 250002342000201606218-02, se han realizado
las siguientes actuaciones:
19
Núm. único de radicación: 110010315000202502014-00
Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
50. Del recuento procesal realizado supra, la Sala advierte que desde el 8 de
febrero de 2024 el citado expediente se remitió al Despacho para dictar sentencia y
a la fecha esta no ha sido proferida, lo que en principio implicaría que se configuró
la mora judicial que señaló la actora.
51. Sin embargo, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los
términos por parte del operador judicial no implica automáticamente la vulneración
de los derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad
acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que existen
circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.
52. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, si bien la
Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado a la fecha no ha proferido
la respectiva sentencia, no es posible concluir que la referida tardanza sea atribuible
a la falta de diligencia de dicha autoridad judicial, toda vez que se advierte que: i)
dicha autoridad judicial tiene otros procesos judiciales que se encuentran en turno
para proferir sentencia, los cuales ingresaron al Despacho de manera previa al
proceso de la actora, lo cual no puede ser desconocido, so pena de vulnerar el
derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia; ii) como lo
indicó el Despacho a cargo, no se constata una situación particular que justifique la
alteración del orden para proferir sentencia, por no configurarse los supuestos
excepcionales que la jurisprudencia constitucional ha considerado para tal fin; y iii)
el Despacho a cargo del proceso señaló que “[…] al iniciar mis funciones encontré
un Despacho con más de 2.000 expedientes en trámite. Frente a este escenario, se
ha desplegado un plan de acción estructurado con metas específicas, lo que ha
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
permitido emitir un número significativo de providencias en desarrollo del trabajo
emprendido […]”.
53. En ese orden de ideas es evidente que la autoridad judicial accionada no ha
sido negligente en el trámite del proceso objeto de estudio, sino que, en razón al
volumen de trabajo y a los turnos asignados a los diferentes procesos, no ha sido
posible que la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado resuelva el
proceso ordinario de la referencia.
54. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que la actora reprocha con
la presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial, es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.
55. En consecuencia, la Sala denegará el amparo solicitado por la actora frente
a la mora judicial invocada, en razón a que no se advierte que la tardanza de la
Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado para definir la controversia
jurídica planteada fuese desproporcionada, irracional o injustificable, toda vez que
la situación por la cual no se ha resuelto el asunto corresponde al volumen de trabajo
y a los turnos asignados a los diferentes procesos.
56. Finalmente, frente a los reparos propuestos contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Sala advierte que estos resultan improcedentes, toda vez que los mismos
corresponden al objeto de estudio del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 250002342000201606218-02, el cual se encuentra pendiente de ser
resuelto por la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado y es,
precisamente, del cual se alega la presunta mora judicial, razón por que no
corresponde al juez de tutela hacer un pronunciamiento adicional, so pena de
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizar el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional o paralela.
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
Conclusiones de la Sala
57. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) denegará la solicitud de tutela por la presunta
mora judicial que presentó la actora contra la Sección Segunda -Subsección B- del
Consejo de Estado; y, ii) declarará improcedente la solicitud de tutela frente a las
pretensiones propuestas contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de falta de legitimación en la causa por
pasiva formuladas por el Ministerio de Educación Nacional, el Distrito Capital de
Bogotá – Secretaría de Educación de Bogotá y la Fiduciaria La Previsora S.A., por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de tutela que presentó la actora por presunta
mora judicial contra la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela frente a las
pretensiones expuestas contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Actora: María Mayerlly Pinzón de Ríos
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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