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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02016-01

Fecha
11 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02016-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 23 de mayo de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en precedencia. 19 En la misma sentencia se citaron varias decisiones que han desarrollado el tema en el mismo sentido: sentencia del 30 de octubre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2020-02572-00, CP: Luis Alberto Vásquez Parra, sentencia del 17 de febrero de 2022, exp. 25402, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, sentencia del 23 de mayo de 2024, exp. 28343, CP: Wilson Ramos Girón, entre otras. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2025-02016-01 Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN Acción de tutela SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02016-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

11 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02016-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia proferida
el 23 de mayo de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado1,
que declaró improcedente el amparo solicitado.

SÍNTESIS2

La Dirección de Impuestos y Aduanadas, en adelante, DIAN, alegó que la Sección Cuarta
del Consejo de Estado realizó una interpretación contraevidente del artículo 4 del Decreto
491 de 2020, del artículo 2 de la Resolución 00058 del 1° de junio de 2020 e inaplicó el
artículo 565 del Estatuto Tributario, lo que conllevó que se declarara la nulidad de la
liquidación oficial de revisión 322412019000372 y de la Resolución 992232020000172 y el
silencio administrativo positivo. La Sala negará el amparo solicitado al no configurarse el
defecto sustantivo alegado en la demanda de tutela.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 7 de abril de 2025, la DIAN, mediante apoderado judicial3, presentó una demanda de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. A su juicio, dichas garantías constitucionales
fueron vulneradas en la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, que modificó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en su lugar, anuló la Liquidación Oficial de Revisión 322412019000372,
por medio de la cual la DIAN modificó la autoliquidación del impuesto sobre la renta del
período 2013 y la Resolución que confirmó el anterior acto.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

En virtud de la argumentación expuesta, de manera respetuosa, se solicita:

1 El proceso subió al despacho para fallo el 17 de septiembre de 2025.
2 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial
3 Índice 2 de Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02016-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN
Acción de tutela

Primero: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la DIAN, con ocasión a la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 31 de octubre de 2024 en el proceso
identificado con radicado 2021-00566-01, a través del cual se declaró la nulidad de los actos
demandados.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia proferida en
segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 31 de octubre de 2024 en
el proceso identificado con radicado 2021-00566-01, para en su lugar, disponer que la
corporación emita una nueva decisión teniendo en cuenta una aplicación razonable de los
artículos 4 del Decreto 491 de 2020 y 2 de la Resolución 00058 de 2020, e igualmente
aplicando el artículo 565 del E. T4.

B. Hechos

3. El 24 de julio de 2015, la DIAN inició una investigación en contra de la sociedad Espacio
& Estilos S.A.S. por las inconsistencias en la declaración de renta del año gravable 2013.
Para establecer la realidad económica de la referida empresa, el 19 de marzo de 2019, se
llevó a cabo, entre otras, una visita a la sede de la referida sociedad dirección carrera 7
número 74-24 P 6.

3.1 En la referida visita, la DIAN profirió auto de inspección contable y, el 5 de abril de 2019,
requirió a Espacio & Estilos S.A.S. en aras de que realizara unas modificaciones a su
declaración privada. El requerimiento fue notificado en la dirección física de la sociedad y
esta lo respondió el 10 de julio siguiente.

3.2 El 28 de octubre de 2019, la DIAN expidió la liquidación oficial número 322412019000372
y se la notificó a la sociedad Espacio & Estilos S.A.S., la que, el 23 de diciembre de 2019,
presentó recurso de reconsideración.

3.3 El 9 de enero de 2020, la Subdirección de Recursos Jurídicos de la DIAN admitió el
recurso de reconsideración y, el 5 de noviembre de 2020, confirmó la decisión adoptada en
la liquidación oficial de revisión.

3.4 El 9 de noviembre de 2020, la DIAN le remitió al contribuyente la citación para notificarle
de manera personal la resolución que confirmó la liquidación oficial; sin embargo, el correo
fue devuelto bajo la causal “no reside”, razón por la que, en aplicación de lo prescrito en el
inciso 2 del artículo 565 del Estatuto Tributario5 se procedió a realizar la notificación por
edicto.

3.5 Inconforme con la anterior decisión, la sociedad Espacio & Estilos S.A.S. promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos expedidos por
la DIAN en sede administrativa.

4 Índice 2 del aplicativo Samai.
5 “Artículo 565. FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS. (…)
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día
siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación
electrónica”.

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Acción de tutela

3.6 El 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
decisión que fue apelada.

3.7 El 31 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la anterior
decisión y, en su lugar, declaró la nulidad de la liquidación oficial número 322412019000372
y de la Resolución 992232020000172 y determinó que se configuró el silencio
administrativo positivo, dada la notificación tardía del acto administrativo por medio del cual
se resolvió el recurso de reconsideración.

3.8 Agregó la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, dada la emergencia económica,
social y ecológica que afrontaba el país para el 2020, resultaban aplicables al caso las
disposiciones contendidas en el Decreto 491 de 2020 y en la Resolución 58 de 2020.

3.9 En virtud de lo anterior, la accionada manifestó que la DIAN, una vez advirtió que el
correo de notificación fue devuelto con la anotación “no reside”, debió “propender por la
obtención de una dirección electrónica de notificaciones”. Asimismo, destacó que en el
RUNT existía una dirección electrónica registrada en la que se podía efectuar la notificación;
razón por la cual concluyó que la notificación por edicto no cumplió con los requisitos
establecidos en la normativa especial aplicable.

C. Fundamentos de la vulneración

4. En el escrito de tutela, la DIAN alegó que la autoridad judicial incurrió en un defecto
sustantivo por interpretación contraevidente del artículo 4 del Decreto 491 de 2020, toda
vez que, de una interpretación taxativa y natural de la norma se desprendía que era una
carga del contribuyente informar la dirección electrónica en la que quería ser notificado. Sin
embargo, el ad quem trasladó la carga a la autoridad tributaria, lo que contradice lo
establecido en la referida norma. Agregó que, la dirección electrónica registrada en el RUNT
no podía ser utilizada porque la norma “expresamente señaló que el administrado debía
informar una notificación de correo electrónico”.

4.1 Igualmente, puso de presente que se incurrió en un defecto sustantivo por interpretación
contraevidente del artículo 2 de la Resolución 58 de 2020. Lo anterior, toda vez que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que la DIAN debía obtener la dirección
electrónica de notificación antes de realizar la notificación por edicto, situación que no se
acompasa con lo prescrito por el “ordenamiento jurídico”.

4.2 Finalmente, adujo que se configuró un defecto sustantivo, por inaplicación el artículo 565
del Estatuto Tributario, puesto que si no era posible realizar la notificación electrónica se
debía seguir el trámite establecido en el Estatuto Tributario, tal como lo hizo la entidad.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 9 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela 6. La providencia fue notificada en debida forma a la

6 Índice 5 del proceso de primera instancia en Samai.

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Acción de tutela

autoridad judicial accionada (Sección Cuarta del Consejo de Estado) y a los terceros con
interés vinculados al proceso (la sociedad Espacio & Estilos S.A.S. y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca).

E. Oposiciones e intervenciones

6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado 7 (accionada) solicitó declarar improcedente la
demanda de tutela, por considerar que la DIAN lo que pretende es una tercera instancia del
proceso ordinario. Consideró que la accionante reiteró los argumentos expuestos en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sobre la legalidad de la notificación de
los actos administrativos demandados, problema jurídico que ya fue zanjado por el juez
ordinario.

6.1 De otro lado, estimó que la acción de tutela no está instituida para discutir asuntos de
carácter estrictamente legal con un interés económico o recaudatorio, por lo que insistió
que el objetivo de la accionada es que se acoja su tesis interpretativa.

6.2 Finalmente, sostuvo que la decisión cuestionada no incurrió en los defectos sustantivos
alegados, toda vez que la sentencia tuvo como sustento el precedente de la Corporación,
proferidos entre el 2020 y el 20248 con la misma tesis interpretativa.

6.3 La sociedad Espacio & Estilos S.A.S. (tercera con interés) solicitó declarar improcedente
la demanda de tutela, teniendo en cuenta que la accionante pretende reabrir un debate que
ya se surtió en el proceso ordinario, tratando de convertir este mecanismo constitucional en
una tercera instancia en la que se acceda a una interpretación de las normas que se ajuste
a sus intereses.

6.4 Frente al fondo del asunto, consideró que la interpretación efectuada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es razonable, sistemática y conforme al ordenamiento
jurídico; además, que no se le impuso ninguna carga adicional a la DIAN, solo se le exigió
que realizara aquellas actuaciones que estaban dentro de su competencia9.

6.5 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio.

F. Fallo impugnado

7. Mediante sentencia del 23 de mayo de 202510, La Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, en atención a que los
los argumentos expuestos por la DIAN buscan reabrir el debate que ya fue resuelto en el
proceso ordinario, sumado a que los cargos no estaban debidamente justificados.

7.1 Agregó que la sentencia cuestionada analizó de manera detallada los elementos

7 Índice 10 del proceso de primera instancia en Samai.
8 Las sentencias que señaló la Sección Cuarta del Consejo de Estado fueron: sentencia del 30 de octubre de 2020, exp.

11001-03-15-000-2020-02572-00, CP: Luis Alberto Vásquez Parra; sentencia del 17 de febrero de 2022, exp. 25402, CP:
Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia del 23 de mayo de 2024, exp. 28343, CP: Wilson Ramos Girón.
9 Índice 13 del aplicativo Samai.
10 Índice 17 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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Acción de tutela

probatorios y las normas que eran aplicables, por lo que la interpretación efectuada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado no podía ser considerada arbitraria.

G. Impugnación

8. La accionante impugnó la anterior decisión11, oportunidad en la que manifestó que el
asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional al tener una incidencia directa
en los recursos públicos y, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional SU-
017-2024 y T-106 de 2024, reviste de relevancia constitucional aquellos casos en los que
la controversia tenga relación con el recaudo tributario.

8.1 De otro lado, insistió en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado desbordó la
autonomía judicial, toda vez que interpretó de manera equivocada el artículo 4° del Decreto
491 de 2020 y el artículo 2 de la Resolución 58 de 2020 e inaplicó el artículo 565 del
Estatuto Tributario.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta
Corporación.

I. Sentido de la decisión

10. La Sala revocará la decisión de primera instancia proferida, el 23 de mayo de 2025, por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela, por considerar que no satisface el requisito general de relevancia
constitucional y, en su lugar, negará el amparo solicitado.

J. Requisitos generales de procedibilidad

11. La Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos que habilitan la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto: (i) el accionante
identificó los hechos y las razones en que se fundamenta la demanda, así como los
derechos fundamentales que consideran vulnerados; (ii) el accionante utilizó los
mecanismos judiciales a su alcance y contra la providencia cuestionada no procede ningún
recurso ordinario; (iii) la demanda se presentó dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la providencia cuestiona12; (iv) no se trata de una decisión proferida en sede
de tutela y, (iv) el asunto es relevante constitucionalmente, por las siguientes razones:

11 Índice 21 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
12 La providencia se notificó por correo electrónico del 5 de noviembre de 2024 y la solicitud de amparo se presentó el 7

de abril de 2025.

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11.1 El presente asunto gira en torno a una posible vulneración al debido proceso por
indebida interpretación de la normativa que regula las reglas que la DIAN debía seguir para
notificar sus actos.

11.2 Tal como lo señaló la DIAN, lo que se discutió en el proceso ordinario fue el recaudo
tributario, asunto que no se reduce a una controversia estrictamente económica, pues, en
tal sentido lo ha considero la Corte Constitucional en sentencia SU-017 de 2024:

80. Ahora bien, en relación con el requisito de relevancia constitucional la Sala Plena
se aparta de la conclusión a la cual llegaron los jueces de tutela de instancia. Para la
Corte, este asunto reviste importancia en términos constitucionales por dos razones.
Primero, porque el asunto que originó la decisión del Consejo de Estado, que hoy se
examina, tiene que ver con una controversia que gira en torno a la posible violación
del debido proceso en un trámite de determinación del impuesto de renta y
complementario, puntualmente en relación con las reglas de notificación que debe
seguir la DIAN en cumplimiento de sus funciones misionales.

81. Segundo, porque como lo señalaron la DIAN y la ANDJE, la controversia
planteada en el amparo tiene relación con el recaudo tributario un asunto que no se
reduce a una materia económica. En efecto, las cuestiones relacionadas con la
eficacia de la administración tributaria tienen un impacto incuestionable sobre la
estructura del Estado, su capacidad de gestión y su campo de acción. Como lo ha
recordado la Corte Constitucional en diferentes decisiones, entre ellas en
las sentencias C-080 de 1996, C-543 de 2005 y C-161 de 2021, el sistema tributario
representa uno de los pilares fundamentales que sustentan la existencia del Estado
(…).

83. Por ello, no es posible asumir que se está ante un problema eminentemente legal.
Como lo ha advertido de forma recurrente la jurisprudencia de este Tribunal, la
eficiencia tributaria es un principio fundamental del sistema de Hacienda Pública ya
que su protección afecta la forma en que el Estado resguarda sus ingresos y
garantizar así los servicios y protecciones que debe brindar a todo ciudadano (…).

98. En suma, la relevancia constitucional del caso analizado por la Corte no se limita
únicamente a la protección del patrimonio público, sino que también engloba una
clara afectación al derecho al debido proceso administrativo. Este derecho es
fundamental para garantizar que las partes involucradas en cualquier procedimiento
administrativo tengan la oportunidad de conocer, responder y contradecir las
decisiones antes de que sean definitivas, asegurando así la transparencia y la justicia
en la administración pública. La Corte recalca que el respeto por el debido proceso
es esencial no solo para la legitimidad de las acciones administrativas, sino también
para fortalecer la confianza en las instituciones del Estado y proteger los derechos de
los ciudadanos.

11.3 Finalmente, la Sala considera que en el presente asunto no se está ante la configuración
de una tercera instancia. Lo anterior, en atención a que, si bien uno de los argumentos
neurálgicos que orientó la decisión de segunda instancia fue la determinación de si
resultaba aplicable el Decreto 491 de 2020 y la Resolución 58 del 1° de junio de 2020, o el
artículo 565 del Estatuto Tributario, lo cierto es que únicamente en sede de apelación se
realizó un estudio de fondo del asunto, análisis que tuvo como propósito establecer si la
notificación efectuada por la DIAN se ajustó o no a las disposiciones del ordenamiento
jurídico vigente.

11.4 En ese orden de ideas, se considera que la demanda de tutela cumple con el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto no puede asumirse que se está ante una discusión
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de mera legalidad o frente a un asunto estrictamente económico. Esto teniendo en cuenta
que, como lo ha considerado la Corte Constitucional, se trata de un debate que involucra
directamente el recaudo tributario, que se traduce en la protección del patrimonio público y,
a su vez, en la prevalencia del interés general.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

12. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela contra
providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se configure, al
menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii) defecto
procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión
sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la
Constitución.

12.1 En el asunto sub judice, la parte accionante cuestiona la providencia proferida, el 31 de
octubre de 2024, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues considera que la
referida autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo por interpretación errada del
artículo 4 del Decreto 491 de 2020, el artículo 2 de la Resolución 00058 de 2020 y por
inaplicar el artículo 565 del Estatuto Tributario 13 . A continuación, la Sala describirá las
características y elementos del defecto alegado, con el propósito de determinar el objeto de
la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

Defecto sustantivo: la Corte Constitucional dispuso que “si un operador judicial
desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo
procedente la acción de tutela para que se corrija el error judicial” 14.

Señaló que “este se configura cuando el juez en ejercicio de su autonomía e
independencia desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los
principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la
errónea interpretación o aplicación de la norma”15 y expuso que el error judicial “debe
ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos
constitucionales y legales pertinentes”, pues el juez constitucional no puede
inmiscuirse ni “definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir”.

12.2 Adicionalmente, resulta importa aclarar que la Corte Constitucional ha sostenido que,
cuando la acción de tutela ataca una providencia judicial de una alta corte, su estudio es
más riguroso y, en consecuencia, se exige, que se demuestre una vulneración
desproporcionada de un derecho fundamental16, situación que, como se explicará, no se
presentó en el sub judice.

13 “Artículo 565. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos,
citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas,
deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de
mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día
siguiente de la fecha de introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación
electrónica”.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Sentencia SU 169 de 2024, M.P. Vladimir Fernández Andrade.

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L. Caso concreto

13. De entrada, la Sala advierte que no encuentra configurado el defecto sustantivo atribuido
a la providencia censurada. Lo anterior, por cuanto la interpretación realizada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado de la normativa no se observa arbitraria o caprichosa.

13.1 En el escrito de tutela, la DIAN manifestó que la accionada interpretó de manera
contraevidente el artículo 4° del Decreto 491 de 2020, el artículo 2° de la Resolución 58
de 2020 e inaplicó el artículo 565 del Estatuto Tributario. Así las cosas, se le impuso a la
entidad accionante una carga adicional que la normativa no establecía, pues lo obligó a
obtener una dirección electrónica de notificación cuando era carga de la sociedad Espacio
& Estilos S.A.S. allegarla.

13.2 En la providencia cuestionada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado de manera
razonada resolvió cada uno de los puntos de inconformidad planteados en la demanda de
tutela. Al respecto, señaló que el artículo 565 del Estatuto Tributario prescribe que la
notificación del acto que resuelve el recurso de reconsideración debe surtirse de manera
personal, previa citación del obligado tributario para que comparezca dentro de los diez días
siguientes a la fecha de introducción al correo de aviso de citación; sin embargo, ante la
falta de comparecencia, la entidad se habilita para acudir a la notificación por edicto o de
manera electrónica.

13.3 Pese a lo anterior, como el acto de notificación se surtió durante el estado de
emergencia económica, social y ecológica, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
consideró que la regla general no era aplicable y se debía de tener en cuenta lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 y la Resolución 58 de 2020, por lo que, luego de explicar de
manera detallada el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional realizó sobre la
aplicación de dicha normativa, explicó que:

3.2- Sin perjuicio de esa condicionalidad de constitucionalidad, la demandada en
acatamiento de la orden establecida en el artículo 4 del decreto legislativo emitió la
Resolución 000058, del 01 de junio de 2020, previendo en su artículo 2 que a fin de
asegurar el aislamiento preventivo obligatorio, los actos administrativos, las
providencias, decisiones, los documentos y/u oficios se podían notificar por medio de
correo electrónico. Dicha norma tuvo control automático de legalidad mediante la
sentencia del 30 de octubre de 2020 (exp. 11001-03-15-000-2020-02572-00, CP:
Luis Alberto Vásquez Parra), suscrita por la Sala Veintidós Especial de Decisión del
Consejo de Estado, en la cual se decidió declarar la nulidad de la expresión «y que
se compromete a que una vez recibido en su integridad el acto a notificar, responderá
el correo electrónico manifestando expresa e inequívocamente que conoce en su
totalidad el acto y que se da por notificado», en vista de que la DIAN impuso cargas
adicionales al usuario, por lo que excedió las reglas previstas en el Decreto
Legislativo 491 de 2010 y los artículos 56 del CPACA y 566-1 del ET, de ahí que
dicha expresión fue expulsada del ordenamiento. Asimismo, condicionó la legalidad
del inciso 1, en tanto se entendería que la duración de la medida de notificación
electrónica sería hasta la superación de la emergencia sanitaria causada por el
Covid-19, toda vez que esto fue lo dispuesto por el Decreto Legislativo 491 de 2020.
Igualmente, la providencia precisó que la norma se refería a los actos «que están por
notificar y que en principio su notificación no sería por medios electrónicos». En ese
sentido, la expresión «podrán igualmente notificarse por medio de correo electrónico»
era una habilitación que propendía por el distanciamiento social para garantizar la
salud de los funcionarios de la entidad y de los usuarios. Asimismo, esta medida tenía

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una condición «esto es, cuando el administrado lo autorice y, en todo caso, predicable
de las actuaciones que en adelante se notifiquen al usuario, si se cumplen las reglas
que prevé el inciso segundo de la norma» (…)17.

13.4 Ahora bien, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia cuestionada,
concluyó que la notificación del recurso de reconsideración dirigida a la empresa Espacio &
Estilos S.A.S. no cumplió con los requerimientos establecidos en la normativa vigente. En
efecto, tras el intento de notificación personal -devuelto por la empresa de mensajería con
la anotación “no reside”-, se procedió directamente a la notificación por aviso, omitiendo
que, conforme al Decreto Legislativo 491 de 202018, expedido en el marco de la emergencia
sanitaria por la pandemia, las entidades estaban obligadas a procurar la obtención de una
dirección electrónica para efectuar la notificación por medios digitales. Frente a este punto,
en la providencia cuestionada se indicó expresamente que:

Ahora, la Sala corrobora que en la misma dirección a la cual se remitió el aludido
correo de citación, fue enviado con éxito la notificación del requerimiento especial, de
la liquidación oficial y del auto admisorio del recurso de reconsideración, por lo cual
la causal devolutiva no se acompasa con que la compañía hubiere mudado su
domicilio. Sin perjuicio de lo anotado, al tenor de los fundamentos jurídicos
expuestos, la Sección advierte que la demandada surtió todo el trámite de notificación
mientras regían las medidas de la emergencia sanitaria y la regulación de que fueran
notificados los actos administrativos electrónicamente como lo demandó el Decreto
Legislativo 491 de 2020. Si bien la Resolución 000058 de 2020 que emitió la
demanda estableció la posibilidad de que el administrado informara una dirección
electrónica de notificación, ello dependía de que la citación enviada por correo
hubiese sido recibida. Empero, en el caso controvertido ello no fue posible, por cuanto
la actora no logró recibir tal citación, bajo una causal de devolución reportada por la
empresa de mensajería que no se acompasa con el hecho de que ambas partes
reconocen como válida y existente la dirección empleada, de manera que la
imposibilidad de entregar la citación, impidió informar una dirección electrónica para
la notificación del acto administrativo.

Así, ante la devolución del correo físico, la autoridad debió propender por la obtención
de una dirección electrónica de notificaciones, pues tal procedimiento se llevó a cabo
en vigencia de las medidas del Decreto Legislativo 491, del 28 de marzo 2020, de
modo que la obtención de la dirección de correo que dependía de la entrega de la
citación le suponíaa la autoridad agotar otro procedimiento para que el obligado
tributario informara una dirección de correo electrónico como mecanismo de
notificación en la época de pandemia, pues lo cierto es que al momento de
interposición del recurso de reconsideración -23 de diciembre de 2019- no estaba la
calamidad surgida por la pandemia del Covid-19, y en todo caso, no puede perderse
de vista que en el Rut de la actora, se encontraba reportado un correo electrónico.

Considerado lo anterior, era preciso que el tribunal abordara el análisis a la luz de la
normativa que regía un estado excepcionalísimo en el que las medias de aislamiento
social, las restricciones de locomoción y de confinamiento hacían indispensable que

17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 31 de octubre de 2024, radicado 28959, M.P. Wilson Ramos Girón.
18 “Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo tramite, proceso o procedimiento que se inicie será
obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado
la autorización.
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los
administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o
comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto,
deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que
se refiere el presente artículo”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02016-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN
Acción de tutela

las autoridades optaran por actuaciones que garantizaran el principio de publicidad
de los actos administrativos, dado que se trató de un período de contención que
comportaba serios impedimentos para atender físicamente las notificaciones de los
actos administrativos, de modo que el empleo de la dirección electrónica resultaba
eficaz y garantista, lo cual recogió e instituyó el Decreto Legislativo 491 de 2020.

4.1- En ese orden de ideas, la Sala estima que la notificación subsidiaria del edicto
desfijado el 09 de diciembre de 2020 inobservó las medidas para notificar las
actuaciones, en vigencia del estado de emergencia sanitaria que atravesó el mundo,
en cambio, la autoridad adoptó la medida de notificación subsidiaria sin antes
asegurar la consecución de una dirección electrónica para efectuar la notificación en
acogimiento de la directriz del Decreto Legislativo 491 de 2020 y sin reparar que la
causal de devolución del correo de la citación, no era consistente con la entrega de
previas actuaciones en la misma dirección del Rut. Así, para la Sala, lo procedente
es reconocer que el acto fue notificado por conducta concluyente el 03 de junio de
2021 con la copia recibida, por ello, la demanda radicada el 01 de octubre de 2021
fue oportuna, lo que descarta la caducidad del medio de control.

Consistente con ello, como el acto fue notificado el 03 de junio de 2021 excedió el
plazo del año previsto en el artículo 732 del ET, habida cuenta de que el recurso fue
interpuesto el 23 de diciembre de 2019. Por consiguiente, de conformidad con el
artículo 734 del ET, encuentra la Sala configurado el silencio administrativo positivo
y, en esa medida, se declarará fallado el recurso en favor de la impugnante;
particularmente, se decretará la firmeza de la autoliquidación del impuesto sobre la
renta del período 2013, objeto de revisión por los actos acusados, lo cual subsume
las demás pretensiones declarativas que discriminó la actora en las letras a., b., c. y
d. del acápite de peticiones 1.2 de la demanda.

13.5 Así las cosas, es claro que la providencia aquí cuestionada no realizó una interpretación
equivocada del Decreto 491 de 2020 y la Resolución 58 de 2020, por el contrario, en la
sentencia se explicó de manera detallada y coherente que si bien el artículo 565 del Estatuto
Tributario regulaba de manera especial el trámite de la notificación del acto que resuelve la
reconsideración, esta normativa no le era aplicable al haberse surtido la notificación durante
la emergencia sanitaria de la pandemia, decisión, que sea de paso decir, se encuentra
ajustada al ordenamiento jurídico y en sintonía con la jurisprudencia de esta Corporación 19.

13.6 En ese orden de ideas, la Sala considera que los reparos expuestos en la demanda de
tutela fueron resueltos durante la oportunidad procesal pertinente de manera razonable por
el juez competente y no merecen ningún tipo de reproche en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 23 de mayo de 2025
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar NEGAR el
amparo solicitado, por las razones expuestas en precedencia.

19 En la misma sentencia se citaron varias decisiones que han desarrollado el tema en el mismo sentido: sentencia del 30

de octubre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2020-02572-00, CP: Luis Alberto Vásquez Parra, sentencia del 17 de febrero
de 2022, exp. 25402, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello, sentencia del 23 de mayo de 2024, exp. 28343, CP: Wilson
Ramos Girón, entre otras.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02016-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN
Acción de tutela

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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