Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02018-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02018-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02018-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
22 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02018-00
Demandante: Gerardo Andrés Ordóñez Mendoza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02018-00
Demandante: GERARDO ANDRÉS ORDÓÑEZ MENDOZA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECRETARÍA GENERAL Y OTRO
Temas: Derecho fundamental de petición. Carencia actual de objeto
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Gerardo Andrés Ordóñez Mendoza,
contra la Secretaría General del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 7 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Gerardo
Andrés Ordóñez Mendoza pidió la protección de su derecho fundamental de petición.
A juicio de la parte actora, la vulneración de las garantías superiores se presenta por la
falta de expedición de un certificado laboral que cumpla con las condiciones exigidas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para su correspondiente apostilla.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
Se ordene a la Secretaría General del Consejo de Estado, que expida un certificado laboral de acuerdo a
(sic) los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Es que (sic) LA FIRMA DEL
SERVIDOR PÚBLICO QUE FIRME LA CERTIFICACIÓN LABORAL SE ENCUENTRE REGISTRADA EN
EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 28 de enero del 2025, el demandante solicitó a la Secretaría General del Consejo de
Estado que expidiera un certificado laboral en el cual se señalara el cargo desempeñado
desde febrero de 2014 hasta junio de 2018 como escribiente en la Sección Segunda de
esta Corporación y la relación de los emolumentos que le fueron liquidados anualmente.
El 30 de enero de 2025, la Secretaría General del Consejo de Estado envió la
certificación laboral requerida y le informó que lo relacionado con los salarios
devengados entre los años 2014 y 2018 sería remitido por competencia a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
El 4 de febrero de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la solicitud de
apostilla No. 52523120511 porque la firma del funcionario que certificó el documento no
se encontraba registrada en su base de datos en cumplimiento del artículo 7, numeral 4
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de la Resolución 1959 de 2020 y 2 de la Resolución 7943 de 2022.
Asimismo, informó que el documento se expidió con firma mecánica, por lo que no le fue
posible validar en la página web de la cancillería, por lo que debía estar acompañada de
un código QR o de verificación para validar que el documento fue expedido por la Entidad
emisora. Al respecto, indicó dos alternativas al peticionario: (i) dirigirse presencialmente
al Consejo de Estado y solicitar que el certificado fuera suscrito a mano alzada por un
funcionario que si estuviera registrado en la base de datos del ministerio y (ii) solicitar a
la Corporación que, si decidía expedir el documento con firma mecánica, debe estar
acompañado de un método de validación (código QR o código de verificación) que
permitiera confirmar su veracidad, conforme el artículo 2 de la Resolución 7943 de 2022.
En esa misma fecha, el demandante radicó una solicitud con la que explicó que el
certificado solicitado tenía como finalidad ser apostillada para adelantar el trámite de
residencia permanente en Canadá, que el Ministerio de Relaciones exteriores rechazó el
certificado antes expedido y que, reenviaba los motivos del rechazo para que fueran
subsanados.
El 28 de febrero de 2025, la Secretaría del Consejo de Estado le envió al demandante el
certificado laboral en el que incluyó código QR junto a la firma mecánica de quien
suscribió el documento, para garantizar su verificación ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El 3 de marzo de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó nuevamente la
apostilla del documento. Al respecto, informó que “la solicitud ha sido rechazada porque la firma
del servidor público que certifica el documento no se encuentra registrada en la base de datos del Ministerio
de Relaciones Exteriores. En este sentido, debe solicitar al servidos (sic) público DIANA LUCÍA SÁNCHEZ
SERNA, que firmó su documento que registre o actualice su firma en línea a través del enlace:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/registre_firma. En caso
de no ser posible, debe dirigirse al Consejo de Estado, para que otro servidor público indique su nombre,
cargo, entidad y fecha de validación junto con su firma a mano alzada o una firma mecánica que sea
posible validar en la página web de la Entidad emisora, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 7°,
numeral de la Resolución 1959 de 2020 y en el Acuerdo 2° de la Resolución 7943 de 2022
respectivamente”.
4. Fundamentos de la acción de tutela
Gerardo Andrés Ordóñez Mendoza alegó que la violación al derecho de petición, por
cuanto, a la fecha de presentación de la acción de tutela no había recibido respuesta a
la petición formulada el 4 de febrero de 2025, en atención a los requerimientos
efectuados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la correspondiente apostilla
del certificado laboral.
Que el término establecido para responder su petición es de 15 días contados partir de
su recepción y pese a que el plazo se encuentra superado, no ha recibido una respuesta.
Citó las sentencias T-219 de 1994, T-332 de 2015, donde se establecen criterios para la
protección al derecho fundamental de petición. Asimismo, citó la Ley 1755 de 2015, en
lo referente al término para contestar las peticiones.
5. Trámite procesal
El 10 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre
otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a la al presidente y a la
secretaria general del Consejo de Estado y vinculó como tercero con interés a la ministra
de relaciones exteriores y al director Ejecutivo de Administración Judicial.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 23 de abril de 20252.
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6. Intervenciones
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que esa entidad no es la llamada a
responder o cumplir las órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías
constitucionales de la accionante.
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización, adscrita a la
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería,
solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en pasiva. Señaló que esa
entidad no incurrió en acción u omisión que vulnerara o amenazara los derechos
fundamentales del demandante, pues no tiene la facultad de emitir directrices frente a
los documentos expedidos por otras entidades.
El magistrado auxiliar de la Presidencia del Consejo Estado solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que, de conformidad con el artículo
56 del Acuerdo 080 de 2019, los asuntos administrativos de la Corporación son
competencia la Secretaría General.
La Secretaría General del Consejo de Estado, pidió que se denegara el amparo
solicitado, pues aseguró que dio una respuesta de fondo y oportuna de la petición del
accionante. Como sustento de su posición, allegó como pruebas: (i) certificación laboral
del señor Gerardo Andrés Ordóñez Mendoza, expedida el 30 de enero de 2025; (ii)
remisión de la solicitud a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que
emitiera la certificación relacionada con los salarios devengados por el accionante en su
calidad de escribiente nominado entre los años 2014 y 2018; (iii) certificación laboral
proferida el 27 de febrero de 2025, la cual contiene, junto a la firma de la Secretaria
General, un código QR para su respectiva validación; y (iv) comunicación enviada al
demandante mediante mensaje de datos, en la cual se le remitió el certificado, en
atención a los lineamientos de la Cancillería.
En la ampliación a su contestación, señaló que remitió el certificado 078 de 30 de enero
de 2025, en el que relacionó el tiempo de servicios del demandante y las funciones que
desempeñó. Agregó que el demandante no informó en la petición inicial el destino u
objeto de la certificación solicitada, por lo que el documento se expidió según las normas
generales sobre los trámites ante las autoridades.
Que solo tuvo conocimiento del destino de la certificación tras la segunda petición cuando
el señor Gerardo Andrés Ordóñez Mendoza indicó que el certificado había sido
rechazado porque la firma del funcionario que certificó el documento no se encontraba
registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se expidió
el documento con una firma mecánica que no fue posible validar en la página web de la
cancillería, por lo que debía estar acompañada de un código QR o de verificación para
validar que el documento fue expedido por la Entidad emisora.
Indicó que, si bien su firma no se encuentra registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, realizó las gestiones necesarias para dar respuesta a la solicitud teniendo en
cuenta las opciones informadas por el ministerio, de modo que, optó por acogerse a la
opción dos (2), que hace referencia a «2. Solicitar a CONSEJO DE ESTADO que, si va
a expedir el documento con firma mecánica, éste debe ofrecer un método de validación
de dicha firma (código QR o código de verificación), de manera que sea posible
corroborar que el documento fue expedido por la Entidad emisora, dando cumplimiento
a lo indicado en el Artículo 2° de la Resolución 7943 de 2022». Por tal motivo, el 28 de
febrero de 2025 se envió por correo electrónico al demandante el certificado solicitado
con inclusión de «código QR o de verificación».
El 9 de mayo de 2025, la secretaria general de esta Corporación informó que ya había
realizado el registro de su firma en la base de datos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y adjuntó el certificado, en el que se indicó: «Su solicitud de registro de ficha
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de firma ha sido aprobada de manera exitosa; en adelante su firma podrá ser apostillada
o legalizada en los documentos que la contengan, teniendo en cuenta que su firma
siempre deberá estar acompañada del nombre completo y el cargo registrados por
usted».
El 19 de mayo de 2025, la Secretaría del Consejo de Estado aportó copia del correo
electrónico con el que le comunicó al demandante que llevó a cabo el registro de la firma
en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y adjuntó el soporte de su
aprobación.
CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – sobre la legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el caso concreto, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Presidencia del
Consejo de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores pidieron ser desvinculados
del trámite porque no son los llamados a responder o cumplir las órdenes que se expidan
con el fin de amparar las garantías constitucionales de la accionante, porque concuerdan
en que no tienen la aptitud legal, para emitir la certificación laboral solicitada por el
demandante.
En relación con la vinculación de la Presidencia del Consejo de Estado, se observa, que,
conforme con el artículo 56 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, el secretario general
tiene asignadas funciones administrativas que corresponden a la gestión y organización
interna de la Secretaría. Por lo tanto, la solicitud presentada por el accionante constituye
un trámite administrativo cuya resolución compete a la Secretaría General. En
consecuencia, al no tener la Presidencia del Consejo de Estado un interés directo en el
asunto, se dispondrá a su desvinculación del proceso.
Sobre la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sala precisa que estas entidades fueron
vinculadas al proceso en calidad de terceros con interés, por lo que la decisión que se
adopte podría afectar sus intereses. En consecuencia, no es procedente su
desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Gerardo
Andrés Ordóñez Mendoza contra la Secretaría General del Consejo de Estado, por haber
dado respuesta parcial a la petición presentada el 04 de febrero de 2025.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) sobre la carencia de objeto en materia de tutela, y (iii) análisis
del caso concreto.
3 Ver sentencias T-373 de 2015 y T-172 de 2019.
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3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
4. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 4. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
5. Análisis el caso concreto
La parte actora pretende que se ampare su derecho fundamental de petición porque, a
pesar de que, en el trámite de la acción de tutela, la Secretaría General del Consejo de
Estado registro la firma de la funcionaria ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no
ha puesto en conocimiento del accionante esa situación.
Para resolver, la Sala empezará por referirse a lo probado:
El 28 de enero del 2025, el demandante solicitó a la Secretaría General del Consejo de
Estado que expidiera un certificado laboral en el cual se señalara el cargo desempeñado
desde febrero de 2014 hasta junio de 2018 como escribiente en la Sección Segunda de
esta Corporación y la relación de los emolumentos que le fueron liquidados anualmente.
El 04 de febrero de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la apostilla
porque la firma del funcionario no estaba registrada en su base de datos y el documento
tenía una firma mecánica sin código QR ni medio de validación en su web.
En esa misma fecha, el demandante radicó la ampliación de su petición. Informó que el
certificado solicitado era para trámite de residencia permanente en Canadá y que el
Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó el documento expedido por la Secretaría
General del Consejo de Estado por no cumplir con los parámetros respecto a la
validación de la firma del funcionario que lo suscribió. Para el efecto, reenvió los motivos
del rechazo para su subsanación.
4 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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El 28 de febrero de 2025, la Secretaría del Consejo de Estado le envió al demandante el
certificado laboral en el que incluyó código QR junto a la firma mecánica de quien
suscribió el documento, para garantizar su verificación ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El 3 de marzo de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó nuevamente la
apostilla del documento. Al respecto, informó que “la solicitud ha sido rechazada porque la firma
del servidor público que certifica el documento no se encuentra registrada en la base de datos del Ministerio
de Relaciones Exteriores. En este sentido, debe solicitar al servidor público DIANA LUCÍA SÁNCHEZ
SERNA, que firmó su documento que registre o actualice su firma en línea a través del enlace:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/registre_firma. En caso
de no ser posible, debe dirigirse al Consejo de Estado, para que otro servidor público indique su nombre,
cargo, entidad y fecha de validación junto con su firma a mano alzada o una firma mecánica que sea
posible validar en la página web de la Entidad emisora, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 7°,
numeral de la Resolución 1959 de 2020 y en el Acuerdo 2° de la Resolución 7943 de 2022
respectivamente”.
El 9 de mayo de 2025, la secretaria general de esta Corporación informó que ya había
realizado el registro de su firma en la base de datos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y adjuntó el certificado, en el que se indicó: «Su solicitud de registro de ficha
de firma ha sido aprobada de manera exitosa; en adelante su firma podrá ser apostillada
o legalizada en los documentos que la contengan, teniendo en cuenta que su firma
siempre deberá estar acompañada del nombre completo y el cargo registrados por
usted».
Luego, el 19 de mayo de 2019, la Secretaría General de esta Corporación aportó
constancia de la comunicación enviada al correo electrónico del demandante, en la que
le informó que el registro de la firma en la base de datos del Ministerio ya se había
realizado y había sido aprobado.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que en el caso objeto de estudio se configuró la
carencia actual de objeto respecto de las pretensiones del señor Gerardo Andrés
Ordóñez Mendoza, pues en el curso de la acción de tutela obtuvo una respuesta de fondo
frente a la petición elevada el 4 de marzo de 2025 relacionada con la expedición de
certificado laboral con el lleno de requisitos exigidos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Esa situación impide pronunciarse sobre la eventual vulneración al derecho fundamental
de petición, pues la situación que dio origen a la acción de tutela ya fue superada. Por lo
tanto, carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del
juez de tutela, en los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 19915.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
I. FALLA
1. Acceder a la solicitud de desvinculación elevada por la Presidencia del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Denegar las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a la parte motiva.
3. Declarar la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en esta providencia.
5 Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente. Cuando el desistimiento hubiere
tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá
reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.
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Demandante: Gerardo Andrés Ordóñez Mendoza
4. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
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