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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02022-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02022-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Dirección Nacional de Inteligencia, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02022-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

29 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2025-02022-00
Demandante: Dirección Nacional de Inteligencia - DNI

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02022-00
Demandante: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA -DNI-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por declaratoria de insubsistencia de
cargo de libre nombramiento y remoción. Defectos fáctico y sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de abril de 2025, la Dirección Nacional de Inteligencia – DNI, por conducto de
apoderado judicial, solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Por medio de la presente acción de tutela, solicito al Honorable Consejo de Estado
que se ampare el derecho fundamental al Debido Proceso y al Acceso Efectivo a la
Administración de Justicia de la Dirección Nacional de Inteligencia, y en consecuencia
se deje sin valor y efectos la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Primera (sic) – Subsección A de radicado 11001-33-35-028-2023-
00245-01 de fecha 17 de febrero de 2025”.

2. Hechos

La entidad demandante señaló que mediante Resolución no. 1022 de 14 de
noviembre de 2019, el director general del Departamento Administrativo – Dirección
Nacional de Inteligencia nombró al señor Jorge Miguel Padilla Ruiz en el cargo
denominado gestor de inteligencia máster clase III, grado 09, ubicado en la
Subdirección de Operaciones, quien se posesionó el 3 de diciembre de 2019.

Agregó que a través de la Resolución no. 125 de 8 de febrero de 2023, fue declarado
insubsistente el nombramiento del señor Padilla Ruiz, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Señaló que el señor Jorge Miguel Padilla Ruiz, mediante apoderado judicial
presentó demanda contra la Nación – Dirección Nacional de Inteligencia – DNI, en
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Demandante: Dirección Nacional de Inteligencia - DNI

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin
que se declarara la nulidad de la Resolución no. 125 de 8 de febrero de 2023,
mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento, y a título de
restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo que desempañaba y el
pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

Expresó que el trámite le correspondió por reparto al Juzgado Veintiocho
Administrativo del Circuito de Bogotá, quien mediante sentencia de 4 de junio de
2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el cargo de gestor de
inteligencia máster clase III, grado 09, era de libre nombramiento y remoción, por lo
tanto el director general de la entidad podía disponer de la distribución de los cargos
de la planta global de conformidad con el Decreto 4617 de 2011. Contra la anterior
decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.

Por último, aseveró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A” mediante sentencia de 17 de febrero de 2025, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de la Resolución no.
125 de 8 de febrero de 2023, y condenó a la entidad demandante a reintegrar al
señor Jorge Miguel Padilla Ruiz a un cargo de igual o equivalente categoría al que
ocupaba al momento de la insubsistencia, al estimar que el acto administrativo
demandado se encuentra incurso en la causal de nulidad de violación de las normas
en que debía fundarse, pues en el caso concreto no aplicaba la facultad discrecional
para el retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción prevista en el
Decreto 2400 de 1968 y la Ley 909 de 2004, en tanto debió aplicar la normativa
especial dispuesta en el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de
20131, que dispone que el retiro del cargo se producirá cuando el nominador previo
concepto del comité técnico, o quien haga sus veces, considere que no se cumple
con los estándares de idoneidad y confianza.

3. Fundamentos de la acción

La entidad actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que la sentencia de 17 de febrero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al interpretar de manera errónea la normativa aplicable al
caso concreto, específicamente, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, en
concordancia con el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, a lo que agregó
que la autoridad judicial desconoció el material probatorio allegado al proceso.

Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial para controvertir el fallo
de segunda instancia, pues al ser la providencia que decidió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante del proceso ordinario, no es susceptible de
recursos ordinarios, y no son aplicables las causales del recurso extraordinario de
revisión contemplado en los artículos 243 y 250 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto del requisito general de inmediatez, la parte actora afirmó que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 17 de febrero de 2025 y notificada
a las partes el 24 del mismo mes y año, por lo tanto, se encuentra dentro del término
razonable.

Por último, de conformidad con el requisito de que no se trate de sentencias de
tutela, concluyó que la solicitud se presentó contra la sentencia de 17 de febrero de

1 Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que

llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se
dictan otras disposiciones.
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2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que
se configuró el defecto fáctico y sustantivo.

En relación con el defecto fáctico consideró que la providencia reprochada carece
de fundamento probatorio que permita la aplicación del supuesto legal establecido
en el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, la cual
ocasionó “una visión distorsionada de la realidad procesal”, pues la normativa
aplicable al retiro del servicio de los servidores que desempeñan empleos de libre
nombramiento y remoción es el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Respecto del defecto sustantivo señaló que el Tribunal accionado no aplicó los
principios constitucionales y las normas que regulan el empleo público, toda vez que
la entidad acreditó con las pruebas allegadas al proceso que “el retiro de quien
desempeñaba el empleo de libre nombramiento y remoción que fungió como
demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-028-2023-00245-00, se dio con fundamento en la facultad discrecional
del nominador reglada en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, y por tanto, la entidad
no debía agotar el procedimiento al que alude el parágrafo 4° del artículo 34 de la
Ley Estatutaria 1621 de 2013”.

Por último, refirió que la autoridad judicial accionada confundió el retiro en razón a
la pérdida de las pruebas de confiabilidad que se necesitan para el ejercicio de un
cargo con funciones de inteligencia y contrainteligencia consagradas en el artículo
38 de la Ley 1621 de 2013, y el retiro a causa de la pérdida de confianza como
elemento subjetivo que debe tener el nominador en su equipo de trabajo para el
desarrollo adecuado de las funciones de la entidad.

4. Trámite procesal

Por auto de 11 de abril de 2025, el despacho sustanciador previo a decidir sobre la
admisión de la acción de tutela requirió a la entidad accionante para que manifestara
bajo la gravedad de juramento que no había presentado otra acción constitucional
bajo los mismo hechos y derechos de conformidad con lo previsto en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991.

Mediante auto de 30 de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar a la parte actora y a la autoridad accionada -Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”. Así mismo, al
señor Jorge Miguel Padilla Ruiz, como tercero interesado en el resultado del
proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud
de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso. La Secretaría
General de esta Corporación libró los oficios Nos. 55541 a 55544 del 5 de mayo de
2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”

El magistrado ponente rindió informe en el que indicó que el señor Jorge Miguel
Padilla Ruiz presentó demanda contra el Dirección Nacional de Inteligencia en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que
solicitó la nulidad de la Resolución no. 125 de 2023, por medio de la cual el director

2 Índice 13 de Samai.

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general declaró insubsistente su nombramiento como funcionario de gestor de
inteligencia máster, clase III, grado 09, y a título de restablecimiento del derecho
pidió el reintegro al cargo que venía desempeñando en la planta de personal o a
uno de igual o superior categoría.

Refirió que el 4 de junio de 2024, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones
de la demanda. A su turno, esa corporación por medio de sentencia de 17 de febrero
de 2025 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas, señaló que la entidad accionante interpuso la acción de
tutela al considerar que el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, porque a su juicio la providencia
cuestionada carece de apoyo probatorio e interpretó erróneamente la norma.

Indicó que analizado el acto administrativo reprochado se observó que el señor
Jorge Miguel Padilla Ruiz fue declarado insubsistente con fundamento en el Decreto
2400 de 1968 y la Ley 909 de 2004, no obstante, precisó que la entidad demandada
tiene una reglamentación especial para el retiro de servidores públicos que realicen
actividades de inteligencia y contrainteligencia de conformidad con el parágrafo 4
del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, la cual dispone que el retiro se
deberá hacer “cuando el nominador, previo concepto de un comité asesor o quien
haga sus veces, en ejercicio de la facultad discrecional y considere que no se
cumple con los estándares de idoneidad y confianza”.

Frente a lo anterior, se evidenció que el director de la Dirección Nacional de
Inteligencia no cumplió con el requisito previamente descrito para declarar la
insubsistencia, pues omitió que existe una norma especial. Por lo tanto, los
argumentos se encontraban debidamente ajustados a derecho, pues la Sala aplicó
la normativa aplicable al caso concreto y examinó todas las pruebas aportadas al
proceso, de las cuales pudo concluir que el acto administrativo reprochado se
encontraba incurso en la causal de nulidad de violación de las normas en que debió
fundarse.

Por último, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se configuró una vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la
sentencia cuestionada se fundamentó en la normativa y jurisprudencia aplicable al
caso.

5.2. Respuesta del señor Jorge Miguel Padilla Ruiz

La apoderada judicial del señor Jorge Miguel Padilla Ruiz rindió informe en el que
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela al no materializarse
ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales.

Agregó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, al considerar que la decisión cuestionada fue debidamente proferida
de conformidad con la normativa y la jurisprudencia vigente. Por lo anterior, la
entidad demandante no puede pretender que “por el mero hecho de que sus
actuaciones administrativas se vengan realizando bajo el marco legal equivoco de
una norma que para el caso concreto no aplica, se deba entonces seguir con esa
indebida mecánica, a sabiendas de que un operador judicial dentro del cierre de un
proceso contencioso administrativo, ya encaminó en debida forma el procedimiento
legal que se debe atender para casos como el del señor Jorge Miguel Padilla Ruiz,
conforme a los presupuestos que prevé la Ley estatutaria organismos de inteligencia
y contrainteligencia que no pertenezcan al sector defensa, como es el caso de la
Dirección Nacional de Inteligencia”.

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Señaló que el defecto sustantivo que argumenta la entidad demandante se
fundamenta en la indebida interpretación normativa que realizó el Tribunal en la
providencia cuestionada, no obstante, contrario a lo manifestado, la decisión se
emitió en virtud de la normativa especial aplicable al caso, esto es, el parágrafo 4
del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, el cual establece que previo al
retiro de un servidor público perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia,
debe practicarse una prueba de confiabilidad y proferirse un concepto jurídico que
viabilice dicho retiro. Sin embargo, tal supuesto no se realizó por lo que no se ajustó
a los presupuestos que prevé el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968.

Por último, concluyó que se le deben respetar los derechos adquiridos al señor
Padilla Ruiz en la sentencia de segunda instancia de 17 de febrero de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en el fallo de 17 de febrero
de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A” que revocó la decisión de 4 de junio de 2024 dictada por
el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, en el medio de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-028-2023-00245-01
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de la entidad accionante
al configurarse un defecto fáctico y sustantivo, al carecer de fundamento probatorio
para justificar la aplicación del supuesto legal previsto en el parágrafo 4° del artículo
38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y no dar aplicación al parágrafo 2° del artículo
41 de la Ley 909 de 2004.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.

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Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,

6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de

2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz

Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela supera el presupuesto de
relevancia constitucional porque debe definirse si se vulneraron a la entidad
accionante los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con la sentencia de 17 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A.

En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan la solicitud
se encaminan a demostrar la ausencia de fundamento probatorio para justificar una
indebida interpretación de la normativa aplicable al caso concreto, específicamente,
el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, pues a juicio de
la entidad accionante, la normativa aplicable para el retiro del servicio de los
servidores públicos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción
corresponde al artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y su parágrafo 2°, lo que de
hallarse probado afectaría el contenido, alcance y goce de las garantías invocadas,
máxime cuando la parte actora no pudo controvertir la decisión al ser adoptada en
el curso de una segunda instancia lo que descarta que se trate de una continuación
del debate.

Por otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad, porque la parte actora
no cuentan con otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que la
providencia que decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
del proceso ordinario, no es susceptible de recursos ordinarios, y no le son
aplicables las causales del recurso extraordinario de revisión contemplado en los
artículos 243 y 250 de la Ley 1437 de 2011, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada a la entidad
accionante mediante correo electrónico de 24 de febrero de 2025, por lo que se
entiende notificada el 26 de febrero siguiente18, de conformidad con el artículo 205
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la
acción de tutela se presentó el 7 de abril de 2025, esto es, un (1) mes y cinco (5)
días después, dentro del término prudencial precisado por esta corporación; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo
de tutela.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo alegados

La Dirección Nacional de Inteligencia, quien actúa a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A”, con el objeto de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 17 de febrero de 2025, que revocó
la decisión de 4 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo
del Circuito de Bogotá y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado no. 11001-33-35-028-2023-

18 Regla de unificación establecida en el auto de 29 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Plena del

Consejo de estado identificado con el radicado 68001-23-33-000-2013-00735-02, MP. Stella Jeannette Carvajal
Basto.

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Demandante: Dirección Nacional de Inteligencia - DNI

00245-01, y condenó a la entidad accionada a reintegrarlo a un cargo de igual o
superior categoría al que ocupaba al momento de la declaratoria de insubsistencia.

Conforme con el expediente digitalizado allegado y la información suministrada en
el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, la Sala observa que el 24 de julio de
2023, el señor José Miguel Padilla Ruiz, a través de apoderado judicial, presentó
demanda contra la Nación – Departamento Administrativo Dirección Nacional de
Inteligencia, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución no. 125 de 8 de
febrero de 2023, mediante la cual el director general declaró insubsistente su
nombramiento en el cargo de gestor de inteligencia master, clase III, grado 09, y a
título de restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo que desempeñó
y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Como fundamento de la demanda, el actor señaló que su nombramiento nunca fue
de aquellos que prevé taxativamente el artículo 5° de la Ley 909 de 2004, pues sus
funciones no estuvieron relacionadas con prestar asesoría, asistencia o apoyo
directo al funcionario encargado, por el contrario, sus obligaciones siempre
estuvieron ligadas al grupo de inteligencia y contrainteligencia, por lo que la entidad
demandada debió emitir un concepto previo para poder declarar insubsistente al
señor José Miguel Padilla Ruiz, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 4°
del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013.

Adicionalmente, sostuvo que “pese a que la vinculación del personal adscrito al
Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, se efectúa a través
de la figura de libre nombramiento y remoción, lo cual supone que en principio los
servidores que ahí laboran no están sometido a ningún presupuesto para efectos
de dar viabilidad a su retiro, lo cierto es que, de conformidad con el Art. 4 de la Ley
1621 de 2013, dicha potestad si encuentra un límite previo al retiro, el cual se
encuentra plenamente descrito en el parágrafo 4 del Art. 37 ibidem. Sin embargo,
dicho supuesto en el presente caso no se dio, pues de conformidad con los
antecedentes administrativos que fueron remitidos por la entidad demandada,
NUNCA SE PRACTICÓ UNA PRUEBA DE CONFIABILIDAD al actor, ni mucho
menos se emitió por parte del comité asesor, un concepto en el que se indicara que
nuestro representado no cumplía con los estándares de idoneidad y confianza,
requeridos para permanecer en la entidad (…)”.

El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia de
4 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
entidad accionante no estaba en la obligación de aplicar previo a la declaración de
insubsistencia las pruebas de seguridad y confiabilidad para conformar un comité,
emitir un concepto y tomar una decisión, pues de conformidad con el artículo 26 del
Decreto 2400 de 1968, en armonía con el literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de
2004, el retiro de un servidor de libre nombramiento y remoción se hará por acto
administrativo no motivado. Contra esa determinación el señor José Miguel Padilla
Ruiz interpuso recurso de apelación.

El 17 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, profirió sentencia en la que revocó la decisión del juzgado
y, en su lugar, declaró la nulidad de la Resolución no. 125 de 8 de febrero de 2023,
por medio de la cual se había declarado insubsistente al señor José Miguel Padilla
Ruiz, y condenó a la Dirección Nacional de Inteligencia a reintegrarlo a un cargo de
igual o superior categoría al que ocupaba al momento de la insubsistencia, al
estimar que la normativa aplicable al caso concreto es la contenida en el parágrafo
4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, la cual determina que el retiro
se producirá cuando nominador previo concepto del comité asesor considere que
no se cumple con los estándares de idoneidad y confianza.

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Demandante: Dirección Nacional de Inteligencia - DNI

En el escrito de tutela, la Dirección Nacional de Inteligencia sostiene que en la
providencia recurrida se configuró un defecto fáctico y sustantivo, en tanto, a su
juicio, carece de fundamento probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
establecido en el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013,
puesto que la normativa aplicable al retiro del servicio de los servidores que
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción es el artículo 41 de la Ley
909 de 2004 y su parágrafo 2°.

Ahora bien, en la demanda de tutela se indicó que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto fáctico y sustantivo, porque se aplicó de manera errónea el
supuesto legal establecido en el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria
1621 de 2013, ocasionado una “una visión distorsionada de la realidad procesal”,
pues la normativa aplicable al retiro del servicio de los servidores que desempeñan
empleos de libre nombramiento y remoción es el artículo 41 de la Ley 909 de 2004
y su parágrafo 2°. Sin embargo, se observa que la parte actora expuso argumentos
similares, razón por la cual serán estudiados en conjunto.

Respecto del defecto fáctico, la Dirección Nacional de Inteligencia sostuvo que la
sentencia de 17 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” carece de fundamento
probatorio, pues no tuvo en cuenta que la normativa aplicable al caso concreto es
la establecida en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, el cual
establece que el retiro de los servidores públicos que estén desempeñando empleos
de libre nombramiento y remoción se producirá por declaratoria de insubsistencia
mediante acto administrativo no motivado, pues es una facultad discrecional que
tiene la entidad.

En ese sentido, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
tuvo en cuenta el materia probatorio aportado al proceso y, en especial, se demostró
que el señor José Miguel Padilla Ruiz laboró en la Dirección Nacional de Inteligencia
inicialmente en el cargo de gestor de inteligencia máster clase III grado 09 desde el
3 de diciembre de 2019 hasta el 9 de junio de 2020, luego fue encargado como
director de inteligencia clase I grado 03 de la Dirección de Inteligencia y
Contrainteligencia desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 16 de noviembre de
2022, y finalmente retornó a su cargo desde el 16 de noviembre de 2022 hasta el 8
de febrero de 2023, fecha en la que fue declarado insubsistente.

Lo anterior se encuentra acreditado en los siguientes documentos:

• Resolución no. 1022 de 14 de noviembre de 2019, mediante la cual el director
general de la Dirección Nacional de Inteligencia nombró al señor José Miguel
Padill Ruiz en el cargo de gestor de inteligencia máster clase III grado 09,
ubicado en la Subdirección de Operaciones de la entidad, posesionado el 3
de diciembre de 2019.

• Comunicación no. 110 de 14 de febrero de 2020, a través de la cual la
coordinadora del Grupo de Talento Humano le informó al demandante que
había sido encargado como director de inteligencia clase I grado 03 de la
Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia.

• Resolución no. 139 de 12 de febrero de 2020, mediante la cual el director
general encargó al demandante como director de inteligencia clase I grado
03 de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia, a partir del 15 de
febrero de 2020.

• Resolución no. 461 de 1° de junio de 2020, en la que se prorrogó el encargo
del demandante.

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• Resolución no. 1081 de 10 de noviembre de 2022, mediante la cual la
Dirección Nacional de Inteligencia finalizó el encargo del demandante en el
cargo de director de inteligencia clase I grado 03 de la Dirección de
Inteligencia y Contrainteligencia.

En conclusión, de conformidad con lo expuesto se evidencia que el señor José
Miguel Padilla Ruiz se vinculó a la Dirección Nacional de Inteligencia el 3 de
diciembre de 2019 en el cargo de gestor de inteligencia máster clase III grado 09 y,
posteriormente, fue encargado como director de inteligencia clase I grado 03
perteneciente a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia de la entidad
accionante hasta el 10 de febrero de 2022, fecha en la que finalizó el encargo. Así
las cosas, los actos administrativos mencionados demuestran con suficiencia que
el señor Padilla Ruiz siempre estuvo desarrollando funciones relacionadas con la
dirección de inteligencia y contrainteligencia, por lo que le era aplicable lo dispuesto
en el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley 1621 de 2013, el cual indica de manera
expresa que el retiro de los servidores públicos que desarrollan actividades de
inteligencia y contrainteligencia se producirá previo concepto del comité asesor o
quien haga sus veces, cuando considere que no se cumple con los estándares de
idoneidad y confianza.

Ahora bien, en relación con el defecto sustantivo, la entidad accionante señaló
que el fallo objetado no aplicó los principios constitucionales y las normas que
regulan el empleo público, toda vez que la entidad acreditó con las pruebas
allegadas al proceso que “el retiro de quien desempeñaba el empleo de libre
nombramiento y remoción que fungió como demandante en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-028-2023-00245-00, se dio con
fundamento en la facultad discrecional del nominador reglada en el artículo 41 de la
Ley 909 de 2004, y por tanto, la entidad no debía agotar el procedimiento al que
alude el parágrafo 4° del artículo 34 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013”.

En ese orden ideas, resulta del caso precisar que el defecto sustantivo se
materializa cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que
la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce
el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado
inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso concreto
vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y
la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde
con las motivaciones expuestas en la providencia” 19.

19 Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que
esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera
injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”20 (Negrillas y subrayas de la Sala).

Descendiendo al sub examine, la Sala observa que en la sentencia de 17 de febrero
de 2025, el Tribunal accionado determinó que el problema jurídico era establecer si
se desvirtuaba la legalidad de la Resolución no. 125 de 8 de febrero de 2023,
mediante la cual el director general de la Dirección Nacional de Inteligencia declaró
insubsistente el nombramiento del señor José Miguel Padilla Ruiz en el cargo de
gestor de inteligencia clase III grado 09 ubicado en la Subdirección de Operaciones
de la entidad, y si el demandante tenía derecho a permanecer en dicho cargo al
estar el acto administrativo enjuiciado incurso en las causales de nulidad de falsa
motivación, falta motivación y desviación del poder.

Para resolver el problema jurídico propuesto, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” estudió y verificó la normativa
aplicable al caso concreto y evidenció que la Ley 909 de 200421 establece las clases
de nombramientos, entre ellos los empleos de libre nombramiento y remoción, los
cuales constituyen una modalidad de provisión transitoria y excepcional de los
empleados de carrera, teniendo como finalidad garantizar la eficiencia de la función
administrativa ante la vacancia de un empleo público y pueden ser declarados
insubsistentes sin necesidad de un acto administrativo motivado.

No obstante, consideró que el Decreto 4179 de 2011 creó un Departamento
Administrativo denominado Dirección Nacional de Inteligencia, como un organismo
de seguridad que desarrolla funciones de inteligencia estratégica y
contrainteligencia. Precisó que en el artículo 4° ibídem establece que los servidores
públicos que realicen actividades de inteligencia y contrainteligencia o tengan
acceso a información de carácter reservado, serán de libre nombramiento y
remoción debido a la confianza que conlleva el desarrollo de la función.

Analizó que el artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, dispuso que las
personas que ingresen a la Dirección Nacional de Inteligencia deben realizar
múltiples pruebas para verificar su credibilidad y confiabilidad, y la no superación
de las mismas es causal de no ingreso a la entidad o de retiro del servicio. Sin
embargo, el retiro del servicio de los servidores públicos que ejecuten funciones de
inteligencia y contrainteligencia se efectuará cuando el nominador, previo concepto
de un comité asesor o quien haga sus veces, considere que no se cumple con los
estándares de idoneidad y confianza.

Así las cosas, el Tribunal accionado evidenció que el señor José Miguel Padilla Ruiz
fue vinculado en un cargo de libre nombramiento y remoción a la Dirección Nacional
de Inteligencia, llevando a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
como gestor de inteligencia máster clase III grado 09 desde el 3 de diciembre de
2019 hasta el 9 de junio de 2020, luego fue encargado como director de inteligencia
clase I grado 03 de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia desde el 15 de
febrero de 2020 hasta el 16 de noviembre de 2022, y finalmente retornó al cargo de

20 Ibíd.
21 “Por la cual se regula el empleo público, la carrea administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.
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gestor de inteligencia máster clase III grado 09 desde el 16 de noviembre de 2022
hasta el 8 de febrero de 2023, fecha en la que fue declarado insubsistente.

Asimismo, la autoridad judicial accionada señaló que el director general de la
Dirección Nacional de Inteligencia para proferir el acto administrativo de
declaratoria de insubsistencia se fundamentó en el Decreto 2400 de 1968 y la Ley
909 de 2004, lo cual en principio se ajustaría a la normativa aplicable para los
empleos de libre nombramiento y remoción. No obstante, precisó que esa entidad
tiene una reglamentación especial para el retiro de los servidores públicos que
ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia contenida en el parágrafo
4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, que dispone que el retiro se
producirá cuando el nominador, previo concepto del comité técnico o quien haga
sus veces, considere que no se cumple con los estándares de idoneidad y
confianza.

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A” concluyó que el director general de la Dirección Nacional de
Inteligencia para poder declarar insubsistente al señor José Miguel Padilla Ruiz
debía contar previamente con el concepto del comité asesor, el cual tenía que
determinar que no cumplía con los estándares de idoneidad y confianza, concepto
que no se realizó, pues la entidad se fundamentó en la facultad discrecional que
tenía en virtud del Decreto 2400 de 1968 y la Ley 909 de 2004, por lo que
desconoció que esa normativa no era aplicable al existir norma especial de retiro
del servicio (parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013).

En ese contexto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A” explicó de manera razonable y suficiente las
razones por las cuales resolvió revocar la decisión de primera instancia proferida
por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá que había negado
las pretensiones de la demanda, pues evidenció que el señor José Miguel Padilla
Ruiz fue vinculado en un cargo de libre nombramiento y remoción a la Dirección
Nacional de Inteligencia llevando a cabo actividades de inteligencia y
contrainteligencia como gestor de inteligencia máster clase III grado 09. De allí que
de conformidad con la normativa especial aplicable al caso concreto, esto es, el
parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, no aplicaba la
facultad discrecional para el retiro de los empleados de libre nombramiento y
remoción en los términos previstos en el Decreto 2400 de 1968 y la Ley 909 de
2004, alegada por la Dirección Nacional de Inteligencia.

Dicho en otros términos, se trata de una facultad discrecional especial prevista por
el legislador para aquellos nombramientos de libre nombramiento y remoción que
se realicen en la Dirección Nacional de Inteligencia que llevan a cabo labores de
inteligencia y contrainteligencia, decisión que requiere, previamente, el concepto de
que trata el parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013.

Así las cosas, tampoco le asiste razón a la demandante cuando aduce que el
Tribunal “confundió el retiro a causa de la pérdida de las pruebas de confiabilidad
que se necesitan para el ejercicio de un cargo con funciones de inteligencia y
contrainteligencia consagradas en el artículo 38 de la Ley 1621 de 2013, y el retiro
a causa de la pérdida de confianza como elemento subjetivo que debe tener el
nominador en su equipo de trabajo para el desarrollo adecuado de las funciones de
la entidad”, pues a juicio de esta Sala la norma es clara y no da espacio a
interpretaciones en cuanto señala:

“Parágrafo 4°. La no superación de las pruebas de credibilidad y confiabilidad será causal de
no ingreso o retiro del organismo de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con la
reglamentación establecida por el Gobierno Nacional. En los organismos de inteligencia y
contrainteligencia que no pertenezcan al sector defensa, el retiro del servicio de los
servidores públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
se producirá cuando el nominador, previo concepto de un comité asesor o quien haga
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sus veces, en ejercicio de la facultad discrecional considere que no se cumple con los
estándares de idoneidad y confianza. (resaltado de la Sala).

Para los organismos de inteligencia y contrainteligencia que pertenecen al sector defensa, el
retiro de servicios se hará de conformidad con las normas de carrera correspondientes 22”.

Es decir, si bien la no superación de las pruebas de credibilidad y confiabilidad da
lugar al retiro del servicio, ese no fue el supuesto del caso ni lo alegado en la
demanda. La génesis de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
la desvinculación del señor Padilla Ruiz sin el pleno cumplimiento de la norma
especial, que dicho sea de paso indicar está vigente, por tanto, aun cuando se
insiste en que la demandante podía aplicar la facultad discrecional prevista en la
Ley 904 de 2004 y el artículo 38 del Decreto 1621 de 2013, en este caso no se
configuraron los defectos específicos de procedencia de tutela alegados pues,
existía norma especial para la terminación de nombramientos, misma que se
estudió y aplicó en la providencia objeto de tutela, circunstancia que no merece
reproche en esta instancia.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que la declaración de insubsistencia
del señor José Miguel Padilla Ruiz no se fundamentó en la no superación de
pruebas de credibilidad y confiabilidad, sino en el incumplimiento del procedimiento
establecido en la norma especial vigente para la terminación del nombramiento. En
tal sentido, y conforme al principio “donde la ley no distingue no le es dado al
intérprete hacerlo”, resulta imperativo respetar el contenido y el alcance de dicha
norma especial, sin que la autoridad administrativa pueda sustituir, ampliar o
modificar discrecionalmente los supuestos legales que ella establece.

La Corte Constitucional en la sentencia C-317 de 2012, estableció que el intérprete
debe limitarse a aplicar la ley sin crear distinciones que no haya previsto el
legislador. Por lo tanto, no le corresponde a la entidad accionante aplicar de manera
extensiva o discrecional la facultad prevista en la Ley 909 de 2004 o en el Decreto
2400 de 1968, cuando existe una norma especial, de naturaleza estatutaria, que
regula de forma clara y directa el procedimiento establecido para retirar a un servidor
público que ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia, como en el caso
en análisis.

En conclusión, para la Sala no se configura el defecto fáctico y sustantivo alegados
por la Dirección Nacional de Inteligencia, porque la decisión cuestionada se adoptó
con fundamento en el supuesto de retiro discrecional especial previsto en el
parágrafo 4° del artículo 38 de la Ley 1621 de 2013, pues la entidad accionante
debió contar de forma previa con el concepto del comité asesor o del organismo
encargado que determinara que el señor Padilla Ruiz no cumplía con los
estándares de idoneidad y confianza, concepto que no se realizó, pues la parte
actora se fundamentó en la facultad discrecional prevista en el Decreto 2400 de
1968 y la Ley 909 de 2004, que rige para los empleados públicos, pero que en el
caso concreto no aplicaba al tener de la norma especial de retiro del servicio.

Adicionalmente, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso ordinario, se
demostró que el señor Padilla Ruiz se vinculó a la Dirección Nacional de Inteligencia
desde el 3 de diciembre de 2019 desarrollando funciones de inteligencia y
contrainteligencia como se pudo corroborar de manera suficiente con los actos
administrativos aportados, por lo que era aplicable lo dispuesto en el parágrafo 4°
del artículo 38 de la Ley 1621 de 2013.

22
Mediante sentencia C-540 de 2012, la Corte Constitucional efectuó el estudio automático, previo e integral de
constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 263/11 Senado, 195/11 Cámara y declaró exequible el artículo 38. En
relación con el parágrafo 4, la Corte concluyó que los actos de retiro de los servidores públicos deben estar fundamentados
en un procedimiento previo que permita al retirado ser debidamente informado y presentar sus descargos y, adicionalmente,
los argumentos de retiro deben estar motivados y fundamentarse en razones objetivas.
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Demandante: Dirección Nacional de Inteligencia - DNI

Así las cosas, esta Sala considera que el demandante no demostró la configuración
de los defectos fáctico y sustantivo, por lo que se negarán las pretensiones de la
acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Dirección
Nacional de Inteligencia, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, por
las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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