Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02041-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02041-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02041-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000-2025-02041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
Demandados: juzgados Cuarto y Once administrativos del Circuito de Santa Marta
y Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; y ii) acceso a la
administración de justicia
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Claudia Patricia García
Gómez contra los juzgados Cuarto y Once administrativos del Circuito de Santa
Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la sala; y iii) Fallo, las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra los
juzgados Cuarto y Once administrativos del Circuito de Santa Marta y el Tribunal
1
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 5 y 6 del documento denominado “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
Administrativo del Magdalena, debido a que: “[…] el expediente no presenta
movimiento desde el 28 de julio de 2023, es decir, un año y nueve meses, sin que se
haya definido el despacho que va a conocer del proceso, ni que se profiera decisión
de fondo […]”, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
47001-33-33-004-2020-00227-00, lo que, a su juicio, vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Señaló que el 5 de octubre de 2020, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Procuraduría
General de la Nación, la cual correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta, bajo el número único de radicación
47001333300420200022700, en el que solicitó lo siguiente:
“[…] (i) el reconocimiento, reajuste y reliquidación de la bonificación por
compensación hasta completar sus ingresos laborales en un equivalente al 80% de
lo que por todo concepto devenga un Magistrado de Alta Corte, incluyendo en los
ingresos laborales de éstos, las cesantías y demás emolumentos de los
Congresistas, para el establecimiento de la prima especial mensual consagrada en
el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que iguala salarialmente un Magistrado de Alta
Corte, con un miembro del Congreso.
(ii) como consecuencia de la anterior, reliquidar y pagar las diferencias existentes
entre lo pagado por esa entidad y lo debido pagar por concepto de bonificación por
compensación, al tenerse en cuenta para la determinación de la prima especial
mensual prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que se reconoce y paga a
los Magistrados de Alta Corte, las cesantías y demás emolumentos laborales
percibidos por los Congresistas, y
(iii) Que los dineros reconocidos sean debidamente indexados de acuerdo al I.P.C.,
con el reconocimiento de intereses moratorios. […]”.
3. Indicó que, mediante auto de 24 de noviembre de 2021, notificado el 1o. de
febrero de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta
admitió la demanda.
4. Señaló que el 7 de marzo de 2022, la Procuraduría General de la Nación,
allegó contestación de la demanda, la cual se registró en el sistema Siglo XXI el
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Actora: Claudia Patricia García Gómez
1o. de abril de 2022 a las 9:34, cuando ya se había vencido el término para tal
efecto.
5. Manifestó que el 1º de abril de 2022 solicitó ante el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa marta dictar sentencia anticipada.
6. Manifestó que el 2 de mayo de 2022, presentó escrito relacionado con las
excepciones presentadas por la Procuraduría General de la Nación y radicó
solicitud de nulidad y/o saneamiento del proceso, frente a la cual se corrió traslado
el 5 de agosto de 2002.
7. Indicó que con ocasión a la expedición del Acuerdo CSMM23- 2 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, que ordena la redistribución de 692
procesos, el 8 de febrero de 2023 el asunto fue remitido al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Santa Marta para su conocimiento.
8. Señaló que, mediante proveído de 26 de febrero de 2023, el titular del
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta manifestó su
impedimento y remitió el proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena, que
mediante auto de 28 de junio de 2023, lo aceptó y ordenó llevar a cabo sorteo para
designar conjuez.
9. Manifestó que el 1o. de marzo de 2023, se designó nuevo ponente, por lo
que mediante auto de 17 de julio de 2023 se dispuso la remisión del expediente al
Juzgado Cuatrocientos Uno Administrativo Transitorio del mismo Circuito para lo
de su conocimiento.
10. Mediante auto de 28 de julio de 2023 el Juzgado Cuatrocientos Uno
Administrativo Transitorio del Circuito de Santa Marta avocó conocimiento y negó
la solicitud de nulidad deprecada por la actora, sin que se pronunciara respecto del
saneamiento, razón por lo que el 3 de agosto de 2023, interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra dicha decisión.
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11. Relató que a través de auto de 17 de julio de 2023 se ordenó la remisión del
expediente por competencia al Juzgado 004 Transitorio Administrativo de
Valledupar, en virtud del artículo 10º del Acuerdo núm. PCSJA23-12055 de 31 de
marzo de 2023.
12. Indicó que, como quiera que las medidas de descongestión fueron
prorrogadas hasta el 15 de diciembre de 2023, ese mismo día, el expediente fue
devuelto al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta que, mediante
auto de 26 de febrero de 2024, la titular de ese Despacho manifestó su
impedimento, por lo que el expediente fue nuevamente remitido al Tribunal
Administrativo del Magdalena, el 13 de marzo de 2024.
13. Indicó que, ante la falta de movimiento en el proceso, presentó impulsos
procesales el 3 de agosto y el 15 de noviembre de 2023 y el 28 de febrero de 2024,
frente a los cuales no obtuvo respuesta alguna.
14. Indicó que el 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena
aceptó el impedimento presentado por la titular del Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Santa Marta y ordenó llevar a cabo sorteo para designar conjuez.
15. Manifestó que el 26 de julio de 2024, el expediente no fue remitido para el
nombramiento de conjuez sino que se remitió al Juzgado Cuatrocientos Cuatro
Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar por lo que el 22 de agosto de
2024 presentó un nuevo impulso procesal.
16. Señaló que “[…] en actuación secretarial del 4 de septiembre de 2024, el
Juzgado 004 Administrativo de Santa Marta, remitió el asunto al Juzgado 004
Administrativo Transitorio, siendo las 15:41:17 horas y esta última agencia judicial
lo devolvió el mismo día, sin que se encuentre cargada la providencia que así lo
ordenó. […]”.
17. Indicó que el expediente fue devuelto al Tribunal Administrativo del
Magdalena, que a su vez, devolvió el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Santa Marta, que se encuentra impedido al igual que los demás
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Actora: Claudia Patricia García Gómez
jueces de Santa Marta, como se registró mediante auto del Tribunal Administrativo
de Magdalena que aceptó la manifestación de impedimento.
18. En la devolución, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta el 14 de
febrero de 2025, realizó cambio de ponente asignándolo al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Santa Marta, sin que obre ninguna providencia que
lo haya ordenado, ni oficio o comunicación o alerta que permita conocer tal
novedad.
19. Adujo que el 11 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
remitió el expediente al Juzgado Seiscientos Uno Transitorio Administrativo del
Circuito de Valledupar sin que obre registro de esa actuación en el expediente.
La solicitud de tutela
Pretensiones
20. La actora solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] PRIMERO: DECLARAR, que el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE SANTA MARTA, JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE SANTA MARTA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA,
han incurrido (i) en un claro desconocimiento del principio de celeridad contenido en
el artículo 228 de la Constitución Política, en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, y en
el numeral 13 del artículo 3 del C.P.A.C.A., (ii) en una omisión de sus deberes
contenidos en el los numerales 1 y 8 del artículo 42 del C.G.P., y por consiguiente,
(iii) en una mora desproporcional e injustificada en el trámite del proceso.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de mi
poderdante CLAUDIA PATRICIA GARCIA GOMEZ.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE SANTA MARTA, JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SANTA MARTA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA que dentro del
término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia,
proceda, sin más demora a remitir al despacho que corresponda, el MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en contra de la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL, radicado bajo el número 47001333300420200022700,
y así mismo, se le ordene a este, imprimir celeridad al trámite de la referencia [...]”.
2
Transcripción literal del texto
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
21. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente3:
“[…] En caso como el que nos ocupa, la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha concluido que la Acción de Tutela es el mecanismo judicial idóneo
para la protección del derecho fundamental de petición, ya que en el ordenamiento
jurídico no existe proceso dispuesto para tal fin. Asimismo, ha indicado pacíficamente
que constituye una obligación inexcusable de la autoridad correspondiente, el resolver
de manera oportuna las peticiones elevadas, sin que resulte admisible la figura del
silencio administrativo, para tener por satisfecho el núcleo esencial del derecho de
petición, máxime que tal silencio representa una prueba contundente de la trasgresión
de dicho derecho.
En ese orden de ideas, es claro que, la presente acción de tutela es procedente para
el análisis de la vulneración y protección del derecho fundamental de petición, por
cuanto la autoridad tutelada ha desconocido los términos que el ordenamiento jurídico
le otorga para dar respuesta al derecho de petición bajo estudio. […]”.
Actuación
22. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena, al juez once administrativo del Circuito de Santa Marta y al juez cuarto
administrativo del Circuito de Santa Marta; y iii) vinculó, como tercero con interés
legítimo a la Procuraduría General de la Nación, concediéndole el término de tres
(3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
23. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta, informó que con
ocasión del Acuerdo núm. CSJMAAAA23-2 de 18 de enero de 2023 “[…] por medio
del cual se dispuso la redistribución de procesos entre los Juzgados
Administrativos del Circuito Judicial de Santa Marta, se remitió el expediente al
Juzgado 11° Administrativo del Circuito de Santa Marta […]”.
17.1. Indicó que, efectivamente, recibió el impulso procesal que fue remitido al
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta, desconociendo las
circunstancias descritas por la actora.
3 Transcripción literal del texto.
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Actora: Claudia Patricia García Gómez
17.2. Señaló que solo hasta el recibo del auto admisorio de la acción de tutela
conoció que el expediente había sido enviado a los juzgados transitorios y devuelto
posteriormente al Tribunal Administrativo del Magdalena, quien en ningún
momento remitió el expediente a ese Despacho, pues posiblemente se hizo la
anotación, pero no se realizó la efectiva remisión, lo cual se puede corroborar en
el aplicativo de consulta de SAMAI.
17.3. Alegó que solo hasta el 11 de abril de 2025 fue remitido el expediente por
parte del Tribunal Administrativo del Magdalena al Juzgado 601 Transitorio de
Valledupar.
17.4. En ese orden de ideas, aseveró que no ha incurrido en mora de ningún
trámite, comoquiera que desde que fue remitido por redistribución el proceso al
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta no fue devuelto por parte
de ningún Despacho judicial.
18. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada del
presente trámite al considerar que no hay acción ni omisión por parte de esa
entidad de la que pueda endilgarse una afectación de los derechos invocados por
la actora, por lo que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
19. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta solicitó
denegar la acción de tutela de la referencia y señaló que desde julio hasta el 15 de
diciembre de 2023, el expediente había sido asignado al Juzgado Cuatrocientos
Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Santa Marta.
20. El Tribunal Administrativo del Magdalena pese a ser vinculado en debida
forma, guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Legitimación en la causa por pasiva
23. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
24. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
25. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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26. La Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación solicitó su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
27. Al respecto, es preciso indicar que dicha autoridad fue vinculada al proceso
de tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que fue
accionada dentro del proceso cuestionado por la actora, es decir que a dicha
autoridad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia, razón por la
que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
28. En tal virtud, la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa como en efecto lo dispondrá en la parte considerativa de la
presente providencia.
Problema Jurídico
29. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados
por la actora, los cuales considera vulnerados con ocasión a que el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta, el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo de Magdalena no le han dado
trámite al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 470013333004202000227-00.
30. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; ii) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial; iii) el análisis del caso concreto; y finalmente iv) las
conclusiones de la Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
31. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional9 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso frente
a la mora judicial
33. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un
recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de
los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que
9 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello
[…]”10.
34. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201611, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201712, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
35. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta13, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201314, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
10 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016,
C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
13 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales
y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o pronunciamiento
de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad para la cual fue creada
la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos fundamentales, si se
permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso judicial, so pretexto de
resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que aquejan a la Rama Judicial
pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta el notable incremento del
tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y controversias que se someten a su
consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
14 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
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al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado por la
Sala).
36. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”15.
37. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
38. La actora, a través de apoderado16, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa
Marta y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta, porque, a su
juicio, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra, toda vez que: “[…]
el expediente no presenta movimiento desde el 28 de julio de 2023, es decir, un año
15 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
16
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 5 y 6 del documento denominado “4ED_Demanda(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
y nueve meses, sin que se haya definido el despacho que va a conocer del proceso,
ni que se profiera decisión de fondo […]”, dentro del proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 470013333004202000227-00.
39. De acuerdo con el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis
del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.
40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
41.1. Informes rendidos con los anexos.
Solución del caso concreto
42. la Sala abordará el estudio del caso sub examine frente a la configuración de
una presunta mora judicial, la cual la actora fundamentó en que el Tribunal
Administrativo del Magdalena, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa
Marta y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta no le han dado
trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó con
el fin de que se realizara: “[…] (i) el reconocimiento, reajuste y reliquidación de la
bonificación por compensación hasta completar sus ingresos laborales en un
equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenga un Magistrado de Alta Corte,
incluyendo en los ingresos laborales de éstos, las cesantías y demás emolumentos de
los Congresistas, para el establecimiento de la prima especial mensual consagrada en
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que iguala salarialmente un Magistrado de Alta
Corte, con un miembro del Congreso. (ii) como consecuencia de la anterior, reliquidar
y pagar las diferencias existentes entre lo pagado por esa entidad y lo debido pagar
por concepto de bonificación por compensación, al tenerse en cuenta para la
determinación de la prima especial mensual prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992,que se reconoce y paga a los Magistrados de Alta Corte, las cesantías y demás
emolumentos laborales percibidos por los Congresistas, y (iii) Que los dineros
reconocidos sean debidamente indexados de acuerdo al I.P.C., con el reconocimiento
de intereses moratorios […]”.
43. Al abordar de fondo el asunto puesto en consideración por la actora en el
presente trámite de tutela, la Sala advierte que dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 470013333004202000227-00, se han realizado las siguientes
actuaciones:
44. La actora el 5 de octubre de 2020 presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General
de la Nación, la cual le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Santa Marta que, mediante auto de 24 de noviembre de 2021,
admitió la demanda.
45. Con ocasión de la expedición del Acuerdo núm. CSJMAA23-2 de 18 de
enero de 2023, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la
cual se ordenó la redistribución de unos procesos y la creación de unos despachos
judiciales, el expediente fue remitido al Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Santa Marta.
45.1. Mediante auto de 26 de febrero de 2023, la titular del Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Santa Marta manifestó su impedimento por lo que
remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Magdalena, que lo aceptó el 28 de
junio de 2023 y ordenó llevar a cabo sorteo para designar conjuez. El proceso fue
remitido al Juzgado Cuatrocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de
Santa Marta que avocó el conocimiento del asunto y negó la solicitud de nulidad
deprecada por la parte actora.
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
45.2. En contra del auto del 28 de julio de 2023, la parte actora interpuso recurso
de reposición en subsidio de apelación.
45.3. El 15 de noviembre de 2023, la actora presentó impulso procesal.
45.4. Sin embargo, comoquiera que las medidas de descongestión fueron
prorrogadas hasta el 15 de diciembre de 2023, el asunto fue devuelto al Juzgado
Once Administrativo del Circuito de Santa Marta.
45.5. Mediante auto de 26 de febrero de 2024, la titular del Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Santa Marta se declaró impedida y al estimar que la
causal invocada involucraba a los demás jueces, dispuso la remisión del
expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena.
45.6. La providencia fue cargada a SAMAI el 1o. de marzo de 2024, luego de
solicitar a Soporte Técnico del TAM (27/02/2024) para que realizara el cambio de
ponente ya que el Juzgado Cuatrocientos Transitorio del Circuito de Santa Marta
omitió hacerlo:
45.7. Mediante actuación secretarial de 13 de marzo de 2024, el asunto fue
remitido nuevamente al Tribunal Administrativo del Magdalena.
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
45.8. Consultada la plataforma SAMAI, mediante auto de 5 de junio de 2024 el
Tribunal Administrativo del Magdalena aceptó impedimento y ordenó “[…] remitir el
expediente a la Secretaría de Conjueces» de ese Tribunal para que realizara el
«sorteo de Juez Ad – Hoc a fin de continuar con el trámite del proceso. […]”;
correspondiendo al Juzgado Cuatrocientos Cuatro Administrativo Transitorio del
Circuito de Valledupar, por lo que el 26 de julio de 2024 el expediente fue remitido
46. Mediante memorial de 22 de agosto de 2024 la actora presentó un nuevo
impulso procesal ante el Juzgado Cuatrocientos Cuatro Administrativo Transitorio
del Circuito de Valledupar, que devolvió el proceso al Tribunal Administrativo del
Magdalena.
46.1. El 11 de abril de 2025, el expediente con radicado
47001333300420200022700 fue remitido por el Tribunal Administrativo de
Magdalena al Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de
Valledupar -quien decide los asuntos como el de la aquí accionante.
Del recuento procesal realizado supra y los informes rendidos por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Santa Marta, la Sala advierte que no resultan de recibo los reparos
relacionados con que dichos despachos no le han dado trámite al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 47001333300420200022700, toda vez que, si bien no se ha dictado
sentencia de primera instancia, lo cierto es que se ha surtido el trámite
correspondiente en el asunto, además, la tardanza en la resolución del litigio
obedece a que los juzgados administrativos de Santa Marta a los cuales se les ha
asignado el proceso han presentado impedimentos que han sido aceptados por
parte del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Sumado a ello, la terminación de la vigencia de las medidas de descongestión, son
razones que han retrasado el trámite, sin que de allí se desprenda una mora judicial
injustificada que pueda ser endilgada a las autoridades judiciales accionadas.
En este punto es del caso destacar que, teniendo en cuenta que lo pretendido por la
actora con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho es el reconocimiento
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
y pago de la bonificación y de prestaciones sociales como servidora judicial y que
sobre dicho asunto le asiste intereses a una mayoría de los jueces administrativos que
se han declarado impedidos, los Consejos Seccionales de la Judicatura han dispuesto
medidas de descongestión como la creación de juzgados y la redistribución de
procesos entre Juzgados Administrativos del Circuito, con el fin de garantizar el acceso
a la administración de justicia, lo que evidencia que a pesar de que se están realizando
acciones para tramitar las demandas promovidas sobre dicho asunto, no se puede
desconocer la complejidad que esto conlleva.
47. Es de resaltar que no todo incumplimiento en el término judicial es una
vulneración de los derechos fundamentales que de materializarse, sería una demora
injustificada que no es predicable en el presente asunto, pues han sido situaciones
ajenas a la voluntad de las autoridades judiciales accionadas, que han conllevado una
demora en la resolución del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado
por la actora, teniendo en cuanta que el 25 de abril de 2025, el proceso fue remitido al
Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar creado
para conocer los asuntos relacionados con el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de los servidores judiciales.
48. Cabe resaltar la congestión que enfrenta la Rama Judicial, de la cual no escapa
la autoridad judicial accionada, lo que descarta la mora judicial injustificada alegada y,
en consecuencia, la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
49. De conformidad con las actuaciones expuestas supra, la Sala advierte que
si bien a la fecha no se ha dado trámite al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo que en principio implicaría que se configuró una mora judicial, resulta
necesario recordar que el no cumplimiento de los términos por parte del operador
judicial, no implica automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales,
pues, pese a que es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por
la normativa aplicable, también lo es que existen circunstancias que justifican la
mora en la decisión del asunto.
50. De lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que en el presente asunto
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que
las autoridades judiciales accionadas no han incurrido en una mora judicial
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
injustificada, razón por la cual se denegará el amparo solicitado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
51. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala instará al Juzgado Seiscientos Uno
Administrativo Transitorio de Valledupar para que le dé prioridad en el trámite al
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 470013333004202000227-00.
52. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que la actora reprocha con
la presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial, es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.
Conclusiones de la Sala
53. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Procuraduría General de la Nación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de tutela frente a la presunta mora judicial
alegada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: INSTAR al Juzgado Seiscientos Uno administrativo transitorio de
Valledupar para que proceda a darle prioridad al trámite del expediente contentivo
Núm. único de radicación: 110010315000202502041-00
Actora: Claudia Patricia García Gómez
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 470013333004202000227-00.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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