Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02060-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02060-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02060-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
25 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-01
Demandante: Francisco Javier Covaleda Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02060-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER COVALEDA VARGAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO – A pesar de que
se acreditó la situación de discapacidad del actor, el tribunal demandado interpretó y aplicó con
excesivo rigor la disposición relativa a la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con lo cual, de paso, restringió el acceso a la administración de
justicia / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – El tribunal demandado omitió el deber
de facilitar el acceso a la administración de justicia por parte de un sujeto de especial protección
constitucional, desconociendo así el artículo 13 superior.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 15 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
accedió al amparo reclamado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 8 de abril de 20252, Nubia Felisa Burbano Burgos, en calidad de agente oficiosa y
persona de apoyo de Francisco Javier Covaleda Vargas, instauró acción de tutela contra
el Juzgado 11 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a
fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la dignidad humana de aquel. En consecuencia, solicitó
lo siguiente:
(i) Dejar sin efectos el auto del 16 de julio de 2024, proferido por el juzgado accionado,
mediante el cual se declaró la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el proceso identificado con el radicado 76001-33-33-
011-2023-00300-01.
1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 13 de junio de 2025, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2, archivo «10ED_Demanda(…)».
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Demandante: Francisco Javier Covaleda Vargas
(ii) Dejar sin efectos el auto del 28 de marzo de 2025, expedido por el tribunal
demandado, mediante el cual se confirmó la decisión del Juzgado 11 Administrativo de
Cali.
(iii) Ordenar al juzgado accionado admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2. Del escrito de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:
3. Mediante la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, la DIAN reconoció unas
acreencias laborales al señor Covaleda Vargas y ordenó la retención de una parte de su
valor, con sustento en que esa entidad y la administradora de riesgos laborales Positiva
efectuaron varios pagos simultáneos por concepto de incapacidad.
4. Al señor Covaleda Vargas se le diagnosticó trastorno mixto ansioso depresivo y déficit
cognitivo, motivo por el cual, a través de la Escritura Pública 1159 del 15 de junio de
2021, se designó a su esposa, Nubia Felisa Burbano Burgos, como su persona de apoyo.
5. En junio de 2023, tras encontrar varios documentos de su esposo, la señora Burbano
Burgos se enteró de la existencia de la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019,
por lo que contactó a un abogado. Este solicitó la revocación directa de dicha resolución,
petición que fue denegada por la DIAN. En consecuencia, el 8 de noviembre de 2023, el
mismo abogado instauró una demanda para obtener la nulidad de aquella resolución y
del acto que negó la solicitud de revocatoria directa.
6. Mediante auto del 16 de julio de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Cali rechazó
tal demanda, con sustento en que la decisión de negar la solicitud de revocación directa
no era un acto administrativo susceptible de control de legalidad, amén de que había
operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
frente a la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019.
7. La anterior providencia fue apelada y, mediante auto del 28 de marzo de 2025, la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la confirmó con el
argumento de que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 15 de junio de
2021, fecha en la cual se designó a Nubia Felisa Burbano Burgos como persona de
apoyo del señor Covaleda Vargas.
8. En criterio de la señora Burbano Burgos, las autoridades judiciales demandadas
desconocieron que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido que,
en casos que involucren a personas en condición de discapacidad, el término de
caducidad debe contabilizarse desde el momento en que la persona de apoyo tenga
conocimiento cierto del acto administrativo cuyo control se pretende.
9. Al respecto, agregó que la designación de una persona de apoyo, por sí sola, no
implica que esta adquiera conocimiento automático de todos los derechos y obligaciones
de la persona a la cual asiste.
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10. Adicionalmente, acusó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de ignorar el
déficit cognitivo del señor Covaleda Vargas y el régimen de apoyos establecido en la Ley
1996 de 2019, así como de desconocer que la comprensión de los actos administrativos
que involucren a personas en condición de discapacidad solo se garantiza con la
intervención efectiva de su persona de apoyo.
11. Con fundamento en todo lo anterior, concluyó que, en el caso concreto, el término de
caducidad debía contabilizarse desde el momento en que, por casualidad, se enteró de
la existencia de la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, pues solo a partir de
ese instante tuvo conocimiento cierto de su contenido.
12. La señora Burbano Burgos complementó la demanda de tutela mediante escrito del
24 de abril de 20253, en el cual expuso que el juzgado y el tribunal demandados
incurrieron en violación directa de la Constitución, al exigir el ejercicio del medio de
control sin el conocimiento cierto de la mencionada resolución; con ello, de paso, se
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Covaleda Vargas y se
desconoció «el principio de capacidad legal con apoyos».
13. Sostuvo, además, que el tribunal aplicó restrictivamente el artículo 164 del CPACA,
al contabilizar el término de caducidad desde el 15 de junio de 2021, pasando por alto
los principios pro homine y de interpretación conforme, así como los artículos 5 y 13 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
14. Finalmente, indicó que se le impusieron cargas procesales irrazonables al señor
Covaleda Vargas y que «[e]xigirle a una persona con discapacidad cognitiva cumplir
plazos sin garantizar su comprensión es inhumano y arbitrario».
B. Trámite impartido e intervenciones
15. Mediante auto del 11 de abril de 20254, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y el Juzgado 11 Administrativo de Cali. Además, dispuso que se notificara a la DIAN
como tercera con interés.
16. El magistrado Omar Edgar Borja Soto, integrante del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca5, sostuvo que el rechazo de la demanda del señor Covaleda Vargas se
ajustó al precedente jurisprudencial aplicable y a los medios probatorios disponibles.
Concretamente, señaló que no se probó ninguna situación particular que justificara
contabilizar el término de caducidad desde una fecha posterior al 15 de junio de 2021,
cuando se designó a Nubia Felisa Burbano Burgos como persona de apoyo del señor
Covaleda Vargas.
17. La DIAN6 solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque, en su
criterio, la parte demandante pretendió reabrir el debate sobre la caducidad de la acción
y, de esa manera, acceder a una instancia adicional.
3 Samai, expediente de primera instancia, índice 13.
4 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 15.
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 12.
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18. Adicionalmente, sostuvo que no se cumplió ninguno de los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que, en todo caso, los
autos cuestionados se ajustaron a derecho, pues, entre el 15 de junio de 2021 —fecha
en la que se designó a Nubia Felisa Burbano Burgos como persona de apoyo del señor
Covaleda Vargas— y el 8 de noviembre de 2023 —fecha en la cual se presentó la
demanda— transcurrió un periodo mucho mayor al término de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
19. El Juzgado 11 Administrativo de Cali guardó silencio, pese a que se le notificó7 el
auto admisorio de la acción de tutela.
C. Fallo impugnado
20. Mediante sentencia del 15 de mayo de 20258, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado concedió el amparo solicitado en favor del señor Covaleda Vargas. En
consecuencia, dejó sin efectos el auto del 28 de marzo de 2025, mediante el cual se
confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
proferir la providencia de reemplazo correspondiente.
21. Para sustentar lo anterior, la Sección Cuarta indicó que la solicitud de amparo cumplió
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Específicamente, sostuvo que cumplió el de relevancia constitucional porque: (i) no se
planteó una controversia de mera legalidad o de índole netamente económica; (ii) se
cuestionó la razón de la decisión contenida en los autos controvertidos; (iii) se explicaron
suficientemente los motivos por los cuales se atribuyó una vulneración de derechos
fundamentales a dichos autos; y (iv) se evidenció que las autoridades judiciales
demandadas pudieron incurrir en una indebida valoración de la situación de discapacidad
del señor Covaleda Vargas y en la imposición de una carga procesal desproporcionada.
22. Al respecto, la Sección Cuarta advirtió que, aunque los argumentos de la acción de
tutela ya habían sido expuestos en el recurso de apelación contra el auto por el cual se
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Covaleda
Vargas, su condición de discapacidad tornó procedente la solicitud de amparo, pues
impuso al juez constitucional un deber especial de protección del acceso efectivo a la
administración de justicia.
23. De otra parte, señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en una violación directa de la
Constitución, por cuanto aplicó el término de caducidad previsto en el artículo 164 del
CPACA sin considerar lo siguiente:
24. En primer lugar, la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019 se notificó el 4 de
febrero de 2020, cuando ya existían múltiples dictámenes que evidenciaban una
afectación grave y persistente de las funciones cognitivas del señor Covaleda Vargas,
incluyendo la comprensión, la atención, la memoria y la planificación, lo cual le impedía
«comprender el alcance jurídico» de actos administrativos que lo afectaran o solicitar
asistencia al respecto.
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 7.
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 18.
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25. En segundo lugar, la designación de la señora Nubia Felisa Burbano Burgos como
persona de apoyo de aquel, por sí sola, no daba cuenta del conocimiento de la resolución
aludida, pues ni siquiera había indicios de que, al momento de esa designación —15 de
junio de 2021—, aquella hubiera tenido acceso al acto administrativo en cuestión o el
señor Covaleda Vargas «estuviera en condiciones de ponerlo en su conocimiento»,
motivos por los cuales era irrazonable suponer que la acción judicial correspondiente
podía ejercerse desde entonces.
26. En tercer lugar, la primera manifestación clara y objetiva del conocimiento de la
resolución por parte de la señora Burbano Burgos fue la solicitud de revocación directa,
presentada el 4 de julio de 2024, por lo que la exigencia de ejercer el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho antes de esa fecha era «desproporcionada e
incompatible con las circunstancias reales del caso».
D. Impugnaciones
27. En la impugnación, La DIAN9 insistió en que no se cumplió ninguno de los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
28. Puntualmente, adujo que no se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues la decisión de declarar la caducidad de la acción garantizó el principio
de seguridad jurídica con respecto a la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019.
29. Además, señaló que dicha decisión no desconoció la especial protección
constitucional de la cual goza el señor Covaleda Vargas, pues su persona de apoyo tenía
la posibilidad de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
dentro del término establecido por el legislador.
30. Finalmente, cuestionó que la Sección Cuarta calificara la decisión del tribunal como
desproporcionada, sin realizar un juicio de proporcionalidad que abordara los bienes
jurídicos garantizados con la figura de la caducidad.
31. Por su parte, el magistrado Omar Edgar Borja Soto, integrante del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca10, adujo que no se probó ninguna situación
particular que justificara contabilizar el término de caducidad desde una fecha posterior
al 15 de junio de 2021 ni desde aquella señalada en el fallo de primera instancia.
32. Además, sostuvo que efectuar esa contabilización desde el 4 de julio de 2024, fecha
en la cual se solicitó la revocación directa de la resolución demandada, «sería pretermitir
el término de caducidad a criterio de la parte actora».
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
9 Samai, expediente de primera instancia, índice 27.
10 Samai, expediente de primera instancia, índices 25 y 26.
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el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
34. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 15 de mayo de
2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
35. Para ello, de conformidad con lo expuesto en las impugnaciones, establecerá si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y en una violación directa de la Constitución al confirmar el auto
del 16 de julio de 2024, proferido por el Juzgado 11 Administrativo de Cali, mediante el
cual se rechazó la demanda del señor Covaleda Vargas por caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
G. Análisis de la Sala
Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial
36. En primer lugar, se encuentra satisfecha la exigencia de legitimación en la causa11,
tanto por activa como por pasiva, pues el accionante es el titular de los derechos
fundamentales cuya vulneración se alega y el tribunal accionado es el presunto causante
de esta, por lo que es el llamado a responder, en caso de que llegue a ser comprobada.
37. También se encuentra satisfecha la exigencia de inmediatez, puesto que la acción
de tutela se instauró el 8 de abril de 2025, es decir, varios días después de la notificación
del auto respecto del cual se alega la vulneración de derechos fundamentales, lo cual
tuvo lugar el 4 de abril anterior12. De modo que la solicitud de amparo se presentó en un
término razonable13.
38. Igualmente, se halla cumplido el requisito de subsidiariedad14, pues el señor
Covaleda Vargas no cuenta con ningún mecanismo de defensa judicial distinto a la
acción de tutela para cuestionar la providencia mediante la cual se confirmó la decisión
de rechazar su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, de esa manera,
obtener la protección de sus derechos fundamentales. Tal ausencia de mecanismos
ordinarios, como es lógico, se debe a que ya se interpuso el recurso de apelación contra
dicha decisión de rechazo.
11 En la sentencia T-495 de 2024, la Corte Constitucional explicó que, en esencia, la legitimación en la
causa consiste en el «interés que ostentan quienes intervienen en el trámite constitucional, bien porque
son titulares de los derechos cuyo restablecimiento se discute (activa) o porque tienen la capacidad legal
de responder por la vulneración o amenaza alegada (pasiva)».
12 Samai, proceso 76001-33-33-011-2023-00300-01, índice 7.
13 En la misma sentencia T-495 de 2024, la Corte Constitucional expuso que el «término de seis meses es
razonable para el cumplimento del requisito de inmediatez en acciones de tutela contra providencia judicial,
sin perjuicio de la acreditación de circunstancias que justifiquen su presentación en un término mayor».
14 La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual, de conformidad con el numeral 1°
del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción
de un perjuicio irremediable. En el presente caso, como se vio, dichos mecanismos ni siquiera existen.
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39. Adicionalmente, es claro que la solicitud de amparo no se dirige contra una
providencia expedida en otro trámite de tutela, un tipo de decisión que, por regla
general, no admite cuestionamientos mediante una acción de la misma naturaleza 15.
Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por
inconstitucionalidad16, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición
específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un
carácter general, impersonal y abstracto»17.
40. Finalmente, se encuentra satisfecha la exigencia de relevancia constitucional, para
cuya acreditación no basta con señalar los derechos fundamentales vulnerados e
identificar los defectos de la providencia de la cual se trate, sino que, de conformidad con
lo expuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 5 de agosto de
201418, es necesario verificar que la solicitud de amparo (i) contenga una carga
argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
41. Cabe advertir que las anteriores exigencias se ajustan al precedente de la Corte
Constitucional, la cual, de manera consistente y consolidada19, ha sostenido que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole
patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Además, ha explicado que
aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de
corrección, de rectificación o de interpretación propios de las especialidades de cada
jurisdicción.
42. Ahora, esta Sala comparte los argumentos de la Sección Cuarta para considerar
satisfecho el requisito en cuestión. Además, el hecho de que la demanda de tutela
contenga una reiteración de los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el auto por el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento, por sí solo, no
implica que lo pretendido por la parte accionante sea acceder a una instancia adicional
frente al proceso contencioso-administrativo.
15 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de
tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela
ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta
(…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad
a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional».
16 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114
y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
17 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022,
así como la sentencia T-131 de 2021.
18 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
19 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022,
así como la sentencia T-131 de 2021.
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43. Lo anterior, en tanto la afirmación de que el tribunal contabilizó el término de
caducidad aplicable desde el momento en que Nubia Felisa Burbano Burgos fue
designada como persona de apoyo del señor Covaleda Vargas, sin sustento en un medio
probatorio que diera cuenta del conocimiento cierto de la resolución controvertida, es
indicativa de una posible afectación del derecho de acceso a la administración de justicia,
la cual, de comprobarse, resultaría especialmente grave por la situación de discapacidad
de aquel, quien gozaba de especial protección constitucional. Todo ello, a su vez,
imponía a dicho tribunal el deber de efectuar un análisis particularmente acucioso, por
las razones que serán expuestas más adelante.
Cumplimiento de requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial y la consecuente vulneración de derechos
fundamentales
44. En la impugnación, aunque en diferente orden, la DIAN sostuvo lo siguiente: (i) que
la Sección Cuarta debía realizar un juicio de proporcionalidad que abordara los bienes
jurídicos garantizados con la figura de la caducidad; (ii) que el tribunal demandado no
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto su decisión
garantizó la seguridad jurídica con respecto a la Resolución 9720 del 12 de diciembre de
2019; y (iii) que la decisión del tribunal no desconoció la especial protección
constitucional de la cual goza el señor Covaleda Vargas, puesto que su persona de apoyo
tenía la posibilidad de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho dentro del término establecido por el legislador.
45. Por su parte, el magistrado Omar Edgar Borja Soto, integrante del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, adujo lo siguiente: (i) que no se probó ninguna
situación particular que justificara contabilizar el término de caducidad desde una fecha
posterior al 15 de junio de 2021 ni desde aquella señalada en el fallo de primera instancia,
es decir, el 4 de julio de 2024; y (ii) que computar dicho término desde esta segunda
fecha «sería pretermitir el término de caducidad a criterio de la parte actora».
46. Para favorecer la coherencia en la exposición de sus consideraciones, la Sala
comenzará por pronunciarse sobre los dos primeros argumentos de la DIAN y,
posteriormente, abordará conjuntamente el tercer argumento de esa entidad y aquellos
expuestos por el magistrado Borja Soto.
47. Ahora, en sede de tutela, la Corte Constitucional 20 ha explicado que, cuando se
presentan tensiones entre derechos fundamentales, es necesario efectuar un juicio de
proporcionalidad para determinar si la restricción de tales derechos es razonable y
proporcionada.
48. De lo anterior, se desprende claramente que el juicio de proporcionalidad es una
herramienta para enfrentar colisiones entre derechos fundamentales. En el presente
caso, ni siquiera se evidencia una colisión de ese tipo, pues el rechazo de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Covaleda Vargas, decisión que
20 En la sentencia T-407 de 2012, reiterada en la sentencia T-170 de 2025, la Corte indicó lo siguiente:
«cuando se presentan tensiones entre derechos fundamentales, es necesario analizar las medidas
restrictivas de los derechos y libertades aplicando un juicio de proporcionalidad para establecer si las
medidas son razonables y proporcionadas».
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Demandante: Francisco Javier Covaleda Vargas
motivó la presentación de la solicitud de amparo, únicamente pone de presente una
posible vulneración de los derechos de aquel, mas no de los de las autoridades judiciales
demandadas o de la DIAN. En consecuencia, no hay razón para considerar que la
Sección Cuarta debía realizar el juicio aludido, como lo sostuvo esta entidad.
49. Por otro lado, según la Corte Constitucional21, el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se sustenta en el artículo 29 de la Constitución, relativo al derecho
fundamental al debido proceso, así como en el artículo 228 superior, en el cual se
consagró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.
50. De conformidad con lo anterior, ese alto tribunal22 ha explicado que el defecto en
cuestión se configura cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger
un derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas
procedimentales», que desencadene en una «afectación desproporcionada de garantías
fundamentales incompatible con la Carta»23.
51. En virtud de lo expuesto, es claro que la configuración del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto entraña una afectación de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como del principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formalidades, no del de seguridad jurídica. En
consecuencia, el argumento según el cual el tribunal demandado no incurrió en ese
defecto porque su decisión garantizó este último principio —el de seguridad jurídica— no
es de recibo.
52. Ahora, la Sección Cuarta concluyó que dicho defecto se configuró porque el tribunal
no tuvo en cuenta lo siguiente: primero, que para el 4 de febrero de 2020, cuando se
notificó la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, el señor Covaleda Vargas ya
se encontraba en una situación de discapacidad de tal magnitud que le impedía
comprender el contenido de dicha resolución o solicitar asistencia al respecto; segundo,
que no había ningún indicio de que Nubia Felisa Burbano Burgos hubiera tenido acceso
a esa resolución al ser designada como la persona de apoyo de su esposo, motivo por
el cual era irrazonable suponer que la acción judicial correspondiente podía ejercerse
desde entonces; y tercero, que la primera manifestación clara y objetiva del conocimiento
de la misma resolución por parte de la señora Burbano Burgos fue la solicitud de
revocación directa, presentada el 4 de julio de 2024.
53. En contraposición a lo anterior, como ya se indicó, la DIAN sostuvo que la decisión
del tribunal no desconoció la especial protección constitucional de la cual goza el señor
Covaleda Vargas, en tanto su persona de apoyo tenía la posibilidad de ejercer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término establecido por
el legislador. El magistrado Borja Soto, por su parte, adujo que no se probó ninguna
situación particular que justificara contabilizar el término de caducidad desde una fecha
posterior al 15 de junio de 2021, y que computar dicho término desde el 4 de julio de
2024 «sería pretermitir el término de caducidad a criterio de la parte actora».
21 Sentencia de unificación 348 de 2022.
22 Sentencia de unificación 041 de 2020, reiterada en la sentencia de unificación 348 de 2022.
23 Sentencia de unificación 348 de 2022.
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54. Antes de abordar los anteriores argumentos, la Sala debe recordar que, en virtud del
artículo 13 de la Constitución, el Estado tiene el deber de promover las condiciones para
una igualdad real y efectiva, así como de proteger especialmente a aquellas personas
que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en una situación de
debilidad manifiesta.
55. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional 24 ha reconocido a las
personas en situación de discapacidad como sujetos de especial protección
constitucional. En consecuencia, ha establecido que las autoridades están obligadas a
facilitar el ejercicio de sus derechos, y que toda omisión injustificada del deber de adoptar
las medidas afirmativas correspondientes constituye discriminación.
56. Adicionalmente, es importante señalar que, en el artículo 13 de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad25 —ratificada por Colombia mediante la
Ley 1346 de 2009, y que integra el bloque de constitucionalidad—, se consagró el deber
de asegurar que personas en situación de discapacidad accedan en igualdad de
condiciones a la administración de justicia, incluso, mediante ajustes de procedimiento.
Así, es claro que la obligación general de facilitar el ejercicio de derechos por parte dichas
personas se extiende de manera concreta a la administración de justicia.
57. De lo expuesto se desprende que, ante la presencia de personas en situación de
discapacidad, las autoridades judiciales deben analizar si, en el caso concreto, aquellas
enfrentan limitaciones para acceder a la administración de justicia. Si es así, dichas
autoridades deben adoptar las medidas afirmativas correspondientes, incluyendo la
aplicación flexible de las disposiciones procesales pertinentes, de ser necesario.
58. La anterior conclusión se acompasa con la sentencia T-266 de 2017 de la Corte
Constitucional, en la cual se estableció que «el derecho de acceso a la administración
de justicia es un derecho fundamental que, en el caso de las [personas con
discapacidad], requiere ser implementado de tal forma que permita la superación de las
distintas clases de barreras que dificultan su goce efectivo en condiciones de igualdad».
59. De conformidad con todo lo explicado, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
debía tomar en consideración, no solo que el señor Covaleda Vargas se encontraba en
una situación de discapacidad, sino que esta incidía directamente en la contabilización
del término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues se derivaba de unas patologías que impedían que aquel controvirtiera la Resolución
9720 del 12 de diciembre de 2019.
60. Tal impedimento respondía al trastorno mixto de ansiedad y depresión y al déficit
cognitivo del señor Covaleda Vargas, en virtud de lo cual, el 25 de septiembre de 2018,
24 Sentencias T-199 de 2025 y C-108 de 2023.
25 En la sentencia C-025 de 2021, la Corte Constitucional indicó que, con la ratificación de dicha
convención, Colombia incorporó el modelo social de discapacidad. Además, explicó que ese modelo parte
de la identificación de «las barreras sociales y del entorno que impiden a las personas con discapacidad
el ejercicio y goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones a las demás», y se sustenta en
los siguientes ejes principales: «(i) la dignidad humana, (ii) la autonomía e independencia individual, (iii)
libertad de tomar las propias decisiones, (iv) la no discriminación, (v) la participación plena y efectiva en la
sociedad, (v) la accesibilidad y (vi) la igualdad de oportunidades».
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la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le reconoció una pérdida de capacidad
laboral del 54.40%, con sustento, entre otros, en los siguientes conceptos médicos:
[Ilegible] 11-2015 Psiquiatría Dra. Natalia González:
(…) Desde hace meses hay quejas subjetivas de memoria, dificultad para concentrarse y
organizar sus actividades. (…) Se considera que se trata de un paciente (…) con
alteración significativa en su funcionamiento hasta el punto de requerir incapacidad
prolongada (…).
11-03-2016 Psiquiatría Dra. Natalia González:
(…) Desde el inicio del cuadro, el paciente se ha visto afectado en varios aspectos: ha
dejado de socializar, hay tendencia al aislamiento (…), síntomas ansiosos importantes
que han afectado funciones ejecutivas como la atención, [la] memoria y [la] planeación.
Todo lo anterior está afectando su funcionamiento diario (…).
10-03-2017 Psiquiatría Dra. Natalia González:
(…) Encuentro paciente con exacerbación sintomática (…), sigue con compromiso de
su funcionamiento diario (…), aumento de desesperanza, anhedonia y aislamiento. En
los últimos meses, los síntomas han afectado convivencia en casa y dificultan relación
de pareja. El paciente se ve cada vez más comprometido en su funcionamiento diario
(…). (Énfasis añadido).
61. Lo expuesto demuestra que, por lo menos desde noviembre de 2015, el señor
Covaleda Vargas comenzó a tener dificultades para desarrollar actividades cotidianas
básicas, lo cual se agravó con el tiempo. También evidencia que, en marzo de 2016,
aquel empezó a aislarse y a presentar afectaciones en su atención, memoria y capacidad
de planeación, lo cual, junto con otros síntomas, dificultó su relación de pareja.
62. Lo anterior, sumado a que en el expediente no obra prueba de que el estado de salud
del señor Covaleda Vargas hubiera mejorado con posterioridad al 25 de septiembre de
2018, cuando fue evaluado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, permite
inferir que, para el 4 de febrero de 2020, fecha en la cual se notificó la Resolución 9720
del 12 de diciembre de 2019, aquel estaba incapacitado para actuar frente a esta.
63. El hecho de no contar con evidencia de mejoría del señor Covaleda Vargas, junto
con la ausencia de prueba de que Nubia Felisa Burbano Burgos hubiera tenido acceso
a la mencionada resolución al ser designada como su persona de apoyo, permiten inferir
que, para el 15 de junio de 2021, fecha en la cual se realizó esa designación, tampoco
era posible realizar actuación alguna con respecto al acto administrativo en cuestión.
64. Ahora, a diferencia de la Sección Cuarta, esta Subsección considera que el Tribunal
sí tuvo en cuenta que, para el 4 de febrero de 2020, el señor Covaleda Vargas estaba
incapacitado para actuar frente a la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, pues,
en el auto del 28 de marzo de 2024 —por el cual confirmó el rechazo de la demanda—,
reconoció que, incluso desde la fecha de expedición de dicha resolución, a aquel le era
imposible ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como se
expone a continuación:
(…) [A]l momento de que se profiriera la Resolución No. 009720 del 12 de diciembre de
2019, el señor Francisco Javier Covaleda Vargas ya tenía desde el 6 de abril de 2018
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(sic) una calificación de pérdida de capacidad laboral del 54.40% por su trastorno
mixto de ansiedad, depresión y déficit cognitivo, estado por el que fue pensionado por
invalidez de origen laboral; situación que le impedía realizar las gestiones para
ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los
términos del artículo 164 del CPACA, por lo que resulta procedente flexibilizar el
conteo del término de caducidad (…). (Énfasis añadido).
65. En el mismo auto, el Tribunal expuso lo siguiente:
(…) [P]or escritura pública 2101 del 15 de junio de 2021, otorgada ante la Notaría Cuarta
del Círculo Notarial de Cali, se designó como persona de apoyo a la señora Nubia Felisa
Burbano Burgos, otorgándole entre otras, facultades para contratar abogado y
salvaguardar los intereses del actor, por lo que resulta factible desde esta fecha iniciar
el conteo de caducidad del presente medio de control (…).
66. Sobre el particular, la Sala coincide con la Sección Cuarta en que era irrazonable
asumir que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho podía ser
ejercido desde el 15 de junio de 2021, cuando Nubia Felisa Burbano Burgos fue
designada como persona de apoyo del señor Covaleda Vargas, pues, como ya se indicó,
no hay prueba de que el estado de salud de este hubiera mejorado para entonces ni de
que aquella hubiera accedido a la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019.
67. En este punto, vale la pena recordar que las patologías del señor Covaleda Vargas
le dificultaban desarrollar actividades cotidianas básicas, le causaban aislamiento y
afectaban su atención, memoria y capacidad de planeación, todo lo cual incidió
negativamente en su relación de pareja. Así, no había lugar a considerar que, al designar
a Nubia Felisa Burbano Burgos como su persona de apoyo, aquel hubiera informado la
existencia de la resolución aludida, ni que esta, por consiguiente, hubiera podido acudir
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde entonces.
68. Así las cosas, al contabilizar el término de caducidad desde la designación de Nubia
Felisa Burbano Burgos como persona de apoyo del señor Covaleda Vargas, el Tribunal
desconoció su situación de discapacidad, la cual determinaba su calidad de sujeto de
especial protección constitucional e impedía que controvirtiera judicialmente la
Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, fuera directamente o por intermedio de la
señora Burbano Burgos.
69. Por lo anterior, la Sala desestima el tercer argumento de la impugnación de la DIAN,
consistente en que el Tribunal no desconoció la calidad de sujeto de especial protección
constitucional del señor Covaleda Vargas, en tanto su persona de apoyo podía ejercer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho desde su designación.
70. Igualmente, desestima el primer argumento de la impugnación del magistrado Borja
Soto, relativo a que no se probó ninguna situación particular que justificara contabilizar
el término de caducidad desde una fecha posterior al 15 de junio de 2021 o, en otras
palabras, no computar dicho término desde la mencionada designación.
71. Frente a ese argumento, además, se advierte que contabilizar el término de
caducidad desde el 15 de junio de 2021, por la simple falta de acreditación de una
circunstancia adicional a la situación de discapacidad que para entonces poseía el señor
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Covaleda Vargas, implicaría imponerle una carga probatoria adicional, en franco
desconocimiento de las implicaciones de sus patologías26, de su consecuente calidad de
sujeto de especial protección constitucional y del deber de las autoridades judiciales de
flexibilizar la aplicación de las disposiciones procesales pertinentes, entre ellas, las
relativas a la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
72. En suma, los argumentos de la DIAN y del magistrado Borja Soto no lograron
desvirtuar una de las conclusiones de la Sección Cuarta, compartida por esta
Subsección: la irrazonabilidad de asumir que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho podía ser ejercido desde el 15 de junio de 2021, cuando
Nubia Felisa Burbano Burgos fue designada como persona de apoyo del señor Covaleda
Vargas.
73. Ese proceder, se insiste, desconoció la condición de discapacidad del señor
Covaleda Vargas, que le impedía controvertir la Resolución 9720 del 12 de diciembre de
2019, fuera directamente o por intermedio de la señora Burbano Burgos. Por
consiguiente, comporta una interpretación y aplicación excesivamente rigurosa del
artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad de los medios de control. De ahí que, en
lugar de facilitar el acceso a la administración de justicia por parte de aquel, lo
obstaculizó.
74. Precisamente por esa aplicación inflexible del artículo 164 del CPACA y la correlativa
afectación del derecho de acceso a la administración de justicia del señor Covaleda
Vargas, la Sala concluye, tal como lo hizo el a quo, que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
75. Además, esa lectura excesivamente rígida implicó una omisión del deber de adoptar
medidas afirmativas para facilitar el acceso a la administración de justicia del señor
Covaleda Vargas, quien, se insiste, es sujeto de especial protección constitucional. Así,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el artículo 13 superior y, por
ende, incurrió en una violación directa de la Constitución, defecto que tiene lugar, entre
otros escenarios, cuando se «deja de aplicar una disposición iusfundamental a un caso
concreto» 27 y, específicamente, «cuando se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata»28, como en el presente asunto.
76. Así las cosas, se confirmarán los numerales primero y segundo de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, mediante los cuales, en su orden, se concedió el
amparo de los derechos fundamentales del señor Covaleda Vargas y se dejó sin efectos
el auto del 28 de marzo de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
77. Sin embargo, se modificará el tercer numeral de dicha parte resolutiva, por las
razones expuestas a continuación:
78. Como se indicó, el magistrado Borja Soto sostuvo que contabilizar el término de
caducidad desde el 4 de julio de 2024, cuando se solicitó la revocación directa de la
26 Señaladas en el párrafo 60.
27 Corte Constitucional, sentencia de unificación 429 de 2024.
28 Ibidem.
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Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, «sería pretermitir el término de caducidad
a criterio de la parte actora».
79. La Sala advierte que, con la afirmación de que dicha solicitud fue la primera
manifestación clara y objetiva del conocimiento de la resolución aludida, la Sección
Cuarta no satisfizo un simple capricho de la parte demandante, sino que justificó su
decisión de amparar los derechos fundamentales del señor Covaleda Vargas. Por
consiguiente, el argumento del magistrado Borja Soto no es de recibo.
80. Con todo, esta Subsección considera que, al establecer el momento a partir del cual
se tuvo conocimiento de la Resolución 9720 del 12 de diciembre de 2019, el juez de
tutela de primer grado (Sección Cuarta del Consejo de Estado) asumió el rol del juez
contencioso-administrativo, quien, en virtud de su especialidad y de las competencias
específicas que le han sido asignadas por el legislador, es el que debe definir los
aspectos esenciales de la controversia —como el conocimiento del acto administrativo
controvertido—, con sustento en las pruebas que se practiquen en el proceso
correspondiente.
81. En consecuencia, se modificará el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en el sentido de ordenar al tribunal que profiera una
decisión de reemplazo frente al auto del 28 de marzo de 2025, tomando en consideración
que, por las razones expuestas en esta providencia, el término de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento no puede ser contabilizado desde el 15 de junio
de 2021, cuando se designó a Nubia Felisa Burbano Burgos como persona de apoyo del
señor Covaleda Vargas.
82. Lo anterior, sin perjuicio de que, en una etapa posterior del proceso contencioso-
administrativo, el juzgado o el tribunal demandados varíen el análisis sobre la caducidad
de dicho medio de control, con sustento en los medios probatorios que lleguen a
incorporarse al expediente.
83. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Modificar el numeral tercero de la sentencia del 15 de mayo de 2025,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el cual quedará así:
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los diez días
siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una decisión de
reemplazo frente al auto del 28 de marzo de 2025, tomando en consideración que el
término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento no puede
ser contabilizado desde el 15 de junio de 2021, cuando se designó a Nubia Felisa
Burbano Burgos como persona de apoyo de Francisco Javier Covaleda Vargas.
SEGUNDO. Confirmar, en todo lo demás, la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Francisco Javier Covaleda Vargas
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
VF
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