Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02073-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02073-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02073-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: JAIME ERNESTO DÍAZ GÓMEZ
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
– AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN – VIOLACIÓN DIRECTA DE
LA CONSTITUCIÓN.
Síntesis del caso: el demandante reclamó la protección a sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de la providencia judicial que confirmó el rechazo por caducidad
de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que lo sancionaron
disciplinariamente. La Sala declarará la improcedencia del cargo por el defecto sustantivo y
negará los cargos por violación directa de la Constitución y decisión sin motivación.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jaime Ernesto Díaz Gómez
en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29 y
229 de la Constitución Política, en conexidad con las garantías de legalidad, tutela
judicial efectiva, confianza legítima y principio pro homine, supuestamente vulnerados
con ocasión del auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por dicha autoridad judicial
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-
000-2024-00100-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
1) El 4 de febrero de 2021, la Jefatura Logística de la Fuerza Aérea Colombiana
sancionó al demandante Jaime Ernesto Díaz Gómez con suspensión absoluta de las
fuerzas militares e inhabilidad general de doce (12) años y cinco (5) meses por incurrir
dolosamente en la falta del numeral 41 del artículo 76 de la Ley 1862 de 20171.
2) El demandante instauró recurso de apelación contra el acto y, el 5 de diciembre de
2022, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó la sanción
disciplinaria; esta decisión se notificó a los interesados por correo electrónico de 15 de
diciembre de 2022.
3) El 21 de septiembre de 2023, el Ministerio de Defensa expidió el Decreto 1531 de
2023, por el cual dispuso ejecutar la sanción disciplinaria; esta decisión se notificó a
los interesados por correo electrónico de 3 de octubre de 2023.
4) El 20 de marzo de 2024, el demandante presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad parcial de los actos
disciplinarios de 4 de febrero de 2021 y 5 de diciembre de 2022; adicionalmente, solicitó
el reconocimiento de una indemnización de perjuicios, el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro y la cancelación
de la anotación de la sanción en su hoja de vida.
5) Mediante auto de 15 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad de la
acción, pues consideró que, como el demandante renunció voluntariamente a su cargo
antes de la actuación disciplinaria, el término comenzó a correr el día siguiente a la
notificación del acto sancionatorio de segunda instancia, de conformidad con el literal
d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y el auto de unificación jurisprudencial de
25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
6) El 23 de mayo de 2024, el demandante instauró recurso de apelación contra el auto
que rechazó la demanda2.
1 “Artículo 76. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas: (…) 41. Participar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios o procedimientos que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución Política o en la ley”.
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Para sustentar el recurso, expuso que el auto de unificación jurisprudencial en cita se profirió en vigencia del CCA
y que existe otro precedente judicial posterior en el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado contabilizó la
caducidad a partir de la notificación del acto de ejecución; además, señaló que el artículo 164 del CPACA también
establece la posibilidad de computar la oportunidad para demandar desde la ejecución del acto, por lo tanto, en una
interpretación armónica con el principio pro homine, se debió concluir que el término comenzó a correr con la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
7) A través de auto de 5 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la providencia apelada, tras constatar que el
auto de 22 de junio de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado reiteró la postura sentada en el auto de unificación jurisprudencial de 25 de
febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que la caducidad para
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos
disciplinarios que no materializan el retiro temporal o definitivo del servidor público debe
contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que da por terminada la
actuación; por consiguiente, en el caso concreto, el término comenzó a correr el 15 de
diciembre de 2022 y feneció el 15 de abril de 2023.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante adujo que el auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulnera sus derechos
constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia porque adolece de un defecto sustantivo, una falta de
motivación y una violación directa de la Constitución (índice 2 en SAMAI).
En su criterio, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo al
aplicar el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por cuanto i) esta providencia sentó un criterio de
interpretación del artículo 136 del CCA, ii) la aplicación extensiva de la regla
jurisprudencial desconoció el principio pro homine y la literalidad del artículo 164 del
CPACA, según el cual también es posible que se compute la oportunidad para
demandar a partir de la ejecución del acto y, iii) en la demanda ordinaria no se pretendió
el reintegro en el cargo, sino controvertir los efectos de los actos disciplinarios, los
cuales se materializaron con el Decreto 1531 de 2023.
En segundo lugar, señaló que se configuró un defecto por decisión sin motivación
porque la autoridad judicial demandada no accedió a su solicitud de proferir la decisión
mediante auto de unificación jurisprudencial, a pesar de que se cumplían los
presupuestos del artículo 271 del CPACA.
notificación del Decreto 1531 de 2023, pues a partir de ese momento se materializaron los efectos de los actos
disciplinarios. Por otra parte, solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
avocara conocimiento del asunto y profiriera una decisión que unifique los criterios de interpretación del numeral 2
del artículo 164 del CPACA, en especial, cuando en la demanda no se pretende el reintegro en el cargo.
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Acción de tutela
Finalmente, mencionó que la providencia reprochada vulneró directamente los
derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia y las garantías de legalidad, tutela judicial efectiva, confianza
legítima y principio pro homine, comoquiera que las disposiciones sobre derecho
sancionatorio deben interpretarse siempre en favor del hombre.
3. Las pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“5.1. Declarar que el Despacho de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Subsección B, al proferir el auto del cinco (5) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024), notificado el veintidós (22) octubre del mismo año, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el radicado No.
25000-23-42-000-2024-00100-01, que confirmo el auto del quince (15) de
mayo de dos mil veinticuatro 2024, proferido por el Tribunal administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda – Subsección C, que rechazo la demanda
por caducidad; incurrió en las violaciones constitucionales referidas.
5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los derechos
fundamentales de Jaime Ernesto Díaz Gómez al debido proceso y el principio
pro homine.
5.3. Que se deje sin validez el auto del Despacho Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección B, del cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024), notificado el veintidós (22) octubre del mismo año, que confirmó el
auto del quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro 2024, proferido por el
Tribunal administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección C,
por medio del cual rechazo la demanda por caducidad, y en su lugar se
ordene proferir la decisión que en derecho corresponde, conforme a los
parámetros constitucionales, legales y precedentes constitucionales con
fuerza vinculante en los términos que se determine en la sentencia de tutela”.
(archivo disponible en medio magnético en el índice 2 del Historial de
Actuaciones en SAMAI).
4. La actuación procesal
Por auto de 10 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al
presidente y los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y se vinculó a la actuación como terceros interesados al
presidente y los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al comandante general de las Fuerzas
Militares o quien haga sus veces, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 5 en SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
1) El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado afirmó que la acción es improcedente por falta de relevancia constitucional, por
cuanto la discusión se limita a un mero desacuerdo con la decisión y la tutela no fue
prevista como un juicio de corrección; además, agregó que el auto de unificación
jurisprudencial que sustentó la providencia reprochada “corresponde a la norma
jurídica, indistintamente si ella se encuentra contenida en el CCA o en el CPACA, dado
que, no hubo variaciones entre un enunciado y otro a pesar de haber perdido su
vigencia la primera de ellas” (índice 13 en SAMAI).
2) El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
del demandante porque aplicó el precedente vigente en la materia; en consecuencia,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela (índice 11 en SAMAI).
3) El comandante general de las Fuerzas Militares guardó silencio, pese a estar
debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela y ii) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
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Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales de la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de
5 de septiembre de 2024, mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por caducidad de la acción.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará su
improcedencia frente al cargo por el defecto sustantivo y negará los cargos por
violación directa de la Constitución y decisión sin motivación, por las razones que se
exponen a continuación:
2.1 El cumplimiento de los requisitos de procedencia
Sin mayores elucubraciones, la Sala observa que i) el demandante identificó de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos que se
transgredieron, ii) la acción de tutela se promovió dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia reprochada3, iii) se agotaron los medios
de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y, iv) no se ataca una sentencia de tutela.
A su vez, se advierte que los cargos por violación directa de la Constitución y decisión
sin motivación cumplen con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto
involucran una discusión sobre el derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia; además, los reproches no fueron resueltos en el curso del
proceso ordinario y los defectos se predican de la providencia de segunda instancia,
contra la cual no proceden recursos.
3 El auto proferido el 5 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado se notificó el 22 de octubre de 2024 (índice 9 en SAMAI del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho) y la tutela se presentó el 8 de abril de 2025 (índice 3 en SAMAI).
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Acción de tutela
En cambio, el cargo por el defecto sustantivo no reviste relevancia constitucional, por
las razones que se exponen a continuación.
1) Para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional, el demandante alegó que la autoridad judicial incurrió –entre otros– en
un defecto sustantivo al aplicar el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero
de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues, debido a los supuestos
fácticos y jurídicos del caso sub iudice, la regla jurisprudencial fijada en dicho auto no
resultaba aplicable; puntualmente, porque i) esta providencia sentó un criterio de
interpretación del artículo 136 del CCA, ii) la aplicación extensiva de la regla
jurisprudencial desconoció el principio pro homine y la literalidad del artículo 164 del
CPACA, según el cual también es posible que se compute la oportunidad para
demandar a partir de la ejecución del acto y, iii) en la demanda ordinaria no se pretendió
el reintegro en el cargo, sino controvertir los efectos de los actos disciplinarios, los
cuales se materializaron con el Decreto 1531 de 2023 del Ministerio de Defensa.
2) En efecto, se observa que el cargo es una reiteración del mismo argumento que
planteó en el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda, en el cual
controvirtió la decisión porque el auto de unificación jurisprudencial de 25 de febrero de
2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado se profirió en vigencia del CCA,
por lo cual debía aplicarse en su lugar el artículo 164 del CPACA, el cual también
establece la posibilidad de computar la oportunidad para demandar a partir de la
ejecución del acto, que para el caso concreto correspondió al Decreto 1531 de 2023
del Ministerio de Defensa.
3) A su vez, estos planteamientos fueron objeto de estudio por parte de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con las consideraciones que a
continuación se transcriben:
“En lo que corresponde a la caducidad de la acción cuando se discuten sanciones
disciplinarias, es oportuno, resaltar que, la Sección Segunda de esta Corporación
mediante providencia de unificación del 25 de febrero de 2016, asumió una
postura respecto al término para interponer el medio de nulidad y
restablecimiento del derecho en materia disciplinaria, cuando estas conlleven el
retiro del servicio, bien sea temporal o definitivo, así:
«[…] En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido
un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del
servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe
preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción
contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que
ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el
control de los actos de la administración.
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Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito,
esto es, cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción
disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene
relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral,
situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta
providencia y frente a las cuales debe contarse el término de
caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó
el proceso administrativo disciplinario. […]
La anterior consideración se justifica por cuanto, como se afirmó
en los acápites precedentes, solamente en aquellos casos en los
que el acto de ejecución tiene incidencia efectiva en la
terminación de la relación laboral administrativa, puede afirmarse
que dicho acto tiene relevancia frente al conteo del término de
caducidad de las acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo […]»
En providencia del 22 de junio de 2023 de la Subsección “A” de la Sección
Segunda de esta Corporación, reiteró la citada postura en los siguientes
términos:
«[…] Ahora bien, en materia disciplinaria cuando se trata de
sanciones que implican retiro temporal o definitivo del servicio,
esta Sección ha sostenido que la caducidad se cuenta a partir de
la ejecución de la sanción impuesta, siempre y cuando el acto
materialice la suspensión o la terminación de la relación laboral,
y comienza a contarse a partir del día siguiente de la notificación.
Diferente es cuando el acto de ejecución de la sanción
disciplinaria no implique la materialización del retiro del servicio,
pues en este caso el término de caducidad para demandar la
destitución debe contarse a partir de la ejecutoria de la decisión
que dio por culminada la actuación administrativa disciplinaria
[…]»
Por lo expuesto, cuando se trate de la discusión de legalidad de los actos
administrativos disciplinarios, y este no materialice el retiro temporal o definitivo
del servicio del disciplinado, la contabilización del término de caducidad en
materia de nulidad y restablecimiento se debe efectuar a partir del día siguiente
de la ejecutoria de la decisión que da por terminada la actuación administrativa.
En ese orden de ideas, se encuentra que le asiste razón al a quo cuando
concluye que comoquiera que el señor Díaz Gómez se encontraba retirado del
servicio desde el 15 de enero de 2020, en este caso debe contabilizarse la
caducidad desde la ejecutoria de la decisión que dio por culminada la actuación
administrativa disciplinaria, que ocurrió con la notificación efectuada el 15 de abril
de 2023 [sic], respecto a lo cual ha de resaltarse que no se evidencia reproche
alguno en lo que corresponde a esta notificación
En consecuencia, en el caso concreto operó el fenómeno de la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en atención a que
cuando el interesado agotó la conciliación, esto es, el 31 de enero de 2024, y
acudió a la administración de justicia, es decir, el 20 de marzo de 2024, sin duda
alguna habían transcurrido mucho más de 4 meses, desde que se notificó
electrónicamente el fallo disciplinario de segunda instancia (15 de abril de 2023)”.
4) Como viene de leerse, la autoridad judicial demandada resolvió el reproche
relacionado con un supuesto yerro en la aplicación del auto de unificación
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
jurisprudencial de 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
pues explicó la regla jurisprudencial, expuso los supuestos fácticos que habilitaban su
aplicación al caso concreto y señaló que la postura fue reiterada en reciente sentencia.
5) Si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha situación, es
evidente que el cargo por el defecto sustantivo es una reproducción de los argumentos
que fueron planteados en el recurso de apelación, los cuales se dirigieron de manera
exclusiva a reanudar un debate que fue estudiado y resuelto al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
6) Así entonces, para la Sala es claro que el único interés del demandante es mostrar
su desacuerdo con la providencia objeto de tutela simplemente porque le fue
desfavorable a sus intereses, sin que en dicha discusión se haya planteado un asunto
de una genuina importancia desde el punto de vista constitucional.
7) La Sala reitera que el presente mecanismo constitucional no está instituido como
una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia o interferir con el ejercicio de la autonomía judicial del juez natural, motivo
por el cual se declarará la improcedencia del cargo.
2.2 El análisis del defecto por decisión sin motivación en el caso concreto
1) Para el demandante, la providencia objeto de reproche adolece de una decisión sin
motivación porque la autoridad judicial no accedió a su solicitud de proferir la decisión
mediante auto de unificación jurisprudencial, a pesar de que se cumplían los
presupuestos del artículo 271 del CPACA.
2) No obstante, esta Sala observa que, en el auto de 5 de septiembre de 2024, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló con precisión las
razones que sustentaron la decisión de negar la solicitud de unificación jurisprudencial
formulada por el demandante en el recurso de apelación.
3) En concreto, expuso como cuestión previa que la solicitud de unificación
jurisprudencial no estaba llamada a prosperar, pues consideró que no existía
discrepancia alguna respecto de la interpretación que se fijó en el auto de unificación
de 25 de febrero de 2016; textualmente indicó:
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
“El demandante, conforme a lo estipulado en el artículo 271 del CPACA, solicitó
unificar jurisprudencia en lo que corresponde a la forma de contabilizar el
fenómeno de la caducidad, al estimar que existe divergencia en la interpretación
y aplicación del artículo 164 del CPACA y el principio de pro homine.
No obstante, se destaca que la Sección Segunda de esta Corporación mediante
providencia de unificación del 25 de febrero de 2016, asumió una postura
respecto al término para interponer el medio de nulidad y restablecimiento del
derecho en materia disciplinaria, sin que se advierta discrepancia respecto a la
interpretación que se efectuó en aquella providencia.
En consecuencia, en el presente caso, se observa que la solicitud de
jurisprudencia versa sobre el mismo asunto que en su momento se resolvió, por
tanto, al tratarse un asunto con similitud, debe estarse a lo decidido previamente
por esta Corporación, por ende, no existe mérito para avocar el asunto con la
finalidad de emitir una sentencia de unificación jurisprudencial sobre lo
propuesto”.
4) De conformidad con lo anterior, no se evidencia que la providencia reprochada
constituya un mero acto de voluntad del juez ni que exista una contradicción manifiesta
entre la decisión y los fundamentos empleados para proferirla; en consecuencia, no se
configura el defecto por decisión sin motivación.
5) Adicionalmente, para esta Sala, la acción de tutela fue instituida como un juicio de
validez4 y no de corrección de la labor del juez natural de la causa, pues, esta facultad
se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia judicial que
imponen el respeto por la cosa juzgada, de modo que el juez de tutela tiene vedado
pronunciarse sobre materias que fueron abordadas por el juez ordinario simplemente
con el objeto de imponer su criterio o proponer una mejor solución.
2.3 El análisis de la violación directa de la Constitución en el caso concreto
1) Por último, el demandante alegó una violación directa de sus derechos
constitucionales fundamentales, comoquiera que las disposiciones sobre derecho
sancionatorio deben interpretarse siempre en favor del hombre; sin embargo, esta Sala
no advierte una vulneración flagrante a un derecho constitucional fundamental de
aplicación inmediata que torne procedente el amparo.
2) Sin lugar a duda, la doctrina constitucional ha reiterado que “no hay derechos ni
libertades absolutos”5, por cuanto pueden ser objeto de limitaciones que resulten
necesarias para “realizar otros principios superiores o para garantizar otros derechos
4 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-022 de 2019 y T-311 de 2020.
5 Corte Constitucional, sentencia C-045 de 1996.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
fundamentales que en cierto momento pueden verse confrontados con aquel” 6,
siempre y cuando se respete su núcleo esencial.
3) En el asunto sub examine, la parte demandante sostuvo que la decisión judicial de
rechazar la demanda vulneró directamente las garantías constitucionales de la
igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, legalidad, tutela
judicial efectiva, confianza legítima y principio pro homine porque se debió interpretar
la regla de caducidad en un sentido que le fuera favorable, lo cual equivaldría a que se
asumiera que la demanda se presentó de manera oportuna.
4) No obstante, la declaratoria de caducidad no es –en sí misma– una vulneración al
núcleo esencial de los derechos fundamentales de la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, por cuanto el legislador estableció plazos para
acudir a la administración de justicia, so pena que opere la caducidad de la acción, con
el fin constitucional de consolidar la seguridad jurídica y asegurar el debido proceso
para todos los sujetos procesales.
5) A título ilustrativo, es preciso traer a colación que, al estudiar la constitucionalidad
del literal h) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la Corte Constitucional precisó
que la regla de caducidad de las acciones de grupo no transgrede principios superiores,
toda vez que constituye una medida razonable y proporcional:
“limitar el tiempo a cuatro (4) meses para iniciar la acción es coherente con lo
establecido en el ordenamiento para la caducidad de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por tanto, también se trata de una medida que
no es contraría a la Constitución. Esta se entiende como una medida adecuada
pues efectivamente mantiene un orden, pues es claro que para atacar la nulidad
de un acto administrativo de carácter particular y concreto que por lo mismo
afecta un derecho de carácter subjetivo y que pudo haber causar un daño, en
cualquier escenario el accionante cuenta con cuatro (4) meses para solicitarlo.
En suma, la Corte encuentra que las normas demandadas resultan razonables
y proporcionales para el logro de fines permitidos, y, de hecho, valorados por la
Constitución Política en relación con el diseño de procedimientos judiciales como
son, el acceso efectivo a la administración de justicia, la celeridad de los
procesos, y la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en el ejercicio de la
función pública de administración de justicia. Cumpliendo así también el
segundo requisito establecido en la jurisprudencia para estudiar la
inconstitucionalidad cuando se cuestiona la libertad de configuración del
legislador.”7
6 Corte Constitucional, sentencia C-648 de 2001.
7 Corte Constitucional, sentencia C-407 de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02073-00
Demandante: Jaime Ernesto Díaz Gómez
Acción de tutela
6) Así las cosas, para la Sala es evidente que es constitucionalmente admisible declarar
la caducidad de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el
cómputo del término se ajusta a las reglas jurisprudenciales y los supuestos fácticos
de la demanda, motivo por el cual tampoco se configura una violación directa de la
Constitución en el caso concreto.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la solicitud de amparo por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional frente al defecto sustantivo, por las razones expuestas en
la parte motiva.
2º) Niégase la solicitud de amparo frente a los defectos por decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución, por las razones expuestas en la parte motiva.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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