Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02074-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02074-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02074-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02074-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ARTURO ORTIZ OSEJO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARECER DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. CONDENA
EN COSTAS
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y
AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE PASTO1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO2.
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02074-00
Actor: ARTURO ORTIZ OSEJO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor ARTURO ORTIZ OSEJO, a través de apoderado, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, los
cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y el JUZGADO, al haber
proferido las providencia de 7 de octubre de 2024 y 26 de marzo de
2025, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2016-00154-03.
I.2.- Hechos
Indicó que laboró al servicio del Estado colombiano desde el 12 de
febrero de 1969 hasta el 30 de diciembre de 2013, ocupando como
último cargo el de analista en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
Adujo que la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad
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Actor: ARTURO ORTIZ OSEJO
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)3, reconoció y ordenó el
pago de una pensión de jubilación a su favor, omitiendo la inclusión
de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicios.
Expresó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió demanda contra la UGPP, con
el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 013466
de 8 de abril de 2015 y RDP 027186 de 3 de julio de 2015.
Manifestó que el JUZGADO mediante sentencia de 18 de diciembre
de 2020, resolvió negar las pretensiones de la demanda.
Adujo que el TRIBUNAL “[…] mediante sentencia de fecha 09 de
marzo de 2022, decidiendo el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia,
con fundamento en que el monto de la pensión del señor ARTURO
ORTIZ OSEJO, debe determinarse teniendo en cuenta únicamente los
devengados durante el último año de prestación de servicios,
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En adelante UGPP.
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siempre y cuando hayan servido de base para calcular los aportes,
es decir, los que cotizó y se encuentre relacionados en el artículo 1°
la Ley 62 de 1985, en el mismo sentir, condenó en costas a la parte
vencida, situación tal que fue recurrida mediante recurso de
aclaración, corrección y modificatoria respecto a la improcedencia de
esa condena a la luz de la normatividad vigente […]”.
Afirmó que la Secretaría del JUZGADO procedió con la liquidación de
las costas procesales, en primera instancia por $1.620.000 y, en
segunda, por $540.000, estimándolas en su totalidad por
$2.160.000, valores que fueron aprobados por el despacho judicial
en auto de 6 de febrero de 2024.
Señaló que el TRIBUNAL “[…] mediante auto del 07 de octubre de
2024, procede sesgadamente a condenar de nuevo en costas al
recurrente, con en el argumento: “que al haberse resuelto
desfavorablemente la apelación que interpusieron Finalmente, en
aplicación del criterio objetivo, se condenará en costas al apelante,
al perder la impugnación […]”.
Concluyó aduciendo que “[…] El despacho de primera instancia
procede a obedecer y cumplir lo resuelto en segunda instancia, y
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nuevamente realiza la liquidación de costas procesales, por lo que
mediante auto del 26 de marzo de 2025, liquidó las nuevas agencias
en derecho por valor de $270.000 […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas y en “[…]
desconocimiento del precedente […]”.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, toda vez que “[…] procedieron a condenar en costas
a mi representado(a), sin elementos probatorios suficientes que
respaldara dicha condena […]”.
Adujo que con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado para determinar si hay lugar o no a la condena en costas, se
estudian aspectos como la conducta de las partes, y que
principalmente estas aparezcan causadas y comprobadas.
Manifestó que para condenar en costas no basta que la parte sea
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vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte del
Juez de la conducta observada por ella en el proceso, “[…] y en el
presente caso, tanto el demandante como su apoderado NO
realizaron conductas tendientes a dilatar el proceso, ni actuaron de
mala fe, así como tampoco se tiene probado dentro del expediente,
los gastos y/o agencias en derecho en que pudo haber incurrido la
parte demandada y menos, que los mismos estuvieren acreditados
en el proceso; razones por la cuales no habría lugar a la imposición
de la misma […]”.
Adujo que se incurrió en un defecto sustantivo “[…] al condenar en
costas en ambas instancias al demandante, y no conforme a ello, tras
exponer razones más que de peso en cuanto la improcedencia de esa
condena de manera rigurosa y hasta burlesca procede el Tribunal
nuevamente a condenar, apartándose de lo normado por los artículos
188 del CPACA y el art. 365 del CGP, abandonando entonces el
criterio “MIXTO” u “Objetivo Valorativo7”, para su imposición, y
adoptando uno netamente Objetivo (dado que no se efectuó la
comprobación de su causación), es decir, procedió a su imposición
por el solo hecho de haber sido vencido en el proceso […]”.
Manifestó que en los términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 18
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de enero 20114, no se comprobó temeridad o mala fe en el proceso
objeto de controversia.
Expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta que “[…] esta
corporación como órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de
la condena en costas, explicando la facultad de disponer sobre esta
condena como resultado de un análisis de lo dispuesto en conjunto
por el 188 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 365 del Código General
Proceso, no siendo una obligación su condena, sino una facultad de
disponer que tendrá el fallador analizando principalmente la conducta
y la buena fe de las partes; al respecto ha señalado la Sala en
Sentencia del 20 de agosto de 2015, No. Interno 2219-2014,
consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez […]”.
Por último, expresó que incurrieron en un defecto procedimental,
toda vez que “[…] dejaron de lado que el CPACA permitió la remisión
expresa al Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del
Proceso, para tratar lo ateniente a la liquidación y ejecución de
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Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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costas; por tanto, si bien es cierto el CPACA no contempla de forma
expresa que el auto que aprueba la liquidación de costas sea
susceptible de recurso de apelación, el Código General del Proceso si
lo establece en el numeral 5to del artículo 366; norma que es
aplicable al caso, por autorización expresa del 188 del CPACA […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. AMPARAR los derechos AL MINIMO VITAL, AL PRINCIPIO
DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL, DEBIDO
PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDA PROCESAL, del(la)
Señor(a) SEGUNDO CLIMACO RUANO (SIC).
2. ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO, y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO, en amparo a los derechos enunciados, revocar la
condena en costas ordenada y liquidada en las sentencias y que
definieron el asunto ordinario, como los autos que también
condenaron y posteriormente liquidaron y aprobaron. De lo
contrario se estudie la cuantía exorbitante por la que fue
condenado el recurrente y posteriormente aprobadas por la
rigurosidad del Tribunal cuando se replicó la improcedente de
esa condena.
4. Las demás que este Honorable Despacho considere para
proteger los derechos aquí tutelados […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO indicó que “[…] Las actuaciones de primera y
segunda instancia, fueron ajustadas a las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa. La sentencia de primera instancia
estuvo debidamente motivada en aspectos jurídicos y fácticos, y en
observancia a las disposiciones constitucionales por lo que no se le
puede calificar de ser apartada del derecho o de vía de hecho […]”.
I.5.2. El TRIBUNAL señaló que “[…] las providencias proferidas por
esta Corporación, hoy acusadas, fundamentaron su decisión en el
criterio objetivo para la imposición de costas, el cual como se dijo,
también es aceptado por el H. Consejo de Estado […]”.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La UGPP indicó que no existió vulneración de los derechos
fundamentales alegados por el actor y pide ordenar que la acción de
tutela sea declarada improcedente, teniendo en cuenta que la tutela
se está utilizando como una tercera instancia.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
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jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
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extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
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tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 7 de octubre de 2024 y 26
de marzo de 2025 proferidas por el TRIBUNAL y el JUZGADO,
respectivamente, dentro medio de control de nulidad y
restablecimiento identificado con el número único de radicación
2016-00154-03.
A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo
vital, habida cuenta que, a su juicio, se incurrió en defectos fáctico,
sustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento del
precedente.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, toda vez que “[…] procedieron a condenar en costas
a mi representado(a), sin elementos probatorios suficientes que
respaldara dicha condena […]”.
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Adujo que con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado para determinar si hay lugar o no a la condena en costas, se
estudian aspectos como la conducta de las partes y que estas
aparezcan causadas y comprobadas.
Manifestó que para condenar en costas no basta que la parte sea
vencida, por el contrario, se requiere una valoración por parte del
Juez de la conducta observada por ella en el proceso, “[…] y en el
presente caso, tanto el demandante como su apoderado NO
realizaron conductas tendientes a dilatar el proceso, ni actuaron de
mala fe, así como tampoco se tiene probado dentro del expediente,
los gastos y/o agencias en derecho en que pudo haber incurrido la
parte demandada y menos, que los mismos estuvieren acreditados
en el proceso; razones por la cuales no habría lugar a la imposición
de la misma […]”.
Adujo que se incurrió en un defecto sustantivo “[…] al condenar en
costas en ambas instancias al demandante, y no conforme a ello, tras
exponer razones más que de peso en cuanto la improcedencia de esa
condena de manera rigurosa y hasta burlesca procede el Tribunal
nuevamente a condenar, apartándose de lo normado por los artículos
188 del CPACA y el art. 365 del CGP, abandonando entonces el
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criterio “MIXTO” u “Objetivo Valorativo7”, para su imposición, y
adoptando uno netamente Objetivo (dado que no se efectuó la
comprobación de su causación), es decir, procedió a su imposición
por el solo hecho de haber sido vencido en el proceso […]”.
Manifestó que en los términos del artículo 188 de la Ley 1437, no se
comprobó temeridad o mala fe en el proceso objeto de controversia.
Expresó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta que “[…] esta
corporación como órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de
la condena en costas, explicando la facultad de disponer sobre esta
condena como resultado de un análisis de lo dispuesto en conjunto
por el 188 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 365 del Código General
Proceso, no siendo una obligación su condena, sino una facultad de
disponer que tendrá el fallador analizando principalmente la conducta
y la buena fe de las partes; al respecto ha señalado la Sala en
Sentencia del 20 de agosto de 2015, No. Interno 2219-2014,
consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez […]”.
Por último, expresó que incurrieron en un defecto procedimental
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absoluto, toda vez que “[…] dejaron de lado que el CPACA permitió
la remisión expresa al Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso, para tratar lo ateniente a la liquidación y
ejecución de costas; por tanto, si bien es cierto el CPACA no
contempla de forma expresa que el auto que aprueba la liquidación
de costas sea susceptible de recurso de apelación, el Código General
del Proceso si lo establece en el numeral 5to del artículo 366; norma
que es aplicable al caso, por autorización expresa del 188 del CPACA
[…]”.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos
alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
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por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
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tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
En el caso bajo examen, la Sala observa que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en
razón a que el disenso deviene de un asunto de contenido económico,
derivado de un debate estrictamente normativo y legal.
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Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 2021115, la Sala señaló:
“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad judicial
demandada, la Sala advierte que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, por las razones que a continuación
se explican: […] es preciso indicar que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de
los artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de carácter
legal y económico que no le corresponde decidir al juez de tutela,
sino al juez natural del proceso. […] 39.2.7 De conformidad con lo
anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia
la trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta
afectación tiene su origen en un asunto de contenido
económico que tiene como fundamento para su
reconocimiento un debate estrictamente normativo y de
interpretación judicial […]” (Destacado fuera de texto).
Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por
esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 2021116, en los siguientes
términos:
“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de contenido
económico, como lo es la condena en costas, el cual ya fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).
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[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene como
fundamento para su reconocimiento un debate estrictamente
normativo y de interpretación judicial. De igual manera, la Sala al
estudiar la solicitud de tutela tampoco encuentra establecida de
forma clara, la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados supra. Con fundamento en las consideraciones jurídicas
establecidas, la Sala considera que, frente a dicho cuestionamiento,
la presente acción de tutela resulta improcedente […]”.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el actor
como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital,
están encaminados a replantear la discusión jurídica en torno a la
imposición de la condena y liquidación de las costas procesales,
circunstancia que resulta improcedente, en tanto la presunta
afectación de los derechos fundamentales se deriva de un asunto de
contenido económico que fue debidamente argumentado y concluido
por el juez natural de la causa.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
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inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por el actor, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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