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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02077-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02077-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 12 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró la improcedencia del amparo solicitado en la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02077-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de septiembre de 2025

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 5 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02077-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02077-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 12 de junio de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la acción constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 8 de abril de 2025, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP-1, mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5 y el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad
financiera.

Lo anterior, con ocasión de las providencias de 28 de mayo de 2021, 9 de
diciembre de 2022, 27 de marzo de 2023, 15 de marzo y 10 de septiembre de
2024, por medio de las cuales las autoridades judiciales decretaron medida de
embargo sobre la cuenta de caja menor que la UGPP tiene en el Banco Popular,
en el proceso ejecutivo con radicado 15001-33-31-010-2008-00081-00/01/02,
promovido en su contra por el señor Jairo Benavides.

1 En adelante UGPP.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 5 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02077-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNJA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA
DE DECISIÓN No. 5 dentro del proceso ejecutivo No.
15001333301020080008100.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 28 de mayo de 2021 y 09 de
diciembre de 2022 dictada por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y confirmado mediante proveído del 27
de marzo de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
SALA DE DECISIÓN No. 5 que decretaron medida de embargo sobre la
cuenta que la UGPP tiene en el Banco Popular denominada de caja mejor
sobre la cual persiste tal medida cautelar, en autos del 15 de marzo de 2024
y 10 de septiembre de 2024, dictados dentro del proceso ejecutivo rad.
15001333301020080008100 y, en consecuencia, declarar la improcedencia
de la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el
Presupuesto General de la Nación, que se administran en dicha cuenta de
titularidad de la UGPP en el Banco Popular.

b. Librar el oficio mediante el cual se comunique al Banco Popular el
desembargo de la cuenta de titularidad de la UGPP bajo el número 110-026-
00140-4 Caja Menor.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante auto
del 3 de mayo de 2021, libró mandamiento ejecutivo a favor del señor Jairo
Benavides y en contra de la UGPP por la suma de $47.026.377, correspondientes
a saldo insoluto de sentencia e intereses moratorios.

Posteriormente, en providencia del 28 de mayo de 2021, ordenó oficiar a distintas
entidades bancarias para verificar la existencia de cuentas a nombre de la
ejecutada.

El 24 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
No. 5, confirmó la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución y
condenó en costas a la parte ejecutada.

El 9 de diciembre de 2022, el juzgado decretó embargo y retención de dineros de
la UGPP en la cuenta corriente No. 110-026-00140-4 del Banco Popular, hasta
por la suma de $70.539.565, exceptuando los recursos expresamente
inembargables.

Contra dicho auto, la UGPP interpuso apelación alegando la inembargabilidad de
la cuenta, recurso que fue resuelto el 27 de marzo de 2023 por el Tribunal

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

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Administrativo de Boyacá, el cual confirmó la medida al considerar que los
recursos de caja menor podían ser objeto de embargo en el marco de la ejecución
de una sentencia judicial.

El 15 de marzo de 2024, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja ofició al Banco Popular para que perfeccionara el registro del embargo
decretado. No obstante, el 19 de marzo de 2024, el banco manifestó que las
cuentas de la UGPP eran inembargables por estar incorporadas en el
Presupuesto General de la Nación y por destinarse a la seguridad social y otras
finalidades específicas, solicitando aclaraciones sobre la orden judicial.

Finalmente, el 10 de septiembre de 2024, el juzgado reiteró la obligación del
Banco Popular de cumplir con la orden de embargo, actualizó los datos de la
medida cautelar y advirtió que, en caso de incumplimiento, se ordenaría trámite
incidental de desacato.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto
que la cuenta corriente del Banco Popular a nombre de la UGPP, había sido
creada exclusivamente para recibir recursos del Presupuesto General de la
Nación, destinados a gastos de funcionamiento interno de la entidad.

Precisó que dichos dineros se utilizaban para el pago de impuestos nacionales y
distritales generados por las retenciones en la fuente, IVA e ICA practicadas a los
proveedores y contratistas.

Afirmó que a la misma cuenta se trasladaban recursos destinados al pago de la
seguridad social de los empleados, así como deducciones ordenadas por los
funcionarios sobre su nómina para aportes a cuentas de ahorro AFC, fondos de
pensiones voluntarias y libranzas, lo que evidenciaba que tales recursos no
pertenecían a la entidad, sino a terceros, razón por la cual eran de naturaleza
inembargable.

La actora resaltó que las providencias de ambas autoridades incurrieron en
defecto sustantivo, toda vez que, si bien el ordenamiento jurídico facultaba al juez
para decretar medidas de embargo en el proceso ejecutivo, debía ser cauteloso
de no disponerlas sobre recursos de carácter inembargable, conforme al artículo
63 de la Constitución Política, al Decreto 111 de 1996, al Decreto 1101 de 2007
y a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

En ese sentido, recordó que la UGPP tenía la competencia para administrar
recursos provenientes de las contribuciones al sistema de protección social, los
cuales no formaban parte de su patrimonio, pues pertenecían a terceros
beneficiarios, como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar.

Agregó que también se configuraba un defecto fáctico, en tanto no se valoró
adecuadamente el material probatorio allegado al proceso ejecutivo, el cual
demostraba que la cuenta corriente del Banco Popular era inembargable. Para
tal efecto, se había aportado la Resolución 25 de 2015 y la certificación de

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inembargabilidad, evidenciando que la UGPP no contaba con recursos propios,
sino con partidas asignadas en el Presupuesto General de la Nación para el
cumplimiento de sus competencias legales.

Aseguró que las autoridades judiciales desconocieron el precedente
constitucional sobre la inembargabilidad de ciertos recursos, lo que no solo
confirmaba los argumentos de la entidad respecto de su cuenta de caja menor,
sino que también configuraba una violación de derechos fundamentales.

Finalmente, sostuvo que se encontraban cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 13 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera,
admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Boyacá y al juez Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja.

Además, se vinculó el señor Jairo Benavides en calidad de tercero interesado por
ser el demandante en el proceso ordinario.

Finalmente, se negó la medida solicitada, la cual consistía en la suspensión de la
medida cautelar que se aplicó a la cuenta 110-026-00140-4 Caja Menor que
administra la UGPP.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Boyacá3

Informó que mediante providencia del 28 de marzo de 2023 se decidió confirmar
el auto del 9 de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en el que se decretó la medida
cautelar cuestionada, decisión que tuvo fundamento en las normas aplicables al
caso, por lo que no se vulneraron las garantías invocadas por la parte actora.

1.5.2. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja4

La titular del despacho destacó que a través de sentencia del 25 de enero de
2012, se ordenó al extinto CAJANAL reliquidar la pensión del señor Jairo
Benavides con la inclusión de diversos factores salariales que no habían sido
tenidos en cuenta inicialmente.

Mencionó que el 3 de mayo de 2021 libró mandamiento de pago por $33.830.347,
correspondientes al saldo insoluto de la condena, y por $13.196.030, relativos a

3 Según la información visible el índice 17 del expediente de primera instancia contenido en
SAMAI.
4 Según la información visible el índice 18 del expediente de primera instancia contenido en

SAMAI.

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intereses moratorios.

Explicó que, posteriormente, en sentencia del 29 de noviembre de 2021 ordenó
seguir adelante la ejecución, providencia que fue confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 24 de agosto de 2022.

Añadió que mediante auto del 9 de diciembre de 2022 decretó el embargo de
dineros de la UGPP en una cuenta de caja menor del Banco Popular, limitado a
$70.539.565, decisión que también fue confirmada el 27 de marzo de 2023.

No obstante, resaltó que el Banco Popular informó en septiembre de 2024 que la
medida había sido registrada, pero que no existían recursos disponibles debido
a la concurrencia de embargos.

Frente a la presente acción, indicó que las providencias cuestionadas fueron
proferidas por autoridades competentes, en debida forma y con observancia del
debido proceso.

Sostuvo que no existió defecto orgánico, procedimental, sustantivo, ni fáctico, ya
que las providencias se fundamentaron en la jurisprudencia constitucional que ha
reconocido que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta y cede
ante obligaciones laborales reconocidas judicialmente.

Finalmente, señaló que la tutela desconocía el requisito de inmediatez, pues las
decisiones atacadas databan de diciembre de 2022 y marzo de 2023. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el amparo y negar las pretensiones
de la acción.

1.5.3. Jairo Benavides5

Por intermedio de apoderada, argumentó que no se oponía a las pretensiones,
porque los pagos ordenados, ya los realizó la UGPP.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 12 de junio de 2025,
declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito inmediatez.

Advirtió que, aunque la actora solicitó dejar sin efecto varias providencias, su
inconformidad se centró únicamente en las decisiones del 9 de diciembre de 2022
y 27 de marzo de 2023, mediante las cuales se decretó y confirmó el embargo de
los dineros depositados en la cuenta de caja menor del Banco Popular, que
consideraba inembargables.

Estableció que la providencia del 27 de marzo de 2023 fue notificada el 14 de
abril del mismo año y que la acción de tutela se interpuso el 8 de abril de 2025,
es decir, dos años después, superando ampliamente el término razonable de seis

5Según la información visible el índice 19 del expediente de primera instancia contenido en
SAMAI.

5

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meses fijado por la jurisprudencia para acudir en amparo contra providencias
judiciales, sin que se justificara la tardanza en su presentación.

Recordó que el amparo solo procede como mecanismo transitorio cuando existe
un perjuicio irremediable, el cual debe ser grave, actual y urgente, condiciones
que no se acreditaron en el presente asunto.

1.7. Impugnación

Con escrito recibido el 1º de julio de 20256 la parte accionante impugnó el fallo
de primera instancia, al considerar que se superaba el requisito de inmediatez.

Al respecto, aseguró que la sentencia impugnada ignoraba que los dineros
manejados por la UGPP son de terceros, ya que en esa cuenta se manejaban
recursos que llegaban del presupuesto general de la Nación, realizando pagos
con este de los impuestos nacionales y distritales, así como de seguridad social,
entre otros.

Para el efecto citó las sentencias T-057 y T-172 de 2022 de la Corte
Constitucional que, en su criterio, indican (i) que los recursos del SGSSS que
tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados al sistema son públicos,
tienen destinación específica y ostentan la calidad de inembargables, y (ii) que
tienen una protección constitucional reforzada.

Alegó que el plazo de 6 meses no es único y exclusivo, por lo que citó las
providencias T-033 de 2010, T-158 de 2006 y T-360 de 2018, en las que aseguró
que el término fue ampliado a 2 años.

Insistió en que existió un defecto fáctico por una omisión en el análisis integral de
las pruebas y en desconocimiento sobre la inembargabilidad de la cuenta por ser
dineros de naturaleza de gestión administrativa interna de la UGPP; también hizo
alusión a un desconocimiento del precedente plasmado en las sentencias C-546
de 1992, C-354 de 1997, C-402 de 1997 y C-793 de 2002.

1.8. Tramite en segunda instancia

Mediante providencia del 31 de julio de 2025 se dispuso la vinculación del Banco
Popular S.A., al observarse el interés que le asiste en el resultado de este trámite
constitucional; en esa oportunidad se advirtió a la mencionada entidad de la
posible configuración de la causal de nulidad consagrada en el numeral 8 del
artículo 133 del Código General del Proceso.

Sin embargo, pese a que fue debidamente notificada7, no rindió el informe
respectivo, por lo que la posible nulidad advertida en la anterior providencia se
entiende saneada.

6 Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto

2591 de 1991, teniendo en cuenta que la notificación del fallo de primera instancia se envió el 25
de junio de 2025.
7 Según la información visible el índice 8 del expediente de segunda instancia
(11001031500020250207701) contenido en SAMAI.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, el 12 de junio de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.3. Problema jurídico

Conforme con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en
primera instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
sentencia proferida el 12 de junio de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito
de inmediatez.

Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
el requisito de inmediatez como presupuesto de procedibilidad y iii) el caso en
concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

8 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. Inmediatez

La acción de tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer una
protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que supone
que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.9

De ahí que el requisito de inmediatez exija que la tutela se presente tan pronto se
produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y
consecuencial a su ocurrencia.

Es así, como esta Sección consideró como plazo prudencial el de seis (6) meses
desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil

9 El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».

8

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siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar
a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual.10

2.5. Caso concreto

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia por cuanto la
acción de tutela promovida por la UGPP no satisface el presupuesto de la
inmediatez, dado que, entre la ejecutoria de la sentencia cuestionada y la
interposición del amparo, transcurrieron más de seis meses.

De la revisión del expediente 15001-33-31-010-2008-00081-00 se corroboró que
la última de las providencias cuestionadas, que corresponde a la proferida por el
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja el 10 de septiembre
de 2024, fue notificada por estado el 12 de septiembre siguiente, quedando así
ejecutoriada el 17 del mismo mes y año.

A su turno, la solicitud de amparo fue radicada a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado el 8 de abril de 2025, esto es, más de 6 meses después de la
ejecutoria de dicha decisión.

Esto quiere decir que no se cumple el presupuesto de procedibilidad objeto de
análisis, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al
juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que
se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Cabe resaltar que la parte actora no expuso algún argumento que justificara la
presentación tardía de este mecanismo, pues tan solo insistió en sus argumentos
sobre la inembargabilidad de los recursos que reposan en las cuentas del Banco
Popular.

De modo que no existe una explicación válida para el ejercicio de la acción
constitucional por fuera del tiempo proporcional y razonable señalado por la

10 Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 5 y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02077-01

Corporación para controvertir las providencias dictadas en el proceso ejecutivo
promovido por el señor Jairo Benavides, aunado a que no se evidencia alguna de
las situaciones que la Corte Constitucional estableció para que se flexibilice este
presupuesto.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión adoptada por la Sección Primera de
esta Corporación en primera instancia, a través de la cual declaró la
improcedencia del amparo solicitado, al estimar que no se supera el requisito de
la inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 12 de junio de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró la
improcedencia del amparo solicitado en la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de inmediatez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aclara Voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10

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