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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02083-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02083-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. SEGUNDO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Gloria Marlén Rubio Huertas, por las razones expuestas en esta decisión. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-42-046-2022-000345-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión. CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02083-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02083-01
Accionante: Gloria Marlén Rubio Huertas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sustitución pensional. Subtema 3: defectos
sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la señora Gloria Marlén Rubio Huertas contra la sentencia
del 10 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Gloria Marlén Rubio Huertas presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 31 de enero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 11001-33-42-046-2022-00345-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. La Dirección General de la Policía Nacional, mediante Resolución núm. 00100 del
26 de enero de 1984, reconoció pensión de jubilación a favor de José Antonio Aponte
Vásquez. Posteriormente, el citado señor falleció el 26 de enero 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02083-01
Accionante: Gloria Marlén Rubio Huertas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

3.
La señora Gloria Marlén Rubio Huertas le solicitó a la Policía Nacional el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional en calidad de compañera
permanente del señor José Antonio Aponte Vásquez; sin embargo, la entidad, a través
de Oficio No. S-2019-024755-SEGEN de 27 de mayo de 2019, negó el requerimiento
de la actora.
4. La señora Gloria Marlén Rubio Huertas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
para que se dejara sin efecto el referido oficio y, en su lugar, se ordenara el
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión del señor José Antonio Aponte
Vázquez a favor de la demandante, en su condición de compañera permanente.
5.
El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 5
de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que se
encontraba acreditada la convivencia por más de 48 años hasta la fecha del
fallecimiento. Contra dicha decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación.
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a
través de providencia del 31 de enero de 2025, revocó el fallo de primera instancia y,
en su lugar, negó las peticiones de la demanda, con el argumento de que no se
acreditó que la demandante sostuvo una convivencia efectiva en los últimos cinco años
anteriores al fallecimiento del señor José Antonio Aponte Vásquez.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1.- Se protejan los derechos fundamentales invocados por GLORIA MARLEN RUBIO
HUERTAS, en consecuencia, se deje sin valor y efecto la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, fechada
31 de enero de 2025, y en su lugar, se le ordene a la autoridad accionada emitir una
nueva sentencia atendiendo el correcto análisis de las pruebas allegadas al expediente
y la aplicación estricta de la ley dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-42-046-2022-00345-01.

2.- La orden se dará en un plazo razonable2.

8. Como fundamento de sus pretensiones manifestó que la providencia del 31 de
enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en
defecto sustantivo porque desconoció los presupuestos definidos en los artículos 47
de la Ley 100 de 1993 y 13 de la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la
sustitución pensional, al exigirle que debía probar su relación de pareja con el señor
José Antonio Aponte «de forma fehaciente».
9. Asimismo, indicó que en la providencia acusada se configuró un defecto fáctico,
por cuanto no realizó una valoración adecuada del material probatorio aportado al
proceso ordinario, pues decidió calificar como indicios todos los instrumentos que
acreditaban de manera irrefutable la convivencia con el causante.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 2, certificado núm. 62379C6FB7519F23 792D7ACD8EB3DDAB
8E3B93BF78CFF8CA F7D394C4892CD858.
2
Se transcribe incluso con errores.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02083-01
Accionante: Gloria Marlén Rubio Huertas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

10. Explicó que la relación entre la accionante y el fallecido se extendió por más de 25
años, como se demostró con las declaraciones extrajudiciales y los registros
documentales que obran en la Policía Nacional, los cuales se adjuntaron a la actuación
judicial y daban cuenta de que figuraba como la compañera del señor Aponte Vásquez,
por lo que resultaba claro que sí «eran una pareja guiada por la solidaridad».
11. Expresó que al el expediente del proceso ordinario se aportó el certificado de
libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 50S-889.43, ubicado en la
Calle 48 Sur núm. 80 i - 77 en el que aparecen inscritos como propietarios José Antonio
Aponte Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas, por lo que era posible inferir que
compartían el mismo techo. Este hecho, además fue confirmado con el certificado
expedido por la Junta de Acción Comunal del barrio Britalia, de la ciudad de Bogotá.
12. Agregó que, también se allegó el carné de afiliación al sistema de salud de la
Policía Nacional en el cual el señor José Antonio Aponte fungía como titular y ella como
beneficiaria. En ese sentido, para la tutelante, lo anterior acreditaba los lazos de
solidaridad y protección entre la pareja.
13. Adicionalmente, expresó que durante su relación de pareja procrearon 2 hijos, los
cuales tienen más de 25 años, por lo que esta circunstancia demostraba la
convivencia, descendencia y vínculo familiar.
14. Así pues, expuso que el Tribunal le exigió acreditar que compartió lecho con el
causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, lo que consideró
desproporcionado y violatorio de su derecho a la intimidad, dado que es un asunto su
esfera privada de lo cual no podrían dar fe los testigos.
15. Finalmente, mencionó que es una persona de la tercera edad con 75 años y que
actualmente no cuenta con otro medio de subsistencia.

2.3. Trámite procesal
16. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 21 de abril de 20253,
admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y puso en conocimiento el escrito de
tutela al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y a la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E4
manifestó que la providencia cuestionada realizó un análisis razonable de los hechos
y las pruebas aportadas al proceso, y explicó los motivos por los cuales se revocó la
decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones de la demandante, al
encontrarse que no demostró los «actos de asistirle y proyectar una comunidad de vida
que tiene como finalidad una pareja sentimental».

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 4, certificado núm. C11C316A54803AFB F7E12DA34F173EF2
5DCE0C21BE7C2DF7 6000663A570F2B77.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 10, certificado núm. 0D45493B6B7F6202 453B0D334A170B47
50DF02ECC924522E C64EEC2EA2128C21.

3

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Accionante: Gloria Marlén Rubio Huertas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

18.Asimismo, indicó que no se acreditó «de forma fehaciente, la voluntad de mantener
un hogar, una familia, con todo lo que ello implica, comunidad de vida,
acompañamiento (espiritual y moral), auxilio y apoyo de carácter exclusivo».
19. Por lo anterior, consideró que la decisión objeto de tutela no incurrió en
irregularidad procesal alguna y, por ende, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, por lo que solicitó que se niegue el amparo invocado.
20. En todo caso, advirtió que la tutela es improcedente, pues la parte actora ejerció
todos y cada uno de los mecanismos judiciales que tenía a su disposición para exponer
los argumentos y acreditar los hechos que pretendía se le reconocieran en el proceso
ordinario; sin embargo, no actuó con suficiencia. Además, el carácter residual del
mecanismo constitucional no permite que se acuda a este como una tercera instancia.
21. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional5 indicó que la sentencia
proferida el 31 de enero de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
vulneró los derechos de la accionante, por cuanto efectuó un análisis adecuado de los
argumentos y las pruebas aportadas al proceso, lo cual le permitió concluir que la
tutelante no reunía las condiciones para acceder a la sustitución de la pensión que le
fue otorgada al señor José Antonio Aponte Vásquez, toda vez que no existía suficiente
material probatorio para demostrar la convivencia efectiva entre ellos durante los
últimos 5 años de vida del causante.
22.Afirmó que la parte actora incumplió con el deber que le impone el artículo 167 del
Código General del Proceso, de «probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
23. Por otro lado, refirió que el propósito de la acción de tutela contra providencia
judicial es procurar el amparo de derechos fundamentales ante circunstancias que
impliquen la existencia de un perjuicio irremediable, grave e injustificado; sin embargo,
estas circunstancias se no acreditaron en esta oportunidad.
24. El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá6 remitió, a esta corporación,
el expediente que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia
25. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 10 de julio de 20257
negó la solicitud de tutela, al considerar que la providencia del 31 de enero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E no incurrió en defecto sustantivo, por indebida interpretación de las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto dichas disposiciones no era aplicables al caso
de la actora, toda vez que son normas que regulan las pensiones de aquellas personas
que se rigen por el sistema general de seguridad social de la cual se encuentra
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 11, certificado núm. 79691B47B7CD3229 1E199AA96FE508E3
641EA0A8DF6939F1 2B101D13436B4CF7.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 14, certificado núm. BF6E3DA3B4D1B797 728FB843CF5F2E71
3E475D22E7652785 6E092A84AF09B366.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 30, certificado núm. BA01272D2E9EAC5 8847A22ED75F6C41
011FAA4238ED9DD2 E66380986F710B26.

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02083-01
Accionante: Gloria Marlén Rubio Huertas
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

excluida la prestación reclamada por la tutelante, por tratarse de una asignación de
retiro proveniente del régimen especial de la Fuerza Pública.
26. Asimismo, indicó que no era posible endilgarle un error a la decisión judicial
cuestionada, pues es claro que el reconocimiento de la sustitución de una asignación
de retiro depende de la demostración de existencia de un vínculo afectivo entre el
titular de la mesada y su cónyuge o compañera permanente supérstite durante los 5
años anteriores a la muerte del causante.
27. Por otro lado, advirtió que la sentencia acusada tampoco incurrió en defecto
fáctico, pues la autoridad accionada realizó una valoración apropiada de las pruebas
aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que le permitió
concluir que la demandante no acreditó la convivencia efectiva con el causante durante
los últimos 5 años de vida de este.
28. Al respecto, refirió que la tutelante omitió aportar testimonios más precisos u otros
medios que demostraran la convivencia, pues en virtud de la libertad probatoria que
rige este tipo de asuntos, la señora Gloria Marlén Rubio Huertas, a pesar de ser la
demandante del citado proceso, no ratificó su declaración extraprocesal y tampoco
solicitó que le fuese recibida su declaración de parte.
29. De igual manera, expuso que la parte actora pudo interrogar a los testigos sobre
la convivencia diaria de la pareja, sus relaciones sociales, familiares o cualquier otra
situación que diera cuenta de la existencia de la relación efectiva en los 5 años
anteriores a la muerte del causante; sin embargo, los declarantes se limitaron a realizar
afirmaciones genéricas, sin que la parte demandante procurara que sus preguntas a
los testigos dieran cuenta de la convivencia marital en los términos exigidos por la ley.
30. Agregó que la actora tampoco demostró el acompañamiento y asistencia mutua
en la vejez, pues como lo señaló el Tribunal, la señora Rubio Huertas «no aportó
siquiera prueba sumaria de haberlo acompañado y asistido en sus controles médicos
[…] que era la persona que le brindaba cuidado, ayuda y socorro […] no allegó pruebas
que indicaran que asistió a su funeral, cómo se desarrolló el mismo, y quién y cómo se
sufragaron los gastos funerarios».
31. Aclaró que lo anterior no supone, en absoluto, que a la accionante le fuera exigida
una prueba violatoria de su derecho a la intimidad, en tanto, la prueba de la convivencia
afectiva o marital no requiere, como lo indica la tutelante, que se demuestre que
compartieron «lecho» en el sentido literal, sino que debió suministrarse información de
la que pudiera establecerse fehacientemente que el cuidado y el acompañamiento
persistió hasta los momentos previos al fallecimiento.
32. Adicionalmente, precisó que, en aplicación del enfoque de género, la Corte
Constitucional (sentencia SU-056 de 2025) y la Corte Suprema de Justicia han
admitido la posibilidad de conceder la sustitución pensional al cónyuge supérstite a
pesar de no estar acreditada la convivencia bajo el mismo techo, cuando dicha
circunstancia obedece a situaciones laborales, de salud o fuerza mayor, siempre y
cuando se demuestre la permanencia del afecto, el auxilio mutuo y económico y el
acompañamiento espiritual.

5

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33.
En este sentido, argumentó que la actora no acreditó la ocurrencia de alguna de
las circunstancias efectivas o de fuerza mayor que no le permitieron tener una
convivencia efectiva con el causante en los términos descritos por la jurisprudencia
constitucional.
34. Concluyó que los elementos allegados al plenario resultaron ser insuficientes e
inconducentes para acreditar el supuesto de hecho pretendido por la accionante, pues
no presentó prueba sumaria del afecto y acompañamiento entre José Antonio Aponte
Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas. Así, no es posible endilgarle a la autoridad
accionada un defecto fáctico.
35.
Es importante mencionar que dos de los integrantes de la Sección Quinta
presentaron salvamento de voto, al considerar que era procedente acceder al amparo
invocado, pues la providencia acusada incurrió en defecto fáctico porque no realizó
una valoración integral de los elementos probatorios aportados al proceso ordinario,
con los que se podía evidenciar el cumplimiento del requisito de convivencia entre los
señores José Antonio Aponte Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas y, por el
contrario, «optó por señalar de manera tangencial que se debieron aportar «más» y
«mejores» medios, además de precisar que lo aportado solo constituía «indicios» […] »
para concluir que la demandante no demostró el derecho pretendido.
36. Además, los referidos salvamentos indicaron que la autoridad accionada podía
acudir a la facultad oficiosa para solicitar las pruebas que consideraba necesarias para
verificar los hechos de la demanda; sin embargo, dejó de hacer uso de esa potestad.

2.6. Impugnación
37.
La parte actora impugnó8 la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta,
para lo cual argumentó que en el trámite de la tutela se acreditó la vulneración de sus
derechos fundamentales, lo cual se derivaba de las irregularidades probatorias en las
que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, al no valorar de forma integral y con «enfoque de género» las pruebas
aportadas a la actuación judicial, mediante las cuales acreditaba su convivencia con el
señor José Antonio Aponte Velásquez..
38. Afirmó que el fallo de tutela pasó por alto que las normas procesales permiten el
recaudo de estas pruebas extraprocesales dándoles plena validez, por lo que le
corresponde a la parte contraria el deber de solicitar oportunamente su ratificación en
audiencia; en caso de que el declarante no asista, dichas pruebas quedan sin valor.
Sin embargo, esa situación no ocurrió en el proceso ordinario, por ende, no podía el
Tribunal dejar de valorar la prueba, y el juez de tutela no podía insistir en que la parte
actora debía pedir su propia declaración para ratificar lo ya manifestado, cuando esta
no fue controvertida ni desconocida por la entidad demandada.
39. Agregó que el juez tiene facultades para actuar de oficio con el fin de buscar y
establecer la verdad, que permita definir el reconocimiento o no de un derecho
sustancial. Para ello, el Tribual podía interrogar a los testigos y a las partes en aras de
aclarar las dudas que tuviera y proferir una decisión ajustada a la realidad, pues no

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 42, certificado núm. 9059D14A2B000578 239877BB50228563
9C4B064E78EF6AAE B2C1A912D2AA0000.

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puede desconocerse que se trataba de un asunto en que se pretendía el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, a favor de una persona de la tercera
edad, que siempre dependió de su compañero permanente.
40. En efecto, destacó que el Tribunal pudo hacer uso de sus poderes oficiosos para
verificar las condiciones de su afiliación al sistema de salud de la Policía Nacional como
beneficiaria del causante y la expedición del carné o el formato de auxilio mutuo, por
lo que su omisión deriva en un defecto fáctico.
41. Resaltó que, en su caso, las declaraciones tenían plena validez y el Tribunal
accionado debió valorarlas de forma conjunta e integral, como se explicó en los
salvamentos de voto emitidos en el trámite de primera instancia de esta acción
constitucional.
42. Por lo expuesto, refirió que, si bien la autoridad accionada tiene libertad para
examinar las pruebas, también es cierto que no existe una tarifa legal para acreditar
un determinado hecho en estos asuntos. Por ello, el juzgado de primera instancia
declaró la existencia del vínculo entre la demandante y el causante, sin que existiera
duda sobre su convivencia en los últimos 5 años.
43. Con fundamento en lo anterior, pidió que se revoque la providencia impugnada y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
44.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 10 de julio
de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

3.2. Legitimación en la causa
45. La legitimación en la causa por activa de la señora Gloria Marlén Rubio Huertas
está acreditada porque fue la persona que promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció su derecho fundamental.
46. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, debido a que fue
la autoridad que profirió la sentencia, objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar
47. En el presente asunto, la parte actora, en el escrito de amparo, alegó que la
sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E incurrió en los defectos fáctico, y
sustantivo; sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la
solicitud, se advierte que la inconformidad se concreta en la interpretación y valoración
de las pruebas que realizó la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad

7

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y restablecimiento del derecho de cara a establecer la convivencia entre la
demandante y el causante durante los 5 años previos a su deceso. Por esta razón, la
Sala analizará el asunto bajo la posible configuración de un defecto fáctico.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
48. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
49.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
50.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
51. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
52. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

8

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia.
53. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

54. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
55.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
56. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia del 31 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E fue notificada el 3 de febrero siguiente17, y la
demanda de tutela se presentó el 9 de abril de 202518, esto es, dentro del plazo de
seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20
como razonable.
57. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso

14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Samai, exp. 11001-33-42-046-2022-00345-01, índice 13.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02083-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

9

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ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
58. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
59. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con la causal de defecto fáctico y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
60.
Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 10 de julio de 2025, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo interpuesta por la señora
Gloria Marlén Rubio Huertas.
61. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad de la accionante e incurrió en defecto fáctico, al
proferir la sentencia del 31 de enero de 2025, mediante la cual revocó la providencia
del 5 de diciembre de 2023, expedida por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo
de Bogotá, que accedió de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el tutelante en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional.
62.
Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y (ii)
el caso concreto.

3.5.1. Generalidades del defecto fáctico

63. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

64.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.

21
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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65. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso25.

66. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»27.
67. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.

3.5.2. Del caso concreto
68. En el asunto bajo estudio, la señora Gloria Marlén Rubio Huertas presentó escrito
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la pretensión de

25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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obtener el reconocimiento y pago de la sustitución que en vida devengó el señor José
Antonio Aponte Vásquez, en su condición de compañera permanente. En primera
instancia, el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá, mediante providencia
del 5 de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.
69. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E emitió sentencia el 31 de enero de 2025 en la que revocó el
fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las peticiones de la parte actora.
70. Ahora bien, la accionante argumentó en el escrito de tutela, que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir la providencia del 31 de enero de 2025,
incurrió en defecto fáctico, por cuanto no realizó una valoración adecuada e integral
del material probatorio aportado al proceso ordinario, toda vez que desestimó el
contenido y el valor de los instrumentos que acreditaban de manera irrefutable el
vínculo y la relación de pareja que la demandante mantuvo con el señor José Antonio
Aponte Vásquez, esto es, la convivencia con el causante.
71. En este sentido, precisó que la autoridad judicial realizó una valoración defectuosa
de los siguientes documentos y declaraciones aportados oportunamente y en debida
forma a la actuación judicial:

i) El carné de afiliación al sistema de sanidad de la Policía Nacional.

ii) El formato de auxilio mutuo de la Policía Nacional, suscrito el 21 de octubre de
2004, en el que constan como beneficiarios del causante la señora Gloria Marlén
Rubio Huertas y sus dos hijos.

iii) La certificación de residencia expedida por la Junta de Acción Comunal del
barrio Britalia de la ciudad de Bogotá.

iv) Las declaraciones extrajudiciales aportadas al expediente del proceso ordinario.

v) El certificado de libertad y tradición del inmueble en el que figuran como
propietarios la demanda y el causante.

vi) Los testimonios que se presentaron en la audiencia de pruebas.

3.5.3. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
72. La Sala observa que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca precisó que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 167 del CGP era un deber de la parte actora probar que efectivamente convivió
con el causante de manera efectiva, pues la sola afirmación no resulta suficiente para
tener derecho a lo pretendido.
73. En este sentido, el Tribunal resaltó que «no solo se debe probar que se hizo
comunidad de vida durante los últimos cinco (5) años de vida del causante sino
también, debe probar el factor de la convivencia efectiva, pues este hecho es sin lugar
a duda el que legitima la sustitución pensional […]».

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74.
Dicho esto, el Tribunal refirió que la señora Gloria Marlén Rubio Huertas para
demostrar la convivencia efectiva requerida aportó las siguientes pruebas:

• Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gloria Marlén Rubio Huertas.

• Copia de la declaración extrajudicial rendida por la demandante ante la Notaría 68 del
Círculo de Bogotá, que indica que convivió con el señor José Antonio Aponte Vásquez
en unión marital de hecho durante 40 años iniciando convivencia el día 20 de enero de
1979 y finalizando el 29 de enero de 2019 fecha en la que el señor Aponte Vásquez
falleció, y fruto de la relación procrearon dos hijos. Señala además que dependía
económicamente del causante.

• Copia de la declaración extrajudicial rendida por la señora Hercilia López de Muñoz
de Bogotá, en la que indica que conoció al causante desde hace aproximadamente 27
años, por lo que le consta que a la fecha de su fallecimiento su estado civil era soltero
con unión marital de hecho con la señora Gloria Marlén Rubio Huertas, y que de dicha
unión procrearon 2 hijos ya mayores de 25 años, además refiere que la demandante
dependía económicamente del causante.

• Copia de la declaración extrajudicial rendida por las señoras Gardenia Zulia Muñoz
Rubio y Gloria Marleni Muñoz Rubio, en las que relatan que conocieron al causante
hace aproximadamente 39 a 36 años, y que al momento de su fallecimiento su estado
civil era soltero con unión marital de hecho con su señora madre y que dicha
convivencia inició desde el 20 de agosto de 1978 y duró hasta el 29 de enero de 2019.

• Copia del carné de salud de la señora Gloria Marlén Rubio Huertas.
• Copia del formato de auxilio mutuo en donde figura la demandante Gloria Marlén
Rubio Huertas, como esposa del señor José Antonio Aponte Vásquez.

• Copia de la certificación del 20 de febrero de 2019 expedida por la Junta de Acción
Comunal del Barrio Gran Britalia, que indica que el señor José Antonio Aponte Vásquez
y la señora Gloria Marlén Rubio Huertas residen en el predio ubicado en la Calle 48
Sur 80I-77, en la jurisdicción del Barrio Gran Britalia desde hace 18 años en calidad de
propietarios.

• Copia del registro civil de defunción de señor José Antonio Aponte Vásquez.

75.Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que la entidad
demandada (Policía Nacional) remitió el expediente administrativo del señor José
Antonio Aponte Vásquez, en el cual se encontraban los siguientes documentos:

• Certificación expedida por la Junta de Acción Comunal del Barrio Gran Britalia que da
cuenta que la demandante y el causante residían en el predio ubicado en la Calle 48
Sur 80I-77, en la jurisdicción del barrio Gran Britalia.

• Certificado de tradición y libertad No. Matrícula 50S-889.43, que da cuenta que el
causante y la demandante son propietarios de un bien inmueble.

• Copia del registro civil de nacimiento de la señora Gloria Yamile Aponte Rubio.
• Copia del registro civil de nacimiento del señor Andrés Mauricio Aponte Rubio.
[…]

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76.
Con base en los anteriores elementos probatorios, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E desarrolló el siguiente análisis
probatorio:

[C]onsidera la Sala que la certificación expedida por la Junta de Acción Comunal del
Barrio Gran Britalia, al igual que el certificado de tradición y libertad del bien inmueble
con Matrícula 50S-889.43, no prueba la convivencia efectiva entre la demandante y el
señor José Antonio Aponte Vásquez, pues a través de dichos documentos lo que se
acredita es que el causante y la demandante son propietarios de un bien inmueble y
que residían en el predio ubicado en la Calle 48 Sur 80I-77, en la jurisdicción del barrio
Gran Britalia.

Con relación a la copia del carné de afiliación de la demandante, concluye la Sala que
dicha prueba documental prueba la afiliación al sistema de salud, pero dicho
documento no es determinante para indicar si existió convivencia efectiva durante los
5 años anteriores a la muerte del señor José Antonio Aponte Vásquez, pues con el solo
hay indicios sobre la posible existencia de una convivencia efectiva, pero no es un
medio de prueba idóneo que ofrezca a la Sala certeza sobre su existencia.

Del análisis de los testimonios que fueron solicitados por la parte demandante, se tiene
que la señora Gardenia Zulia Muñoz Rubio manifestó que su madre era la señora Gloria
Marlén Rubio Huertas y que conoció al causante aproximadamente durante 40 años,
que durante un tiempo vivió con la pareja, que fruto de la relación que sostuvo su madre
y el señor Aponte Vásquez nacieron sus dos hermanos a quienes identificó como
Mauricio y Yamile, y precisó que su madre y el causante vivieron en el barrio Britalia-
Kennedy en la ciudad de Bogotá.

El anterior testimonio fue corroborado por la señora Hercilia López de Muñoz que indica
que conoció a la demandante Gloria Marlén Rubio Huertas y al señor José Antonio
Aponte Vásquez durante al menos por 25 años y que durante ese tiempo fueron sus
vecinos, que fruto de la relación que sostuvieron habían concebido dos hijos de 36 y
28 años de edad.

De los testimonios rendidos dentro del proceso por las señoras Gardenia Zulia Muñoz
Rubio y Hercilia López de Muñoz se logra establecer que, si bien señalan de forma
concordante que entre la demandante y el señor José Antonio Aponte Vásquez existió
una convivencia efectiva por más de 25 años, lo cierto es que ninguna es contundente
en afirmar que existió una relación de pareja entre el señor Aponte Vásquez y la
demandante, no ofrecen ningún elemento que permita establecer que en efecto existió
una relación de pareja entre ellos, solo indicios, pues los relatos de las testigos no
señalaron como se desarrolló la relación de pareja, cómo y cuándo se conocieron,
cómo era su diario vivir como pareja al interior del hogar, no indicaron como fueron los
cuidados que le brindó la demandante al causante durante los últimos años de vida, no
indicaron qué ocurrió al momento de fallecer el causante, ni cómo se desarrollaron la
exequias, y para la Sala llama la atención que si efectivamente la demandante mantuvo
una relación de pareja con el demandante por casi 40 años no aportó las pruebas
suficientes que indicaran y llegaran a la certeza de esta relación de pareja, por lo cual
concluye la Sala que los relatos de las testigos son declaraciones genéricas, en donde
no se pueden establecer concretamente circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
supuesta relación que existió entre la demandante y el señor José Antonio Aponte
Vásquez.

Teniendo en cuenta las pruebas documentales aportadas al proceso, y de los relatos
rendidos por las testigos a la luz de la sana crítica, concluye la Sala que no quedó
probado que la demandante y el señor José Antonio Aponte Vásquez hubiesen

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convivido, compartiendo techo, lecho y mesa en los últimos cinco años antes del
fallecimiento de este, esto es, del 29 de enero de 2014 al 29 de enero de 2019, por lo
que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda.

La demandante no aportó pruebas al proceso que indiquen que hubiese estado en los
últimos días de vida del causante, ni aportó siquiera prueba sumaria de haberlo
acompañado y asistido en sus controles médicos durante los últimos días de vida, no
allegó copia de la historia clínica del causante que indicara cuales eran sus
padecimientos, que era la persona que le brindada cuidados, ayuda y socorro, pues es
claro que el causante falleció a los 86 años de edad. Así mismo, no allegó pruebas que
indicaran que asistió a su funeral y como se desarrolló el mismo, y quién y cómo se
sufragaron los gastos funerarios. [Subrayado fuera de texto original].

77.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca advirtió luego del análisis conjunto de la certificación expedida por la
Junta de Acción Comunal del Barrio Gran Britalia, el certificado de tradición y libertad
del bien inmueble con Matrícula 50S-889.43 y los testimonios de las señoras Gardenia
Zulia Muñoz Rubio y Hercilia López de Muñoz, que no ofrecían ningún elemento que
permitiera establecer que existió una relación de pareja entre el señor José Antonio
Aponte Velásquez y la demandante durante los cinco años anteriores al fallecimiento
de aquel.
78. En efecto, para la autoridad judicial accionada los documentos y declaraciones
aportadas al proceso no tenían la convicción suficiente para demostrar la convivencia
de pareja, especialmente en los últimos años de vida del causante, en la medida en
que no explicaban el contexto de la relación, es decir, «cómo y cuándo se conocieron,
cómo era su diario vivir como pareja al interior del hogar, no indicaron como fueron los
cuidados que le brindó la demandante al causante durante los últimos años de vida,
no indicaron qué ocurrió al momento de fallecer el causante, ni cómo se desarrollaron
la exequias».
79. Lo anterior, por cuanto la parte demandante no demostró que entre en el marco
de su relación con el fallecido se desarrollaron actos de asistencia y de proyección de
una comunidad de vida que tendría una pareja sentimental, ni quedó probado de forma
fehaciente, la voluntad de mantener un hogar, una familia, con todo lo que ello implica,
es decir, el acompañamiento (espiritual y moral), el auxilio y apoyo de carácter
exclusivo. Por estas razones concluyó que la actora no tenía derecho a la sustitución
pensional reclamada.

3.5.4. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
80.
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en el defecto expuesto por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó un carné de
afiliación de la señora Gloria Marlén Rubio Huertas en el que se describen los datos
personales de la actora (nombre y cédula) y se indica que el parentesco con el titular
es el de «compañera permanente».
81. También se allegó al proceso ordinario un formato de auxilio mutuo, suscrito el 21
de octubre de 2004, por el señor José Antonio Aponte Vásquez. En dicho documento
puso de presente a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional que sus
beneficiarios eran: Gloria Marlén Rubio Huertas y sus dos hijos en común, Gloria

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Yamile Aponte Rubio y Andrés Mauricio Aponte Rubio.
82. De igual manera, obra en el expediente una certificación expedida el 20 de febrero
de 2019 por la Junta de Acción Comunal del barrio Britalia de Bogotá, en la que se
indica que el causante y la señora Rubio Huertas residen en el predio ubicado en la
calle 48 sur # 801-77, «desde hace 18 años».
83. Asimismo, se allegó copia de la declaración extrajudicial rendida por la
demandante ante la Notaría 68 del Círculo de Bogotá en la que se indicó que convivió
en unión marital de hecho con el causante desde el 20 de enero de 1979 hasta el 29
de enero de 2019, que fruto de su relación procrearon 2 hijos y que dependía
económicamente del causante.
84.
A su vez, reposa en el expediente copia de la declaración extrajudicial de la señora
Hercilia López de Muñoz, quien señaló que conoció al causante aproximadamente
hace 27 años, que a la fecha de su deceso se encontraba en unión marital de hecho
con la señora Gloria Marlen Rubio Huertas, la cual dependía económicamente de él y
con quien tuvo 2 hijos.
85. Adicionalmente, se encuentra la declaración extrajudicial rendida por la señora
Gardenia Zulia Muñoz Rubio, quien refirió conocer al causante y, que la convivencia
con la señora Rubio Huertas se desarrolló por 40 años.
86. Aunado a lo anterior, se aportó copia del certificado de libertad y tradición del
predio identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 50S-889043, correspondiente a
la vivienda en la cual residía la pareja. En este documento consta que el señor José
Antonio Aponte Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas figuran como propietarios del
inmueble.
87. Sumado a lo expuesto, se observa que en la audiencia de pruebas de 9 de mayo
de 2023 se recepcionaron los testimonios de las siguientes personas:

(i) Hercilia López de Muñoz, quien manifestó ser vecina de la demandante y del
causante por cuanto vive en frente de su casa desde hace 25 años. Además, indicó
que el inmueble en el que vive la señora Rubio Huertas es propio y se encuentra
a nombre de ella y quien fue su compañero permanente, que tiene 2 hijos con el
causante, de 28 y 36 años, que el señor José Antonio Aponte Vázquez era
pensionado de la Policía Nacional, permanecía en la casa, que la demandante y
el causante convivieron el tiempo correspondiente a la edad de la hija mayor, esto
es, 36 años y hasta que ocurrió el fallecimiento; que las personas que estuvieron
en el momento del fallecimiento del causante fueron sus hijos y la señora Rubio
Huertas; que la accionante asistía al club, se encontraba afiliada al sistema de
salud de la Policía Nacional porque el señor José Antonio Aponte Vásquez siempre
lo refería, y que él y su pareja eran quienes velaban económicamente por el hogar,
pero que en la actualidad ella no trabajaba, entre otros aspectos.

(ii) Gardenia Zulia Muñoz Rubio, hija de la demandante, que indicó que conoció al
causante cuando estaba en servicio activo en la Policía Nacional, que compartió
con este 40 años durante los cuales él convivió como «esposo» de su madre hasta
la fecha del deceso, momento en el que estuvieron sus dos hermanos junto con
su mamá, que el señor José Antonio murió porque tenía varios problemas de salud,

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que era pensionado de la Policía Nacional, institución a la cual tenía afiliada en
calidad de beneficiaria a la señora Rubio Huertas, y que la accionante y el causante
eran quienes sostenía el hogar, además, que sus hermanos también aportaban
para ese efecto.
88. En este orden, es posible inferir que, en el expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho, existían diferentes elementos probatorios que coincidían en indicar que
entre el señor José Antonio Aponte Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas se
conformó una unión marital de hecho por más de 40 años, esto es, desde el 20 de
enero de 1979 hasta la fecha del deceso del primero, en la cual procrearon 2 hijos y
que la demandante dependía económicamente de quien fue su compañero.
89.
Así pues, en el caso bajo estudio, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E desestimó las pruebas aportadas al
proceso, con el argumento de que estas no tenían la conducencia ni la convicción
suficiente para verificar las condiciones en las que se desarrolló la relación de pareja
en los últimos años de vida del causante.
90. En este sentido, refirió que los documentos y las declaraciones allegadas al
plenario solo constituían meros «indicios» de la convivencia que pudieron tener José
Antonio Aponte Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas, pero no acreditaban los actos
relacionados con el trato y el comportamiento que debía tener una pareja que vive en
comunidad durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante.
91. De este modo, concluyó que la parte demandante no dio cumplimiento al deber
que le imponía el artículo 167 de CGP, en tanto omitió aportar otros elementos de juicio,
que tuvieran las características concretas y pertinentes para demostrar la existencia
de una «convivencia efectiva», que indicara acompañamiento (espiritual y moral),
auxilio y apoyo de carácter exclusivo, razón por la cual las pretensiones de la demanda
no tenían vocación de prosperar.
92. Al respecto, esta sala considera que las apreciaciones emitidas por la autoridad
judicial accionada en relación con los elementos de prueba aportados al medio de
control de nulidad y restablecimiento, lo llevó a desconocer por completo que en el
ejercicio de la función jurisdiccional el análisis del director del proceso debe realizarse
en el marco de los principios de integridad, objetividad y sana crítica.
93. Así las cosas, si bien el Tribunal accionado no encontró una prueba concreta con
la que se demostrara una «convivencia efectiva» entre la pareja durante los cinco años
anteriores al fallecimiento del señor Aponte Vásquez, ello no es óbice para dejar de
desarrollar una valoración integral del material probatorio aportado al expediente del
proceso ordinario, con el cual hubiese podido advertir que la relación de la demandante
con el causante no fue ocasional o eventual, sino que permaneció en el tiempo desde
el año de 1979 hasta el presente, en cuyo lapso se conformó un hogar con dos hijos,
adquirieron un techo en común y se brindaron auxilio, en tanto se demostró que la
actora era beneficiaria del servicio de salud de la Policía Nacional, en calidad de
compañera permanente, con ocasión al vínculo que tuvo el fallecido con la institución
policial.
94.
Lo expuesto tiene relevancia, si se tiene en cuenta que en el proceso la entidad
demandada no alegó ni acreditó la existencia de otra persona que pudiese tener igual

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o mejor derecho que la accionante para acceder al reconocimiento y pago de la
prestación reclamada.
95. En este punto, es pertinente mencionar, que la incertidumbre que podían causarle
a la autoridad accionada los elementos de prueba obrantes en el expediente, le exigían
una mayor actividad probatoria para verificar si existían otros instrumentos que
tuvieran la capacidad de explicar o aclarar la «convivencia efectiva», que pudo existir
entre el señor José Antonio Aponte Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas.
96. Lo anterior, por cuanto no se podía desconocer que la señora Gloria Marlén Rubio
Huertas es una mujer de 75 años, que pertenece a la población que la Corte
Constitucional ha identificado de especial protección constitucional en atención a la
manifiesta debilidad que representa el tener una avanzada edad y no poder
proporcionarse por sus propios medios las condiciones mínimas para gozar de una
vida digna.
97. Cabe señalar, que la sustitución pensional es un derecho y una prestación
económica que tiene por objeto proteger a los beneficiarios de un pensionado tras su
fallecimiento. Esto les permite acceder a la pensión y evitar el desamparo al quedar
privados del sustento que devengada el causante, por lo que tiene como fin el
preservar el mínimo vital del núcleo familiar y asegurar la continuidad del ingreso que
se aportaba para el sostenimiento del hogar.
98. En este contexto, es pertinente indicar que, si bien el artículo 167 del Código
General del Proceso establece que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», también indica
que «[…] según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de
parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas […]».
99. La Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de dicha norma precisó
lo siguiente:

«Con todo, en este punto es necesario aclarar que la norma acusada no puede ser
interpretada al margen de los fines y principios que orientan el Código General del
Proceso y que por lo mismo tienen fuerza vinculante. Ello significa que el juez, como
director del proceso, ha de estar vigilante para dar cumplimiento a su misión en el
marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus
atribuciones oficiosas en el decreto y práctica de pruebas, o bien para hacer una
distribución razonable de la carga probatoria según la posición en la que se encuentren
las partes en cada caso». [Subrayado fuera de texto].

100.
Lo expuesto tiene fundamento en el numeral 4 del artículo 42 del Código General
del Proceso, el cual faculta al juez para «Emplear los poderes que este código le
concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las
partes», con el fin de superar el estado de incertidumbre que pueda ocurrir al interior
de la actuación judicial.
101. Esto significa entonces, que el juez tiene la obligación de decretar y practicar las

pruebas que considere necesarias para esclarecer aquellas circunstancias que no
permiten tener certeza sobre los hechos objeto de discusión, en aras de evitar que el
fallo se aparte de la verdad.

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102. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que, en los eventos en que las

partes no logren aportar los elementos necesarios para resolver de fondo el litigio,
deberá el juez hacer uso de sus poderes oficiosos. Sobre esto, la Corte dijo lo
siguiente:

«[E]l legislador, de manera progresiva, ha reconocido al juez ordinario un mayor rol
dentro del proceso judicial, sin que tales facultades representen, por sí mismas, una
visión autoritaria del sistema procesal colombiano. En esta dirección, tanto la Corte
Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sostenido el carácter mixto del
actual procedimiento civil, en tanto las partes continúan manteniendo la obligación de
iniciar el trámite judicial, allegar los medios de prueba relevantes para la concesión de
las pretensiones y alegar los supuestos fácticos que demuestren su hipótesis jurídica;
y el funcionario judicial, por su parte, tiene el deber de emplear todos los poderes que
legalmente le fueron otorgados para lograr la tutela jurisdiccional efectiva» 29.

103. Ahora bien, tratándose de asuntos judiciales de carácter laboral y de seguridad

social, la jurisprudencia constitucional ha aceptado que los jueces acudan a sus
poderes oficiosos con el único propósito de reconstruir los hechos de manera correcta,
y así llegar a una decisión objetiva y justa soportada en los materiales probatorios
decretados, practicados y valorados.
104. Así pues, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-129 de 2021 fijó como regla

de unificación que: «Cuando en el marco de un proceso laboral se dicta un fallo non
liquet, con el argumento de que el enunciado descriptivo no ha sido probado por la
parte a quien corresponde la respectiva carga, sin hacer uso de las competencias
probatorias oficiosas, se configura un defecto fáctico en su dimensión negativa y, de
manera consecuente, se violan los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia»30.
105. Cabe aclarar que aclarar que la regla definida por la Corte Constitucional en modo

alguno implica trasladar al juez la carga de la prueba que, en principio, corresponde a
las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP31, sino que se
trata de dinamizar el ejercicio probatorio, esto es, hacer uso de la facultad oficiosa
cuando la autoridad judicial advierta circunstancias que puedan generar incertidumbre
o duda frente a los hechos objeto de estudio, como ocurrió en el presente asunto.
106.
Así las cosas, llama la atención el hecho que las pruebas analizadas por el Tribunal
no desvirtuaron la condición de compañera permanente de la demandante, sino que
generó dudas sobre el trato y las condiciones de la convivencia en los últimos años de
vida del causante. En este sentido, mal podía la autoridad accionada negar el derecho
basado en incertidumbre, o falta de certeza, pues precisamente la finalidad de la
referida potestad oficiosa del juez, reconocida por el legislador y la jurisprudencia
constitucional, es la de aclarar los puntos oscuros de la litis.
107. A partir del contexto normativo y jurisprudencial expuesto, es posible concluir en

el caso bajo estudio que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, al proferir la sentencia del 31 de enero de 2025 incurrió en

29
Corte Constitucional, sentencia T-074de 2018.
30
Ibidem.
31
«ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen. […]».

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un defecto fáctico por cuanto dejó de realizar una valoración integral de los elementos
de prueba aportados al proceso, con los cuales hubiese podido verificar el
cumplimiento del requisito de la convivencia entre los señores José Antonio Aponte
Vásquez y Gloria Marlén Rubio Huertas, en aras de definir el reconocimiento de la
sustitución pensional pretendida por la demandante.
108. Además, dejó de decretar y practicar las pruebas necesarias para esclarecer las
condiciones y características de la convivencia de la actora con el causante, con el
propósito de determinar con elementos ciertos la procedencia de la prestación social
reclamada.
109.
En este punto, es importante precisar que en el contexto social colombiano la
convivencia entre parejas puede variar en un caso a otro, por lo que no existe una sola
situación que encasille el concepto de convivencia entre cónyuges o compañeros
permanentes, pues esta se puede presentar de forma continua o con interrupción, lo
que exige una valoración particular por parte del operador judicial.
110.
Frente a esto último, «[…] tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de
Justicia32 han determinado que la cohabitación de los cónyuges o compañeros
permanentes bajo el mismo techo puede interrumpirse, pues la separación de cuerpos
puede responder a una causa justificada. Por tanto, la interrupción de la
convivencia no implica, automáticamente, la pérdida del derecho a la sustitución
pensional y, en consecuencia, le corresponde al juez analizar las diversas
circunstancias que pueden rodear las relaciones de pareja y, en cada caso, verificar si
la interrupción de la cohabitación obedece a una causa justificada»33 [Negrilla fuera de
texto].

111. Al respecto, «[…] en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se han

identificado circunstancias que justifican la interrupción de la convivencia: violencia
intrafamiliar34, situaciones de salud, oportunidades u obligaciones laborales,
imperativos legales o económicos, entre otros […]35»36.
112. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha encontrado diversas circunstancias

que justifican la interrupción de la convivencia. Sobre el particular, la sentencia SU-
169 de 2024 analizó y recopiló varios casos de tutela en los que se estudió el tema y
se puso de presente situaciones de salud, trabajo o circunstancias de dependencia o
adicción de uno de los miembros de la pareja, que afectaron la continuidad de la
vivencia conjunta, en cuyos eventos se concluyó que no era procedente desconocer
el derecho a la sustitución pensional reclamada.

IV. CONCLUSIONES
113. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección revocará la sentencia

del 10 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta y, en su

32
Corte Suprema de Justicia, SL35809-2009.
33
Corte Constitucional, Sentencia SU-056 de 2025.
34
Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral No. 2, SL1130-2022, marzo 22 de 2022, MP. Cecilia Margarita
Durán Ujueta. En dicha providencia se explicó: “[E]l presupuesto de convivencia exigido legalmente no se puede desechar por
la ausencia de cohabitación física del cónyuge o de los compañeros permanentes cuando el presunto beneficiario ha sido
sometido a maltrato físico, psicológico y a cualquier tipo de violencia”
35
Corte Suprema de Justicia, SL34899-2009, reiterada en SL34415-2009, SL39464-2010, entre otras.
36
Corte Constitucional, Sentencia SU-056 de 2025.

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lugar, se amparará el derecho al debido proceso de la señora Gloria Marlén Rubio
Huertas y se dejará sin efectos la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que revocó la providencia del 5 de diciembre de 2023, expedida por el Juzgado
Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá, por encontrar configurado el defecto fáctico.
114. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término

de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de lo aquí resuelto, emita una
nueva providencia, en la que decida la apelación interpuesta por la parte demandada
dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-42-046-2022-000345-01,
siguiendo los criterios que se acaban de exponer.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
señora Gloria Marlén Rubio Huertas, por las razones expuestas en esta decisión.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-42-046-2022-000345-01, en
atención a las razones expresadas en esta decisión.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo
indicado en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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