Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02085-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02085-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02085-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02085-00
Demandante: María Victoria Zapata Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02085-00
Demandante: MARÍA VICTORIA ZAPATA HERNÁNDEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica mínima y suficiente
para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se
pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de cuestionar el criterio que condujo al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca a confirmar la declaratoria de caducidad del medio de control.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la señora María Victoria Zapata
Hernández contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Cali.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 9 de abril de la presente anualidad, la señora María Victoria Zapata Hernández, a
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia,
con ocasión de las providencias de primera y segunda instancia proferidas, en su orden,
el 15 de noviembre y el 18 de marzo de 2025, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-15-000-2025-02085-00. Formuló
las siguientes pretensiones:
I. Sírvase su señoría, dejar sin efectos el fallo por el Tribunal Administrativo Del
Valle Del Cauca - Sala De Oralidad, magistrada Patricia Del Pilar Feuillet
Palomares, del 15 de noviembre de 2024, el cual CONFIRMO la Sentencia
CONDENATORIA proferida por el Juzgado Tercero Administrativo De Cali.
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Se advierte que el 28 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: María Victoria Zapata Hernández
II. En consecuencia, de lo anterior, sírvase su señoría, dejar sin efectos la decisión
proferida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Cali y en su defecto declarar
procedente la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada
por María Victoria Zapata Hernández, en contra de Departamento del Valle del
Cauca – Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago
de Cali – Secretaría de Educación Distrital.
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
María Victoria Zapata Hernández demandó al Departamento del Valle del Cauca –
Secretaría de Educación y el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios Santiago de Cali – Secretaría de Educación, con el fin de que se anulara
la Resolución 4143.010.21.0.03733 del 22 de junio de 2021, por medio de la cual se
ordenó su retiro, por haber cumplido la edad de retiro forzoso.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó i) que se ordenara el reintegro, sin
solución de continuidad, ii) que se pagaran los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta que se haga
efectivo el reintegro iii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por la no consignación de las cesantías
correspondientes a los años 2021 y 2022 con sus respectivos intereses y iv) la condena
en costas y agencias en derecho en contra de las demandadas.
4. Al proceso se le asignó el radicado 76001-33-33-003-2023-00288-01 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Tercero Administrativo de Cali, que, en auto del 15 de noviembre
de 2024, rechazó la demanda, por considerar que se configuró la caducidad del medio
de control. Para el a quo, aunque no se aportó la constancia de notificación del acto
administrativo demandado, lo cierto es que en el proceso se acreditó que, en octubre de
2021, la demandante presentó acción de tutela cuestionando su retiro forzoso, la cual
fue resuelta en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, mediante sentencia del 8 de diciembre de 2021.
5. Con fundamento en lo anterior, la referida autoridad judicial argumentó que la
demandante tuvo conocimiento del acto censurado desde que presentó la acción de
tutela, por lo que el término de caducidad debió contarse desde el 9 de diciembre de
2021, cuando se notificó el fallo que definió la acción constitucional promovida por ella
para cuestionar su retiro forzoso. Además, aclaró que la pretensión de la señora Zapata
Hernández no podía ser considerada como una solicitud de prestaciones periódicas –lo
que lo exceptuaría de la caducidad-, por cuanto el retiro del servicio genera la terminación
de la relación laboral, es decir, las prestaciones a reconocer tienen el carácter de
definitivas y no periódicas.
6. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Allí indicó
que el acto administrativo demandado también negó el reconocimiento de prestaciones
periódicas a las que tenía derecho, por lo que, a su modo de ver, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 164 del CPACA, la demanda podía interponerse en cualquier tiempo. En
ese sentido, alegó que su derecho permanecía vigente, dado que aún no había obtenido
su pensión y seguía requiriendo los aportes y beneficios derivados de su condición de
«prepensionada».
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Demandante: María Victoria Zapata Hernández
7. Mediante auto del 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó en su integridad la providencia de primera instancia. Expuso que, a través del
acto administrativo demandado, el Distrito Especial de Santiago de Cali retiró del servicio
a la demandante, que ejercía como docente en la Institución Técnico Industrial Comuna
17 del Distrito Especial de Santiago de Cali, lo que, de manera automática, implicaba
que aquella dejaba de percibir su salario y demás prestaciones sociales. Es decir, en su
criterio, la resolución censurada era un acto de reconocimiento definitivo, por lo que no
era dable concluir que en el mismo se resolvió sobre el reconocimiento de prestaciones
periódicas y que, por tanto, no operaba la caducidad del medio de control.
8. En relación con la calidad de prepensionada alegada por la demandante, señaló que
tal argumento constituía un reproche sobre el fondo mismo de la controversia, es decir
sobre la legalidad del acto administrativo atacado, pero carecía de relación con la
interposición extemporánea de la demanda y destacó que, aún en gracia de discusión,
lo cierto es que, según el acto demandado, la actora ya percibía una pensión de vejez
reconocida por Colpensiones, a través de la Resolución 90402 del 1º de enero de 2011.
9. En el escrito de tutela, la accionante afirmó que las providencias del 15 de noviembre
de 2024 y del 18 de marzo de 2025 adolecían de los siguientes defectos: i) material o
sustantivo, por indebida interpretación y aplicación del artículo 164 del CPACA –
también citó el numeral 2 del artículo 136 del CCA -, ii) desconocimiento del
precedente jurisprudencial y iii) violación directa a la constitución.
B. Trámite impartido e intervenciones
10. Mediante auto del 10 de abril de 20252, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Tercero Administrativo de Cali y vinculó al alcalde distrital de Santiago de Cali y a la
gobernadora del Departamento de Valle del Cauca, en calidad de terceros con interés.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3, a través de la magistrada ponente
de la decisión cuestionada, afirmó que el asunto carece de relevancia constitucional,
pues la demandante no explicó por qué la discusión es trascendental en aras de
determinar el contenido y alcance de sus derechos fundamentales o para definir la
interpretación y aplicación del referido requisito de procedibilidad en el caso en concreto,
de modo que, a su juicio, para acreditar tal circunstancia, no resulta suficiente citar
algunas sentencias de la Corte Constitucional.
12. Por otro lado, señaló que los argumentos son superficiales y ambiguos y que, incluso
algunos de ellos carecen de conexidad con lo discutido y resuelto en el marco del proceso
ordinario.
13. Asimismo, sostuvo que las providencias censuradas no incurrieron en los defectos
que les fueron endilgados y reiteró los argumentos expuestos en ambas instancias
judiciales para declarar configurada la caducidad del medio de control.
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SAMAI, índice 4.
3 SAMAI, índice 8.
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14. Finalmente, allegó copia digital del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-003-2023-00288-00/01.
15. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali4 luego de realizar un recuento detallado
de las actuaciones del proceso ordinario y, en especial, de los motivos que lo condujeron
a declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
solicitó que se negara el amparo solicitado, por considerar que no incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Además, allegó
copia del expediente digital del proceso con radicado 76001-33-33-003-2023-00288-00.
16. La Secretaría de Educación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios Santiago de Cali5 solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela, pues carece de los requisitos específicos de procedibilidad previstos
por la jurisprudencia constitucional y adujo que en el caso de estudio tampoco se
evidencia una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Por el
contrario, señaló que la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Cali, que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se emitió en el marco de
la razonabilidad y proporcionalidad que se exige a las providencias judiciales.
17. Adicionalmente, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
como quiera que las pretensiones de la acción de tutela están dirigidas a que se dejen
sin efecto las providencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali y por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en virtud de las cuales se declaró la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la señora Zapata Hernández.
18. El Departamento de Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado no intervinieron, pese a que fueron debidamente notificadas del auto admisorio
de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
20. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales
4 SAMAI, índice 10.
5 SAMAI, índices 11 y 12.
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exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si las providencias
del 15 de noviembre de 2024 y del 18 de marzo de 2025, proferidas, en su orden, por el
Juzgado Tercero Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
adolecen de defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa a la constitución y, por ende, vulneraron los derechos
fundamentales a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia de la
señora María Victoria Zapata Hernández.
E. Análisis de la Sala
Causales generales de procedibilidad
21. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia que definió la
controversia fue proferida el 18 de marzo de 2025 y notificada el 21 del mismo mes y
año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 9 de abril del año en curso, esto
es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.
22. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
23. Agotamiento de los mecanismos de defensa judicial (subsidiariedad). La Sala
estima que este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en proceso ordinario.
24. Relevancia constitucional. Es necesario referirse brevemente al requisito de la
relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en
el presente asunto.
25. En sentencia del 5 de agosto de 20146, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar
que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o
no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
26. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales».
27. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos
fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.
6 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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28. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o
instancia adicional a las establecidas por el legislador.
29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
F. Caso concreto y solución del problema jurídico
30. En el escrito de tutela, la señora María Victoria Zapata Hernández solicitó que se
amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 15
de noviembre de 2024 y del 18 de marzo de 2025, en virtud de las cuales el Juzgado
Tercero Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declararon
configurada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por ella.
31. En sentir de la demandante, las autoridades judiciales accionadas pasaron por
alto que el acto administrativo demandado resolvía también una solicitud de
reconocimiento de prestaciones periódicas, por lo que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 164 del CPACA, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
podía interponerse en cualquier tiempo.
32. A lo largo del escrito de amparo, la señora Zapata Hernández argumentó que,
mediante Resolución 4143.010.21.0.03733 del 22 de junio de 2021, el Distrito Especial
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali no sólo
negó su reintegro al cargo, sino que, además, denegó el reconocimiento de prestaciones
periódicas, por lo que la entidad judicial accionada incurrió en un defecto material o
sustantivo, por indebida interpretación y aplicación del contenido del artículo 164 del
CPACA. Por otro lado, afirmó que las providencias censuradas desconocieron el
precedente jurisprudencial relativo a que no es posible que se configure la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el acto demandado
resuelva sobre el reconocimiento de prestaciones periódicas. Concretamente, mencionó
las sentencias C -116 de 2005, T - 301 de 2019 y T - 102 de 2014 de la Corte
Constitucional y SL-13430-2016 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
33. Finalmente, expuso que las providencias atacadas también adolecen de defecto
por violación directa a la constitución, pero se limitó a exponer que ello es así, en tanto
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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la actuación de las autoridades judiciales accionadas sí derivó en un «actuar ilegítimo»
que terminó afectando sus derechos fundamentales.
34. Como se expuso anteriormente, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en
indicar que la relevancia constitucional, como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, requiere que el accionante exponga una carga
argumentativa mínima para cuestionar la validez y razonabilidad de la decisión
censurada, lo que implica que se identifique el defecto del que supuestamente adolece
la providencia y que se sustente en hechos y pruebas que sirvan para demostrar su
ocurrencia.
35. Puntualmente, en los casos en los que se pretenda el amparo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial la Corte Constitucional ha dicho: «la
existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia
en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren
a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi),
ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la
aplicación del precedente, por vía analógica».
36. No obstante, de entrada, la Sala advierte que, en el caso en concreto, la señora
Zapata Hernández se limitó a manifestar su inconformidad con la decisión de declarar
configurada la caducidad y, si bien identificó los defectos de los que supuestamente
adolecen las providencias censuradas, lo cierto es que no los sustentó adecuadamente,
como era su deber. Puntualmente, en relación con el desconocimiento del precedente,
la Sala advierte que la demandante no indicó porqué razones consideraba que las
providencias supuestamente desconocidas eran aplicables a su caso en concreto, ni
señaló las reglas o subreglas cuya aplicación se omitió y, menos aún, aportó elementos
de juicio que demostraran tal circunstancia.
37. Por el contrario, lo que se advierte es que la demandante se limitó a exponer que
se encontraba inconforme con la decisión adoptada, porque a su modo de ver el acto
administrativo demandado negaba el reconocimiento de unas prestaciones periódicas,
de modo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo.
38. Sin embargo, esta Subsección advierte que ese fue justamente el reparo que la
ahora accionante expuso en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y sobre el cual se pronunció de manera razonable, clara y suficiente el Tribunal
accionado en el auto del 18 de marzo de 2025. De manera que, a juicio de esta Sala,
aquella no constituye una razón suficiente para abordar el estudio del cargo planteado
en la demanda, antes, por el contrario, lo anterior da cuenta de que la verdadera intención
de la señora Zapata Hernández es convertir este mecanismo constitucional de protección
de derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, simplemente porque no está de acuerdo con el
razonamiento bajo el cual se declaró configurada la caducidad del medio de control.
39. Ciertamente, revisado el expediente ordinario se observa que, mediante auto del
15 de noviembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo de Cali rechazó la
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demanda, por considerar que se configuró la caducidad del medio de control. En su
criterio, aunque no se aportó la constancia de notificación del acto administrativo
demandado, lo cierto es que en el proceso se acreditó que, en octubre de 2021, la
demandante presentó acción de tutela cuestionando su retiro forzoso, la cual fue resuelta
en segunda instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
mediante sentencia del 8 de diciembre de 2021.
40. Con fundamento en lo anterior, el a quo argumentó que la demandante tuvo
conocimiento del acto censurado desde que presentó la acción de tutela, por lo que el
término de caducidad debió contarse desde el 9 de diciembre de 2021, cuando se notificó
el fallo que definió la acción constitucional promovida por ella para cuestionar su retiro
forzoso. Además, aclaró que la pretensión de la señora Zapata Hernández no podía ser
considerada como una solicitud de prestaciones periódicas – lo que permitiría que no se
configurara la caducidad-, como quiera que el retiro del servicio genera la terminación de
la relación laboral, es decir, las prestaciones a reconocer tienen el carácter de definitivas
y no periódicas.
41. Por otro lado, se observa que, en el recurso de apelación contra la providencia
anterior, la señora Zapata Hernández expuso:
Así las cosas, teniendo en cuenta que la resolución No. 4143.010.21.0.03733 del 22
de junio de 2021 deriva entre sus efectos la negativa de las prestaciones periódicas
a que es derechosa (sic) la señora María Victoria Zapata Hernández en razón al fuero
de prepensionada que la cobija y toda vez que a la fecha la misma no ostenta la
calidad de pensionada dentro del régimen especial del Fomag, es loable colegir que
el mismo se encuentra activo, estando en concordancia con aquello, vigente la
periodicidad de la retribución hasta el momento en que esta ostente la calidad de
pensionada.
(…)
En razón de lo mencionado, dado que la señora María Victoria Zapata ostenta la
calidad de prepensionada, sus prestaciones periódicas se siguen causando, siendo
el precitado fuero una protección sostenida en el tiempo en que la servidora pública
cumpla con los requisitos para obtener su derecho pensional.
(…)
Bajo los anteriores argumentos, la demandante al momento de la desvinculación
contaba con 829 semanas cotizadas al Fomag, faltándole, por tanto, 171 restantes
para completar el requisito de los 20 años de servicio que equivalen a 1.000 semanas.
Dichas connotaciones, a las cuales se suma la edad de la actora que la convierte en
sujeto de especial protección constitucional, hacen que para la misma sea
procedente la aplicación del fuero de prepensionados, por tanto, continuando activa
la relación laboral y siendo sus prestaciones sociales y aportes a la seguridad social
en pensiones, periódicos, lo que permite concluir la no procedencia de la aplicación
de la caducidad.
42. Asimismo, se advierte que, mediante auto del 18 de marzo de la presente
anualidad, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera
instancia, bajo los mismos argumentos expuestos por el a quo. Puntualmente, adujo:
Frente al primer argumento (el acto administrativo demandado negó prestaciones
periódicas), cabe destacar que ello no es así. La interpretación de la parte recurrente
es equívoca, dado que la Resolución 4143.010.21.0.03733 del 22 de junio de 2021
retiró del servicio a la actora, que ejercía como docente en la Institución Educativa
Técnico Industrial Comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali. Distinto es que su
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retiro implique —de forma obvia— que la actora no perciba más su salario y
demás prestaciones como docente, es decir, se dio un acto definitivo de
reconocimiento. De acoger esta interpretación, cualquier acto administrativo que
retira del servicio a un particular sería demandable en cualquier tiempo, lo que la ley
no autorizó.
Recuérdese que, como lo ha señalado el Consejo de Estado (2020)8, no opera el
fenómeno de la caducidad para demandar los actos que reconozcan o nieguen las
prestaciones periódicas; sin embargo, al producirse la desvinculación del servicio
se hace un reconocimiento de prestaciones definitivas y, en tal medida, las
prestaciones o reconocimientos salariales que periódicamente se reconocían
y pagaban, bien sea mensual, trimestral, semestral, anual o quinquenalmente,
dejan de tener el carácter de periódicas, pues ya se ha expedido un acto de
reconocimiento definitivo al momento de finiquitar la relación laboral.
Respecto al segundo argumento, la parte actora refiere que la caducidad no se puede
aplicar en este asunto, debido a que tiene la calidad de prepensionada. Sin embargo,
esta afirmación es propia de la argumentación contra el acto administrativo
demandado y no tiene que ver con la interposición del medio de control a destiempo.
Es decir, esta causal tampoco está contenida en la ley como excepción de la
caducidad.
Ahora, en gracia de discusión, según el acto demandado, la actora ya percibe una
pensión de vejez reconocida por Colpensiones a través de la Resolución 90402 del
1 de enero de 2011, además de que cumplió de la edad por retiro forzoso. Así, la Ley
100 de 1993 (artículo 33, parágrafo 33) dice que «el empleador podrá dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea
reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema
general de pensiones». En todo caso, la condición aparente de prepensionada de la
actora es una discusión que se debía desarrollar dentro del proceso y no como
aparente excepción a la caducidad del medio de control. Adicionalmente, la actora
no explicó el porqué de su demora en interponer la demanda, aun cuando conocía
del acto administrativo desde el 2021 y solo interpuso el medio de control el 11 de
octubre de 2023 (dos años después). De manera que el segundo argumento tampoco
tiene vocación de prosperidad
43. Visto lo anterior, para la Sala la presente acción constitucional no está llamada a
prosperar, no sólo porque la accionante no se preocupó por sustentar los supuestos
yerros de los que adolece la providencia del 18 de marzo de 2025, sino en la medida en
que se limitó a reiterar su posición dentro del litigio, especialmente, la que expuso en el
recurso de apelación y, en ese sentido, se dedicó a expresar su inconformidad con la
declaratoria de caducidad del medio de control. Circunstancia que, se insiste, da cuenta
de que la señora Zapata Hernández pretende convertir este mecanismo constitucional
en una instancia adicional del proceso ordinario para que se surta nuevamente el debate
sobre la oportunidad de la demanda que ya fue objeto de pronunciamiento judicial.
44. Por otro lado, esta Subsección tampoco advierte que la decisión censurada
hubiera sido caprichosa o irracional, pues se fundamentó en un criterio jurídico razonable
en relación con la naturaleza de las prestaciones cuyo reconocimiento se negó en el acto
administrativo demandado, teniendo en cuenta que cuando termina el vínculo laboral
aquellas dejan de considerarse periódicas y se tornan definitivas, lo que le permitió
concluir que la demanda se presentó fuera del término establecido en la ley para tal
efecto.
8 Cita original: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 25000-
23-42-000-2017-05670- 01(1553-18). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02085-00
Demandante: María Victoria Zapata Hernández
45. Para esta Sala, el razonamiento efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en la providencia del 18 de marzo del año en curso no solo no es irracional ni
caprichoso, sino que es absolutamente razonable y adecuado, en la medida en que se
evidencia que la ruptura del vínculo laboral declarada mediante la Resolución
4143.010.21.0.03733 del 22 de junio de 2021, dio lugar a que las prestaciones como
salarios, cesantías, intereses a las mismas, entre otras, que en vigencia de la relación
laboral tienen el carácter de periódicas, lógicamente adquirieran el de definitivas.
46. Ciertamente, la jurisprudencia de esta Corporación9 ha sido consistente en
señalar que la vigencia de la relación laboral determina la periodicidad de las
prestaciones, de modo que cuando el vínculo finaliza las mismas adquieren un carácter
de definitivas y, por ende, en los casos en los que se demande un acto administrativo en
virtud del cual se niegue el reconocimiento de dichos derechos cuando ya ha terminado
la relación laboral, es aplicable la regla de caducidad prevista en el literal d del numeral
2 del artículo 164 del CPACA10.
47. De manera que, en el caso en concreto, era válido concluir que operó el fenómeno
de caducidad, pues, bajo el razonamiento anterior, los derechos cuyo reconocimiento se
negó mediante la Resolución 4143.010.21.0.03733 del 22 de junio de 2021 se catalogan
como prestaciones definitivas y, por lo tanto, el acto administrativo que decidió sobre la
reclamación en torno a ellos debió demandarse dentro del término de cuatro meses
contados a partir del día siguiente a su notificación.
48. En conclusión, para esta Sala la presente acción de amparo no está llamada a
prosperar, en primer lugar, porque la accionante se limitó a reiterar las inconformidades
que expuso a lo largo del proceso de reparación directa, específicamente, en el recurso
de apelación y sobre las cuales se pronunció de manera clara, suficiente y razonable la
autoridad judicial demandada, es decir, pretende utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario y, en segundo lugar, en la medida en que carece
de una carga argumentativa mínima para discutir la razonabilidad de la decisión
censurada.
49. Cabe señalar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta en
instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales, económicos sin
trascendencia constitucional.
[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela
como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
9 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de
febrero de 2014, Rad. 2010-00020-01(1174-12), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2019, Rad. 016-03390-01(4082-17), M.P. William
Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de
2020, Rad. 2017-05670-01(1553-18), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; entre otras.
10 En relación con lo anterior, se puede consultar la decisión adoptada por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación, en el trámite de tutela con radicado 2019-01288-00, M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
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Demandante: María Victoria Zapata Hernández
adicional para reabrir debates meramente legales11. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales12.
50. Así pues, luego de considerar los criterios señalados, es claro que el presente
asunto no es de aquellos en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o
desarrollar la Constitución o darle alcance a un derecho fundamental, ni siquiera
por el hecho de que se alegue la vulneración de los derechos fundamentales a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia, pues la demanda
carece de carga argumentativa mínima para desvirtuar la validez y razonabilidad
de la providencia censurada.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la señora María Victoria
Zapata Hernández, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
11 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones.”
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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