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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02089-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02089-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADOS los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado Nubia Margoth Peña Garzón y Germán Eduardo Osorio Cifuentes y por el Conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, de conformidad con lo previsto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo de la referencia respecto del derecho fundamental al trabajo por las razones antes expuestas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 11001 03 15 000 2025 02089 00 Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz Marina Valencia Solanilla, en razón a la configuración de un defecto orgánico por haberse vulnerado el principio del juez natural. En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2024 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 25000 2342 000 2019 01001 02, y se y ORDENA que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, se adelante el trámite previsto en el artículo 116 del CPACA. En consecuencia, los actuales magistrados que integran las Subsecciones “A” y “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado deberán pronunciarse sobre la existencia de alguna causal de impedimento que les imposibilite conocer del asunto objeto de controversia. En todo caso, la respectiva sentencia de segunda instancia deberá ser proferida dentro del término máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia. QUINTO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02089-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

3 de julio de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02089 00
Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2025 02089 00
Accionante: Luz Marina Valencia Solanilla
Accionado: Consejo de Estado Sala de Conjueces de la Sección Segunda
Tesis: Vulnera el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, la sentencia emitida por parte de una Sala de Conjueces,
que actuó en reemplazo de unos magistrados a quienes se les aceptó el
impedimento para conocer del asunto, si con posterioridad la Sala originalmente
integrada por dichos magistrados fue recompuesta con nuevos consejeros en
propiedad, quienes no han manifestado su impedimento para conocer de ese
asunto.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luz Marina Valencia
Solanilla en contra del Consejo de Estado Sala de Conjueces Sección Segunda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La señora Luz Marina Valencia Solanilla, actuando por medio de apoderado
judicial, instauró acción de tutela en contra de la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la sentencia de segunda instancia que esa autoridad judicial profirió el 3 de
diciembre de 2024, por medio de la cual se modificó el numeral tercero, revocó los
numerales quinto y sexto y confirmó en lo demás el fallo del 31 de agosto de 2021,
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursó con
el radicado nro. 25000 2342 000 2019 01001 02, en el que fungió como demandante

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Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

la señora Luz Marina Valencia Solanilla y como demandado la Nación- Rama
Judicial.

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

«II.- PRETENSIONES PARA EL AMPARO JUDICIAL DE LA TUTELA
DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES QUEBRANTADOS

PRIMERA.- Obro en este asunto como apoderado judicial de la Dra. LUZ
MARINA VALENCIA SOLANILLA, para invocar el Artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia, el Decreto Ley 2591 de 1991 y sus reglamentos, y con tal
respaldo normativo pido al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, la protección inmediata de los derechos fundamentales de mi
poderdante porque han sido vulnerados con la Sentencia dictada por una Sala
integrada de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el 3 de Diciembre de 2024 en el proceso
que tiene la radicación: 25000234200020190100102 (4400-2021). Tal
sentencia rechazó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, que suplicaban el reconocimiento de los derechos
laborales de orden salarial y prestacional de mi poderdante.

Esta Sentencia se notificó a la parte actora mediante correo electrónico el día
21 de Enero de 2025, según consta en la copia anexa de dicha diligencia. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda dictó el 3 de Marzo
de 2025 la orden de “obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Superior
Funcional” esta decisión quedó notificada con las tecnologías de la información
del aplicativo SAMAI el mismo 3 de Marzo del año en curso de conformidad con
el artículo 46 de Ley 2080 de 2021.

La parte demandada en dicho proceso fue la NACIÓN COLOMBIANA / RAMA
JUDICIAL / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

SEGUNDA. - La protección o amparo aquí solicitado busca el reconocimiento,
la vigencia y la eficacia del derecho fundamental al trabajo de mi poderdante,
en sus componentes sustanciales del salario y de las prestaciones sociales que
han de ser liquidadas según la ley, tomando como base el salario básico en toda
su integridad. Todo ello de conformidad con lo decretado en la Sentencia de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda del 29 de Abril de 2014 (Expediente 11001032500020070008700. No.
Interno 1686-07) que anuló parcialmente los decretos dictados por el gobierno
nacional desde 1993 hasta 2007 en desarrollo de la Ley cuadro 4ª. de 1992 en
su Artículo 14 que ordenó al Gobierno Nacional establecer una prima sin
carácter salarial siguiendo sus orientaciones generales y criterios (Artículo 150,
numeral 19 de la Constitución Política) así:

El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al
60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo,
Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los
Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar,

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Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los
Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración
de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación
o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

La expresión "...sin carácter salarial" significa en esa norma que el valor de la
suma de dinero determinada para la prima no será considerado para calcular y
liquidar el valor de las prestaciones sociales tales como las vacaciones, la prima
de servicios y la de navidad, las cesantías, etc., con excepción del
correspondiente a las pensiones para lo cual esta si debe tenerse en cuenta, su
valor. (Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-279 de 1996. MP: Dr. Hugo
Palacios Mejía)

TERCERA.- Solicito al CONSEJO DE ESTADO (reparto) que ordene a la Sala
Competente de la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo proferir
una nueva sentencia en la que resulten reconocidos en su integridad y
amparados los derechos al salario y a las prestaciones sociales para su
protección, que son constitutivos del derecho fundamental al trabajo y que
corresponden al cargo de Juez de la República que desempeñó la Dra. LUZ
MARINA VALENCIA SOLANILLA durante el tiempo de servicio acreditado en el
proceso contencioso en el cual se dictó la cuestionada Sentencia del 3 de
Diciembre de 2024.»1.

1.2. Como fundamento de su solicitud, la accionante indicó que ejerció el cargo de
Jueza del Circuito en los distritos judiciales de Bogotá y Zipaquirá entre el 1.º de
febrero de 1989 y el 31 de enero de 2017.

1.3. Señaló que, el 15 de febrero de 2015, presentó solicitud ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la reliquidación de su salario
básico legal y de las correspondientes prestaciones sociales, en aplicación de la
sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del expediente No. 11001 03 25 000 2007 00087 00, mediante la cual
se anularon parcialmente los decretos que habían incluido indebidamente el valor de
la prima especial dentro del salario básico, disminuyendo en un treinta por ciento
(30 %) su valor real. Indicó que operó el silencio administrativo negativo, al no haberse
emitido respuesta alguna por parte de la anotada entidad.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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1.4. Manifestó que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra de los actos administrativos presuntos que
negaron sus pretensiones. En esa acción solicitó el reconocimiento del 100% del
salario básico y la liquidación correcta de sus derechos prestacionales.

1.5. Declaró que, en primera instancia el proceso fue conocido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, el cual profirió fallo desfavorable
a sus pretensiones. Arguyó que inconforme con la decisión ambas partes la apelaron
y que el proceso fue conocido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cual, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2024, negó en
su totalidad las pretensiones, fundamentándose en la aplicación del artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, que establece una prescripción trienal.

1.6. Consideró que la sentencia del 3 de diciembre de 2024 incurrió en varios
defectos que vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, a saber:

1.7. Mencionó que la anotada providencia incurrió en un defecto orgánico, por
cuanto fue proferida por Conjueces que ya no contaban con competencia legal para
conocer del proceso, en la medida en que, de conformidad con el artículo 116 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), su investidura cesó automáticamente con la posesión de los
nuevos Consejeros titulares que reemplazaron a los inicialmente impedidos.

1.8. Señaló también existió un defecto sustantivo, al haberse fundamentado la
decisión en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, norma derogada y que
además no resulta aplicable a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionadas con prestaciones periódicas, como salarios y derechos pensionales, que
pueden ser reclamadas en cualquier momento conforme a la normativa vigente. Alegó
que, lo expuesto se ve agravado por la ausencia de una motivación adecuada en la
sentencia, ya que no se justificó la aplicación de una norma sin vigencia ni el
desconocimiento de las disposiciones actuales.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

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Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 9 de abril de 20252 y allegado al Despacho
Sustanciador el 10 del mismo mes y año3.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 21 de abril de
20254, en el que particularmente se ordenó notificar a los Conjueces de las Sección
Segunda del Consejo de Estado que emitieron la sentencia enjuiciada y comunicar a
la Nación- Rama Judicial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda- Sala Transitoria y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en escrito del 8 de mayo
de 2025, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al considerar
que no se configuraba ninguna de las causales que habilitan este mecanismo contra
providencias judiciales. Señaló, además, que los argumentos de la accionante
reflejaban únicamente su inconformidad con el fallo.

Sostuvo que las decisiones adoptadas por los jueces se enmarcan en el principio
de autonomía e independencia judicial consagrados en los artículos 5º de la Ley
270 de 1996 y 230 de la Constitución Política y que la interpretación jurídica
realizada por la autoridad judicial en este caso fue razonable, sin que se evidencie
actuación arbitraria o contraria al ordenamiento. Agregó que, conforme a
jurisprudencia constitucional en sentencias T-094 de 1997, C-037 de 1996 y T-450
de 2018, la tutela no puede usarse como una instancia adicional para revisar
sentencias desfavorables.

Enfatizó que la Dirección Ejecutiva carece de competencia sobre decisiones
judiciales y actúa exclusivamente en el ámbito administrativo, por lo que invocó la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que no existe
acción ni omisión atribuible a la entidad que haya vulnerado derechos
fundamentales de la accionante y que no le corresponde responder por decisiones
adoptadas por los despachos judiciales.

2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Sala
Transitoria, remitió el expediente y no se pronunció frente a la tutela.

2 Visible a índice 1 ibídem.
3 Visible a índice 4 ibídem.
4 Visible a índice 5 ibídem.

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2.5. Los Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que expidieron
la sentencia enjuiciada guardaron silencio.

2.6. A través de providencia del 21 de mayo de 2025, el Despacho sustanciador
ordenó vincular a los Magistrados que integran las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado5.

2.7. En memorial del 29 de mayo de 2019, el Magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo refirió que no fue ponente de la decisión enjuiciada ni participó de la Sala
de Decisión que profirió la misma, ya que fue anterior a la fecha en la que se
posesionó como Consejero de Estado. Sin embargo, indicó estar presto a atender
lo que se decida en el proceso de la referencia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20216, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de
este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.

3.2. Cuestiones previas

3.2.1. De los impedimentos presentados en este asunto

5 Visible a índice 13 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
6 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.”

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Los Consejeros Nubia Margoth Peña Garzón7 y Germán Eduardo Osorio Cifuentes8,
manifestaron su impedimento para conocer del presente asunto, por estar incursos
en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, esto es, por tener un interés directo en las resultas del proceso. Lo anterior,
como quiera que la sentencia que es objeto de controversia en este trámite, versa
sobre el reconocimiento de la prima especial de servicios como factor salarial,
prestación que se encuentra contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Pues bien, respecto de la causal invocada, la jurisprudencia de esta Sección9 ha
indicado que para la configuración de la misma deben concurrir dos (2) presupuestos:
i) el objetivo: consistente en que en la actuación intervenga el Juez y/o uno de sus
parientes en cierto grado determinado por la ley. Así, es suficiente que se afirme la
existencia del parentesco o la calidad de Juez para que se configure la causal; y ii)
el subjetivo: relacionado con el hecho de que el Juez o sus parientes, tengan
interés calificado en las resultas del proceso. Este interés se presenta en variadas
situaciones que deben identificarse en cada caso concreto y tienen como común
denominador que los sujetos de quienes se predica la causal puedan resultar
afectados o favorecidos con la decisión.

En relación con este último aspecto, el Juez que estudia el impedimento debe
valorar si quien lo manifiesta o su pariente, tiene un interés calificado en el resultado
del proceso, lo que desde luego exige que en cada caso particular se haga una
valoración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3.2.2. Así las cosas, la Sala estima que se encuentran acreditados los presupuestos
para que se declaren fundados los impedimentos, dado que lo cuestionado en la
presente acción de tutela versa sobre disposiciones que desde el punto de vista
prestacional podrían incidir en las situaciones de los Consejeros Nubia Margoth
Peña Garzón y Germán Eduardo Osorio Cifuentes, en tanto ellos en el pasado se
desempeñaron como Magistrados Auxiliares del Consejo de Estado.

En consecuencia, serán separados del conocimiento de este asunto.

7 Visible a índice 17 ibídem.
8 Visible a índice 22 ibídem.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 15 de
diciembre de 2015. Rad.: 2013 – 6956. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala.

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3.2.2. De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitó su
desvinculación del presente asunto, aduciendo que los hechos que fueron
esbozados en la petición de amparo no le eran atribuibles.

Sin embargo, es preciso señalar que, tal como se indicó en el auto admisorio de la
demanda, su vinculación al presente trámite obedece al interés que podría tener en
las resultas del proceso, toda vez que intervino en el expediente No. 25000 23 42
000 2019 01001 02 en calidad de parte demandada. Por lo tanto, no es procedente
acceder a la solicitud de desvinculación formulada por dicha entidad.

3.3. Hechos relevantes

3.3.1. La señora Luz Marina Valencia Solanilla se desempeñó como jueza del
circuito en los distritos judiciales de Bogotá y Zipaquirá, entre el 1.º de febrero de
1989 y el 31 de enero de 2017.

3.3.2. El 15 de febrero de 2015, presentó solicitud ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, solicitando la reliquidación de su salario básico legal y de
las prestaciones sociales. Señaló que, si bien la prima especial fue pagada, esta no
fue tratada como un componente adicional, lo que afectó la base de cálculo de sus
derechos laborales.

3.3.3. El proceso fue conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, que profirió sentencia desfavorable a la
actora. Ambas partes en ese trámite apelaron y el caso fue asumido por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual, mediante fallo
del 3 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, aplicando el
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, que consagra una prescripción trienal.

3.3.5. Inconforme con dicha decisión, la señora Luz Marina Valencia Solanilla
interpuso la presente acción de tutela, alegando la vulneración de sus derechos
fundamentales y la existencia de varios defectos en la sentencia.

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3.4. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

3.4.1. De la relevancia constitucional

En la sentencia C 590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que «el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».

Asimismo, la mencionada sentencia precisó que «los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra».

A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU 573 de 2019 10, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

10 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.

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Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU 215 de 202211, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es «el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico».

3.4.1.1. De la constancia sobre la posible afectación a derechos
fundamentales

Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T
422 de 2018, SU 573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la
parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados12.

En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un
derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los argumentos
expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del
núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe que la
vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir que el
caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar en un
juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.

11 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección

de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
12 La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho

como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”

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3.4.1.2. Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o
económicos en la acción de tutela

En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU 215 de 2022, señaló:

«no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia,
caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia
constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal con la violación
de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia
el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales».

Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:

«Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios».

3.4.1.3. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
adicional

Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias SU
215 de 2022 y SU 128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del
juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el recurso

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Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial.

Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.

3.4.1.4. De la verificación de una posible vulneración del núcleo esencial
de los derechos fundamentales invocados en el asunto bajo estudio

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De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala deberá analizar
las razones por las cuales la señora Luz Marina Valencia Solanilla considera que la
sentencia atacada vulnera los derechos al trabajo y de acceso a la administración
de justicia, para así determinar si, prima facie, dichas transgresiones suponen el
desconocimiento de su núcleo esencial.

3.4.1.4.1. Sobre el primero de los anotados derechos, esto es, al trabajo es
menester señalar que la Corte Constitucional ha entendido que su núcleo esencial
está compuesto de: (i) la prestación del servicio contratado en forma digna y justa;
(ii) la adecuada remuneración y en condiciones de igualdad respecto del servicio
prestado; (iii) la protección de los derechos conexos esenciales al derecho al trabajo
cuando la persona se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta o en
embarazo, y (iv) la suficiente información respecto de las causas que dieron lugar a
la terminación unilateral del contrato por parte del empleador13.

Aplicado lo anterior al caso en concreto, se advierte que no existe ninguna
vulneración al núcleo esencial del derecho al trabajo de la demandante que habilite
la procedencia de la acción de amparo de la referencia, en la medida que: (i) en el
proceso ordinario no se discutió si el trabajo que desarrolló la señora Luz Marina
Valencia Solanilla en la Rama Judicial fue ejecutado en condiciones que atentaran
en contra de su dignidad humana; (ii) la peticionaria no manifestó ni acreditó que
estuviera en condición de debilidad manifiesta, y (iii) la sentencia controvertida no
tuvo por objeto determinar si la accionante fue despedida sin que se le hubieran
indicado las causas que dieron lugar a la terminación unilateral del contrato.

Ahora, lo que en realidad observa la Sala es que la controversia planteada en el
presente asunto tiene un carácter eminentemente legal, pues se centra en
determinar si era posible aplicar la prescripción trienal establecida en el artículo 102
del Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969 a la reclamación de las prestaciones
laborales. Además, el debate tiene un alcance económico, pues la señora Valencia
Solanilla lo que pretende es que le sean pagadas las acreencias laborales que, en
su criterio, le son adeudadas por la Nación – Rama Judicial.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-611 del 8 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño

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Se agrega a lo expuesto que la peticionaria discute a través de la acción de tutela
la interpretación que el juez natural hizo sobre las normas de carácter legal que
regulan el caso en concreto. Por ende, resulta evidente que este mecanismo
constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso
ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez de la causa.

De hecho, la Sala advierte que, en el curso del proceso ordinario, la entidad
demandada desde la contestación de la demanda propuso la excepción de
prescripción de las prestaciones laborales reclamadas, situación que fue resuelta
por el juez natural conforme con la interpretación de la ley y la convicción que le
generaron las pruebas que obraban en el proceso que, bajo el principio de
autonomía e independencia judicial, consideró la adecuada

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
del derecho fundamental al trabajo invocado por la actora y se abstendrá de estudiar
el cargo relacionado con el presunto defecto sustantivo, el cual sustentaba la
alegada vulneración de dicho derecho.

3.4.1.4.2. De otro lado, se advierte que el núcleo esencial del derecho al debido
proceso, se compone de las siguientes garantías: i) el principio de legalidad; ii) el
principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de
cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de
inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones
procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar
y controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de
non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de
independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia14.

En consecuencia, el examen propuesto por la parte actora será abordado desde la
óptica del debido proceso, ya que la prerrogativa relacionada con el acceso a la
administración de justicia forma parte de su núcleo esencial.

14 Corte Constitucional. Sentencia T-248 de 2018.

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Así, es menester señalar que del escrito de acción de tutela se desprende una
posible afectación al anotado núcleo del debido proceso, en tanto se alega que la
providencia cuestionada fue proferida por una Sala de Conjueces cuya competencia
habría cesado como consecuencia de la posesión de nuevos magistrados en
propiedad, designados en reemplazo de quienes inicialmente fueron declarados
impedidos. A pesar de dicha modificación en la composición de la Sala, no se
verificó si los nuevos magistrados se encontraban incursos en alguna causal de
impedimento, lo que impidió que asumieran el conocimiento del proceso y permitió
que la decisión fuera adoptada por conjueces que ya no estaban habilitados
legalmente para actuar.

En consecuencia, la Sala abordará en el punto 3.6 de esta providencia el análisis
del defecto orgánico en el que se sustentó dicho reproche.

3.4.2. Los requisitos restantes

De otro lado se advierte que se acreditó el cumplimiento de los demás requisitos de
procedencia de la acción de tutela toda vez que: i) la acción de tutela se presentó
dentro de un término razonable15, pues entre la emisión de la decisión recurrida y la
presentación de la acción de tutela no han transcurrido seis (6) meses, ii) la Sala
observa que la demandante acusa a la providencia cuestionada de incurrir en
defecto orgánico, iii) la situación que generó la vulneración de derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela, y v) no se trata
de una demanda en contra de una sentencia de tutela.

3.5. Defecto orgánico

Deberá establecerse si se vulneró el derecho fundamental al debido proceso con la
emisión de una sentencia por parte de una Sala de Conjueces del Consejo de
Estado, si al momento de proferir dicha providencia se recompuso la integración de
la Sala con ocasión de la elección de nuevos consejeros en propiedad.

15 Sentencia del treinta (5) de agosto de 2014, Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.,
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.

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3.5.1. Frente al anotado defecto, es menester señalar que la Corte Constitucional16
ha precisado que esta causal de procedencia de la acción de tutela encuentra su
fundamento en el respeto de la garantía del juez natural establecido en el artículo
29 de la Constitución Política y se configura cuando una persona o un asunto objeto
de litigio es juzgado por alguien que carece de competencia, de conformidad con
las normas que regulan los procedimientos judiciales. El mismo Tribunal ha indicado
que la falta de competencia constituye un defecto orgánico que afecta el derecho al
debido proceso en la medida en que ésta delimita el campo de acción de la autoridad
judicial para garantizar el principio de seguridad jurídica.17

Según la jurisprudencia constitucional dos son los momentos a partir de los cuales
se puede configurar este defecto, a saber: «(i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene
otro mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en firme y
que fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de competencia;
y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las
circunstancias de incompetencia y dicha situación fue desechada por los jueces de
instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose
así una actuación erigida sobre una competencia inexistente»18.

Igualmente, la misma Corte ha señalado que existen dos hipótesis a partir de las
cuales se configura el defecto aludido: «(i) la funcional, cuando la autoridad judicial
extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y
legales19; y (ii) la temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o
competencias, la autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para
ello»20.

16 Corte Constitucional. Sentencias SU-210 de 2017, SU-565 de 2015 y SU-198 de 2013.
17 Corte Constitucional. Sentencias SU-210 de 2017 SU-198 de 2013 y T-522 de 2016.
18 Corte Constitucional. Sentencias SU-565 de 2015, T-309 de 2013, T-313 de 2010 y T-058 de 2006.
19 Por ejemplo, en la sentencia T-522 de 2016 , se encontró que se configuraba la causal en mención

debido a que en un proceso ejecutivo, el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral ordenó el secuestro,
embargo, remate y adjudicación de unos bienes no siendo el funcionario judicial competente para
ello pues los implicados eran miembros de la comunidad indígena Yaguara y los bienes que se
afectaban con la medida cuestionada hacían parte de esta comunidad, siendo por tanto los
competentes para dirimir el conflicto, las autoridades de la propia comunidad indígena. Así también,
en la sentencia T-313 de 2010 se concluyó que se configuraba la causal en razón a que el Juzgado
Promiscuo Municipal de Sincé, Sucre no tenía la jurisdicción y menos la competencia para juzgar y
condenar al pago de una cuantiosa suma de dinero a una entidad pública como el INVIAS.
20 Corte Constitucional. Sentencias SU-565 de 2015, T-309 de 2013 y T-313 de 2010.

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3.5.2. En ese orden, con miras a analizar la posible configuración de un defecto
orgánico en el presente asunto, resulta pertinente indicar que, inicialmente, el
proceso ordinario objeto de controversia, identificado con el radicado No. 25000 23
42 000 2019 01001 02, fue asignado a la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, conformada en ese momento por los consejeros de Estado
Sandra Lisset Ibarra Vélez, Cesar Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter.

No obstante, los anotados consejeros manifestaron su impedimento para conocer
del asunto, al considerar que tenían un interés directo, dada su vinculación al
régimen prestacional regulado por la Ley 4ª de 1992, concretamente en lo referente
al reconocimiento de la prima especial establecida en su artículo 14.

Dicha manifestación fue evaluada por la Subsección “A” del Consejo de Estado,
integrada por los magistrados William Hernández Gómez, Gabriel Valbuena
Hernández y Rafael Francisco Suárez Vargas, quienes, mediante auto del 9 de
mayo de 2022, aceptaron el impedimento planteado y, a su vez, manifestaron el
propio para conocer del caso21.

Posteriormente, mediante auto del 18 de octubre de 2022, proferido dentro del
proceso con radicado 25000 23 42 000 2019 01001 02, la Sala de Conjueces
integrada por los doctores Jorge Iván Acuña Arrieta, Carmen Anaya de Castellanos

21
«En esas condiciones, la Sala considera que existe mérito para declarar fundado el impedimento
que manifestaron los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, teniendo en consideración que les asiste un interés directo en el resultado del proceso,
puesto que la controversia trata sobre el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios de
la cual fueron beneficiarios durante su vida laboral, en su calidad de funcionarios de la Rama Judicial.
Por lo tanto, el interés de la parte accionante es similar al de los magistrados a quienes les
correspondió el conocimiento del presente asunto.
Una vez definido lo anterior, los magistrados que integramos la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado manifestamos que también estamos incursos en la causal de impedimento
señalada en el numeral 1.° del artículo 141 del CGP, pues fuimos magistrados de tribunales,
procuradores judiciales y/o magistrados auxiliares de esta corporación, y hemos sido beneficiarios
de la prima especial de servicios sobre la cual gira la controversia, circunstancia que nos genera un
interés directo en el resultado del proceso.
Adicionalmente, y en atención a lo previsto en el numeral 6 del artículo 141 del CGP, que dispone la
configuración de causal de impedimento por «[e]xistir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge,
compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las
partes, su representante o apoderado», consideramos que nos encontramos incursos en ella, porque
tenemos en trámite procesos cuya entidad demandada es la Rama Judicial, así: el magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas dos procesos, uno, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, otro, con el trámite de una conciliación prejudicial y, el magistrado
Gabriel Valbuena Hernández, una solicitud de extensión de jurisprudencia, situación que no nos
permite asumir el conocimiento de este asunto y participar en la decisión correspondiente». Visible
en el índice 9 del Sistema de Gestión Judicial del Proceso objeto de controversia.

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y Bernardo Andrés Carvajal aceptó el impedimento manifestado por la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en consecuencia, los apartó
del conocimiento de dicho trámite. Posteriormente, la anotada Sala de Conjueces
emitió la sentencia enjuiciada el día 3 de diciembre de 2024.

Ahora bien, los magistrados inicialmente impedidos de la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado fueron efectivamente reemplazados por
nuevos titulares que se posesionaron antes de la emisión de la sentencia del 3 de
diciembre de 2024, como se verá enseguida: el consejero Carmelo Darío Perdomo
Cuéter culminó su periodo constitucional el 10 de agosto de 2023, siendo
reemplazado por el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, quien se
posesionó el 18 de octubre de 2023. Asimismo, el magistrado César Palomino
Cortés terminó su periodo el 22 de agosto de 2024 y fue sustituido por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, quien tomó posesión el 7 de octubre de 2024. Por su
parte, la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez finalizó su periodo el 29 de octubre
de 2022, siendo reemplazada por el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar,
quien se posesionó el 16 de marzo de 2023.

Mientras que, frente a la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el magistrado William Hernández Gómez finalizó el 4 de noviembre de 2022,
siendo reemplazado el 23 de abril de 2023 por el magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez. Del mismo modo, el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas
concluyó su periodo el 18 de octubre de 2024, cuyo reemplazo se produjo el 4 de
febrero de 2025, esto es después de la emisión del fallo recurrido que data del 3 de
diciembre de 2024. A su vez, el magistrado Gabriel Valbuena Duque terminó su
periodo el 4 de noviembre de 2023, y fue reemplazado por el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves quien se posesionó el 7 de marzo de 2024.

3.5.3. Visto lo anterior, resulta oportuno traer a colación lo previsto en el artículo
116 del CPACA, que regula lo relativo a la duración del cargo del Conjuez:

«Artículo 116. Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el
conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o
sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple
comunicación para que asuma sus funciones.

Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la
comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala.

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Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que
termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para
el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos
Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no
se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al
nombramiento de estos» (Subrayas de la Sala).

Del análisis de la norma en cita, se colige que la competencia de los conjueces para
conocer de un asunto se extiende hasta la finalización de la instancia o recurso
correspondiente, siempre que no se modifique la integración de la Sala respecto de
la cual se declaró fundado el impedimento. En caso de que se designen nuevos
magistrados en propiedad, estos asumirán el conocimiento del proceso y
desplazarán a los conjueces, salvo que también estén incursos en una causal de
impedimento o recusación que justifique su exclusión.

3.5.4. Siendo ello así, resulta evidente que para el momento en que se profirió el
fallo recurrido, la composición de las Subsecciones “A” y “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que originalmente se había declarado impedida para conocer
del proceso ordinario, se había modificado completamente.

En consecuencia, es claro que, en aplicación de lo previsto en el artículo 116 del
CPACA, los nuevos magistrados en propiedad desplazaban a los conjueces. Por
tanto, les correspondía asumir el conocimiento del proceso, previa verificación de
que no se encontraran incursos en causal de impedimento o recusación. La omisión
de esta verificación y la consecuente intervención de conjueces cuando ya existían
las mencionadas Salas debidamente integradas con magistrados titulares, sin
constancia de impedimento alguno, implica la existencia de un defecto orgánico por
indebida conformación del órgano judicial encargado de resolver la controversia.

En efecto, este tipo de irregularidad no puede considerarse como una mera
formalidad o una omisión subsanable dentro del trámite ordinario, pues compromete
de manera directa el respeto al principio del juez natural, pilar estructural del
derecho fundamental al debido proceso. Al respecto, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que dicho principio constituye una garantía esencial de tal derecho, en
virtud de la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por autoridades
previamente determinadas por la ley, con competencia funcional, objetiva y
subjetiva, y libres de cualquier conflicto de interés.

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Al respecto, en sentencia C-537 de 2016, se expuso:

«En el Estado Social de Derecho no sólo importa el qué, sino también el cómo.
Igualmente, no basta con la vigencia formal de los derechos, sino su efectividad
es un deber y un fin esencial del Estado (artículo 2 de la Constitución Política).
El debido proceso se constituye así en una garantía particularmente relevante
para la adopción de decisiones administrativas y jurisdiccionales. Una de las
primeras garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso es
la de que el asunto sea juzgado por un juez competente, garantía establecida
por la Revolución francesa22 y hoy en día prevista tanto por el artículo 29 de la
Constitución Política, como por instrumentos internacionales que integran el
Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto (artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos). Esta garantía, vinculada con el derecho de acceso
a la justicia23, es la que se conoce como de juez natural y exige: (i) la
preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa de su competencia en
abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía
de que no será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido
regularmente competencia24, aunque una modificación legal de competencia
pueda significar un cambio de radicación del proceso en curso, sin que se
entienda que se desconoce el derecho al juez natural, al tratarse de una
“garantía no absoluta y ponderable”25. Esta garantía orgánica e institucional
busca excluir, en condiciones ordinarias, la existencia tanto de jueces ad hoc26,
“por fuera de alguna estructura jurisdiccional”27, como los creados ex profeso,
con posterioridad al hecho28, cuyas garantías, particularmente de
independencia29 e imparcialidad, puedan ser puestas en duda30. Esto quiere

22 “El orden constitucional de las jurisdicciones no podrá ser alterado, ni los justiciables distraídos

de sus jueces naturales, por ninguna comisión, ni por otras atribuciones o avocaciones distintas de
aquellas determinadas por la ley”: artículo 17 de la Ley francesa de los 16 y 24 de agosto de 1790,
relativa a la organización judicial.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-1184/01.
24 Esto implica “que una vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico,

no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias
al interior de una institución”: Corte Constitucional, sentencia SU-1184/01.
25 Sentencia C-755/13 que declaró la constitucionalidad del artículo 625 numeral 8 (parcial) de la

Ley 1564 de 201, CGP, que dispone que para el tránsito legislativo, los procesos de responsabilidad
médica en curso ante la jurisdicción ordinaria laboral, deberán ser enviados a los jueces civiles, en
el estado en el que se encuentren. En esta sentencia, la Corte Constitucional reconoció que la
competencia del legislador para diseñar los procesos, le permite variar incluso la competencia de
procesos en curso, si persigue un fin legítimo y el medio es adecuado para el mismo. Una medida
parecida prevista en el art. 2 del Decreto 2001 de 2002 fue declarada exequible en la sentencia C-
1064/02.
26 Cfr. CIDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs.

Venezuela, sentencia del 5 de agosto de 2008, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Serie C, n. 182, párr. 50.
27 Corte Constitucional, sentencia C-180/14.
28 En este sentido: Corte Constitucional, sentencia C-180/14.
29 “Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene

derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente
establecidos”: CIDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, sentencia de 30 de mayo de 1999,
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, n. 52, párr. 129.
30 Corte Constitucional, sentencia C- 200/02. En este sentido, “la garantía del juez natural tiene una

finalidad más sustancial que formal, en razón a que su campo de protección no es solamente el
claro establecimiento de la jurisdicción encargada del juzgamiento, previamente a la consideración
del caso, sino también la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para las partes”:
Corte Constitucional, sentencia C-328/15.

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decir que la finalidad perseguida con la garantía de que el asunto sea sometido
ante un juez competente es la de evitar la arbitrariedad del Estado a través de
la acción de jueces que no ofrezcan garantías y materializar el principio de
igualdad, a través del deber de juzgar ante los mismos jueces, sin privilegios, ni
animadversiones frente al justiciable31. Así “dicho principio opera como un
instrumento necesario de la rectitud en la administración de justicia”32. Se trata,
en este sentido, de un mecanismo del Estado de Derecho que, no obstante su
importancia, no garantiza por sí solo el respeto del debido proceso.

En cuanto al contenido mismo del derecho al juez natural, éste pareciera
permitir dos interpretaciones. Una primera, según la cual, la garantía consiste
en que el asunto sea juzgado por el juez competente, es decir, que la decisión
de fondo sobre el asunto planteado sea adoptada por quien recibió esta
atribución del legislador. En esta interpretación, el derecho garantizado es que
el juez competente profiera la sentencia “esto es, que la valoración jurídica
sea llevada a cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, de
modo que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones que de
ella se derivan”33 (negrillas no originales). Esta interpretación, adoptada en
ocasiones por esta Corte34, pareciera resultar del tenor literal del artículo 29 de
la Constitución Política, según el cual: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (negrillas
no originales): inciso 2 del artículo 29 de la Constitución.

Una segunda interpretación consiste en que el derecho al juez natural implica
que sea el juez competente no sólo quien decide el asunto, sino quien instruye
el proceso. En este sentido, “El derecho al juez natural, es la garantía de ser
juzgado por el juez legalmente competente para adelantar el trámite y
adoptar la decisión de fondo respectiva”35 (negrillas no originales). Esta
segunda interpretación resulta concordante con el tenor literal de los
instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto, que el demandante consideran vulnerados en el caso bajo
examen. Así, el numeral 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone que: “1. Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (…)” (negrillas
no originales) y, de manera coincidente, el numeral 1 del artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos dispone que: “1. Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”
(negrillas no originales).

31 “(…) la aplicación concreta del principio de igualdad. En virtud de este principio se garantiza a

todos los justiciables el acceso a unos mismos jueces, eliminando toda suerte de privilegios o
discriminaciones, y se excluye naturalmente el juzgamiento de algunas personas por jueces
pertenecientes a una jurisdicción especial”: Corte Constitucional, sentencia C-392/00.
32 C-328/15
33 Corte Constitucional, sentencia T-386/02.
34 “garantía de toda persona a que su causa sea juzgada y definida por un juez o tribunal

competente”: Corte Constitucional, sentencia C-358/15.
35 Corte Constitucional, sentencia C-594/14. Idéntico considerando se encuentra en la sentencia C-

496/15.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02089 00
Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

En la interpretación de esta norma, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha considerado que ser juzgado por juez incompetente implica que
no se dieron los presupuestos para el debido proceso, en otras palabras, que
“se está ante un procedimiento viciado desde su origen, lo cual implica que no
tuvo acceso a las garantías judiciales”36. Así, consideró que se violó el derecho
al juez natural porque, a más de que la ley atribuía competencia al tribunal
militar, para juzgar a civiles, en primera y segunda instancia, este órgano no
ofrecía las garantías de independencia exigidas37. Por consiguiente, ha
considerado que cuando la justicia penal militar no resulta competente, no hay
necesidad incluso de analizar si se ofrecieron suficientes garantías, a pesar de
que también ha denunciado la violación al resto de garantías procesales38.
Ahora bien, también ha resaltado que el derecho al juez competente debe
analizarse en concreto respecto de las garantías procesales que éste ofrece39.
Por esta vía, la Corte Interamericana consideró que se violaron las garantías
judiciales porque “fue enjuiciada y condenada por un procedimiento excepcional
en el que, obviamente, están sensiblemente restringidos los derechos
fundamentales que integran el debido proceso”40. En otras decisiones ha
considerado que todo el proceso está viciado per se por permitir juzgar ante un
tribunal militar a civiles, ya que considera que la garantía “no se refiere
únicamente al acto de juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a
la propia investigación”41. No obstante, no debe perderse de vista que todos los
pronunciamientos de la CIDH respecto del juez natural se han referido a la
materia penal, particularmente a la justicia penal militar, en la que la garantía de
ser investigado y juzgado por un juez competente es especialmente relevante
para que existan garantías de debido proceso» (Subrayas de la Sala, negrillas
dentro del texto).

36 CIDH, caso Cantoral Benavides vs Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000, fondo, Serie C, n.

69, párr. 115.
37 CIDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, Fondo,

reparaciones y costas, serie c, n. 52, párr. 161.
38 CIDH, caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana, sentencia de 24 de octubre de

2012, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 191.
39 “84. (…) la circunstancia de que se trate de una jurisdicción militar no significa per se que se violen

los derechos humanos que la Convención garantiza a la parte acusadora. 85. De los elementos de
convicción que se han rendido en este asunto, se desprende que el señor Raymond Genie Peñalba
pudo intervenir en el procedimiento militar, ofrecer pruebas, ejercitar los recursos respectivos y
finalmente acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a la que corresponde
pronunciarse sobre el fondo de la controversia criminal y determinar, en su caso, la existencia de
violaciones procesales concretas. Por tanto, respecto del afectado no puede afirmarse que la
aplicación de los decretos sobre enjuiciamiento militar hubiese restringido sus derechos procesales
protegidos por la Convención”: CIDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, sentencia de 29 de enero
de 1997, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, n. 45, párr. 84 y 85.
40 CIDH, Caso Loayza Tamayo vs Perú, sentencia del 17 de septiembre de 1997, Fondo, serie c, n

33, párr. 62. Agrega la sentencia que “Estos procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo
ya que no se reconoce la presunción de inocencia; se prohíbe a los procesados contradecir las
pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita la facultad del defensor al impedir que éste
pueda libremente comunicarse con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las
etapas del proceso. El hecho de que la señora María Elena Loayza Tamayo haya sido condenada
en el fuero ordinario con fundamento en pruebas supuestamente obtenidas en el procedimiento
militar, no obstante ser éste incompetente, tuvo consecuencias negativas en su contra en el fuero
común”.
41 CIDH Caso Fernández Ortega y otros vs México, sentencia del 30 de agosto de 2010,

Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, serie c n 215, párr. 177. Este
considerando fue reiterado en un caso de una indagación preliminar contra militares por una
agresión a un civil: CIDH, Caso Vélez Restrepo y familiares contra Colombia, sentencia del 3 de
septiembre de 2012, excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas, Serie C, n. 248, párr.
238.

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Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

En consecuencia, la Sala concluye que se configuró un defecto orgánico en la
providencia judicial objeto de reproche, por cuanto fue proferida por una Sala integrada
por conjueces que, al momento de decidir, ya no contaban con competencia para esos
efectos. Ello, debido a que, para esa fecha, se habían posesionado los nuevos
magistrados titulares, sin que se hubiera verificado previamente la existencia de
eventuales causales de impedimento que les inhabilitaran para asumir el conocimiento
del asunto.

Como correlato de lo expuesto, la Sala dejará sin efectos la decisión recurrida y
ordenará que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
providencia, se adelante el trámite previsto en el artículo 116 del CPACA. En
consecuencia, los actuales magistrados que integran las Subsecciones “A” y “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado deberán pronunciarse sobre la existencia de
causales de impedimento que les imposibilite conocer del asunto objeto de
controversia. En todo caso, la sentencia de segunda instancia deberá ser proferida
dentro del término máximo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de
esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADOS los impedimentos manifestados por los
Consejeros de Estado Nubia Margoth Peña Garzón y Germán Eduardo Osorio
Cifuentes y por el Conjuez Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, de conformidad con
lo previsto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo de la referencia
respecto del derecho fundamental al trabajo por las razones antes expuestas.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02089 00
Demandante: Luz Marina Valencia Solanilla

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz
Marina Valencia Solanilla, en razón a la configuración de un defecto orgánico por
haberse vulnerado el principio del juez natural. En consecuencia, se DEJA SIN
EFECTOS la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2024 por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 25000 2342
000 2019 01001 02, y se y ORDENA que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia, se adelante el trámite previsto en el artículo 116 del
CPACA. En consecuencia, los actuales magistrados que integran las Subsecciones
“A” y “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado deberán pronunciarse sobre
la existencia de alguna causal de impedimento que les imposibilite conocer del asunto
objeto de controversia. En todo caso, la respectiva sentencia de segunda instancia
deberá ser proferida dentro del término máximo de treinta (30) días contados a partir
de la notificación de esta providencia.

QUINTO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 3 de julio de 2025.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ SERGIO GONZÁLEZ REY
Consejero de Estado Conjuez
Salva Voto

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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