Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02093-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02093-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02093-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02093-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de
Carrera Judicial
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, la protección a la familia y
el mínimo vital
Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela, por no
cumplir requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por la señora Natalia Eugenia Duque Benavides,
quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al considerar trasgredidos sus
derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y la salud, con
ocasión de la respuesta negativa de la autoridad accionada a su solicitud de
traslado recíproco con el servidor público Rubén Darío Duque Arenas, del
Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago- Valle del Cauca al Juzgado Noveno
Civil Municipal de Armenia Quindío.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
2. La señora Natalia Eugenia Duque Benavides, ostenta el cargo de oficial mayor
en el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago- Valle del Cauca, desde el 5 de
octubre de 2023.
3. La accionante manifestó que su madre, quien vive en la ciudad de Armenia –
Quindío, en el año 2024 fue diagnosticada con cáncer, por lo que requiere de
cirugía y tratamiento de quimioterapia, aparte de su acompañamiento y cuidado,
al ser su única hija. Indicó que esta circunstancia está afectando su vida personal
y laboral.
1 Índice 2, del aplicativo SAMAI. La acción de tutela fue presentada el 9 de abril de 2025.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
4. Ante la situación descrita, el 7 de octubre de 2024, elevó una solicitud de
traslado recíproco2, de manera conjunta con su homólogo del Juzgado Noveno
Civil Municipal de Armenia Quindío, el señor Rubén Darío Duque Arenas, pero
se emitió un concepto3 desfavorable a su petición. Sostuvo que presentó recurso
de reposición contra la anterior decisión, pero esta fue confirmada4 por la
autoridad accionada.
2.2. Fundamento jurídico
5. La accionante alegó que la negativa al traslado recíproco vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y la salud, debido a que el
concepto desfavorable fue emitido sin ajustarse estrictamente a la normatividad
vigente. Argumentó que, a su juicio, el artículo 134 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 no establecen
que la calificación integral de servicios deba corresponder estrictamente al
período del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo.
6. Sostuvo que el Acuerdo PSAA16-10618 de 2016 permite evaluaciones de
mínimo tres meses por motivos de servicio, por lo que su desempeño en el cargo
durante 17 meses supera el requisito exigido. Asimismo, consideró que la
interpretación de la administración sobre la exigencia de la calificación de
servicios es errónea y constituye una extralimitación de funciones, afectando su
derecho al traslado como servidora judicial de carrera.
7. Señaló que el concepto desfavorable de traslado, confirmado en la Resolución
CJR25-0060 de febrero de 2025, no tomó en cuenta su situación personal,
específicamente la enfermedad grave de su madre, quien requiere cuidados
constantes. Afirmó que la normativa no excluye consideraciones humanitarias en
los procedimientos administrativos y que la decisión afecta de manera
desproporcionada su núcleo familiar y su estabilidad emocional.
8. Finalmente, argumentó que la interpretación restrictiva de la administración
desconoce su derecho a acceder al traslado como mecanismo de protección y
promoción de la carrera judicial. Consideró que la decisión vulnera el principio de
igualdad al impedir su movilidad sin una justificación objetiva por lo que solicitó
la revisión del caso en virtud de la protección de sus derechos fundamentales.
Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Que se amparen mis derechos fundamentales a la igualdad, y a los
beneficios y prerrogativas que tienen los empleados que pertenecemos al
régimen de carrera judicial respecto al mérito, traslado y ascenso; al debido
proceso, salud y dignidad humana.
2 Ante la Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca - Cali y la Secretaría de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío - Armenia ; Carrera Judicial - Nivel
Central.
3 Mediante el oficio CJO024-7584-05/11/24: Asunto: Concepto desfavorable de traslado recíproco, radicado
EXTCSJ24-8767, EXTCSJ24-8819, EXTCSJ24-9128 de octubre de 2024 emitido por la Unidad de
Administración de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
4 Mediante la Resolución CJR25-0060 del 26 de febrero de 2025 expedida por la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que la solicitud no cumple con los
presupuestos determinados en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, para la
procedencia del concepto favorable de traslado recíproco.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
2. En consecuencia, se disponga DEJAR SIN EFECTO el concepto
“desfavorable” de traslado recíproco, emitido por el Consejo Superior de la
Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante oficio
CJO024-7584-05/11/24: Asunto: Concepto desfavorable de traslado recíproco.
Radicado EXTCSJ24-8767, EXTCSJ24-8819, EXTCSJ24-9128 de octubre de
2024 y Resolución CJR25-0060 del 26 de febrero de 2025
3. Que se ordene a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que en el
término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) horas, EMITA CONCEPTO
FAVORABLE DE TRASLADO RECÍPROCO, Y FORMALICE EL TRASLADO
SOLICITADO.» SIC en toda la cita.
2.3. Intervenciones
10. Mediante auto del 115 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela de la
referencia, se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial como accionados y al Juzgado Primero Civil
Municipal de Cartago, al Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia y al señor
Rubén Darío Duque Arenas como terceros interesados en el resultado del
proceso. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su competencia.
2.3.1 El Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, Valle del Cauca, a
través de su titular, indicó que por economía procesal para todos los involucrados,
(incluso la autoridad judicial accionada), y toda vez que los dos despachos
judiciales se encontraban de acuerdo con la solicitud de traslado recíproco y la
accionante ya había cumplido dieciocho meses (18) laborados desde el 15 de
octubre de 2023 no debía incurrirse en formalidades excesivas en el asunto
tratado pues estas que van en detrimento de los derechos de los empleados de
carrera judicial.
11. En ese entendido, afirmó que no le era dable a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, que solo brinda un concepto, hacer parte del proceso
decisorio e interpretar y dar alcance a las normas que regulan el trámite.
2.3.2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío6, a través de
su titular, indicó que la solicitud de traslado recíproco se ajustó a las exigencias
de la normativa y contaba con el aval de todos los interesados, así como el visto
bueno de los nominadores, por lo que darle una mayor relevancia a un requisito
de forma y no a los derechos sustanciales de la accionante en su situación
particular, desconocía la finalidad de los procedimientos.
2.3.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Seccional de la Judicatura7, solicitó negar el amparo solicitado pues sostuvo
que no vulneró ningún derecho fundamental de la accionante.
5
Índice 5, del aplicativo SAMAI
6 Índice 12 del aplicativo SAMAI
7 Índice 13 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
12. Indicó que la señora Duque Benavides no cumplió con el requisito objetivo de
presentar su última calificación integral de servicios en firme del cargo desde el
cual se solicita el traslado, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley 270
de 1996 y el artículo décimo tercero del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
Afirmó que estos, al igual que el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, son
requisitos obligatorios para los servidores judiciales y para la administración.
13. Sostuvo que el Consejo de Estado ratificó esta interpretación en una
sentencia de tutela del 4 de febrero de 20218, donde aclaró que la nulidad del
requisito de puntaje no eliminaba la obligación de presentar la evaluación de
servicios.
14. Adicionalmente, señaló que el Acuerdo PSAA16-106189 de 2016 que regula
la calificación de servicios, determinó que el período de evaluación para
empleados comprende el año completo. Asimismo, indicó que debe consolidarse
hasta agosto del año siguiente.
15. Expuso que la accionante no acreditó la calificación de servicios de 2023, ya
que solo presentó una evaluación parcial de su cargo en carrera entre octubre y
diciembre de 2023. Además, no cumplió con el mínimo de tres meses en el cargo
durante ese año, requisito establecido en el artículo 5° del Acuerdo PSAA16-
10618 de 2016. Por estas razones, la autoridad judicial accionada determinó que
no cumplía con los criterios necesarios para el traslado.
16. Señaló que la Sentencia C-295 de 200210 validó que el proceso de traslado
debe basarse en los resultados de la evaluación de desempeño, lo que confirma
que el concepto desfavorable de la solicitud del 5 de noviembre de 2024,
ratificado en la Resolución CJR25-0060 de febrero de 2025, no fue arbitrario, sino
consecuencia del incumplimiento de este requisito legal.
17. Adicionalmente, manifestó que, aunque la accionante enfrenta una situación
familiar difícil, las normativas de traslado de servidores judiciales no contemplan
excepciones por motivos personales pues ley exige igualdad en la aplicación de
sus reglas para garantizar transparencia y mérito en los procedimientos
administrativos.
18. Finalmente, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
impugnar actos administrativos como el Oficio CJO24-7584 de noviembre de
2024 y la Resolución CJR25-0060 de febrero de 2025, ya que estos cuentan con
presunción de legalidad y son susceptibles de ser demandados mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3.4. El señor Rubén Darío Duque Arenas, oficial mayor nominado del
Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia, intervino en la acción constitucional
señalando que se cumplieron los requisitos del artículo 10 del Acuerdo PCSJA17-
10754 para el traslado recíproco con la accionante. Señaló que, más allá de los
aspectos formales, la solicitud debía ser atendida por razones humanitarias, dado
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 4 de febrero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-
05062-00, MP Julio Roberto Piza Rodríguez
9 Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo No. PSAA16-10618 de diciembre 7 de 2016
10 Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2002, MP Álvaro Tafur Galvis
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
el delicado estado de salud de la madre de la señora Duque Benavides y el
impacto en un menor dependiente de su cuidado.
19. Resaltó que existe un acuerdo de voluntades entre las partes involucradas y
el aval de sus nominadores, por lo que solicitó el amparo de los derechos
fundamentales de la actora.
2.3.5. No se rindieron más informes.
I. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de
Carrera Judicial, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, la dignidad humana y la salud de la señora Natalia Eugenia
Duque Benavides, con ocasión de su respuesta negativa a la solicitud de la
accionante de autorizar un traslado recíproco con el servidor público Rubén Darío
Duque Arenas, del Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago- Valle del Cauca
al Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
25. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
26. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
27. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia11.
28. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
4. Análisis del caso concreto
29. Al respecto, esta Sala considera, que la presente acción es improcedente,
porque la parte actora aún no ha agotado todos los mecanismos ordinarios
disponibles previstos en el ordenamiento jurídico antes de acudir a la tutela.
11 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)
un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar
el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines
del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
30. En ese entendido, el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591
de 1991 establecen que la tutela procede solo cuando no exista otro medio
judicial idóneo o cuando se configure un perjuicio irremediable.
31. Así las cosas, la accionante cuenta todavía con la posibilidad de interponer
una demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para controvertir los
actos administrativos que le fueron desfavorables conforme a lo previsto en el
artículo 138 de Ley 1437 de 2011, lo que evidencia que la tutela no es el
mecanismo adecuado para controvertirlos.
32. En el caso concreto, pese a que se entiende la situación difícil por la que pasa
la accionante con relación a la complicación de salud de su progenitora, esta no
ha acreditado que el medio judicial ordinario sea ineficaz ni que el perjuicio
alegado no pueda ser reparado a través de las instancias correspondientes.
33. Por otro lado, no se advierte que la autoridad accionada haya trasgredido sus
derechos fundamentales con su negativa, sino que ha dado cumplimiento a la
normativa establecida con relación a los traslados, que no prevén como
excepciones las circunstancias expuestas en el presente asunto.
34. Ahora bien, en gracia de discusión, como lo indicó la autoridad accionada,
“una vez el calificador emita la evaluación del período completo, o no la califique
dentro del término señalado en el acuerdo, la recurrente podrá solicitar el
traslado, conforme con las vacantes que en su oportunidad se publiquen”.
35. Por lo expuesto, emerge con claridad la improcedencia de la acción de tutela
respecto del acto administrativo por medio del cual se confirmó el concepto
desfavorable de traslado reciproco emitido por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, mediante Oficio CJO24-7584 del 05 de noviembre de 2024, en
tanto, es un acto administrativo de carácter definitivo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43 del CPACA, pues decidió directamente el fondo del
asunto.
36. En ese entendido, la parte actora tiene a su alcance el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionarlo, a fin de que sea el juez
natural de la causa el que determine si las decisiones particulares adoptadas se
ajustaron o no al ordenamiento jurídico.
37. Por lo expuesto, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
38. Adicionalmente, se recuerda a la parte accionante que la jurisprudencia
constitucional12 ha sido clara en reiterar que las personas deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha
dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección.
39. Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente
acción, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se
encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la
protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de
tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que
lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces
constitucionales.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Natalia Eugenia Duque Benavides, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de
la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
12
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.