Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02103-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02103-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02103-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
2 de julio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02103-00
Demandante: Sandra Carolina Boada Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente – Niega.
Síntesis del caso: La accionante enjuició las providencias que inadmitieron y rechazaron su
demanda laboral. Alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que no
se efectuó un pronunciamiento sobre el factor funcional que permite establecer la calidad
de empleado público o trabajador oficial, requisito necesario para determinar la
competencia jurisdiccional.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Sandra Carolina
Boada Torres contra el Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados
1.1. Posición de la parte actora
1. El 9 de abril de 2025, Sandra Carolina Boada Torres, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra el Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta
y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la presunta
vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de los Autos de 6 de agosto de 2021,
16 de marzo de 2022 y 14 de julio de 2023, dictados por el juzgado, y el Auto
de 17 de octubre de 2024, proferido por el tribunal, en el marco del proceso
con Rad. 54001-33-33-007-2021-00062-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERA. Se me otorgue el amparo a mis derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de -2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02103-00
Demandante: Sandra Carolina Boada Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia.
Decisión: Niega
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SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto las
decisiones del 6 de agosto de 2021, 16 de marzo de 2022 y 14 de julio de 2023
dictadas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta y la
decisión del 17 de octubre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
TERCERA. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Cúcuta acceder a la solicitud de plantear conflicto negativo de jurisdicciones
ante la Honorable Corte Constitucional por ser de su competencia definir a qué
autoridad judicial le corresponde el conocimiento del proceso incoado por la
suscrita en garantía de mi derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 19 de enero de 2004, la accionante fue nombrada, mediante la
Resolución 8, en el cargo de profesional universitario de la dirección técnica,
código 340, grado 10 de la planta de personal de la empresa industrial y
comercial del Estado Metrovivienda (Cúcuta). El 1 de abril de 2016, “se
declaró la insubsistencia tácita” por haberse nombrado a otra persona en
ese cargo.
5. 2) Por estos hechos, la accionante presentó demanda ordinaria
laboral contra Metrovivienda en Liquidación y el municipio de San José de
Cúcuta, con el fin de que se reconociera su calidad de trabajadora oficial,
se declarara la ilegalidad de su despido y se ordenara su reintegro y el pago
de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir.
6. 3) El proceso fue asignado al Juzgado 3 Laboral del Circuito de
Cúcuta, bajo el radicado No. 54001-31-05-003-2019-00232-00. En audiencia
inicial de 26 de marzo de 2021, declaró probada la excepción previa de
falta de jurisdicción y competencia por el factor subjetivo, propuesta por la
entidad demandada, y remitió el expediente a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
7. El Juzgado concluyó que la demandante era empleada pública por
desarrollar el cargo de profesional universitario, según la naturaleza de las
funciones, la clasificación del empleo, los estatutos y el acto administrativo
de vinculación. Asimismo, señaló que “tenía la condición de empleada
pública pues desarrollaba actividades que implicaban la adopción de
directrices generales y para su desempeño se requería una confianza
especial o adicional a la de cualquier trabajo subordinada en la medida en
que esta manejaba presupuestos e inclusive desarrollaba interventoría sobre
las obras que se estaban desarrollando en Metrovivienda en Liquidación”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02103-00
Demandante: Sandra Carolina Boada Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia.
Decisión: Niega
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8. 4) El asunto se remitió, por reparto, al Juzgado 7 Administrativo de
Cúcuta, con Rad. 54001-33-33-007-2021-000062-00. Mediante Auto de 6 de
agosto de 2021, inadmitió la demanda y ordenó ajustarla a los requisitos de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: indicar el medio de control,
corregir el poder, cumplir con la conciliación prejudicial, designar las partes,
corregir las pretensiones, sustentar los fundamentos de derecho y los
conceptos de violación, estimar la cuantía, señalar el correo de notificación
judicial, remitir copia a la parte demandada y allegar el acto acusado.
9. 5) Contra la decisión anterior, la demandante interpuso recurso de
reposición. Manifestó que el Juzgado “omitió analizar si el asunto era de
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que
pudiera avocar el conocimiento y así entrar a verificar si la demanda reunía
los requisitos del artículo 162 del CPACA”. Sostuvo que su vínculo era el de
una trabajadora oficial y solicitó analizar sus funciones, el alcance de los
actos expedidos por la junta directiva y el papel de este órgano en la
determinación de las funciones de dirección y confianza. A su juicio, el
“despacho no ha debido avocar el conocimiento inadmitiendo la
demanda, sino plantear un conflicto negativo de competencias entre
diferentes jurisdicciones”.
10. 6) El Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta, mediante Auto de 16 de
marzo de 2022, resolvió no reponer la decisión, al considerar que le
correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de
los casos de vinculación a través de una relación legal y reglamentaria “es
decir, mediante un acto de nombramiento y una posesión”. Concluyó que
tenía competencia porque Sandra Carolina Boada Torres fue vinculada
mediante la Resolución 8 de 19 de enero de 2004 y acta de posesión suscrita
el mismo día, y no a través de un contrato laboral.
11. 7) El Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta, mediante Auto de 14 de julio
de 2023, rechazó la demanda por no haber sido corregida dentro del plazo
legal de 10 días, conforme al artículo 169 del CPACA.
12. 8) Contra esa decisión, la demandante interpuso recurso de
apelación. Insistió en que el caso correspondía a la Jurisdicción Ordinaria
Laboral y que el juzgado administrativo omitió verificar su competencia.
13. 9) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Auto de
17 de octubre de 2024, confirmó el rechazo de la demanda. Concluyó que
el juzgado laboral sí verificó su competencia y actuó correctamente al
asignar el caso a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al
considerar que existía una relación legal y reglamentaria. Por ello, no era
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02103-00
Demandante: Sandra Carolina Boada Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia.
Decisión: Niega
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procedente plantear un conflicto de jurisdicciones y resultaba ajustado el
rechazo de la demanda por no haberse subsanado en el plazo establecido.
14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
sostuvo que los Autos de 6 de agosto de 2021, 16 de marzo de 2022 y 14 de
julio de 2023, dictados por el Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta, y el Auto
de 17 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, desconocieron el precedente de la Corte Constitucional y de
la Corte Suprema de Justicia, al omitir el planteamiento de un conflicto
negativo de competencias entre jurisdicciones, pese a que la demandante
tenía la calidad de trabajadora oficial.
15. La demandante cuestionó que las providencias judiciales hubieran
declarado la competencia únicamente con base en el acto administrativo
de nombramiento, desconociendo precedentes de la Corte Constitucional2
y la Corte Suprema de Justicia3 que exigen analizar también las funciones
desempeñadas y los estatutos de la junta directiva.
16. En concordancia con lo anterior, manifestó que, por regla general, los
trabajadores de empresas industriales y comerciales del Estado son
trabajadores oficiales, salvo que los estatutos internos definan funciones de
dirección o confianza, lo cual no ocurría en el caso, ya que no obraba
ningún acuerdo de junta directiva en el expediente. Señaló que resoluciones
como la 2 de 20044 no podían sustituir dichos estatutos, y que la falta de
planteamiento de un conflicto de jurisdicciones vulneró sus derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, reiteró que la Jurisdicción Ordinaria Laboral era la
competente para conocer del caso, en virtud del artículo 2 de la Ley 712 de
2001.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
17. El Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta6 manifestó que no se
vulneraron los derechos al debido proceso ni al acceso a la administración
de justicia, ya que fue la accionante quien decidió no corregir la demanda.
2 Corte Constitucional, Autos 235 de 2023, 746 de 2021, 330 de 2021, 55 de 2023 y Sentencia C-484 de 1995.
3 Corte Suprema de Justicia, Sentencia CSJ SL5525-2016, Sentencia de 23 de marzo de 2007, expediente 29948 y
Sentencia de 26 de abril de 2007, expediente 30257.
4 “Por la cual se modifica la estructura orgánica, sistema de cargos y planta de personal de Metrovivienda Cúcuta
y se fijan los requisitos mínimos.”
5 Mediante Auto de 11 de abril de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandados al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y Juzgado 7 Administrativo de Cúcuta y (3)
Municipio de San José de Cúcuta y al Juzgado 3 Laboral de Cúcuta, como terceros interesados en el asunto.
6 Índice 13 de Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02103-00
Demandante: Sandra Carolina Boada Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia.
Decisión: Niega
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18. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander7 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia
constitucional. Argumentó que la accionante intentaba reabrir un debate
ya resuelto en el trámite ordinario.
19. El municipio de San José de Cúcuta8 pidió su desvinculación del
proceso por falta de legitimación pasiva en la causa, al no haber sido
demandado directamente, pues la tutela se dirigió contra decisiones
judiciales.
20. Por otra parte, el Juzgado 3 Laboral de Cúcuta, pese a haber sido
debidamente notificado9, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Solicitud de desvinculación. 2.3. Fijación de la
controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.5.
Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.6.
Conclusiones.
2.1. Cuestión previa
21. El análisis de la presente acción de tutela se limitará, exclusivamente,
al Auto de 17 de octubre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que confirmó el rechazo de la demanda. Esta
delimitación obedece a que, si bien la accionante también cuestionó las
providencias que inadmitieron y rechazaron la demanda, el tribunal estudió
nuevamente la falta de competencia alegada por la accionante respecto
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a pesar de que el
juzgado ya había determinado que no se configuraba.
22. Al estar frente a una nulidad insubsanable (falta de competencia o
jurisdicción improrrogable cuando se fundamenta en factores subjetivo o
funcional), en los términos del artículo 16 del CGP, no podía entenderse que
la discusión había quedado superada con las providencias proferidas en
primera instancia. Al contrario, se considera que, como aquella nulidad
podía ser alegada y declarada en cualquier etapa del proceso, el tribunal
estaba plenamente facultado para pronunciarse nuevamente sobre la
materia, como, en efecto, lo hizo10.
7 Índice 12 de Samai.
8 Índice 11 de Samai.
9 Índice 8 de Samai.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-537 de 2016. “de acuerdo con el artículo 16 del CGP, esta nulidad debe ser
declarada de oficio por el juez el que se percatará del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente
de legalidad del proceso (artículo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podrá dictar
válidamente sentencia, la que expresamente se dispone que será nula”.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia.
Decisión: Niega
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23. En virtud de lo anterior, se considera que fue la decisión del Tribunal
Administrativo la que resolvió de forma definitiva la controversia. Además,
en caso de un eventual fallo favorable, correspondería a dicho tribunal dar
cumplimiento a la orden de tutela.
2.2. Solicitud de desvinculación
24. En atención a la solicitud de desvinculación del municipio de San José
de Cúcuta, por falta de legitimación pasiva en la causa, la Sala advierte
que no hay lugar a acceder a esta, en consideración a que dicho ente
territorial fue vinculado como tercero con interés, debido a que fungió como
parte demandada en el proceso ordinario.
2.3. Fijación de la controversia
25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, al confirmar la decisión que rechazó la demanda, incurrió en un
desconocimiento del precedente y, con ello, vulneró los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia con el pronunciamiento
que hizo sobre la falta de competencia jurisdiccional alegada.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
26. En este caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y
eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación del Auto de 17 de
octubre de 2024 (23/10/202411) y la interposición de la presente acción de
tutela (9/4/2025)12. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una providencia que confirmó el rechazo de la demanda en
el marco de un proceso ordinario. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.
27. Por último, la controversia plantea una cuestión de relevancia
constitucional, ya que se cuestiona el pronunciamiento que efectuó el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander sobre la competencia de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer y tramitar la
11 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI se hizo la fijación del estado el 23 de octubre de 2024. Ver
índice 7 de Samai. Rad. 54-001-33-33-007-2021-00062-01
12 Según acta Individual de reparto.
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Decisión: Niega
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demanda que presentó la accionante, quien invocó la ausencia de un
estudio sobre el criterio funcional en la definición de dicha competencia.
28. Además, la acción de tutela no pretende reabrir un debate jurídico
ya concluido en el proceso ordinario, ya que la accionante pone de
presente que nunca se evaluaron sus funciones, a pesar de que dicha
valoración fue expresamente solicitada. Por lo tanto, la Sala se encuentra
habilitada para pronunciarse sobre la aplicación del precedente en
relación con un aspecto que, aparentemente, no fue analizado por esta
jurisdicción.
2.5. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
29. La Sala negará el amparo solicitado, al no encontrar acreditado el
desconocimiento del precedente, por las razones que se explican a
continuación:
30. La aplicación del precedente judicial en un caso determinado,
encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional13, según el cual, la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al
respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone
necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se
encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para
el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía
(precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
31. En este caso, la parte accionante alegó, de manera exclusiva, que el
Consejo de Estado desconoció el precedente de la Corte Constitucional14 y
de la Corte Suprema de Justicia15 al apartarse de los criterios establecidos
para definir la jurisdicción y competencia en litigios que involucran a
empleados públicos o trabajadores oficiales. No obstante, las providencias
invocadas no constituyen precedente aplicable a la decisión enjuiciada16,
13 Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011.
14 Corte Constitucional, Autos 235 de 2023, 746 de 2021, 330 de 2021, 55 de 2023 y Sentencia C-484 de 1995.
15 Corte Suprema de Justicia, Sentencia CSJ SL5525-2016, Sentencia de 23 de marzo de 2007, expediente 29948 y
Sentencia de 26 de abril de 2007, expediente 30257.
16 La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha precisado que, en acciones de tutela contra providencias
judiciales, “los elementos imprescindibles para establecer el desconocimiento del precedente son los siguientes:
(i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que
se solicita su aplicación (existencia del precedente)10; (ii) que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes
para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante
suficiente (precedente vinculante11); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria
al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó
una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para
separarse del precedente)”: Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 11 de mayo de 2016, exp. 11001-
03-15-000-2016-00380-00(AC).
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Decisión: Niega
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ya que se basan en supuestos de hecho distintos a los del caso bajo estudio.
En ese sentido, no resulta constitucionalmente admisible que se pretenda la
aplicación análoga o extensiva de decisiones que presentan diferencias
fácticas y jurídicas respecto de la providencia objeto de reproche.
32. En relación con los Autos 235 de 2023, 746 de 2021, 330 de 2021 y 55
de 2023, proferidos por la Corte Constitucional, la Sala observa que en
dichas providencias se resolvieron conflictos negativos de competencia
entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo derivados de disputas sobre la calidad de empleado público
o trabajador oficial. Sin embargo, no se trató de casos en los que un juez
administrativo hubiera inadmitido una demanda por no cumplir los requisitos
formales, tras haberse declarado competente, al definir la naturaleza del
vínculo con base en un criterio orgánico.
33. En consecuencia, a pesar de que las sentencias invocadas introducen
reglas relevantes para el caso, dichas decisiones invocadas no constituyen
precedente para el caso examinado, ya que la providencia enjuiciada no
resolvió un conflicto de competencia entre jurisdicciones, sino que
determinó la jurisdicción aplicable a partir de un criterio orgánico.
34. En relación con el presunto desconocimiento de la Sentencia C-484
de 1995, proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró
la exequibilidad del inciso segundo del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de
196817, la Sala advierte que dicha decisión no constituye un precedente
aplicable al caso objeto de análisis, pues se limitó a realizar un juicio
abstracto de constitucionalidad sobre la norma y no resolvió un caso
concreto con similitudes fácticas y jurídicas a la providencia enjuiciada. En
efecto, la sentencia invocada no se pronunció sobre una acción de tutela
interpuesta contra un auto que rechazó una demanda por falta de
corrección, en la que el actor argumentara que no subsanó los requisitos
porque el auto admisorio omitió pronunciarse sobre el elemento funcional
para determinar la calidad del accionante y la competencia de la
jurisdicción, sino que hizo un examen de exequibilidad.
35. Frente a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia18 relacionadas
con la calidad de trabajador oficial, la Sala concluye que tampoco
17 Decreto Ley 3135 de 1968. “Artículo 5. Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales. Las personas que prestan sus
servicios en los Ministerios; Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos son
empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son
trabajadores oficiales.
Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son trabajadores
oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza
deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.”.
18 Corte Suprema de Justicia, Sentencia CSJ SL5525-2016, Sentencia de 23 de marzo de 2007, expediente 29948 y
Sentencia de 26 de abril de 2007, expediente 30257.
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constituyen precedente aplicable a la providencia enjuiciada. En esta
última se resolvió un recurso de apelación contra el rechazo de una
demanda, debido a la falta de subsanación de requisitos formales del
CPACA y se reafirmó la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo al establecer la existencia de una relación legal y
reglamentaria, con base en el tipo de vinculación de la accionante. Sobre
esos aspectos la Jurisdicción Ordinaria no podía pronunciarse por no tener
competencia para definir el alcance de las relaciones legales y
reglamentarias y por tratarse de situaciones fácticas diferentes.
36. Por lo anterior, ninguna de las providencias invocadas corresponde a
un caso análogo en términos fácticos y jurídicos, razón para tener por no
configurado el defecto invocado.
2.6. Conclusiones
37. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala negará las
pretensiones de la parte actora al no encontrar configurado el
desconocimiento del precedente judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Sandra Carolina Boada Torres, por
las razones expuestas en la parte motivan de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del municipio de San José
de Cúcuta, por la razón dada.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Demandante: Sandra Carolina Boada Torres
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia.
Decisión: Niega
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CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
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