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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02107-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02107-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Isabel Valencia Garzón Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá Radicado: 11001-03-15-000-2025-02107-01 SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02107-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de julio de 2025

Demandante: Isabel Valencia Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02107-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02107-01
Demandante: ISABEL VALENCIA GARZÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma declaratoria de
improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 15 de mayo de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo
de Estado. En esa providencia se declaró la improcedencia de este medio de
amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Isabel Valencia Guzmán, por medio de apoderado judicial,
radicó acción de tutela en contra del Juzgado 4 Administrativo de Florencia y el
Tribunal Administrativo del Caquetá. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. Las anteriores garantías constitucionales las estima vulneradas con
ocasión de las sentencias del 31 de marzo de 2023 y 11 de diciembre de 2024,
en las que las autoridades accionadas negaron las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-004-
2021-00284-00/01.

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante solicitó lo siguiente:

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Demandante: Isabel Valencia Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02107-01

Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la igualdad ante la ley de Isabel Valencia Garzón.

Segundo. En consecuencia, se revoque la sentencia del 30 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de tal manera que también
sea revocada la sentencia del 31 de marzo de 2024 expedida por la Juez Cuarta
Administrativa del Caquetá, ambas dentro del radicado
18001333300420210028400.

Tercero. Derivado de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Caquetá
emitir una nueva sentencia ajustada a la norma Constitucional en la cual se
decida dejar sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia dentro del
proceso de la referencia, y consecuentemente emitir una nueva providencia
ajustada a derecho, en la que se conceda el reconocimiento y pago del auxilio de
transporte a la empleada ISABEL VALENCIA GARZÓN.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. La señora Isabel Valencia Garzón labora en la administración municipal de
Solano, Caquetá, y devenga un salario inferior a 2 s.m.l.m.v. por lo que considera
tener derecho al pago del auxilio de transporte previsto en el Decreto 1250 de
2017.

6. En el mes de noviembre de 2019 solicitó el reconocimiento de dicha
asignación, pero le fue negado por medio del Oficio 3604 del 13 de diciembre de
ese año, bajo el argumento de que el municipio «se recorre caminando» y que el
reconocimiento del auxilio de transporte requiere que se preste el servicio público
de transporte, lo cual no se cumple en esa entidad territorial.

7. Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho para discutir la legalidad del citado oficio. El proceso se identifica con el
radicado 18001-33-33-004-2021-00284-00/01 y fue fallado en primera instancia
por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia en decisión del 31 de marzo de
2023, en la que negó las pretensiones al estimar que, a pesar de cumplir con los
requisitos objetivos fijados en la norma, dicho auxilio no es necesario debido a la
cercanía entre la vivienda de la accionante y el palacio municipal.

8. La demandante propuso recurso de apelación que fue desatado por el
Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del 30 de octubre de 2024,
notificada el 11 de diciembre de esa anualidad, en la que confirmó lo decidido por
el a quo al estimar que la señora Valencia Garzón debió probar la necesidad de
percibir dicho auxilio.

2
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Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
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1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte accionante alega que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo al omitir la aplicación del artículo 1 del
Decreto 1250 de 2017, en el que se establecen de manera objetiva los requisitos
para que un servidor público perciba el auxilio de transporte.
10. Aseguró que el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró el principio de
legalidad, al imponer un requisito adicional para el reconocimiento del auxilio de
transporte, que no está previsto en el decreto citado. Indicó que la interpretación
realizada genera inseguridad jurídica y abre la puerta a decisiones arbitrarias,
pues el reconocimiento salarial que reclama quedaría al criterio de cada entidad
o autoridad judicial.

11. Finalmente, afirma que el Tribunal incurrió en un desconocimiento de su
propio precedente1, ya que anteriormente ha decidido casos similares
concediendo el auxilio de transporte sin exigir prueba sobre la necesidad de dicho
pago. Así, manifestó que no respetó su propia postura fijada en otros asuntos
similares.

1.5. Trámite de primera instancia

12. El despacho ponente de la sentencia impugnada admitió la demanda por
medio de auto del 10 de abril de 2025, en el que dispuso la notificación del
Tribunal Administrativo del Caquetá y del Juzgado 4 Administrativo de Florencia
y ordenó la vinculación, como tercero con interés, del municipio de Solano,
Caquetá por haber fungido como demandado en el proceso contencioso-
administrativo 18001-33-33-004-2021-00284-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Caquetá2

13. Manifestó que la acción de tutela de la referencia es improcedente, pues
considera que la accionante pretende reabrir el debate legal y probatorio que se
surtió en el proceso ordinario.

14. Explicó que en la sentencia objeto de cuestionamiento se indicaron las

1 Sentencias del Tribunal Administrativo del Caquetá del 15 de marzo de 2023, radicado 18001-

33-33-005-2021-00232-01; 5 de junio de 2024, radicado 18001-33-33-005-2021-00230-01; 31 de
julio de 2024, radicado 18001-33-33-002-2021-00204-01; y 11 de septiembre de 2024, radicado
18001-33-33-002-2021-00206-01.
2 Documento 14.

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razones por las que se consideró que la demandante no tiene derecho al auxilio
de transporte que reclama, dado que reside a escasas cuadras de su lugar de
trabajo, lo que, según la interpretación del Decreto 1250 de 2017 y la
jurisprudencia citada, no implica un gasto que justifique el reconocimiento del
subsidio de transporte.

15. En ese sentido, resaltó que la actora no aportó prueba alguna que
demostrara la necesidad de usar transporte para ir al trabajo, incumpliendo así
su carga probatoria conforme al artículo 167 del CGP y al artículo 103 del
CPACA. Expuso que el juez de primera instancia negó el derecho con base en
que el municipio «no supera las 11 cuadras en sentido este-oeste y 7 en sentido
norte-sur» y que no estaba probado que tuviera que hacer uso de algún medio
de transporte, argumentos que no fueron refutados en el recurso de apelación,
que solo se centró en el cumplimiento de los requisitos fijados en la norma.

16. Además, indicó que el beneficio discutido tiene como finalidad compensar
los costos reales de transporte en que debe incurrir el servidor para cumplir con
sus funciones. También argumentó que las sentencias citadas no constituyen un
precedente vinculante, pues no contienen reglas de derecho de las que pueda
predicarse su obligatoriedad.

17. Finalmente, el Tribunal señaló que la tutela no puede utilizarse como una
instancia adicional para controvertir decisiones desfavorables obtenidas en la
jurisdicción ordinaria. Sostuvo que el fallo cuestionado fue emitido con base en
las normas aplicables, la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte
Constitucional, sin evidenciarse arbitrariedad ni desviación del orden jurídico. En
consecuencia, a su juicio, no se acreditaron los defectos alegados por la actora,
sino simplemente su desacuerdo con la interpretación legal adoptada, razón por
la cual se solicitó denegar el amparo.

1.6.2. Municipio de Solano, Caquetá3

18. Expuso que la acción de tutela promovida por la señora Isabel Valencia
carece de relevancia constitucional, pues se evidencia el interés de utilizar este
medio como una tercera instancia, pues se reiteran los mismos argumentos que
ya fueron debatidos en el proceso ordinario y resueltos por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.

1.6.3. El Juzgado 4 Administrativo de Florencia guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia4

19. La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia del 15 de mayo
de 2025 declaró la improcedencia de la presente acción de tutela por

3 Documento 19.

4 Documento 20.

4
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incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

20. La anterior decisión obedeció a que el juez de primer nivel advirtió que lo
pretendido por la actora es reabrir un debate ya resuelto por el juez natural a
través del proceso ordinario. En ese sentido, se indicó que la tutela no puede
convertirse en una instancia adicional ni emplearse para controvertir decisiones
judiciales que, aunque desfavorables, fueron adoptadas conforme al derecho
aplicable y con base en las pruebas allegadas.

21. El fallo impugnado se indicó que el Tribunal Administrativo del Caquetá
efectuó un análisis normativo y jurisprudencial sobre el auxilio de transporte y
concluyó que, si bien la actora alega cumplir con los requisitos del Decreto 1250
de 2017, omitió considerar las excepciones jurisprudenciales establecidas por la
Corte Suprema de Justicia5 y que fueron ratificadas por la Corte Constitucional6,
en las que se estableció que no hay lugar al reconocimiento del auxilio de
transporte cuando el trabajador no incurre en dicho gasto.

22. En virtud de lo anterior, el a quo señaló que la decisión adoptada por el
Tribunal se basó en normas y jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo
que los argumentos expuestos en la acción de tutela demuestran un
inconformismo con la decisión, pero no una discusión relevante
constitucionalmente, pues cada una de las razones por las que la accionante
promovió la presente solicitud de amparo fueron resueltas en el proceso
ordinario.

1.8. Impugnación7

23. La accionante manifestó que no pretende utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional al proceso ordinario, sino demostrar el defecto sustantivo
en que incurrió el Tribunal Administrativo del Caquetá al interpretar
incorrectamente el Decreto 1250 de 2017 e insistió en que demostrar el gasto en
el que se incurre para ser acreedor del auxilio de transporte es un requisito
adicional que no se encuentra previsto en la norma.

24. Insistió en que el hecho de necesitar o no el auxilio es una exigencia que
viola el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, por lo que es
necesaria la intervención del juez de tutela.

25. Expuso que no tiene un simple desacuerdo con la decisión cuestionada,
pues la violación del principio de legalidad tiene la relevancia necesaria para que

5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias del 24 de octubre de 2007,

radicado 30100; SL1087-2021 del 7 de marzo de 2021, radicado 79359; y SL2432- 2022 radicado
91386 del 28 de junio de 2022.
6 Sentencia C-311 de 2020.

7 Documento 33.

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el asunto sea conocido de fondo. Del mismo modo, indicó que no comparte que
se declare la improcedencia porque se reiteren los argumentos del proceso
ordinario, pues es precisamente ello lo que demuestra el error en el que incurrió
la autoridad accionada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de mayo de
2025, por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

27. La señora Isabel Valencia presentó la presente acción de tutela en la que
propuso hechos vulneradores y pretensiones contra el Tribunal Administrativo del
Caquetá y el Juzgado 4 Administrativo de Florencia. Sin embargo, el análisis del
presente asunto solo versará sobre la decisión adoptada por aquella autoridad
judicial, en atención a que fue la sentencia del 30 de octubre de 2024 la que puso
fin al proceso ordinario cuestionado.

2.3. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que la tutelante está legitimada en la causa por activa,
por haber fungido como demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 18001-33-33-004-2021-00284-00/01, del que se
depreca la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

30. Asimismo, el Tribunal Administrativo del Caquetá está legitimado en la
causa por pasiva porque es la autoridad respecto de quien se predica la
afectación de sus intereses superiores, por ser la que decidió el asunto ordinario
comentado.

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2.4. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Para ello, deberá analizar si el caso sub examine cumple con los
requisitos generales de tutela contra providencias judiciales. De encontrarse
superados procederá a resolver el siguiente interrogante:

● ¿El Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, al dictar
la sentencia de segundo nivel del 30 de octubre de 2024, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 18001-33-33-004-2021-00284-
00/01?

32. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad; y, de
superarse, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

33. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema9. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales10.

34. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta decisión se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con

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35. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

• que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
• inmediatez,
• subsidiariedad,
• relevancia constitucional,
• identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
• efecto decisivo de la irregularidad procesal.

36. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial

2.6. Procedibilidad de la acción en el caso concreto

37. La señora Isabel Valencia Garzón promovió la acción de tutela de la
referencia para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Caquetá con la sentencia del 30 de octubre de
2024, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
18001-33-33-004-2021-00284-00/01.

38. En esa decisión, la parte accionada confirmó el fallo de primer nivel
proferido el 31 de marzo de 2023 por el Juzgado 4 Administrativo de Florencia,
Caquetá, que había negado las pretensiones propuestas sobre el reconocimiento
del auxilio de transporte de que trata el Decreto 1250 de 2015.

39. Como sustento de lo anterior, el Tribunal aclaró que en el recurso de
apelación la demandante solo refutó la sentencia de primera instancia a partir del
argumento según el cual cumple los requisitos fijados en el citado decreto y no
discutió de ningún modo la verdadera razón del juzgado para negar el derecho
reclamado, esto es, la pequeña extensión territorial del municipio y la falta de
pruebas sobre la necesidad de devengar el citado auxilio.

base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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40. En la decisión cuestionada se explicó que le asiste razón a la señora
Valencia Garzón cuando afirma que el Decreto 1250 de 2017 solo exige el
cumplimiento de 3 requisitos para ser titular del auxilio de transporte: (i) devengar
menos de 2 s.m.l.m.v. y (ii) que la entidad no ofrezca el servicio de transporte; y
(iii) que el servidor no se encuentre de vacaciones, en uso de licencia o
suspendido del ejercicio de sus funciones.

41. Sin embargo, indicó que la Corte Suprema de Justicia13 estableció dos
excepciones a la citada previsión normativa relativas a: (i) que la empresa ofrezca
de manera gratuita y completa el servicio de transporte y (ii) que el trabajador
viva en el mismo lugar de trabajo de modo que no incurra en gastos de
desplazamiento.

42. El ad quem ordinario señaló que las anteriores excepciones fueron
ratificadas por la Corte Constitucional en sentencia C-311 de 2020. Según se
indicó, el propósito del citado auxilio es subsidiar los gastos en que debe incurrir
el trabajador para desplazarse hasta su lugar de trabajo, razón por la que, en
caso de no incurrir en tal costo, no hay lugar a reconocer el mentado emolumento.

43. Finalmente, la autoridad accionada estableció que la señora Isabel
Valencia Garzón vive a 3 cuadras de su lugar de trabajo y no demostró tener que
asumir costos de traslado. En tal sentido, encontró configurada una de las
excepciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional
para el reconocimiento del auxilio de transporte y decidió confirmar la negación
del reconocimiento.

44. El Tribunal también señaló que, si bien existen casos similares decididos
en un sentido favorable, lo cierto es que no constituyen precedente vinculante,
pues no cumplen con las exigencias fijadas por el Consejo de Estado 14 para ello
y, en todo, no son asuntos equiparables toda vez que en esas oportunidades sí
se probó que los demandantes incurrían en gastos de traslados, lo cual no ocurrió
en esta oportunidad.

45. De acuerdo con lo anterior y con los argumentos expuestos por la
accionante en el escrito introductorio de la acción de tutela, para la Sala es claro
que el inconformismo radica en que no se hayan acogido sus pretensiones y
razones de defensa, pero no se observa en realidad una discusión de índole
constitucional.

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias del 24 de octubre de 2007,

radicado 30100; SL1087-2021 del 7 de marzo de 2021, radicado 79359; y SL2432- 2022 radicado
91386 del 28 de junio de 2022.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de febrero de 2016, radicado 11001-03-

15-000-2015-03358-00.

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46. Así, la señora Valencia Garzón cuestiona la interpretación normativa y
jurisprudencial efectuada por el Tribunal Administrativo del Caquetá en relación
con el reconocimiento del auxilio de transporte del Decreto 1250 de 2017, desde
una perspectiva meramente legal, pero no elevó dicha discusión a instancias
constitucionales.

47. De ese modo, la parte actora ha insistido en el cumplimiento de los
requisitos legales para que se le conceda el auxilio pedido, pero no ha realizado
valoración alguna respecto de las verdaderas razones por las que las autoridades
accionadas le negaron sus pretensiones en el proceso ordinario, esto es, la
configuración de una excepción a dicha norma que impide que a la accionante le
sea concedido el auxilio de transporte.

48. En tal sentido, la señora Isabel Valencia se limitó a rebatir los argumentos
expuestos por el Tribunal Administrativo del Caquetá como si este medio de
amparo se tratara de una instancia adicional para revisar lo decidido por la sala
de decisión, sin demostrar cómo se configuraron los supuestos defectos y como
ello afecta de manera grave los derechos fundamentales deprecados.

49. En virtud de lo anterior, al juez de tutela no le está dado actuar como si se
tratara de una revisión automática de las decisiones judiciales, sino que, por el
contrario, debe ceñirse a lo alegado por las partes, pero en torno a la discusión
de sus derechos fundamentales y no en relación con asuntos netamente legales
o de interpretación probatoria.

50. Lo mismo ocurre con el presunto desconocimiento del precedente sentado
por el mismo Tribunal Administrativo del Caquetá, pues en la sentencia
cuestionada se emitió un pronunciamiento sobre dichos antecedentes y se indicó
que no son equiparables al caso de la señora Isabel Valencia, apreciación sobre
la que no se hizo ninguna valoración en sede constitucional, es decir, se alegó el
desconocimiento de tales antecedentes cuando el juez ordinario sí se pronunció
sobre ellos, pero concluyó que no constituyen precedente para el caso de la
tutelante.

51. Por lo tanto, se confirmará la decisión del 15 de mayo de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de
la acción de tutela promovida por la señora Isabel Valencia Garzón.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de
2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado.

10
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Demandante: Isabel Valencia Garzón
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02107-01

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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