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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02109-00

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02109-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jackson Martínez Mayo, en calidad de curador de la señora Sissy Mayo Perea, por las consideraciones expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02109-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02109-00
Demandante: Sissy Mayo Perea

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02109-00
Demandante: SISSY MAYO PEREA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la
solicitud de amparo carece de la carga argumentativa mínima y pretende provocar un
pronunciamiento sobre un asunto que ya fue resuelto por el juez natural; además, el debate
propuesto es de contenido económico.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jackson Martínez Mayo,
en nombre de la señora Sissy Mayo Perea, contra la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 9 de abril de 20251, el señor Jackson Martínez Mayo, en nombre de la
señora Sissy Mayo Perea 2, interpuso acción de tutela contra la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con motivo de la
sentencia proferida el 4 de abril de 2025, en el medio de control de cumplimiento con
radicado 27001333300720250000200. Formuló las siguientes pretensiones (se
transcriben):

Tutelar el derecho al debido proceso e igualdad alegados en el presente trámite
y en consecuencia Revoque la sentencia 046 de 04 de abril de 2025 emitida
por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y efecto:

Ordenar el cumplimiento de la resolución 003400 de 25 de noviembre de 2016
emitida por la Secretaría de Educación del Chocó a través de la cual se designa
a JACKSON MARTINEZ MAYO como administrador de la mesada pensional
de la causante SISSY MAYO PEREA, a El Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

1
Se advierte que el 29 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 En la sentencia del 21 de febrero de 2017, dictada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
de Quibdó, se designó al señor Martínez Mayo en el cargo de «curador definitivo» de su madre Sissy
Mayo Perea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02109-00
Demandante: Sissy Mayo Perea

Ordenar el cumplimiento de la resolución 19329 de 29 de mayo de 2018 emitida
por la Unidad de Gestiones Pensionales y Parafiscales a través de la cual se
adiciona el numeral séptimo de la referida resolución y se designa a JACKSON
MARTINEZ MAYO como curador de la causante SISSY MAYO PEREA al
FOPEP.

2. De la demanda de tutela, de las pruebas aportadas y de la consulta del
proceso con radicado 27001333300720250000200 realizada en la plataforma
SAMAI, la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Sissy Mayo Perea laboró al servicio de la docencia oficial desde el
19 de julio de 1979.

4. Se retiró el 9 de septiembre de 2008, por pérdida de la capacidad laboral del
77%, razón por la cual, mediante Resolución 1241 de 20 de abril de 2010, se le
reconoció la pensión de invalidez a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en adelante Fomag.

5. Mediante la Resolución 3400 de 25 de noviembre de 2016, la Secretaría de
Educación del Chocó reconoció al señor Jackson Martínez Mayo como curador
general legítimo de la señora Mayo Perea y lo facultó para cobrar y administrar la
pensión a cargo del Fomag.

6. La docente también goza de la pensión gracia, reconocida mediante la
Resolución 16889 de 15 de abril de 2013, expedida por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP.

7. Dicha prestación se reliquidó por la Resolución RDP 19329 del 29 de mayo
de 20183, adicionada por la Resolución RDP 37081 de 12 de septiembre de 2018,
que dispuso «Téngase como curador definitivo de la señora MAYO PEREA SISSY,
ya identificada, para todos los efectos legales, al señor JACKSON MARTINEZ
MAYO».

8. El señor Martínez Mayo ejerció el medio de control de cumplimiento en contra
del Fomag y la UGPP (FOPEP, fondo pagador de la pensión de invalidez), bajo el
argumento de que dichas autoridades incumplen las Resoluciones 3400 de 2916 y
19329 de 2018, en tanto debitan de las mesadas pensionales de la señora Sissy
Mayo Perea, créditos en favor de SOEMPRESARIAL S.A.S., FILIALCOOP Y
COOPCONFEC, con lo cual, a su juicio, se desconoce su designación como curador
de la docente pensionada.

9. El Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó conoció la controversia en
primera instancia y mediante sentencia del 21 de febrero de 2025 negó las
pretensiones, por considerar que las autoridades accionadas no dejaron de cumplir
obligación alguna, toda vez que los descuentos registrados obedecen a contratos de
libranza.

10. Inconforme con la decisión, el señor Jackson Martínez Mayo la apeló y,
mediante sentencia del 4 de abril de 2025, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó revocó la providencia. En su lugar, declaró improcedente
el medio de control de cumplimiento, habida consideración de que la parte actora

3
Revocó la Resolución 1461 del 18 de enero de 2018, que negó la reliquidación de la pensión gracia.

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Demandante: Sissy Mayo Perea

busca que se dejen de efectuar a las mesadas pensionales que percibe su madre,
unos descuentos por libranza ordenados en actos administrativos de carácter
particular y subjetivo, para lo cual no fue instituida la acción constitucional.

11. A juicio del accionante, esa decisión desconoce lo preceptuado en el artículo
9 de la Ley 393 de 1997, según el cual existe una excepción a la improcedencia
invocada por la autoridad judicial, cual es la existencia de un perjuicio grave e
inminente para la accionante.

12. Aunado a ello, estima que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo,
porque, en su sentir, malinterpretó los artículos 4 y 87 de la Constitución Política.
Que, de hecho, en la última de las disposiciones constitucionales mencionadas se
faculta a todo ciudadano para ejercer el medio de control de cumplimiento con el fin
de exigir que se acate un acto administrativo, sin distinción alguna.

B. Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto de 11 de abril de 2025, se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, al ministro de
Educación Nacional, al representante legal —o quien haga sus veces— de la
Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fomag, al director general de
la UGPP, y a la secretaria de educación departamental del Chocó. También se
tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

14. La magistrada ponente de la providencia censurada señaló que la tutela
es improcedente, por cuanto la sentencia objeto de reproche se cimentó en el artículo
9 de la Ley 393 de 1997, y en la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado, que sostienen la improcedencia del medio de control de
cumplimiento para perseguir que las autoridades acaten actos administrativos de
carácter particular.

15. La UGPP afirmó que la tutela es improcedente porque busca convertir la
acción constitucional en una tercera instancia del medio de control de cumplimiento,
dado que la controversia planteada es la misma que se suscitó en el proceso de
origen y que fue resuelta por el juez natural de la causa, con respeto al ordenamiento
jurídico y a los postulados del debido proceso.

16. Agregó que la parte actora no demostró que la providencia cuestionada
incurra en alguno de los defectos señalados por la jurisprudencia como requisitos
específicos para la procedencia de la acción de tutela en estos casos. Tampoco
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

17. La Nación – Ministerio de Educación Nacional adujo que la tutela es
improcedente porque el asunto planteado no tiene relevancia constitucional. A su
juicio, se trata de una controversia económica y no se demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable para la señora Sissy Mayo Perea. En todo caso, solicitó su
desvinculación, dado que no es la autoridad llamada a atender las pretensiones.

18. La Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fomag, señaló que la tutela es improcedente ante la
ausencia de los requisitos generales y específicos establecidos por la jurisprudencia
para cuestionar providencias judiciales por esta vía judicial. Asimismo, invocó su falta

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de legitimación en la causa por pasiva, dado que no intervino en la expedición de la
sentencia censurada.

19. La Secretaría de Educación del Chocó adujo que carece de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto no está llamada a responder por la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda. Agregó que
la tutela es improcedente, por cuanto controvierte una decisión judicial sin que se
advierta la violación de garantía constitucional alguna.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

21. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales de la señora Sissy Mayo
Perea, cuya protección reclama el señor Jackson Martínez Perea, en calidad de
curador.

E. Análisis de la Sala

22. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

23. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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24. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que no cumple
con la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar providencias judiciales.

25. En efecto, la parte actora se limitó a señalar que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo porque supuestamente realizó una
interpretación indebida del artículo 9 de la Ley 393 de 19975, ya que, a su juicio, no
se detuvo a analizar que el medio de control de cumplimiento era procedente en
este caso, ante la inminencia de un perjuicio irremediable.

26. Sin embargo, no expuso cuál es el perjuicio invocado y menos aún acreditó
la existencia de circunstancias particulares y específicas que permitan establecer
su posible ocurrencia, a fin de cimentar el vicio alegado.

27. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron
los derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia y
razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.

28. De otra parte, la Sala advierte la improcedencia de la tutela, por cuanto
pretende revivir la controversia ventilada en el proceso de origen, a fin de que se
estudie la tesis que propone el accionante para controvertir la decisión acogida por
el juez de segunda instancia dentro del medio de control de cumplimiento con
radicado 27001333300720250000200.

29. Nótese que la parte actora insiste en que el Tribunal accionado realizó una
indebida interpretación de los artículos 4 y 87 de la Constitución Política, porque, en
su criterio, según el mandato superior, los actos administrativos de carácter
particular no están excluidos de la órbita del medio de control de cumplimiento y,
por ende, mediante ese mecanismo constitucional es factible perseguir que se acate
una obligación contenida en un acto de esa naturaleza.

30. Empero, esa controversia se abordó por el Tribunal Administrativo del Chocó,
que en la providencia del 4 de abril de 2025 (censurada) analizó a fondo el carácter
residual y subsidiario del medio de control de cumplimiento y bajo la égida de la
jurisprudencia existente en la materia determinó la improcedencia del medio de
control promovido por el señor Martínez Perea. Así discurrió:

5 Improcedibilidad.
La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que
puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud
el trámite correspondiente al derecho de Tutela.

Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga
un perjuicio grave e inminente para el accionante. (Inciso 2 declarado EXEQUIBLE, excepto la
expresión "la norma o" que se declara INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-193
de 1998.

Parágrafo.- La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas
que establezcan gastos.

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En el caso bajo estudio, la parte actora, invocó como disposición incumplida
por parte de la NACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO- FIDUPREVISORA la resolución número 003400 de 25 de
noviembre de 2016 y por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP la resolución número 19329 de 29 de mayo de
2018, adicionada mediante resolución número RDP 037081 del 12 de
septiembre de 2018, actos administrativos a través de los cuales se designa a
JACKSON MARTÍNEZ MAYO como administrador (Curador) de la mesada
pensional de la causante SISSY MAYO PEREA.

Al respecto, son varios los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado a través de los cuales se ha dicho lo que debe entenderse
por acto administrativo y cuál es el mecanismo para obtener su cumplimiento.

En efecto, la jurisprudencia ha precisado que los actos administrativos de
contenido general son pasibles de la acción de cumplimento, lo mismo que las
leyes en sentido material. En este sentido se afirmó: (…)

Cuando no se trata de actos administrativos de contenido general sino
subjetivos o concretos, como es el caso de los actos administrativos invocados
por la parte actora, quien pretende el cumplimiento de las resoluciones, a través
de los cuales se designa al señor JACKSON MARTINEZ como administrador
(Curador) de la mesada pensional de la accionante, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional también ha establecido la necesidad de distinguir entre el
objeto de la acción de cumplimiento (la realización de un deber omitido por la
administración), y la discusión que puede plantearse alrededor del
reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo y particular, circunstancia
frente a la cual existen otros mecanismos de defensa idóneos. Sobre el
particular ha afirmado: (…)

De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la resolución demandada es un
acto que interesa exclusivamente a la esfera particular del actor y no busca la
satisfacción de los intereses públicos y sociales, fines para los cuales fue
creada la acción de cumplimiento.

En efecto, la acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de
deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto
administrativo, imperativo e inobjetable y no al reconocimiento por parte de la
administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del
contenido y alcance de algunos derechos que el particular espera que se le
reconozcan.

Tampoco es un mecanismo para esclarecer simplemente el sentido que debe
dársele a ciertas disposiciones legales, pues a pesar de la legitimidad que
asiste a quien promueve todas estas causas, la acción de cumplimiento no
resulta ser el medio idóneo para abrir controversias interpretativas lo cual no
obsta, claro está, para que, con el fin de exigir el cumplimiento de un deber
omitido, el contenido y los alcances del mismo sean ineludiblemente
interpretados.

Finalmente, cabe señalar que la parte actora no manifestó en el escrito de
demanda la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del Juez constitucional, por lo que, desde la perspectiva de la protección del
orden jurídico, el agravio no es evidente, ni requiere ser subsanado de manera
inmediata para evitar un daño mayor.

Así las cosas, contrario a lo establecido por A quo, la acción resulta
improcedente, toda vez que lo pretendido es exigir el cumplimiento de actos
administrativos de carácter particular y subjetivo, por consiguiente, se revocará
la sentencia No. 044 del veintiuno (21) de febrero de 2025, proferida por el
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ
y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la acción de cumplimiento,
pues lo que se pretende por el actor no obedece a la naturaleza de esta acción
constitucional.

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31. Nótese que el Tribunal insistió en la existencia de otros mecanismos
ordinarios para obtener el cumplimiento de los actos administrativos de carácter
particular y concreto invocados por el libelista, circunstancia que torna improcedente
el medio de control, en virtud del carácter residual y subsidiario de la acción de
cumplimiento, establecido por el legislador en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997.

32. Sumado a ello, la autoridad judicial fundamentó su decisión en varios
pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que
sostienen la tesis sobre la improcedencia de este medio de control para obtener el
cumplimiento de actos administrativos de contenido particular y subjetivo, ante la
existencia de otros mecanismos judiciales ordinarios.

33. Verbigracia, el Tribunal accionado trajo a colación las sentencias C-193 de
1998 y C-183 de 1998 de la Corte Constitucional6, en las que se reiteró que los actos
administrativos de contenidos general, así como las leyes en sentido material, son
pasibles del medio de control de cumplimiento, porque no existe otro mecanismo
subsidiario o paralelo que permita a los administrados obtener su cumplimiento,
mientras que, para conseguir el acatamiento de los actos administrativos de carácter
particular y concreto existen otros mecanismos de defensa idóneos; por ende, el
medio de control constitucional deviene improcedente, a menos que, de no
asegurarse la ejecución del acto particular, sobrevenga un perjuicio grave o
inminente.

34. Asimismo, la autoridad judicial demandada citó la sentencia proferida por el
Consejo de Estado el 24 de mayo de 20127, en la que se indicó que la acción de
cumplimiento es improcedente para obtener el acatamiento de un acto administrativo
particular y concreto, ante la existencia de otros mecanismos ordinarios y
alternativos. Lo contrario, se agrega, implicaría desconocer el carácter residual del
medio de control, a menos que se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia,
gravedad e inminencia del perjuicio, que ameriten el pronunciamiento de fondo por
parte del juez de la acción de cumplimiento.

35. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que el señor Martínez
Mayo no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto
que ya fue decidido por el Tribunal Administrativo del Chocó.

36. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos
fundamentales, mas no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos
por el juez de la causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que
decide el conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el
escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la
instancia adicional de todos los procesos judiciales no sólo le resta vigor a la acción,
sino que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez
natural4.

37. De otra parte, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte
actora, con el ejercicio de la acción constitucional de la referencia, persigue un
beneficio económico y, por ello, insiste en el debate planteado en el proceso de

6
Se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley 393 de 1997.
7
Radicado 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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origen, que finalmente se circunscribe a evitar que los fondos pagadores de las
pensiones reconocidas a favor de la señora Mayo Perea, efectúen los descuentos
correspondientes a los contratos de libranza con ella celebrados, debate que escapa
del ámbito de protección del juez de tutela y, en consecuencia, torna improcedente
la solicitud de amparo.

38. En este punto, se recalca que la tutela sólo se justifica en aquellos eventos
en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia
que no se satisface con el simple señalamiento de que se están afectando garantías
iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de
que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

39. Así pues, en el caso concreto, la acción de tutela se torna improcedente
porque (i) no ofrece una carga argumentativa mínima, (ii) su finalidad es provocar un
nuevo pronunciamiento sobre asuntos que ya fueron resueltos por el juez
competente, y (iii) el debate propuesto es de contenido económico.

40. Por las razones anotadas, se declarará improcedente el amparo solicitado.

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jackson Martínez Mayo, en calidad de curador de la señora Sissy Mayo Perea, por
las consideraciones expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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