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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02119-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02119-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Yina Paola Lora Flores para actuar como apoderada de la señora Lucila Correa de Henao. SEGUNDO: REVOCAR PARCIALEMENTE la sentencia de 5 de junio de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, para en su lugar, mantener la improcedencia frente al defecto por desconocimiento del precedente, y AMPARAR los derechos fundamentales de las señoras Lucila Correa De Henao y Luzmila Correa Zamora, al configurarse los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto. TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 12 de noviembre de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el radicado 05837-33-33-0001-2013-00193-00/01, y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión que dicte una providencia de 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Luzmila Correa Zamora y otra Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión Radicación: 11001-03-15-000-2025-02119-01 reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta [30] días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02119-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de agosto de 2025

Demandantes: Luzmila Correa Zamora y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02119-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veintiocho [28] de agosto de dos mil veinticinco [2025].

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02119-01
Demandantes: LUZMILA CORREA ZAMORA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
QUINTA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa – revoca
decisión que declaró la improcedencia del mecanismo y en su
lugar ampara

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 5
de junio de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 9 de abril de 2025, la señora Luzmila Correa Zamora, a través de abogada, y
«YINA PAOLA LORA FLORES, […], actuando en calidad de agente oficiosa de la
señora LUCILA CORREA DE HENAO1», instauraron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión con el fin de que se
les protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, mínimo vital, e igualdad.

Las mencionadas garantías las consideraron vulneradas con la providencia que
definió la demanda de reparación directa identificada con el radicado 05837-33-33-
0001-2013-00193-00/01 que, si bien confirmó la responsabilidad administrativa y
extracontractual de la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz, revocó la
condena que favorecía a las accionantes.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales de la accionantes al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO
VITAL, DERECHO A LA IGUALDAD, al proferir la Sentencia de fecha 12 de
noviembre de 2024, donde el Tribunal Administrativo en su Sala Quinta de Oralidad
resuelve lo siguiente:

1 Mayúsculas sostenidas del texto original.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Luzmila Correa Zamora y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02119-01

SEGUNDO: Que se REVOQUE parcialmente lo dispuesto en la sentencia de fecha
12 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Quinta, concretamente en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
antes mencionada, en consecuencia se ordene el reconocimiento de la
indemnización por el fallecimiento de la señora LUISA CORREA ZAMORA a las
señoras LUCILA CORREA DE HENAO Y LUZMILA CORREA ZAMORA como lo
determino en su momento el juez 01 administrativo de turbo.

TERCERA: Todas aquellas que se consideren pertinentes y adecuadas para la
protección de los derechos fundamentales de la accionante2.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• La señora Luzmila Correa Zamora y otros3 presentaron demanda de reparación
directa contra la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz, y las sociedades
anónimas IMAT ONCOMÉDICA4 y SELVASALUD E.P.S. [liquidada] por la falla
médica que se materializó con la muerte de la señora Luisa Correa Samora.

• El 12 de febrero de 2016, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Turbo accedió parcialmente5 a las pretensiones del medio de control al considerar
que la E.S.E.6 en mención no realizó «los exámenes [pertinentes, lo que] impidió
que la paciente tuviera un diagnóstico acertado y retardó el tratamiento de la
sintomatología que presentaba ocasionando un detrimento en su salud que
finalmente conllevó a su deceso […]».

• Contra la anterior decisión, la E.S.E. en mención interpuso recurso de
apelación.

• El 12 de noviembre de 2024, la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó lo decidido por el a quo frente a la responsabilidad de la E.S.E.,
sin embargo, revocó el reconocimiento del perjuicio moral respecto de las señoras
Lucila Correa De Henao y Luzmila Correa Zamora7, al considerar que la
presunción jurisprudencial del parentesco para el reconocimiento de este concepto
solo aplicaba respecto de la víctima, el cónyuge y los parientes en el primer grado
de consanguinidad8.

2 Trascrito con posibles errores ortográficos, negritas y mayúsculas sostenidas del texto original.
3 Señores Carlos Alberto Tamayo Hurtado, Lucila Correa de Henao, John Fredy Tamayo Berrío,

Luisa Fernanda Tamayo Correa, Fredy Tamayo Correa, Laura Vannessa Tamayo Polo, Gilberto de
Jesús Tamayo Polo, Paola Andrea Tamayo Polo, Marielena Tamayo Polo, Fredy Tamayo Polo, Luz
Patricia Zapata Tamayo, Luz Cecilia Zapata Tamayo, Luis Felipe Zapata Tamayo, Edgardo
Tamayo Correa, Andrés Sebastián Tamayo Mendoza, Gianluca Tamayo Duque, Andrés Santiago
Tamayo Duque, Sharick Marcela Tamayo Duque, Juan David Tamayo Duque, Angely Tamayo
Duque, Gilberto Fernando Tamayo Correa, Cristian Andrés Tamayo Díaz, Ángela Andrea Tamayo
Díaz y Sandra Patricia Tamayo Correa.
4 ONCOMÉDICA S.A. llamó en garantía a Liberty Seguros S.A.
5 Se aclara que el juzgado solo concedió el concepto de perjuicio moral a los demandantes y negó

las demás pretensiones.
6 En relación con las demandadas IMAT ONCOMÉDICA S.A. y SELVASALUD EPS-S [liquidada] el

juzgado concluyó que no se encontraba probada falla alguna.
7 Hermanas de la víctima directa.
8 Para llegar a esa conclusión citó la sentencia de unificación proferida al interior del expediente

con radicado interno 46.681, proferida el 29 de noviembre de 2021.M.P. Martín Bermúdez Muñoz.

2
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Demandantes: Luzmila Correa Zamora y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02119-01

• Ahora, en lo que tiene que ver con las personas que se debe probar la aflicción,
el tribunal precisó que, según la prueba testimonial practicada, el perjuicio moral
sólo se había acreditado respecto de los nietos de la víctima directa, porque con
esas declaraciones se pudo constatar que esas personas realmente se vieron
afectadas por el deceso de su abuela, ya que mantenían una relación estrecha.

• En lo que tiene que ver con este perjuicio frente a las señoras Luzmila Correa
Zamora y Lucila Correa de Henao, quienes eran hermanas de la víctima, el ad
quem precisó que los testimonios rendidos no demostraban la afectación que se
exige para su reconocimiento.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 13 de noviembre de 2024
y la acción de tutela de la referencia radicada el 9 de abril de 2025.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En este caso las accionantes expusieron que se les vulneraron sus derechos
fundamentales al configurarse los defectos (i) fáctico, (ii) procedimental por
exceso ritual manifiesto y (iii) desconocimiento del precedente.

Para fundamentar la configuración de los yerros en mención se indicó que el
tribunal omitió valorar en debida forma el registro civil de nacimiento y partida de
bautizo de las accionantes, con el fin de establecer el vínculo o parentesco con la
«causante para efectos de dejar sentado o probado la existencia del daño y en el
derecho de la indemnización que le correspondía».

Destacaron que, con relación al derecho al mínimo vital, se debe tener en cuenta
que las accionantes son sujetos de especial protección por parte del estado
colombiano, comoquiera que son personas de la tercera edad, las cuales
necesitan un cuidado especial en cuanto a su salud, máxime cuando padecen de
varias enfermedades.

Señalaron que la providencia controvertida se fundó en un criterio ritualista,
porque desconoció que, para demostrar el daño en estos casos, se debe probar el
grado de parentesco o vínculo entre la víctima y los afectados, cosa que se
acreditó al aportar la correspondiente prueba del estado civil.

Precisaron que la posición del tribunal resultó ser un criterio extremadamente
riguroso, al exigir que, además de la prueba consistente en el registro civil de
nacimiento, se debían aportar otros medios probatorios.

Hicieron alusión al criterio unificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en cuanto a la exigencia probatoria para tasar el daño moral en casos de muerte,
el cual establece que, para los niveles 1 y 2 de cercanía afectiva entre la víctima
directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas
indirectas, la prueba idónea es la del estado civil.

Luego, alegaron un desconocimiento del precedente, «debido a que al momento
de fallar [el tribunal] excluy[ó] a las señoras LUCILA CORREA DE HENAO Y
LUZMILA CORREA ZAMORA de la indemnización por la muerte de la causante,

3
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es así que utiliz[ó] las reglas jurisprudenciales para indemnizar a unos y excluirlas
a ellas, denotándose un perjuicio irremediable a las hermanas y violando
directamente el derecho de igualdad frente a este caso en concreto».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de mayo de 2025 el magistrado sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandado al
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó a los demandantes
del proceso contencioso con el radicado 05837-33-33-0001-2013-00193-00/019, al
departamento del Putumayo, a la E.S.E. Hospital Oscar Emiro Vergara Cruz, a
Oncomédica S.A., a Liberty Seguros S.A. y al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Turbo.

Por su parte, reconoció personería a la abogada Yina Paola Lora Flores, como
apoderada de la señora Luzmila Correa Zamora.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión,
expuso que la providencia controvertida «se dictó con observancia del debido
proceso, con competencia para decidir el asunto y aplicando la normativa y
jurisprudencia vigente».

1.6.2. La E.S.E. Hospital Óscar Emiro Vergara Cruz de San Pedro de Urabá
alegó que el tribunal accionado no vulneró los derechos fundamentales de las
accionantes, ya que la sentencia de segunda instancia fue proferida con
fundamento en la norma y jurisprudencia vigente.

Agregó que «[t]al y como lo expresó el Tribunal […], el Consejo de Estado, en
sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, señaló que la
presunción jurisprudencial del parentesco para el reconocimiento de perjuicios
morales, solo [a]plica respecto de la víctima, el cónyuge y los parientes dentro del
primero grado de consanguinidad».

1.6.3. El Gobernador del departamento de Putumayo, indicó que, luego de
verificar los registros del ente territorial, pudo constatar que no existe
documentación, actuación administrativa o antecedentes relacionados con el

9 Los señores Carlos Alberto Tamayo Hurtado, John Fredy Tamayo Berrío, Luisa Fernanda
Tamayo Correa, Fredy Tamayo Correa, Laura Vannessa Tamayo Polo, Gilberto de Jesús Tamayo
Polo, Paola Andrea Tamayo Polo, Marielena Tamayo Polo, Fredy Tamayo Polo, Luz Patricia
Zapata Tamayo, Luz Cecilia Zapata Tamayo, Luis Felipe Zapata Tamayo, Edgardo Tamayo
Correa, Andrés Sebastián Tamayo Mendoza, Gianluca Tamayo Duque, Andrés Santiago Tamayo
Duque, Sharick Marcela Tamayo Duque, Juan David Tamayo Duque, Angely Tamayo Duque,
Gilberto Fernando Tamayo Correa, Cristian Andrés Tamayo Díaz, Ángela Andrea Tamayo Díaz y
Sandra Patricia Tamayo Correa, esta última en nombre propio y en representación de su hijo
menor de edad C.E.B.T.

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proceso de reparación directa identificado con el radicado 05837-33-33-001-2013-
00193-00/01. No obstante, resaltó que quedaba atento a cualquier requerimiento.

1.6.4. El apoderado de los demandantes del proceso ordinario precisó todas las
direcciones electrónicas de notificaciones judiciales de los sujetos procesales de la
demanda de reparación directa en mención.

1.7. Fallo impugnado

El 5 de junio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En primer lugar, se indicó que la tutela no
cumplió con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa respecto de la
señora Yina Paola Lora Flores, como agente oficioso de la señora Lucila Correa
de Henao, ya que no se probó la imposibilidad de la agenciada de interponer la
acción directamente.

Por su parte destacó que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional,
porque «i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; y ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo
que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo».

Resaltó que en la solicitud de amparo no se pone de presente que «en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión
controvertida fue desfavorable a sus intereses».

Destacó que, según la transcripción de las consideraciones de la sentencia
controvertida, es posible «evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de l[a]s accionantes [en] el trámite del
proceso contencioso administrativo».

1.8. Impugnación10

La parte accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia. En primer lugar,
precisó que sí contaba con legitimación en la causa para actuar como agente
oficiosa de la señora Lucila Correa de Henao, y para respaldar tal afirmación,
procedió a aportar escrito autenticado ante notaria, en donde la señora Correa
ratificaba las actuaciones desarrolladas en el proceso de la referencia.

Insistió que el tribunal accionado, al momento de dictar sentencia que definió la
controversia, vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, al
incurrir en un exceso ritual manifiesto, porque desconoció el derecho al que ellas
tenían bajo una interpretación rigurosa de las pruebas en la cual no se observó su
situación como sujetos de especial protección constitucional, a la vez que
implementó un marco limitante y estricto.

10 El fallo fue notificado el 13 de junio de 2025, y la impugnación se presentó el 18 siguiente.

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Precisó que la demandada dejó a un lado las garantías constitucionales y realizó
una interpretación restrictiva de la ley y la jurisprudencia, lo que se materializó en
un pronunciamiento injusto e inequitativo.

Agregó que el ad quem, no realizó un estudio adecuado de todo el material
probatorio, puesto que la ley y la jurisprudencia exigen que, para demostrar el
daño moral, debe aportarse en la oportunidad procesal pertiente, el registro civil de
nacimiento, para demostrar el parentesco entre las hoy accionantes y la víctima
directa, «es así que, el tribunal administrativo de Antioquia viola directamente el
derecho al debido proceso al no darle un manejo adecuado e incluso oportuno a la
prueba idónea que se aportó al expediente».

1.9. Actuación en segunda instancia

El 25 de julio de 2025, el despacho sustanciador procedió a requerir a la abogada
Yina Paola Lora Flores, con el fin de que justificara por qué la señora Lucila
Correa de Henao no actuó en nombre propio, o a través de mandato.

El 31 de julio de 2025 la profesional del derecho en mención manifestó que la
señora Lucila Correa de Henao es una adulta mayor que presenta varios
problemas en su salud, lo que le impidió, en su momento, comparecer por sí
misma, lo que ocasionó que la tutela se presentara por medio de agente oficiosa.
No obstante, indicó que la ciudadana en mención procedió a realizar un esfuerzo
significativo y le confirió poder autenticado ante notario.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por las señoras Luzmila Correa Zamora y Lucila Correa de Henao, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión Previa

La sala considera que si bien en primera instancia no se justificó por qué la señora
Lucila Correa de Henao compareció al trámite constitucional a través de agente
oficioso, se evidencia que tal aspecto fue subsanado, comoquiera que en esta
instancia se aportó el mandato para su representación legal.

En efecto, aunque esta sección no establezca una carga probatoria rigurosa para
verificar la agencia oficiosa, sí requiere prueba, así sea sumaria, para encontrar
acreditada la representación a través de dicha figura procesal, no obstante, en la
actualidad no es necesario entrar a corroborar las aflicciones de salud que alude
padecer la señora Correa, ante la existencia de un poder que faculta a la abogada
Yina Paola Lora Flores para actuar en su representación.

En consecuencia, se procederá a reconocer a la abogada Yina Paola Lora Flores
como apoderada de la señora Lucila Correa de Henao, en los términos del poder

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autenticado que consta en el aplicativo Samai, en el índice 10.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 5 de junio de 2025 de la Sección primera del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la tutela de la referencia.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del

11 Sala Plena del Consejo de Estado expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01, acción de tutela

de importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de
una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.

2.5.1.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente puesto que, conforme con los argumentos esgrimidos en el
escrito de tutela, se trata de la presunta lesión a los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital, e igualdad,
ante la posible configuración de los defectos fáctico y procedimental por exceso
ritual manifiesto contenidos en la providencia que decidió un proceso judicial.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las
razones por las cuales considera que la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un vicio judicial, al valorar indebidamente el
material probatorio aportado al expediente contencioso, lo que a su juicio tiene la
virtualidad de modificar la decisión controvertida.

Además, esta sección no puede pasar por alto que estamos en presencia de dos
sujetos de especial protección constitucional, comoquiera que las accionantes son
personas de la tercera edad, ya que cuentan con 8715 y 8916 años de edad, las
cuales han superado la esperanza de vida según las estadísticas del DANE17, por
lo que es deber del funcionario judicial en todas sus decisiones, sobre todo en el
marco de acciones de tutela, buscar «reconocer los cambios que trae consigo el
paso del tiempo en el cuerpo humano y que podría traducirse en mayores cargas
para el ejercicio de los derechos y el desarrollo de la vida activa en sociedad18».

Al respecto también se debe resaltar que, una vez consultada la base de datos del
RUAF19, del Ministerio de Salud y Protección Social, esta colegiatura pudo
evidenciar que las accionantes son ciudadanas que no cuentan con pensión, a
pesar de su avanzada edad, y si bien se encuentran en el régimen contributivo, su
tipo de afiliación registra como beneficiarias, aspectos que sin lugar a dudas debe
ponderar el juez constitucional, ya que, tratándose del estudio de procedencia de
la acción de tutela promovida por personas de la tercera edad, le corresponde a
los jueces valorar diferentes factores, tales como la edad, la situación
socioeconómica y condiciones de salud.

Lo anterior «con el propósito de que no se les adjudique a personas vulnerables

15 La señora Luzmila Correa Zamora nació el 25 de octubre de 1938.
16 La señora Lucila Correa de Henao nació el 26 de febrero de 1936.
17 Según el DANE [https://www.dane.gov.co.], y diversas decisiones de la Corte Constitucional [T-

364/22], la esperanza de vida de las mujeres es de 80.4 años
18 Ver al respecto sentencia C-395 de 2021.
19 Sistema de Información de Pensiones y Riesgos Laborales, que consolida las afiliaciones que

reportan las entidades y administradoras del Sistema de Protección Social, de acuerdo con lo
establecido en la norma vigente.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión
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una espera infructuosa y perjudicial, al extremo de que el sujeto permanezca a la
espera de una decisión mientras están siendo puestos en peligro o vulnerados sus
garantías fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y
moral o el mínimo vital, entre otras20».

Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de las tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre la garantía invocada y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la sala superará esta causal referente a los yerros
en mención.

2.5.1.2. Ahora, en lo que tiene que ver con el defecto denominado
desconocimiento del precedente, se considera que este requisito no se acreditó,
ya que las accionantes se limitaron a exponer que el tribunal excluyó a las señoras
Lucila Correa de Henao y Luzmila Correa Zamora de la indemnización por la
muerte de la causante al utilizar «reglas jurisprudenciales» para indemnizar a unos
y excluirlas a otros, «denotándose un perjuicio irremediable a las hermanas y
violando directamente el derecho de igualdad frente a este caso en concreto», sin
especificar cuál fue el precedente que se desatendió.

Al respecto resulta pertinente aclarar que, si bien las accionantes al inicio del
escrito de tutela hicieron alusion al criterio unificado de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en cuanto a la exigencia probatoria para tasar el daño moral en
casos de muerte, en ningún momento alegaron que el tribunal desatendió dicho
precedente.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a
su derecho fundamental, toda vez que, contra la providencia proferida y
ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión que
puso fin al proceso, no procede algún recurso ordinario, y los cargos alegados por
los defectos enunciados no se encuadran en las causales de procedencia de los
recursos extraordinarios.

2.5.3. De igual manera, en el caso en estudio se cumple el requisito de
inmediatez, pues la decisión en cuestión fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 13 de noviembre de 2024, mientras que la acción de tutela
fue radicada el 9 de abril de 2025, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de la
ejecutoria, la acción de tutela se presentó dentro de los seis meses que esta
sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia
constitucional.

20 Ver al respecto sentencia T-364 de 2022, T-426 de 1992 y T-015 de 2019.

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Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 21, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200522,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 05837-33-33-0001-2013-00193-
00/01.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos fáctico
y procedimental por exceso ritual.

2.6. De las generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201523 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:

2.6.1.1. Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar
el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez
el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido
a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad.

Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que este procederá
cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

Requisitos para su configuración:

• Identificar el elemento probatorio que solicitó.
• Demostrar que lo solicitó en oportunidad legal.

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
23 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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• Exponer las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente,
pertinente o idónea.
• Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la
prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

2.6.1.2. Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar
la veracidad de los hechos alegados por las partes

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y
estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de
forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas,
aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Presupuestos para su configuración:

• Identificar los elementos de prueba no valorados por el juez.
• Demostrar que estos fueron aportados en forma legal y oportunamente al
proceso.
• Señalar las razones por las cuales eran relevantes para la decisión.
• Precisar, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido
del fallo.

2.6.1.3. Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación
efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por
ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Exigencias para su configuración:

• La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
valoración por el juez.
• La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.
• Incidencia de la prueba en el fallo atacado.

2.6.1.4. Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en
pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca
en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema
jurídico que le fue planteado, al ser esta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.

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Obligaciones para su configuración:

• Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al
artículo 29 constitucional.
• Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la
decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1. º, 2. º, 4. º, 5. º y 6. º de la Constitución
Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.

2.6.2. Referente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la Corte
Constitucional precisó que este yerro se debe entender como:

el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los
derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones
judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el
funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial,
para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el
ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada
judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas
procesales, sino que además depende de la protección de los derechos
sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede
utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en
la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del
contenido material que propenden24.

2.7. Caso concreto

En este asunto las accionantes controvierten la sentencia 12 de noviembre de
2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 05837-33-33-0001-
2013-00193-00/01, que si bien confirmó la decisión de 12 de febrero de 2016, del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo, que había accedido
parcialmente a las pretensiones del medio de control, negó el reconocimiento del
perjuicio moral a favor de las señoras Lucila Correa de Henao y Luzmila Correa
Zamora.

24 Ver SU-061 de 2018.

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En efecto, las demandantes advirtieron que la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto al
valorar indebidamente la prueba documental aportada al proceso. Luego, a esta
Sala le resulta viable estudiar los cargos de forma conjunta, comoquiera que
confluyen en su fundamento.

Ahora bien, con el fin de resolver este asunto, resulta pertinente recordar las
consideraciones del ad quem para llegar a la conclusión de que se debía negar el
reconocimiento del perjuicio moral a favor de las accionantes:

Sobre el reconocimiento de perjuicios morales el Consejo de Estado en sentencia
de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 26251 indicó
que, en el caso de muerte, este daño se fundamentó en el dolor o padecimiento que
se causa a los familiares y demás personas allegadas la víctima directa. En la
providencia mencionada se indicó que esta clase de perjuicios debía tasarse con
fundamento en la siguiente tabla:

[…]

La Sala ha de precisar que, conforme lo ha indicado el Consejo de Estado25 la
presunción jurisprudencial del parentesco para el reconocimiento de perjuicios
morales solo aplica respecto de la víctima, el cónyuge y los parientes en el primer
grado de consanguinidad, esto es, quienes se encuentran en el primer nivel de la
tabla arriba indicada. Al respecto la Máxima Corporación señaló:

“(...) no puede afirmarse que en la sentencia del 28 de agosto de 2013 se
adoptó una regla jurisprudencial que estableciera que era suficiente la prueba
del parentesco para presumir los perjuicios morales en relación con
determinadas víctimas, no es procedente fijar como regla general que, para
las demandas presentadas a partir de esa fecha y hasta la expedición de este
fallo, deba considerarse como prueba suficiente de los perjuicios morales de
los “parientes cercanos” la demostración de su parentesco. Lo que genera el
carácter vinculante de una regla jurisprudencial es su enunciación precisa en
la sentencia en la que se adopta; es esto lo que crea una expectativa legítima
en los justiciables y en este caso ello no ocurrió.

68.5. No obstante, como a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2013
puede deducirse que, en relación con los hermanos de la víctima directa era
suficiente acreditar el parentesco para tener por demostrado el perjuicio moral,
y en la gran mayoría de los fallos tal presunción viene aplicándose, la Sala
estima procedente establecer la siguiente regla: en relación con las demandas
presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la fecha de expedición de
la presente sentencia, en las cuales el juez advierta que se presentaron
fundándose en la jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas para
acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de
consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades probatorias que le otorga
la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Esta determinación se
adoptará sin importar la instancia en la que se encuentre el proceso26.

25 «Entre otras ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de
Sección Tercera. Expediente 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149). M.P.: Dr. HERNÁN
ANDRADE RINCÓN (E). Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 01 de marzo de 2006.
Expediente 15440. MP: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2021. Consejero
ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ. Radicación número: 18001-23-31-000-2006-00178-
01(46681)».
26 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29

de noviembre de 2021. Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ. Radicación número:
18001-23-31-000-2006-00178-01(46681)».

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[…]

Conforme con lo expuesto, esta instancia encuentra que, en los casos de muerte
respecto a los parientes en el primer grado de consanguinidad del afectado, el
cónyuge o compañero o compañera permanente de la víctima directa, la prueba de
la afectación y de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral. No
ocurre lo mismo en relación con las demás víctimas indirectas, en cuyo caso, la
prueba del parentesco no es una presunción del perjuicio moral y le corresponderá
al juez determinar si se cumplió la carga de acreditar la existencia del perjuicio moral
derivado de una relación estrecha con la víctima directa, de la cual pueda inferirse la
existencia de un perjuicio moral indemnizable.

[…]

Respecto de las señoras LUCILA CORREA DE HENAO y LUZMILA CORREA
ZAMORA en calidad de hermanas de LUISA CORREA SAMORA esta instancia no
encontró con los testimonios rendidos la demostrada de la afectación que se exige
para el reconocimiento de los perjuicios morales. Por esta razón, la Sala habrá de
modificar el ordinal tercero de la sentencia apelada en el sentido de revocar el
reconocimiento que en primera instancia se hizo en favor de las señoras LUCILA
CORREA DE HENAO y LUZMILA CORREA ZAMORA27.

En este orden de ideas, se tiene que el tribunal concluyó que no era viable
reconocer el perjuicio moral a las señoras Lucila Correa De Henao y Luzmila
Correa Zamora, porque no aplicaba la presunción jurisprudencial para el
reconocimiento de este concepto, ya que ello solo procedía respecto de la víctima,
el cónyuge y los parientes en el primer grado de consanguinidad28.

Para llegar a esa conclusión el tribunal citó la sentencia de unificación proferida al
interior del expediente con radicado interno 46.681, proferida el 29 de noviembre
de 2021 por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Por su parte, las accionantes argumentaron que el tribunal trasgredió sus
derechos fundamentales al imponer un criterio en exceso ritualista, porque
desconoció que, para demostrar el daño en estos casos, es suficiente con probar
el grado de parentesco o vínculo entre la víctima y los afectados, aspecto que se
acreditó al aportar la correspondiente prueba del estado civil, sin que fuera
necesario allegar otra prueba adicional.

Ahora bien, previo a resolver este asunto, a esta sala resulta relevante destacar
que el fundamento jurisprudencial del tribunal accionado para establecer la
necesidad de acreditar el dolor y aflicción a través de otros medios probatorios
diferentes al estado civil corresponde a una providencia de Sala Plena29, que a su

27 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
28 Para llegar a esa conclusión citó la sentencia de unificación proferida la interior del expediente

con radicado interno 46.681, proferida el 29 de noviembre de 2021.M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
29 En la providencia de Sala Plena se precisó: «R.- Las reglas de unificación. 65.- Con fundamento

en lo anterior, la Sala adoptará las siguientes reglas de unificación para el reconocimiento y
cuantificación de perjuicios en casos de responsabilidad del Estado por privación de la
libertad: 65.1.- En relación con la víctima directa de la detención, tanto si se trata de detención en
establecimiento carcelario, como si se trata de detención domiciliaria, la sola prueba de la privación
de la libertad constituye presunción de perjuicio moral para ella. 65.2.- En relación con los
parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente, la prueba de tales calidades constituye presunción del perjuicio moral
para ellos. 65.3.- Las presunciones establecidas en las dos reglas anteriores podrán desvirtuarse
por la parte demandada. 65.4.- En relación con las demás víctimas indirectas, la prueba del

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vez estableció los alcances de la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2013 proferida al interior del expediente con radicado interno 25.02230, cuyas
providencias, entre otros aspectos, solo unificaron la jurisprudencia en torno a la
tasación de los perjuicios inmateriales en escenarios de privación injusta de la
libertad.

Aclarado lo anterior, también resulta pertinente hacer alusión de la SU-114 de
2023, proferida por la Corte Constitucional, en el cual recordó que la Sección
Tercera del Consejo de Estado unificó lo referente al reconocimiento del daño
moral en los casos de muerte a través de la sentencia proferida al interior del
expediente 26.251, y definió como regla que, para la demostración de las
relaciones afectivas referente [al] reconocimiento del daño moral en estos asuntos,
«para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia
de los compañeros». Particularmente expuso:

106. Particularmente en las sentencias de radicado 2770931 y 2625132, el Consejo
de Estado se pronunció sobre el reconocimiento del daño moral en los casos de
muerte, de modo que estableció cinco niveles de cercanía entre la víctima directa y
los perjudicados o víctimas indirectas, de los cuales se haría depender el estudio de
la reparación, así:

[…]

107. Como reglas para la demostración de las relaciones afectivas, la Sección
Tercera indicó que “para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil
o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se
requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la
relación afectiva”. [Negritas de la sala].

En este mismo orden de ideas, se tiene la sentencia T-147 de 2020 que recordó lo
siguiente:

92. En reiteradas oportunidades33 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado se ha referido a la presunción de aflicción
para acceder a la indemnización de perjuicios morales. Según ha dicho, las
reglas o máximas de la experiencia demuestran que, en eventos de muerte, las
personas que pierden a un ser querido sufren profundos sentimientos tristeza. Al
respecto, ha señalado que:

[…]

104. De conformidad con las reglas establecidas por el Consejo de Estado en
la sentencia de unificación antes referida (ver supra, numeral 92), para los

parentesco no es una presunción del perjuicio moral. En tales casos, el juez determinará si el
demandante cumplió la carga de acreditar la existencia del perjuicio moral derivado de la existencia
de una relación estrecha con el detenido, de la cual pueda inferirse la existencia de un perjuicio
moral indemnizable».
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia de 28 de agosto de 2013, expediente con

radicado interno 25.022, M.P. Enrique Gil Botero, en la que se unificó «la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el valor probatorio de las copias simples y
la tasación de los perjuicios inmateriales en escenarios de privación injusta de la libertad».
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 (Rad.

27.709). C.P. Carlos Alberto Zambrano Becerra.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014 (Rad.

26251). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
33 «Véanse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera. Sentencias Exps. 28437 de 2014, 33504 de 2014, 35715 de 2015, 37994 de 2016 y
36816A de 2017».

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niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los
compañeros; para los niveles 3 y 4, además de lo anterior, se requerirá la prueba
de la relación afectiva; y finalmente, para el nivel 5, deberá probarse la relación
afectiva respectiva. [Negritas de la sala].

Aclarado lo anterior, esta sección considera que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión incurrió en los defectos alegados, como se
pasará a explicar.

En primer lugar, y según las consideraciones expuestas en esta providencia, se
estima arbitraria la consideración del tribunal consistente en que las accionantes
debían aportar otra prueba, diferente al estado civil, para acreditar la aflicción que
padecieron por la muerte de su hermana, porque es claro que, además de
rigurosa y formal, dicha consideración parte de un sustento jurisprudencial ajeno a
la controversia.

En efecto, se evidencia que el ad quem del proceso ordinario citó una sentencia
de unificación que se refiere exclusivamente al reconocimiento de perjuicios
inmateriales en los casos de privación injusta de la libertad, cuando la
controversia que suscitó la demanda de reparación directa en donde las
accionantes fueron parte fue una reparación directa por muerte ocasionada por
una falla médica.

En este orden de ideas, no podría afirmarse, bajo los parámetros jurisprudenciales
en cita, que las señoras Luzmila Correa Zamora y Lucila Correa de Henao debían
acreditar, con otras pruebas diferentes a sus registros civiles, el perjuicio moral
padecido con ocasión de la muerte de su hermana, ya que tanto la Corte
Constitucional34, como la Sección Tercera del Consejo de Estado35, han
considerado que en casos por muerte existe una presunción de aflicción respecto
de esposos, compañeros permanentes, relaciones paterno-filiales y, en general,
respecto de las personas en el primer y segundo grado de consanguinidad, lo que
se acredita con la prueba del estado civil.

Lo anterior implica que el tribunal implementó una posición ritualista que
obstaculizó la materialización de los derechos sustanciales de dos sujetos de
especial protección constitucional, lo que abandona su rol como garante de la
normatividad sustancial, ya que adoptó una decisión desproporcionada y
manifiestamente incompatible con el ordenamiento jurídico, máxime cuando, como
lo expuso la Corte Constitucional en la SU en cita, existen parámetros sobre el
tema de la prueba para el reconocimiento de los perjuicios morales en casos por
muerte precisamente para garantizar así la seguridad jurídica, la igualdad ante la
ley y la correcta aplicación del derecho.

En este orden de ideas, se considera que se presentó una indebida valoración de
los registros del estado civil de las accionantes, ya que el tribunal exigió otros
medios probatorios que la jurisprudencia no ha contemplado frente a los parientes
de la víctima directa en el segundo grado de consanguinidad, con el fin de probar

34 SU-114 de 2023.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera providencia de 28 de agosto de 2014, sentencia de
unificación proferida el expediente con radicado interno 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.

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el perjuicio moral, vulneración que resulta más evidente cuando el sustento
jurisprudencial de su decisión fue una sentencia de unificación ajena a la
controversia.

Al respecto, también se considera que se trasgredió el derecho a la igualdad de
las accionantes, ya que frente a los hijos de la víctima directa el tribunal sí
implementó la presunción jurisprudencial en cita, y tanto la Corte Constitucional,
como la Sección Tercera del Consejo de Estado han establecido que la prueba del
perjuicio moral es la misma frente a los parientes de primer y segundo grado de
consanguinidad.

2.8. Conclusión

En este orden de ideas, la sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital, e igualdad de las
señora Luzmila Correa Zamora y Lucila Correa de Henao, dejará sin efectos la
sentencia de 12 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, y ordenará proferir una decisión de reemplazo en la que
se debe tener en cuenta las reglas jurisprudenciales de valoración probatoria
señaladas en la parte motiva de esta providencia, en particular la que se refiere al
criterio que se debe implementar para probar el perjuicio moral en casos de
responsabilidad administrativa y extracontractual por muerte.

Finalmente, resulta pertinente precisar que:

i. El amparo concedido no implica automáticamente una decisión favorable a
las demandantes del proceso ordinario, luego la autoridad judicial
accionada en el marco de su autonomía e independencia, podrá concluir
motivadamente que no se satisfacen los criterios para acceder al perjuicio
moral de las hermanas de la víctima directa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA

PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA a la abogada Yina Paola Lora Flores
para actuar como apoderada de la señora Lucila Correa de Henao.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALEMENTE la sentencia de 5 de junio de 2025 de
la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud
de amparo, para en su lugar, mantener la improcedencia frente al defecto por
desconocimiento del precedente, y AMPARAR los derechos fundamentales de las
señoras Lucila Correa De Henao y Luzmila Correa Zamora, al configurarse los
defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.

TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 12 de noviembre
de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el
radicado 05837-33-33-0001-2013-00193-00/01, y ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión que dicte una providencia de

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Demandantes: Luzmila Correa Zamora y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02119-01

reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta
oportunidad, para lo cual se le concederá el término de treinta [30] días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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