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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02123-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02123-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud del Ministerio del Interior, consistente en que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva. SEGUNDO: RECONOCER la calidad de coadyuvante de la parte actora en el asunto de la referencia a los señores Dionicio Segundo Guerrero Peralta y Lyda Elena Arias de García. TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por Helen Carolina Russi Trujillo. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Helen Carolina Russi Trujillo Demandado: presidente de la República y otros Radicación: 11001-03-15-000-2025-02123-00 CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02123-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de junio de 2025

Demandante: Helen Carolina Russi Trujillo
Demandado: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02123-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02123-00
Demandante: HELEN CAROLINA RUSSI TRUJILLO
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la libertad de cultos y conciencia, igualdad
en materia religiosa y el principio de laicidad del Estado.
Niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito recibido el 23 de abril de 2025, la señora Helen Carolina Russi
Trujillo interpuso acción de tutela contra el presidente de la República, el Ministerio
del Interior y la Defensoría del Pueblo con el objeto de lograr el amparo de sus
derechos fundamentales a la libertad de cultos y conciencia, igualdad en materia
religiosa y el principio de laicidad del Estado.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por parte del
primer mandatario con ocasión de las manifestaciones efectuadas en discursos del
14 y 18 de marzo de 2025 en las que, a su juicio, imponen un culto religioso en un
país que es laico y «coloca en desventaja a una comunidad religiosa en particular,
como los cristianos».

1.2. Pretensiones

La parte actora pidió lo siguiente:

1. CONCEDER EL AMPARO de los derechos fundamentales a la Libertad Religiosa y de
Cultos (Art. 19 C.P.), a la Libertad de Conciencia (Art. 18 C.P.) y a la Igualdad (Art. 13

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1

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C.P.) del suscrito accionante y del grupo de ciudadanos afectados, por haber sido
vulnerados por las actuaciones del Señor presidente de la República.

2. DECLARAR que las manifestaciones o actos específicos del Señor presidente de la
República, DR. GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO detallados y probados en esta
acción, constituyeron una vulneración del Principio de Laicidad del Estado Colombiano y
de los derechos fundamentales amparados.

3. ORDENAR perentoriamente al Señor presidente de la República, DR. GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO, que en el ejercicio de sus funciones y en todas sus
comunicaciones y actos oficiales futuros, se abstenga de manera absoluta de realizar
manifestaciones, actos de adhesión (explícitos o simbólicos), consagraciones,
invocaciones preferenciales o cualquier otra acción que implique identificar al Estado
colombiano con una confesión religiosa particular, o que suponga un favorecimiento o
promoción de un credo específico en detrimento de la neutralidad estatal y la igualdad
entre todas las creencias y convicciones.

4. ORDENAR al Señor presidente de la República, DR. GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO, o a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, emitir
una comunicación oficial, difundida por medios idóneos y de amplio alcance (similares a
los utilizados para las manifestaciones cuestionadas), en la cual se reafirme de manera
clara e inequívoca el carácter laico del Estado colombiano, el deber de neutralidad religiosa
que vincula a todas las autoridades públicas, y el compromiso de Gobierno Nacional con
el respeto absoluto y la garantía de igualdad para todas las confesiones religiosas, iglesias,
creencias y convicciones (incluyendo las no religiosas) presentes en el territorio nacional.

5. PREVENIR formalmente al Señor presidente de la República, DR. GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO, sobre su deber constitucional irrenunciable de proteger
y garantizar activamente el principio de laicidad y los derechos fundamentales a la libertad
religiosa, de cultos y de conciencia de todos los habitantes de Colombia, instándolo a
actuar en todo momento con la máxima prudencia, imparcialidad y respeto por el
pluralismo que exige su alta investidura como jefe de Estado y símbolo de la unidad
nacional.

6. OFICIE a la señora defensora del pueblo la DRA. IRIS MARÍN ORTIZ por considerar
que la Defensoría del Pueblo de Colombia, fue erigida como la Institución Nacional de
Derechos Humanos del país, que ejerce un mandato constitucional y legal de profunda
trascendencia como la de promover, proteger, divulgar y asegurar el ejercicio efectivo de
los Derechos Humanos (DDHH) y prevenir sus vulneraciones en cada rincón del territorio
nacional y para los connacionales en el exterior. Y realice un seguimiento especial al
cumplimiento de este posible fallo2.

1.3. Hechos

La parte actora en su solicitud de amparo reprocha dos declaraciones del presidente
de la República que, a su juicio, «trasgreden el principio de laicidad y neutralidad
religiosa del Estado, sobre el que se sustentan [los] derechos fundamental[es] de
libertad de cultos y de religión» y fueron las siguientes:

1.3.1. El 14 de marzo, en Aracataca, Magdalena, durante la entrega de tierras para
la ampliación del Resguardo Indígena Sierra Nevada de Santa, en donde manifestó:

Hoy hay algunos temas, incluso del orden nacional, que me interesa comentar con
ustedes, pero, de paso, con el país. Todos sabemos que ya se inicia el proceso
de consulta popular. Es ya. No es que vamos a esperar a ver si el Espíritu Santo
logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para

2
Transcripción literal del original con posibles errores.
2

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apoyar al rico Epulón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador.

1.3.2. El 18 de marzo del 2025 (declarado día cívico), en un discurso público con
ocasión de su anuncio sobre la consulta popular de la reforma laboral expresó:

Gentes que levantan la cruz pero volteada porque odian la justicia cuando Jesús
era el mayor amante de la justicia social, era el mayor amante de los pobres, era
el que recibía en sus manos los cayos en las manos del trabajador su padre el
carpintero, su madre que era pobre, era el que había crecido el que había crecido
entre trabajadores, era el que había dicho que la opción preferencial era por los
pobres, y no por el rico epulón, ahora vemos a los pastores traicioneros vendidos
al rico de epulón [Arengas del público] escupiendo sobre Jesús el carpintero, es
en todas las trabajadoras y en todos los trabajadores formales que reciben
salario, o no formales que se rebuscan en las calles de las grandes ciudades o
tratan de sembrar alimentos en las tierras aun fértiles de Colombia las tierras
que aún les dejan y que tratamos de devolverles, es esa gente humilde y
trabajadores en donde esta Jesús el justiciero, el trabajador, y no en esas
pastoras que prefieren el dinero y hundir a su propio pueblo olvidando a Jesús,
lo hacen por dinero.

[…] entonces aquí se levantan las cruces de Jesús el carpintero, no las de Jesús
que manejan para golpear al pueblo, usando espadas y muertes sobre
indígenas, aquí se reivindican mensajes justicieros, aquí es tengo piojo, aquí
sabemos quién es Nariño y Bolívar.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que las referidas manifestaciones presidenciales generan una
profunda sensación de hostigamiento, exclusión y desigualdad religiosa por parte
del Estado y de las mismas se percibe que el primer mandatario interfiere en la
doctrina religiosa al acudir a la figura del Espíritu Santo y Jesús, lo que a su vez
conlleva al desconociendo de la pluralidad de dogmas como los ateos y agnósticos;
coloca en desventaja, riesgo de intolerancia y odio a una comunidad religiosa en
particular, la de los cristianos.

Precisó que las afirmaciones reprochadas crean un ambiente social y político en el
cual el ejercicio de la libertad religiosa, de cultos o de conciencia se ve afectado, no
por una prohibición directa, pero sí por la ruptura de la neutralidad estatal que
debería garantizar un campo de juego equitativo para todas las visiones del mundo
y, además, «genera la impresión de que existe una posición religiosa del Estado de
facto, promovida simbólicamente desde la cúspide del poder ejecutivo».

Destacó que la Constitución de 1991 marcó un hito al superar el modelo de Estado
confesional católico predominante bajo la Constitución de 1886 y que el
constituyente optó deliberadamente por un modelo de Estado secular, fundado en
el pluralismo que reconoce la diversidad de creencias como un valor y no como un
problema a suprimir o tolerar condescendientemente.

Precisó que la invocación genérica a Dios en el Preámbulo de la Constitución
Política no puede interpretarse como la adopción de una religión oficial, sino como
3

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el reconocimiento de una dimensión trascendente presente en diversas
cosmovisiones, sin adscripción confesional específica (sentencia C-350 de 1994) y
que, aunque la palabra laico no figure expresamente, la laicidad se infiere
ineludiblemente de la conjunción de varios mandatos constitucionales como: la
definición de Colombia como Estado pluralista (Art. 1); la garantía de igualdad y
prohibición de discriminación por religión (Art. 13); la protección absoluta de la
libertad de conciencia (Art. 18); y, centralmente, la garantía de la libertad religiosa y
de cultos con la declaración expresa de que «Todas las confesiones religiosas e
iglesias son igualmente libres ante la ley» (Art. 19), sobre este último la Ley 133 de
19943 al desarrollar dicho precepto constitucional reafirmó en su artículo 2º que
«Ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal».

Hizo hincapié en que el Estado no debe injerir en la autonomía interna de las
confesiones, y éstas no deben ejercer funciones estatales ni imponer sus dogmas
a través del poder público, afirmó que esta separación protege la autonomía de
ambas esferas y garantiza que las decisiones gubernamentales se fundamenten en
razones públicas y seculares, accesibles y aceptables para ciudadanos con
diversas cosmovisiones.

Refirió que el principio de neutralidad religiosa del Estado obliga al presidente de la
República y a todos sus agentes a mantener una posición de imparcialidad activa
frente al fenómeno religioso y no pueden favorecer o promover ninguna creencia
particular; su rol es garantizar las condiciones para que todas las personas puedan
ejercer libremente su derecho a la libertad religiosa y de conciencia en un plano de
igualdad; esa neutralidad es sinónimo de imparcialidad y no identificación
confesional.

Afirmó que el presidente de la República tiene una posición de garante respecto de
los derechos y libertades de todos los colombianos lo cual le impone un deber de
prudencia en sus manifestaciones públicas y no puede utilizar su investidura para
promover grupos, incluidos los religiosos4.

Finalmente, reflexionó: «Si el símbolo de la unidad nacional se identifica
públicamente con una sola fe, envía un mensaje contrario a la unidad basada en el
pluralismo, excluyendo simbólicamente a quienes no comparten esa creencia y
minando la base misma de la convivencia democrática en la diversidad. La unidad
se construye sobre el respeto a las diferencias y los valores constitucionales
compartidos, no sobre la imposición o promoción de una fe particular desde el
poder».

3
Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 10
de la Constitución Política.
4
Al respecto referenció las sentencias C-152/03 y T-124/21 de la Corte Constitucional.

4

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1.5. Trámite de la acción

Con auto de 23 de abril de 2024, el despacho sustanciador (i) negó el
reconocimiento de agencia oficiosa presentado por la actora5, (ii) admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar al presidente de la República, al Ministerio del Interior
y a la Defensoría del Pueblo, (iii) reconoció personería para actuar de acuerdo con
el poder allegado en los anexos y (iv) ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo
de Estado realizar una publicación en la página web de la corporación, con la
información de la tutela de la referencia, con el fin ponerla en conocimiento de los
terceros interesados.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con la constancia
visible en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Ministerio del Interior

La directora jurídica de dicha cartera pidió declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción
u omisión por parte del Ministerio del Interior.

Para sustentar su petición refirió las funciones del Ministerio del Interior establecidas
en el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado y adicionado por los decretos 1140 de
2018 y 2353 de 2019 y resaltó que no es del resorte de dicha cartera ejercer
funciones de inspección, control y vigilancia sobre los actos o expresiones del jefe
de Estado.

1.6.2. Presidente de la República

La apoderada judicial del presidente de la República pidió declarar improcedente la
solicitud de amparo y, en subsidio, negar porque no se vulneraron los derechos
deprecados.

Para sustentar la improcedencia adujo que no se cumplía con el requisito de la
subsidiariedad en la medida que la parte actora no elevó previamente ante el
presidente de la República (i) petición en ejercicio del derecho fundamental previsto

5
La decisión se adoptó tras considerar que la demandante tan solo afirmó que «actúa en su nombre
y como agente oficiosa de un grupo de ciudadanos colombianos que comparten similares
convicciones y se ven directamente afectados por las actuaciones que motivan esta acción», luego
no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en la medida que
no especificó por qué aquellas personas a quien dice agenciar o representar no se encuentran en
posibilidad de exigir por sí mismas la protección de sus derechos fundamentales.

5

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en el artículo 23 de la Constitución Política; tampoco (ii) agotó el mecanismo previsto
en la jurisprudencia para los casos de difusión de informaciones inexactas o
erróneas.

En relación con el primer mecanismo de defensa adujo que procedió a verificar con
el Área de Correspondencia de la entidad, dependencia que mediante certificado
CERT25-002060 / GFPU 13150000 del 28 de abril de 2025, indicó que hasta la
fecha no se ha recibido ninguna petición por parte de la accionante.

Frente al segundo aseveró que, comoquiera que las pretensiones de la acción de
tutela están encaminadas a buscar del presidente de la República una retracción se
debió presentar, previo a la interposición de la presente acción de tutela, la solicitud
que exige el numeral 76 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Sobre el punto indicó que, aunque el requisito de procedibilidad está previsto
legalmente para las declaraciones emitidas por medios de comunicación y
periodistas, hoy con los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia se entiende que es aplicable a las personas que difundan
habitualmente información, sin diferenciar si es un particular o funcionario público.

Trajo a colación la sentencia SU-274 de 20197 de la Corte constitucional, en la cual
«se ratificó la exigencia de una solicitud de retractación previa, como un requisito
aplicable cuando el emisor se dedica a difundir información de manera habitual, a
través de canales masivos, donde no se señala que dicha exigencia no sea aplicable
a funcionarios públicos». Al efecto transcribió el siguiente aparte:

8. Ahora bien, como se expuso previamente, el numeral 7 del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acciones u omisiones de particulares,
procederá contra acciones u omisiones de particulares, entre otros eventos,
cuando se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, caso en
el cual se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la
publicación y de rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que
aseguren la eficacia de la misma. Esta posibilidad tiene fundamento en el artículo
20 de la Carta, en virtud del cual se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad.

[…]

La Corte también ha reconocido que la rectificación, exigible tradicionalmente a
los medios de comunicación convencionales, es extensible a otros canales de
divulgación de información, al señalar que la presentación de esta solicitud da

6
ARTÍCULO 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
[…]
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada
que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
7
M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Exp T.6.937.981. Actor Luis Alfredo Ramos Botero contra
Noticias Uno.
6

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lugar a que el periodista o el medio de comunicación – u otra persona que informe,
debido a la amplitud tecnológica que hoy se presenta con recursos como el
Internet -, tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica en sus
aseveraciones8.

Así, concluyó que es evidente que la Corte Constitucional aplica el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991 en los casos en que el emisor de quien se pretende la
retractación se dedica de manera habitual a la difusión de información y si lo hace
a través de canales que tienen una divulgación masiva; reiteró que el máximo
Tribunal Constitucional no excluyó de este requisito a los funcionarios públicos.

Con base en lo hasta aquí expuesto solicitó se declare la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad en la medida que no
agotó el mecanismo ordinario de petición ni el especial de la solicitud de
retractación.

Por otra parte pidió que, de no accederse a la anterior petición se negara el amparo
deprecado por las siguientes razones:

1. Las declaraciones genéricas no vulneran los derechos fundamentales de las
personas. Afirmó que las manifestaciones cuestionadas no realizan un
señalamiento específico hacia una persona o grupo como de manera errada lo
pretende hacer ver la parte accionante, por el contrario, fueron formuladas en
términos generales y abstractos, dirigidas a personas indeterminadas como crítica
al comportamiento de algunos que dicen profesar un credo pero que no practican
sus dogmas.

2. La acción de tutela no puede ser empleada para definir situaciones en abstracto.
Reprochó que la accionante busque la protección de su derecho a la libertad
religiosa y de cultos, a la libertad de conciencia y a la igualdad, así como el principio
de laicidad, aparentemente vulnerados por unas declaraciones del primer
mandatario, donde utilizó la figura de Jesús para realizar una crítica a la cultura
colombiana, pero sin demostrar cómo esas declaraciones le causaron un perjuicio
particular y concreto, lo que evidencia que la misma está requiriendo que se declare
una vulneración general lo que no es viable en el marco de una acción de tutela que
tiene efectos inter partes.

3. Las afirmaciones impugnadas no constituyen una vulneración a los derechos a la
libertad religiosa y de conciencia invocados por la accionante. Ello en la medida que
no interfieren con el libre ejercicio en su culto, ni le imponen una creencia, ni le
generan un trato discriminatorio. Además, el primer mandatario no realizó una
apología en favor o en contra de alguna religión, solo usó la figura histórica de Jesús,
para realizar una reflexión cultural a la forma de actuar de personas indeterminadas,

8
Sentencia T-263 de 2010. Reiterada en la sentencia T-117 de 2018.

7

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que dicen profesar un dogma pero que en su vida diaria no lo aplica, sin que esto
pueda considerarse como la promoción de una creencia específica, o el
desconocimiento de la neutralidad del Estado en esta materia o un desconocimiento
al principio de laicidad.

1.7. Solicitudes de coadyuvancia

Los ciudadanos Dionicio Segundo Guerrero Peralta y Lyda Elena Arias de García
allegaron de manera independiente9, pero bajo idéntica argumentación, escrito de
solicitud de coadyuvancia en el cual refirieron:

Mediante este escrito, manifiesto mi adhesión plena y fundamentada a los hechos
y consideraciones jurídicas expuestos por la accionante, en tanto existe una
afectación grave, sistemática y reiterada a principios fundamentales del orden
constitucional colombiano, en particular el respeto por la libertad religiosa y la
neutralidad estatal en asuntos de fe, como lo exige el principio de laicidad.

Luego, como fundamento jurídico transcribieron los artículos constitucionales que
refieren los derechos a la libertad religiosa y de culto (Art. 19), libertad de conciencia
(Art. 18) y a la igualdad (Art.13) finalmente, frente al principio de laicidad del Estado
indicaron:

Este principio, aunque no se encuentra con ese nombre en la Constitución, ha sido
desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional:

• Sentencia C-350 de 1994: La laicidad estatal no significa indiferencia,
pero sí exige la neutralidad del Estado frente a las distintas confesiones
religiosas.
• Sentencia C-027 de 1993: El Estado no puede tomar partido por
determinada creencia religiosa, ni vincular decisiones políticas con
fundamentos doctrinales religiosos. Debe garantizar un espacio de
deliberación pública respetuoso de todas las cosmovisiones.

Destacaron como normativa internacional el artículo 1210 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1811 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Helen Carolina Russi Trujillo, de conformidad con lo

9
Con memoriales radicados los días 5 y 6 de mayo de 2025, respectivamente.
10
«Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión ... Nadie puede ser objeto
de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias».
11
«Nadie será obligado a revelar su religión o sus creencias. La libertad de manifestar la propia
religión sólo puede estar sujeta a limitaciones que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicas…»

8

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establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y con el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. El Ministerio del Interior pidió declarar a su favor la falta de legitimación en la
causa por pasiva al no existir nexo causal entre los hechos presuntamente
vulneradores de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y dicha
cartera.

Al respecto la Sala accederá a la solicitud deprecada en la medida que, si bien la
parte actora incluyó al referido ministerio como parte accionada, lo cierto es que no
expuso ningún fundamento fáctico ni jurídico que lo involucre en el sub examine,
tampoco invocó pretensión dirigida a que se emita una orden al mismo, aunado a
que la Sala evidencia que, en efecto, de lo relatado en la acción de tutela se tiene
certeza de que no fue quien generó la presunta violación de los derechos de la
accionante y menos aún impacta en las funciones del Ministerio del Interior.

2.2.2. En cuanto a la pretensión de los ciudadanos Dionicio Segundo Guerrero
Peralta y Lyda Elena Arias de García, consistente en que se les reconozca en este
proceso como coadyuvantes de la parte accionante, la Sala anuncia que accederá
a tal solicitud.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, inciso 2º,
en el cual se estipula:

ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud. (Énfasis propio)

En ese sentido, la Sección evidencia que en los escritos presentados por los
señores Dionicio Segundo Guerrero Peralta y Lyda Elena Arias de García, estos
concuerdan en considerar que, con las manifestaciones del presidente de la
República objeto de censura en el presente trámite constitucional, se le han
vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad de cultos y conciencia, igualdad
y el principio de laicidad del Estado, además secundan en su totalidad la
argumentación de la tutelante y la pretensión de que se le ordene al accionado

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abstenerse de realizar manifestaciones religiosas que desconozcan el estado laico
para justificar políticas públicas.

Al respecto, se aclara que de conformidad con lo estipulado en el artículo 244 de la
Ley 1437 de 2011, la figura de la coadyuvancia únicamente faculta al tercero con
interés a «efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto
no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en
litigio».

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver si con ocasión de las manifestaciones efectuadas
por el presidente de la República en los discursos del 14 y 18 de marzo de 2025 en
las que refirió sobre un culto religioso se le vulneró a la tutelante los derechos
fundamentales a la libertad de cultos y conciencia, igualdad y el principio de laicidad
del Estado.

Para resolver el problema jurídico planteado se analizará (i) la procedencia en el
caso concreto y, de encontrarse superada se seguirá el siguiente esquema (ii) los
derechos a la libertad de conciencia y culto y sus dimensiones, (iii) principio de
laicidad y, finalmente, (vi) solución al caso concreto a partir del análisis de las
expresiones y la verificación de la afectación o no de dichas garantías
constitucionales.

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991. Constituyen requisitos de procedibilidad de esta acción la
inmediatez y la subsidiariedad.

2.3.1.1. Análisis del presupuesto de la inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión
que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, el
cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría
el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de
ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.

En el presente caso se advierte que las manifestaciones realizadas por el primer
mandatario, que originaron el presente trámite constitucional, fueron efectuadas en

10

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discursos del 14 y 18 de marzo de 2025, y en el mes siguiente12 fue presentada la
acción de tutela por parte de la señora Helen Carolina Russi Trujillo. Por lo tanto,
Sala considera que la acción de tutela se presentó en un término razonable y
oportuno.

2.3.1.2. Estudio del requisito de la subsidiariedad

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual.

Ahora, para el caso en concreto la Sala anticipa que el mismo se encuentra
satisfecho puesto que, diferente a lo expuesto por la parte accionada en su escrito
de contestación, en el sub examine de frente a los derechos invocados y lo
pretendido no es exigible una petición previa ante la autoridad accionada por las
siguientes razones:

Lo primero que debe dejarse en claro es que la presente acción de tutela (i) no
invoca la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre y honra,
tampoco (ii) pretende la retractación de una información. Bajo esas premisas no es
exigible como presupuesto de procedibilidad la solicitud de retractación prevista en
el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 que es del siguiente tenor:

ARTICULO 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u
omisiones de particulares en los siguientes casos:

[…]

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este
caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que
aseguren la eficacia de la misma.

Nótese que la norma transcrita es lo suficientemente clara al disponer que dicho
requisito se debe presentar cuando se pretenda la rectificación de información,
por ende, no es aplicable al caso concreto.

Lo anterior en la medida que, de una parte las manifestaciones reprochadas no
obedecen a la transmisión de una información, lo cual no es objeto de controversia
por la partes al reconocer que se trató de una opinión del primer mandatario sobre
un culto religioso, y de otra parte, no se pide retractación de las afirmaciones
acusadas sino que se le ordene al presidente de la República que en «actos oficiales
futuros, se abstenga de manera absoluta de realizar manifestaciones, actos de
adhesión (explícitos o simbólicos), consagraciones, invocaciones preferenciales o
cualquier otra acción que implique identificar al Estado colombiano con una

12
El 23 de abril de 2025.
11

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confesión religiosa particular, o que suponga un favorecimiento o promoción de un
credo específico en detrimento de la neutralidad estatal y la igualdad entre todas las
creencias y convicciones».

Sea de paso recordar que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
señalado que en el caso de los derechos a la honra y al buen nombre si bien el
ordenamiento jurídico colombiano ha previsto diferentes instrumentos para su
protección, entre los que se encuentran las acciones civiles y penales en contra del
agresor, no por ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de
protección, teniendo en cuenta que no siempre es posible que se predique la
existencia de un delito por hechos relacionados con la vulneración de esos derechos
y, en ese escenario, previo a la interposición del mecanismo constitucional ha
exigido, según sea el caso, la petición previa ante el emisor de la respectiva
retractación13.

Retomando el caso concreto la Sala advierte que en el presente caso se estudia la
posible vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de cultos y
conciencia, igualdad y el principio de laicidad del Estado para lo cual el
ordenamiento jurídico no prevé un mecanismo propio de defensa judicial, entonces
la acción de tutela resulta ser el medio eficaz e idóneo para lograr la protección de
las referidas garantías constitucionales.

Sobre el punto el alto tribunal constitucional en la sentencia T-124 de 202114, que
se trae como criterio auxiliar, al abordar la posible vulneración de los mencionados
derechos y del principio de neutralidad del Estado en materia religiosa al estudiar el
requisito de subsidiariedad concluyó:

2.4. La tutela es procedente también por cuanto no hay un medio de defensa
alternativo idóneo y eficaz.

18. La acción de tutela procede únicamente cuando no existen otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, o cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad
o eficacia para proteger de forma adecuada y efectiva los derechos fundamentales
en cada caso concreto. En el presente caso el accionante busca la protección de los
derechos a la libertad religiosa y de cultos y de los principios de laicidad y neutralidad
del Estado en materia religiosa. La Sala encuentra que la tutela resulta procedente
como mecanismo principal, toda vez que es el único medio judicial que prevé el
ordenamiento jurídico para obtener la protección integral y efectiva de estos
derechos.

Asimismo, el Consejo de Estado en casos similares donde se han cuestionado actos
o publicaciones de tipo religioso, no ha exigido petición previa, por ejemplo, el caso

13
Es importante destacar que la jurisprudencia reciente de esta corporación ha extendido dicha
prerrogativa a otros canales de divulgación de información distintos de los tradicionales (prensa,
radio, televisión, etc.), como es el caso de los portales de internet y redes sociales, precisando que,
en atención al artículo 20 de la Constitución Política, la solicitud previa de rectificación será
imperativa siempre que a través de estos se ejerza una actividad periodística.
14
M.P. Diana Fajardo Rivera.
12

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que citó la demandante sobre las alusiones por parte del entonces presidente a la
Virgen de Chiquinquirá15 y la vicepresidenta de la República a la Virgen de Fátima16.

Con base en lo anterior, esta Sala de Decisión considera que se torna procedente
efectuar el análisis de fondo dentro del sub-lite.

2.3.2. Derecho a la libertad de cultos y conciencia

Estos derechos están previstos en los artículos 18 y 19 de la Constitución política
los cuales prevén:

ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a
actuar contra su conciencia.

ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

La Ley 133 de 1994, conocida como la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos,
desarrolla el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia y establece los
derechos y obligaciones relacionados con la libertad religiosa y de cultos para las
personas y las iglesias o confesiones religiosas.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional17 ha sostenido que la libertad religiosa
tiene doble ámbito de protección: uno positivo, denominado autonomía jurídica que
corresponde a la garantía que tienen todos las personas de profesar, practicar,
manifestar y divulgar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
cualquier creencia, religión, confesión, fe, culto o rito libremente escogido,
cambiarlo, abandonarlo, decidir no ejercer ninguno o abstenerse de declarar sobre
sus dogmas de fe.

Y, de otro lado, tiene la dimensión negativa conocida como inmunidad de coacción,
la cual garantiza que nadie podrá ser obligado o forzado a obrar en contra de su
credo religioso, perturbado en razón de sus creencias, compelido a revelarlas,
imposibilitado a vivir según sus propias convicciones o impedido a difundirlas. En
este ámbito el Estado debe abstenerse de neutralizar o debilitar las creencias de las
personas, no puede establecer barreras que impidan la fe y debe proteger y hacer
respetar las creencias personales.

15
Proceso que se identificó con el Rad. 11001-03-15-000-2021-04721-00. Accionado Iván Duque
Márquez.
16
Proceso que se identificó con el Rad. 25000-23-15-000-2020-01905-01. Accionada Martha Lucía
Ramírez.
17
Al respecto, remitirse a las consideraciones de la Sentencia C-664 de 2016, en la cual se reiteró
que “el Estado no tiene religión oficial y su actuar no debe afectar ni positiva ni negativamente a
ninguna congregación religiosa –el Estado debe ser neutral e imparcial frente al fenómeno religioso–
y no puede ser identificado ni explícita ni simbólicamente con religión alguna”.
13

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En relación con las limitaciones que se pueden imponer a la libertad religiosa, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que se deben tener en cuenta algunos
criterios para impedir que este derecho fundamental sea limitado innecesaria o
arbitrariamente, tales como: (i) debe restringirse lo menos posible la garantía de
libertad religiosa; (ii) sólo pueden realizarse limitaciones que estén en consonancia
con los principios constitucionales y legales de una sociedad democrática; (iii) sólo
pueden ser fuente de restricciones al ejercicio del derecho a la libertad religiosa la
constitución y la ley; (iv) las limitaciones no cobijan el mero acto de profesar una
creencia. Es decir, el acto individual e interno de fe no puede ser objeto de
restricción alguna; y (v) las acciones y omisiones derivadas de la religión, cuyo
ejercicio también se garantiza constitucionalmente, sí tienen límites

De igual manera se tiene que está garantía se encuentra consagrada en los
artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, III de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos18.

Bajo el anterior panorama constitucional y legal tanto nacional como internacional
sobre la materia, se evidencia la obligatoriedad del Estado en la protección de la
libertad religiosa en todas sus manifestaciones, creencias y fenómenos individuales
o colectivos que relacionan al ser humano con lo divino, y de los cuales se derivan
un conjunto de convicciones y parámetros éticos que dirigen la conducta de quien
profesa tal creencia.

2.3.3. Del principio de laicidad del Estado

A partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se estableció
el pluralismo religioso como un componente fundamental del modelo social y
democrático de derecho.

Ahora, con ocasión del tránsito del Estado confesional al laico (aunque la
Constitución Política no contenga una disposición expresa sobre la laicidad del
Estado colombiano), la jurisprudencia constitucional ha concluido que la adopción
del modelo de Estado laico se deriva de la interpretación sistemática de los valores,
principios y derechos consagrados en la Carta Magna dejando atrás la consagración
de la religión Católica, apostólica y romana como la religión de la Nación, tal como
lo establecía el artículo 38 de la Constitución de 1886, para dar paso a un Estado
que garantiza la libertad de cultos en el que todas las confesiones religiosas e

18
La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 12, consagra el derecho de toda
persona a la libertad de conciencia y de religión, del cual se desprende tanto una faceta positiva: “la
libertad de profesar y divulgar las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado (art. 12.1.); como una faceta negativa: “nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que
puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o
de creencias” (art. 12.2.).
14

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iglesias son igualmente libres ante la ley, como lo señala el artículo 19
constitucional.

En la Sentencia C-350 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se dijo:

La laicidad del Estado se desprende entonces del conjunto de valores, principios
y derechos contenidos en la Constitución. En efecto, un Estado que se define
como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la
igualdad entre todas las religiones (CP arts. 1º y 19) no puede al mismo tiempo
consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos
credos religiosos. Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación
sería incurrir en una contradicción lógica. [P]ara la Corte Constitucional es claro
que el Constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución
de 1886 -que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación
confesional por la protección preferente que otorgaba a la Iglesia Católica-, y
estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una
estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas
las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico.

Fue así como en la primera década de la actual Carta Política, la Corte
Constitucional sentó las bases de separación entre el Estado y la iglesia católica y
explicó que a las autoridades públicas les está vedado consagrar una religión oficial
o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos, pues una
conducta de tal entidad es incompatible con la diversidad de cultos que el
ordenamiento jurídico protege.

Explicó que el discurso religioso, como manifestación de la libertad de cultos,
dialoga análogamente con el principio del pluralismo (artículo 1º de la C.P.), el cual
defiende y protege la existencia de modos distintos de ver el mundo. En efecto, el
derecho de una persona de acoger un culto y conducir su vida de conformidad con
el mismo, implica que el Estado, en función de su laicidad, debe respetar tal
prerrogativa y garantizar las condiciones para que la igualdad entre las creencias y
cosmovisiones sea real y efectiva19.

No obstante, también dejó en claro que una expresión religiosa, en su faceta
discursiva no está exenta de la crítica ni del debate. Lo anterior, en tanto que el
discurso, por antonomasia, no atañe meramente a una dimensión individual o ideal,
sino que, en su pretensión ética, interpela a la sociedad y a la opinión pública. De
hecho, con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, la
divulgación de las creencias, sentimientos y opiniones ha tenido un crecimiento
exponencial, de suerte que quien accede a esos medios con la intención de divulgar
y, explícitamente, influenciar a un conjunto de personas, debe estar sujeto a la
interpelación, al debate y a la crítica. Es imposible que en una sociedad pluralista la
diversidad de creencias no de paso a la controversia, el imperativo democrático

19
Sentencia SU-355 de 2019, Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15

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supone, en todo caso, que tales tensiones deben ser resueltas de manera pública,
pacífica y tolerante20.

Ahora bien, expuesto el marco teórico de las garantías fundamentales de las cuales
se solicita el amparo, corresponde a la Sala establecer si el presidente de la
República desconoció los derechos de libertad de cultos y conciencia de la señora
Helen Carolina Russi Trujillo, con ocasión de las manifestaciones efectuadas en
discursos del 14 y 18 de marzo de 2025 en las que, a juicio de la tutelante, imponen
un culto religioso en un país que es laico.

2.3.4. Verificación de la afectación de derechos fundamentales

La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, comoquiera que no se demostró
que las manifestaciones elevadas por el primer mandatario tengan la entidad
suficiente para estructurar la vulneración del derecho a la libertad religiosa de la
demandante en los ámbitos positivo (autonomía jurídica) y negativo (garantía de no
coacción) definidos por la Corte Constitucional; tampoco se estructuró el
desconocimiento del principio de laicidad en la medida que no se impone al Estado
colombiano un culto religioso.

Para lo anterior resulta necesario en primer lugar detallar las frases que se
consideran vulneradoras de los derechos a la libertad de conciencia y cultos y del
principio de laicidad, y fueron las siguientes:

Del 14 de marzo de 2025, durante la entrega de tierras para la ampliación del
Resguardo Indígena Sierra Nevada de Santa, en donde manifestó:

Hoy hay algunos temas, incluso del orden nacional, que me interesa comentar con
ustedes, pero, de paso, con el país. Todos sabemos que ya se inicia el proceso
de consulta popular. Es ya. No es que vamos a esperar a ver si el Espíritu Santo
logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para
apoyar al rico Epulón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador.

Y, del 18 de marzo del 2025 (declarado día cívico), cuando expresó:

Gentes que levantan la cruz pero volteada porque odian la justicia cuando Jesús
era el mayor amante de la justicia social, era el mayor amante de los pobres, era
el que recibía en sus manos los cayos en las manos del trabajador su padre el
carpintero, su madre que era pobre, era el que había crecido el que había crecido
entre trabajadores, era el que había dicho que la opción preferencial era por los
pobres, y no por el rico epulón, ahora vemos a los pastores traicioneros vendidos
al rico de epulón [Arengas del público] escupiendo sobre Jesús el carpintero, es
en todas las trabajadoras y en todos los trabajadores formales que reciben salario,
o no formales que se rebuscan en las calles de las grandes ciudades o tratan de
sembrar alimentos en las tierras aun fértiles de Colombia las tierras que aún les
dejan y que tratamos de devolverles, es esa gente humilde y trabajadores en
donde esta Jesús el justiciero, el trabajador, y no en esas pastoras que prefieren

20
Ibidem.
16

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el dinero y hundir a su propio pueblo olvidando a Jesús, lo hacen por dinero.

[…]

En el presente caso, la parte actora considera que se rompió la neutralidad estatal
en materia religiosa porque imponen un culto religioso en un país que es laico y
«coloca en desventaja a una comunidad religiosa en particular, como los cristianos».
Sin embargo, la Sala no evidencia que ello se haya configurado en la medida que
al realizarse una lectura cuidadosa no se advierte que las manifestaciones
cuestionadas hicieran un señalamiento específico hacia una persona o grupo como,
de manera subjetiva, lo anuncia la accionante.

Al respecto se sustrae del discurso del 14 de marzo de 2025 la expresión que
interesa al asunto, «No es que vamos a esperar a ver si el Espíritu Santo logra un
milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar al
rico Epulón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador», nótese que es una
afirmación formulada en términos generales y como crítica de manera abstracta al
comportamiento de algunos que dicen profesar un credo pero que no practican sus
dogmas. En ningún aparte de la expresión hace referencia a algún culto religioso en
particular.

La misma conclusión se predica de las expresiones del 18 de marzo siguiente, ello
en la medida que, en los componentes del mensaje censurado, si bien el funcionario
convocado bordeó el límite de la prudencia de un servidor público de su investidura,
su proceder no alcanza a configurarse válidamente como un ejercicio que pueda
considerarse violatorio de las garantías invocadas y que dé lugar a las medidas que
la tutelante pretende.

Aquí ha de recordarse el marco teórico en el que se precisó que la libertad religiosa
comporta la garantía positiva de la autonomía jurídica, la cual no fue desconocida
por el presidente de la República en la medida que a hoy no le impide a la señora
Helen Carolina Russi Trujillo, de manera alguna, practicar, manifestar o divulgar su
religión, libremente escogida, tampoco se percibe una instigación a cambiarla o
abandonarla, en otras palabras, la accionante puede de manera libre seguir
profesando el culto que de manera interna sigue a su dogma.

De otro lado, tampoco se configura un desconocimiento a la garantía en su
dimensión negativa referida a la inmunidad de coacción, comoquiera que tampoco
se demostró que se le esté obligando a actuar en contra de su credo religioso o se
le haya prohibido difundirlo. En resumen, el primer mandatario no amenaza,
presiona o establece barreras que le impidan a la señora Russi Trujillo profesar su
fe.

Ahora, si bien hasta aquí la Sección concluye que los derechos fundamentales a la
libertad de conciencia y cultos no le fueron vulnerados a la señora Russi Trujillo,

17

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para los fines completos de esta decisión, es necesario pasar a estudiar si las
expresiones acusadas desconocen el principio de laicidad del Estado.

Para abordar este segundo aspecto debe indicarse que los discursos del presidente
de la República objeto de reproche logran enmarcarse como la expresión de un
sentimiento individual de sus creencias y perspectivas religiosas, que de manera
alguna logran comprometer la postura laica del Estado colombiano.

Ello, comoquiera que al valorar las frases censuradas estas no profesan ninguna
política religiosa oficial en la que se pretenda favorecer a los devotos de alguna
religión específica o a las instituciones que hacen parte de dicho credo.

En este punto de discusión es oportuno destacar que la Corte Constitucional ha
desarrollado el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa como uno de
los elementos centrales del principio de laicidad que implica que todos los credos,
religiones y convicciones merecen la misma protección por parte del Estado, sin
importar que un determinado credo tenga una influencia o un carácter más
extendido respecto de otros, pues la Constitución ha establecido igual valor a
todos21.

Así las cosas, en aplicación de dichos principios (laicidad y neutralidad) el Estado
colombiano no puede identificarse, incentivar o patrocinar una visión del mundo en
particular, ya sea religiosa, atea o agnóstica, pues esto conculca el derecho a la
igualdad de las personas que no participan de la creencia altamente jerarquizada.

Para el caso concreto se concluye que en las frases censuradas no existen
elementos de juicio suficientes para concluir que realmente se desconoció la
laicidad del Estado y separación entre el Estado y la iglesia, en la medida que no se
evidencia un lenguaje tendiente a consagrar una religión oficial o establecer la
preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos, pues una conducta en ese
sentido sí es incompatible con la diversidad de cultos que el ordenamiento jurídico
protege.

En gracia de discusión, conviene rememorar que, diferente fue el escenario en el
cual la Corte Constitucional en la sentencia T- 124 de 202122, dictada en Sede de
Revisión, concluyó que la conducta de la entonces vicepresidenta de la República23
desconoció el principio de laicidad al publicar en sus redes sociales24 un mensaje
acompañado con el escudo nacional y el slogan del Gobierno nacional, mediante el

21
Sentencia C-498 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa y C-234 de 2019M.P. Diana Fajardo
Rivera, en esta última la Corte reitera que el Estado constitucional colombiano es laico y pluralista,
garante y comprometido con la dignidad y autonomía de todas las personas, lo que implica el
reconocimiento del ser humano como sujeto titular de derechos, capaz de auto-determinarse y de
esperar del Estado, de las autoridades y de la sociedad, la configuración de un escenario respetuoso
para su actuación e interacción.
22
M.P. Diana Fajardo Rivera.
23
Martha Lucía Ramírez Blanco.
24
Facebook y Twitter
18

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cual consagraba al país a la Virgen de Fátima, el mismo fue : «Hoy consagramos
nuestro país a nuestra señora de Fátima elevando plegarias por Colombia para
que nos ayude a frenar el avance de esta pandemia y que Dios mitigue el sufrimiento
de los enfermos, el dolor de los que perdieron seres amados y nos permita
repotenciar nuestra economía para generar millones de empleos que acaben con la
pobreza»25.

En esa oportunidad para la Corte Constitucional el mensaje publicado no podía
considerarse como una expresión individual de la vicepresidenta, desprovista de
carácter oficial pues comprometía al Gobierno nacional tanto así que se expresó en
forma plural, entonces quien habló no fue la ciudadana Martha Lucía Ramírez, sino
el Gobierno nacional y, finalmente, lo que expresó fue una clara consagración de
Colombia a la Virgen de Fátima, formulación que conlleva una preferencia en
asuntos religiosos, al rito católico, lo cual es inconstitucional por cuanto viola la
igualdad entre las distintas religiones que no profesan la fe desde la Virgen ni adoran
imágenes, incluso de ateos y agnósticos.

El alto tribunal constitucional precisó: «si bien los funcionarios públicos pueden
practicar su culto o religión, no les está permitido vincular sus manifestaciones de
fe a la institución que representan, para adherir o manifestar una preferencia a la
religión o culto que, a título personal, profesan. Entonces, a las autoridades públicas
les está vedado consagrar el país a determinado credo o figura religiosa mediante
ningún tipo de acto, ni tampoco utilizar símbolos o distintivos oficiales en el mismo,
porque una manifestación de fe en estas condiciones compromete, no sólo la
igualdad entre los distintos cultos y religiones, sino el principio de laicidad del
Estado».

Como puede observarse se trató de un asunto en el cual el mensaje en sí mismo
consagró el Estado colombiano a un credo religioso (católico), diferente a las
expresiones que ocupan ahora mismo la atención de la Sala, en las cuales, se itera,
no existió ningún asomo de imposición a un clero o religión específico; en suma, la
ratio decidendi de dicho pronunciamiento constitucional no es trasladable al caso
sub examine.

De igual manera, y en la medida que también se trajo al plenario como antecedente,
la decisión que profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el 26 de julio
de 2020, y se manifestó que, en la misma, se le ordenó al entonces presidente de
la República26 eliminar una publicación relativa a la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá, lo cierto es que dicha orden fue revocada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 19 de agosto de
202027, tras concluir que la manifestación del funcionario tutelado logra mantenerse
como la expresión de un sentimiento individual de sus creencias católicas, que no

25
Destacado de la Sala.
26
Iván Duque Márquez.
27
Radicación No. 89841 STL5798-2020.
19

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tuvo la entidad suficiente para comprometer la postura laica del Estado.

Bajo las anteriores consideraciones la Sección concluye que no se desconoció el
principio de laicidad en las manifestaciones censuradas.

Con todo, no sobra hacer hincapié en que el funcionario accionado debe ser
particularmente cuidadoso y procurar que sus pronunciamientos se ajusten a la
neutralidad propia del cargo gubernamental que ejerce, evitar hacer alusión a
asuntos de su fuero interno que puedan interpretarse como una postura oficial, esto
con el fin de evitar la confusión entre su rol como ciudadano y su investidura de jefe
de Estado, que, en otras circunstancias, puedan considerarse lesivas de garantías
constitucionales fundamentales.

Finalmente, es preciso indicar que no es labor del juez constitucional inmiscuirse en
discusiones de índole político o religioso. Su función como guardián de la
Constitución es verificar si existió una vulneración de derechos fundamentales, al
punto que amerite impartir una orden de protección, situación que, en el caso
examinado no se presentó.

3. Conclusión

La Sala negará el amparo de tutela por no encontrar demostrada la afectación
alegada, se itera, las particulares condiciones que se analizaron y el lenguaje que
se empleó en los discursos censurados permiten enmarcar la conducta como la
expresión de un sentimiento individual y personal del presidente de la República,
que no adquirió una connotación lesiva de otros derechos como la libertad de cultos
y conciencia ni del principio de laicidad del Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud del Ministerio del Interior, consistente en que
se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.

SEGUNDO: RECONOCER la calidad de coadyuvante de la parte actora en el
asunto de la referencia a los señores Dionicio Segundo Guerrero Peralta y Lyda
Elena Arias de García.

TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por Helen Carolina Russi
Trujillo.

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Demandante: Helen Carolina Russi Trujillo
Demandado: presidente de la República y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02123-00

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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