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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02129-00

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02129-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Hacienda, y ACCEDER la solicitud de desvinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, por las razones anteriormente expuestas. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso y acceso a la administración de justicia de Elcy Mery Pulgarín Echavarría, por las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y a la Agencia Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado (ANDJE) que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, ejecuten, de manera coordinada, las acciones necesarias para poner en total funcionamiento la «Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas listadas en los anexos I, II Y III». CUARTO: EXHOTAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia Agencia Nacional de Defensa jurídica para que, en lo sucesivo, subsanen y dispongan todas las acciones necesarias para que el funcionamiento de la «Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas listadas en los Anexos I, II y III» no sea suspendido por motivos de índole administrativo, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga su cese de funcionamiento. QUINTO: ORDENAR a la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica que, una vez retome actividades, dentro de las 48 horas siguientes a ese suceso, imparta el trámite correspondiente a las solicitudes de reconocimiento de 26 de abril, 5 de junio y 24 de junio de 2024, así como la de priorización de 22 de julio de 2024, todas ellas presentadas por Elcy Mery Pulgarín Echavarría, de conformidad con las reglas de procedimiento fijadas en el denominado «Acuerdo 002»14. 13 «Por el cual se establecen las reglas de procedimiento y prueba ante la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02129-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02129-00
Accionante: Elcy Mery Pulgarín Echavarría
Accionado: Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y otros

Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad púbica.
Cumplimiento de la Sentencia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Integrantes y
Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Elcy
Mery Pulgarín Echavarría contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y
otros.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 10 de abril de 2025, Elcy Mery Pulgarín Echavarría, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado (ANDJE), la Unidad para la Atención y Reparación de las Victimas
(UARIV) y la Comisión para la constatación de la identidad y el parentesco de las
victimas dentro del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y vida digna. A título de amparo constitucional, la parte
actora solicitó:

«3.1. Declárese que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
a la reparación, a la vida digna, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la accionante, la señora Elcy Mery Pulgarín Echavarría.

3.2. Ordénese a las entidades accionadas dar cumplimiento inmediato a las órdenes
25 y 38 de la Sentencia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”.

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Accionante: Elcy Mery Pulgarín Echavarría

3.3. Ordénese al Ministerio de Hacienda disponer de forma inmediata los recursos
necesarios para garantizar el funcionamiento de la Comisión para la Constatación de
la Identidad y el Parentesco.

3.4. Ordénese a la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas ejecutar de
forma urgente los recursos económicos, de manera que se garantice que la Comisión
para la Constatación de la Identidad y el Parentesco vuelva a funcionar
inmediatamente.

3.5. Ordénese a la Comisión para la Constatación de la Identidad y el Parentesco
resolver de forma inmediata las solicitudes de reparación elevadas por la señora Elcy
Mery Pulgarín, toda vez que se encuentran vencidos los términos para hacerlo.»

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora señaló
que, el 30 de enero de 20232, fue notificada a las partes la sentencia proferida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Integrantes y Militantes
de la Unión Patriótica vs. Colombia. En dicha providencia se condenó al Estado
Colombiano.

4. La orden dada dentro del punto 253 del acápite de disposiciones de la
sentencia fue la creación de la «comisión para la constatación de la identidad y
parentesco de las víctimas listadas en los Anexos I, II y III»4 que se encargaría de
constatar los beneficiarios de las reparaciones ordenadas en la sentencia. La Corte
IDH concedió un plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la
sentencia para que se conformara y pusiera en funcionamiento dicha comisión.

5. El párrafo 537 de la sentencia estableció que la Comisión estaría integrada por
3 miembros: uno designado por el Estado colombiano, otro por los representantes
comunes de las víctimas y un tercero por la Corte IDH. Asimismo, dispuso que los
recursos económicos necesarios para el funcionamiento de dicha comisión
deberían ser provistos por el Estado colombiano. Una vez la comisión entrara en
funcionamiento, la Corte fijaría una fecha a partir de la cual comenzaría a correr un
plazo de 12 meses para que las personas incluidas en los anexos II y III, o sus
representantes, presentaran la documentación correspondiente. El procedimiento
completo relacionado con este trámite interno se detalló en los párrafos 537 a 540
de la sentencia.

6. Mediante el Decreto 542 de 2023, el presidente de la República designó a la
ANDJE como autoridad enlace e interlocutoria para el cumplimiento de las
reparaciones ordenadas por la Corte IDH en la Sentencia del Caso Integrantes y
Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia de 27 de julio de 2022, en
cumplimiento del punto 40 de esa providencia5.

2
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_455_esp.pdf
3
«24. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.
25. Se establecerá y pondrá en funcionamiento la “comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas
listadas en los Anexos I, II y III” de esta Sentencia, en los términos de lo establecido en los párrafos 533 a 539 de esta
Sentencia.»
4
El anexo I se encuentran incluidas las víctimas directas, en el anexo II las víctimas de violaciones a los derechos contenidos
en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana que son familiares de las victimas mencionadas en el anexo I, y en el
anexo III se incluyó a todas aquellas victimas respecto de quienes no fue aportada a la Corte Interamericana prueba que
permitiera corroborar nombres completos y números de identificación.
5
«40. El Estado designará, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, una autoridad estatal
que actúe como enlace e interlocutora con las víctimas y sus representantes y proporcionará sus datos de contacto, en los
términos del párrafo 653 de la presente Sentencia.»

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7. Por su parte, el Decreto 1643 de 2023 fue expedido en cumplimiento de los
numerales 25 y 38 de la sentencia. En él se estableció que la comisión sería la
encargada de verificar la identidad de las víctimas incluidas en los anexos I y II de
dicha decisión judicial. Asimismo, el artículo 5 dispuso que los recursos necesarios
para el funcionamiento de la comisión serán asignados por el Ministerio de Hacienda
y ejecutados por la UARIV.

8. El 16 de abril de 2024, la Comisión para la constatación de la identidad y
parentesco de las víctimas listadas en los anexos I, II y III empezó su
funcionamiento, es decir, que a partir de esa fecha las personas que pretendían
acceder a las medidas de reparación empezaron a presentar las solicitudes de
constatación de identidad6.

9. La accionante fue reconocida como víctima a causa de (i) la ejecución
extrajudicial de su madre y (ii) su desplazamiento forzado7. Por tal razón, presentó
su solicitud de reparación ante la UARIV el 26 de enero de 2024 y de reconocimiento
ante la Comisión, mediante correos electrónicos del 26 de abril, 5 de junio y 24 de
junio de 2024. Además, radicó una solicitud para que priorizaran su petición el 22
de julio de 2024. Al momento de la presentación de la acción de tutela no había
tenido respuesta a sus peticiones.

10. Como fundamento de la vulneración, la accionante manifestó que las
autoridades accionadas han vulnerados sus derechos fundamentales a la
reparación integral, debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida
digna, al no dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento presentadas ante la
Comisión para la constatación de la Identidad y Parentesco de víctimas dentro de
la sentencia del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia
proferida por la Corte IDH, debido a que desde el 1 de enero de 2025 dicha comisión
no se encuentra en funcionamiento.

Intervenciones8

11. La Presidencia de la República, manifestó que no ha recibido ninguna
petición de parte de la accionante. Señaló que la UARIV y el Ministerio de Hacienda
eran las unidades ejecutoras para la Comisión de constatación de identidad y
parentesco, según el Decreto 1643 de 2023. Agregó que no contaba con
legitimación pasiva en la causa, ya que dicha autoridad no tenía competencia para
dar respuesta a solicitudes debido a que el reconocimiento de las medidas de
reparación debía presentarse ante la Comisión propiamente. Por último, manifestó
que el Estado Colombiano ha realizado acciones en cumplimiento de la sentencia

6
La Corte estableció que desde ese día empezaría a correr el termino de 12 meses para que las victimas presentaran sus
solicitudes ante la comisión.
7
Según los dispuesto en el anexo I como víctima por ejecución extrajudicial de su mamá y como víctima de desplazamiento
y amenazas según el anexo III de la sentencia.
8
Mediante Auto de 21 de abril de 2025, el despacho admitió la acción de tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ANDJE, la UARIV y la Comisión para la constatación de la identidad y el
parentesco de las victimas dentro del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia de la Corte IDH y
vinculó a la Presidencia de la República, como tercero con interés en el proceso.

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proferida por la Corte IDH en materia de reconocimiento, reparación y garantías de
no repetición.

12. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que fue relevado de las
funciones de coordinación, articulación y seguimiento del cumplimiento de la
decisión proferida por la Corte IDH en el Caso Integrantes y Militantes de la Unión
Patriótica vs. Colombia, debido a que el Decreto 542 de 2023 dispuso que sería la
ANDJE la encargada de tales funciones. Por lo anterior, alegó falta de legitimación
por pasiva, por no ser la autoridad responsable y no tener injerencia en la conducta
que presuntamente trasgredió los derechos fundamentales de la accionante.

13. El Ministerio de Hacienda explicó cómo era el proceso que se llevaba a
cabo para la asignación de los presupuestos a las entidades, destacando que no se
trata de un proceso discrecional, ya que obedece a mandatos establecidos en la
Constitución, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus decretos reglamentarios.

14. Resaltó que las apropiaciones presupuestales no se asignan a las entidades
por actividades específicas, dado que esa desagregación le corresponde a cada
entidad al ejecutar los recursos, en virtud de la autonomía presupuestal que el
Estatuto Orgánico del Presupuesto les otorgó a los órganos públicos que son
secciones presupuestales, por lo que el ministerio no interviene ni interfiere en la
ejecución del presupuesto de cada entidad. Agregó que ha atendido todas las
solicitudes de la UARIV, por lo que corresponde a esa entidad, en el marco de su
autonomía presupuestal, priorizar gastos y ejecutar los recursos, en desarrollo de
las apropiaciones incorporadas en su presupuesto y de conformidad con sus
funciones legales y constitucionales.

15. Finalmente, aseguró que no ha vulnerado los derechos de la accionante, por
lo que solicita que la acción sea declarada improcedente frente a esta entidad y
desvincularla del trámite.

16. La ANDJE señaló que carecía de legitimación por pasiva, ya que no tenía
competencia para decidir de fondo sobre lo solicitado por la accionante en relación
con el funcionamiento de la Comisión de Identidad y Parentesco de las Víctimas.
Explicó que su función se limitaba a actuar como enlace e interlocutora entre las
víctimas y las autoridades encargadas de implementar las medidas ordenadas por
la Corte IDH en la Sentencia del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica
vs. Colombia, emitida el 27 de julio de 2023.

17. Asimismo, indicó que tiene conocimiento de que la UARIV y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público han adelantado gestiones para poner en marcha la
comisión durante la vigencia 20259. En ese sentido, desde el 21 de abril de dicho
año, la UARIV ha iniciado trámites administrativos con el fin de contratar los bienes

9
Se refirió a los oficios con radicado No. 2025-0089070-1 y 1-205-017705 mediante los cuales la UARIV solicitó una adición
presupuestal para los gatos de la comisión, Oficio No 2-2025-021373 mediante el cual el Ministerio de Hacienda aprobó el
levantamiento del presupuesto para el funcionamiento de la comisión, Oficio No 2-2025-023146, mediante el cual el ministerio
aprobó el traslado de los recursos del objeto del gasto. Así como las Resoluciones No. 00807 y No. 00815 de la UARIV que
dividieron y asignaron el presupuesto para el funcionamiento de la Comisión.

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y servicios necesarios para su funcionamiento. Por estas razones, la Agencia
solicitó que se niegue el amparo solicitado.

18. La UARIV informó que las solicitudes presentadas por las víctimas ante esa
entidad han sido remitidas a la Comisión de Constatación de Parentesco, incluyendo
aquellas relacionadas con Omaira Chavarría de Pulgarín10. Señaló que la
accionante se encuentra reconocida en el anexo III de la sentencia, por lo que debe
surtir el proceso de constatación de identidad, el cual aún no ha finalizado. Además,
aclaró que no tiene competencia para resolver de fondo las solicitudes planteadas
en la acción de tutela, ya que esta facultad corresponde a la comisión.

19. Indicó que era la entidad encargada de ejecutar los recursos necesarios para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 25 de la sentencia y que, actualmente,
adelanta los procesos de contratación del personal que integrará la Comisión de
Constatación para la Identidad y el Parentesco de las Víctimas, proceso que ha sido
posible gracias a la apropiación y asignación de recursos realizada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público. Señaló que se preveía que la comisión iniciara
labores en la primera semana de mayo de 2025.

20. En consecuencia, solicitó que se desestimen las pretensiones de la accionante
y se niegue el amparo solicitado.

21. La Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica
informó que las solicitudes presentadas por la accionante se encuentran
actualmente en trámite, a la espera de ser decididas por los miembros de la
comisión. Conforme a lo establecido en los reglamentos, esta cuenta con un plazo
de 6 meses a partir de la fecha de cada solicitud para emitir una respuesta de fondo.

22. Asimismo, manifestó que los integrantes de la comisión se encontraban
vinculados mediante contratos de prestación de servicios, los cuales finalizaron el
31 de diciembre de 2024. Por tal razón, se suspendió temporalmente funciones a
partir del 1 de enero de 2025. Esta situación se vio agravada por la no aprobación
oportuna del presupuesto, lo que únicamente permitió iniciar el proceso de
contratación del nuevo equipo a finales de abril e inicios de mayo de 2025. En
consecuencia, la comisión apenas comenzaría a reactivar sus funciones de manera
progresiva, mientras se consolida la vinculación del equipo técnico requerido. Esta
circunstancia ha impedido, de forma temporal, la emisión de respuestas de fondo a
las solicitudes presentadas.

23. En cuanto a la solicitud de priorización relacionada con la constatación de
identidad y/o parentesco presentado por la señora Pulgarín Echavarría, adujo que,
al momento de la revisión, no se evidenciaba que dicha solicitud se encontrara
priorizada. Finalmente, señaló que, una vez se llegue al momento procesal
oportuno, emitirá el pronunciamiento de fondo correspondiente sobre las solicitudes
en cuestión.

10
Mamá de la accionante

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II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, si la Presidencia de la República,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la Unidad para la
Atención y Reparación de las Victimas (UARIV) y la Comisión para la identificación
de las víctimas de la Unión Patriótica vulneraron los derechos fundamentales a la
reparación integral, debido proceso, acceso a la administración de justicia y vida
digna de la accionante, por cuanto no han cumplido de manera íntegra la Sentencia
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Integrantes
y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, concretamente la orden relacionada
con poner en funcionamiento la «comisión para la constatación de la identidad y/o
parentesco de las víctimas listadas en los Anexos I, II y III de la Sentencia».

Procedibilidad de la acción de tutela contra autoridad pública

25. La presente acción resulta procedente pues i) se orientó a lograr el amparo de
los derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y vida digna de la accionante.

26. ii) Se tiene acreditada la legitimación, tanto por activa como por pasiva, puesto
que la accionante es la titular de las garantías de constitucionales que se invocan
como violadas y las autoridades accionadas son las responsables conjuntas de
cumplir con la orden dada por la Corte IDH en el Caso Integrantes y Militantes de la
Unión Patriótica vs. Colombia, relacionada con poner en funcionamiento la
«comisión para la constatación de la identidad y/o parentesco de las víctimas
listadas en los Anexos I, II y III de la Sentencia».

27. Es importante aclarar que, aunque la Presidencia de la República, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, la ANDJE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicitaron ser desvinculados de la acción, solo resulta procedente desvincular al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se debe a que, de un lado, el Decreto 542
de 2023 designó a la ANDJE como la instancia de coordinación entre las
autoridades encargadas de ejecutar la orden relacionada con esta acción de tutela,
por lo que la aludida cartera ministerial ya no tendría esas funciones y, del otro, las
demás entidades mantienen incidencia en relación con la orden, por lo que no serán
desvinculadas del trámite.

28. iii) No existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la
defensa de sus derechos constitucionales. La Corte Constitucional, mediante
Sentencias T-653 de 2012 y T-564 de 2016, ha establecido que la acción de tutela
se torna procedente en aquellos casos en los que se solicita el cumplimiento de un

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fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que se
trate de obligaciones de hacer, tal como ocurre en el presente caso.

29. iv) Hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela,
comoquiera que el no funcionamiento de la Comisión para la constatación de la
identidad y el parentesco de las victimas es una situación actual y continua en el
tiempo y ello representa la vulneración que persiste.

Análisis de la vulneración alegada

30. La Sala amparará los derechos fundamentales a la reparación integral, debido
proceso y acceso a la administración de justicia de Elcy Mery Pulgarín, por las
siguientes razones:

31. Mediante la Sentencia de 27 de julio de 2022, la Corte IDH condenó al Estado
colombiano por no haber tomado las medidas necesarias y suficientes para prevenir
e impedir los asesinatos, atentados y otros actos de violencia que se cometieron en
contra de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica.

32. En aquella providencia, se ordenaron 19 medidas de reparación, dentro de las
que se encuentra la de poner en funcionamiento «la Comisión para la Constatación
de la Identidad y/o Parentesco de las víctimas listadas en los Anexos I, II y III de la
Sentencia»11, la cual, según el párrafo 537 de dicha sentencia, estará encargada de
«realiz[ar] las respectivas constataciones conforme la documentación vaya siendo
presentada por las víctimas o sus representantes, y toda la prueba deberá ser
valorada en un plazo máximo de seis meses, contado a partir del día hábil siguiente
en que la víctima o representantes presenten la prueba II y III, deberá dar aviso al
Estado para que éste haga efectivas las reparaciones a su favor (…)».

33. Aunado a ello, antes de que se pusiera en funcionamiento dicha comisión, el
Gobierno Nacional emitió los Decretos 542 y 1643 de 2023, por medio de los cuales
se designó a la ANDJE como la autoridad encargada de coordinar y cumplir con las
reparaciones ordenadas por la Corte IDH para ese caso en particular y se estableció
que los recursos necesarios para el funcionamiento de aquella comisión serían
asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ejecutados por la
UARIV. Asimismo, pese a que se tenía un plazo de 6 meses contados desde la
notificación de la sentencia para que la comisión entrara en funcionamiento, solo
fue hasta el 16 de abril de 2024 que se logró ese cometido.

34. Puesto en contexto lo anterior, de acuerdo con lo indicado por la parte actora
así como las mismas autoridades accionadas, se tiene que las labores de la
comisión se encuentran suspendidas desde el 1 de enero de 2025. Situación que
incluso fue advertida por la Corte IDH en su resolución de supervisión de
cumplimiento de 24 de abril de 2025, en la que expresó su preocupación por la
interrupción de las actividades de la comisión debido a la falta de aprobación del

11
Orden contenida en el punto 25 de la parte resolutiva de la sentencia, el cual además concedió un plazo de 6 meses
contados a partir de la notificación de la sentencia para que se conformara y pusiera en funcionamiento esa Comisión.

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presupuesto necesario para su funcionamiento. La Corte advirtió, además, sobre el
grave impacto de esta suspensión, no solo en el trabajo de la comisión, sino también
en el acceso de las víctimas a las reparaciones ordenadas en la Sentencia12.

35. Asimismo, aunque la Comisión para la identificación de las víctimas de la
Unión Patriótica se pronunció en la presente acción de tutela, es relevante destacar
que confirmó no estar en funcionamiento desde el 1 de enero de 2025. Actualmente,
«apenas comienza a reactivar sus funciones de manera progresiva, mientras se
consolida la vinculación del equipo técnico necesario». Ello ha impedido la emisión
de respuestas de fondo a las víctimas dentro de los plazos establecidos por la Corte,
lo que afecta, a su turno, su acceso efectivo a la reparación integral.

36. De lo expuesto, se concluye que el Estado colombiano, a través de las
autoridades responsables, ha incumplido parcialmente las órdenes emitidas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso Integrantes
y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, específicamente lo dispuesto en el
punto resolutivo 25, referente al funcionamiento continuo de la comisión para la
constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. Aunque dicha comisión
inició labores en 2024, su suspensión de actividades desde el 1 de enero de 2025,
ha generado un impacto grave sobre el acceso efectivo de las víctimas a las
medidas de reparación ordenadas.

37. Dicha omisión afectó derechos fundamentales de personas como Elcy Mery
Pulgarín Echavarría y, en consecuencia, se hace necesario el reconocimiento de
dicha vulneración y la adopción de medidas urgentes que garanticen el
restablecimiento pleno de los derechos afectados y el cumplimiento integral de la
sentencia de la Corte.

38. Por lo anterior, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales a
la reparación integral, debido proceso y acceso a la administración de justicia de
Elcy Mery Pulgarín Echavarría, dado el incumplimiento del punto resolutivo 25 de la
Sentencia del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia de
la Corte IDH; ordenará Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) y a la Agencia Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado (ANDJE)
que ejecuten, de manera coordinada, las acciones necesarias para poner en total
funcionamiento la Comisión para la identificación de la víctimas de la Unión
Patriótica y exhortará a esas autoridades, junto con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, para que, en lo sucesivo, adopten las acciones necesarias para que
el funcionamiento de dicha comisión no sea suspendido por motivos de índole
administrativo, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga
el cese de su funcionamiento.

39. Aunado a ello, se ordenará igualmente a la Comisión que, una vez retome
actividades, dentro de las 48 horas siguientes a ese suceso, imparta el trámite
correspondiente a las solicitudes de reconocimiento de 26 de abril, 5 de junio y 24

12
Cfr. Supervisión de cumplimiento de sentencia de 24 de abril de 2025. Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica
Vs Colombia. https://corteidh.or.cr/docs/supervisiones/integrantes_militantes_24_04_25.pdf

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de junio de 2024, así como la de priorización de 22 de julio de 2024, todas ellas
presentadas por la aquí accionante, comoquiera no se han cumplido las reglas de
procedimiento fijadas en el denominado «Acuerdo 002»13.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la
República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de
Hacienda, y ACCEDER la solicitud de desvinculación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la reparación integral,
debido proceso y acceso a la administración de justicia de Elcy Mery Pulgarín
Echavarría, por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV) y a la Agencia Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado
(ANDJE) que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
ejecuten, de manera coordinada, las acciones necesarias para poner en total
funcionamiento la «Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de
las víctimas listadas en los anexos I, II Y III».

CUARTO: EXHOTAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Agencia
Agencia Nacional de Defensa jurídica para que, en lo sucesivo, subsanen y
dispongan todas las acciones necesarias para que el funcionamiento de la
«Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas listadas
en los Anexos I, II y III» no sea suspendido por motivos de índole administrativo,
hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga su cese de
funcionamiento.

QUINTO: ORDENAR a la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la
Unión Patriótica que, una vez retome actividades, dentro de las 48 horas siguientes
a ese suceso, imparta el trámite correspondiente a las solicitudes de reconocimiento
de 26 de abril, 5 de junio y 24 de junio de 2024, así como la de priorización de 22
de julio de 2024, todas ellas presentadas por Elcy Mery Pulgarín Echavarría, de
conformidad con las reglas de procedimiento fijadas en el denominado «Acuerdo
002»14.

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«Por el cual se establecen las reglas de procedimiento y prueba ante la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o
Parentesco de las Víctimas de la UP Listadas en los Anexos I, II y III de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia del 27 de julio de 2022».
14
«Por el cual se establecen las reglas de procedimiento y prueba ante la Comisión para la Constatación de la Identidad y/o
Parentesco de las Víctimas de la UP Listadas en los Anexos I, II y III de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia del 27 de julio de 2022».

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02129-00
Accionante: Elcy Mery Pulgarín Echavarría

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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