Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02141-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02141-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02141-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502141-00
Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de Inmediatez.
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) igualdad y iii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Gildardo Nicolás Pico
Arias contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Fallo, las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El señor Gildardo Nicolás Pico Arias, actuando a través de apoderado,
presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 29 de abril de 2024 dentro del proceso
adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificada con el
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Núm. único de radicación: 110010315000202502141-00
Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
número único de radicación 130013333008201900226-01, vulneró sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación – Rama
Judicial, con el fin de que fueran declaradas responsables de los perjuicios
derivados del error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia que, a su juicio, se configuraron con ocasión de las actuaciones surtidas en
el proceso ejecutivo singular identificado con el número de radicación 28311, a
través del cual pretendió hacer efectivo el remate de un inmueble adquirido en el
año 2008.
4. Indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena,
mediante sentencia de 31 de mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda.
5. Sostuvo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, frente
al cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 29 de abril de
2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo de
dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Cartagena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte accionante,
solamente en la modalidad de agencias en derecho, liquídense por la Secretaría del
Juzgado de Primera instancia, conforme lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Frene (sic) al primer requisito para la configuración del error jurisdiccional, eso
es, que la providencia atacada se encuentre en firme, precisa la Sala que el mismo
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
se encuentra cumplido, como quiera que en el sub examine se encuentra acreditado
mediante providencia del 17 de octubre de 2008, que se aprobó el remate del
inmueble a favor del actor, asimismo, mediante providencia del 15 de mayo de 2009
se dejó sin efectos el Despacho Comisorio No. 059 del 19 de mayo de 2003 mediante
el cual se ordenó el secuestro y las actuaciones que sean consecuencia del mismo,
es decir el remate del inmueble. La anterior providencia fue objeto de recurso de
reposición y en subsidio apelación, por lo que a través del auto de fecha 15 de
septiembre de 2009 se resolvió el recurso de reposición confirmando la providencia,
y concedió el recurso de apelación. Contra la decisión de conceder el recurso de
apelación se interpuso reposición en el cual se revocó la concesión el recurso de
apelación mediane (sic) providencia del 28 de junio de 2010. Contra esa esa
providencia se instauró recurso re (sic) reposición el cual fue resuelto mediane (sic)
providencia del 8 de noviembre de 2010 en el cual se negó la reposición y se
concedió el recurso de queja, el cual fue desistido posteriormente.
A fin de establecer si existe un error fáctico y/o normativo en la providencia acusada,
observa esta Magistratura que mediante Resolución de fecha 23 de febrero de 2009
la Fiscalía Seccional 48 ordenó como medida de restablecimiento a favor del señor
JESUS (sic) ANTONIO CORREA OROZCO, respecto del bien secuestrado, por ser
viable dejar sin efectos el Despacho Comisorio No. 053 del 19 de mayo de 2003 y
se ofició al Juzgado tercero Civil del Circuito para que le imprimiera el trámite
correspondiente.
Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con la Sentencia T-549 de 2019, el
restablecimiento del derecho es una garantía de la que son titulares las víctimas de
una conducta punible y se impone, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y
de las autoridades judiciales, con el fin de que se adopten las medidas que resulten
necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y, de ser posible,
lograr “que las cosas vuelvan al estado anterior”, con independencia de la
responsabilidad penal.
En virtud de lo anterior, los Juzgados Civiles del Circuito de Cartagena que
conocieron de proceso ejecutivo singular, adoptaron las medidas pertinentes para
darle cumplimiento al restablecimiento del derecho ordenado por la Fiscalía en la
pluricitada resolución, y en consecuencia, al volver las cosas a su estado anterior,
se vio afectada la entrega del bien rematado y adjudicado al actor, como quiera que
se dejó sin efectos el Despacho comisorio que ordenó su embargo y secuestro, que
si bien constituye apenas una actuación administrativa o secretarial, incide en el
desarrollo del proceso y en la materialización de la adjudicación del inmueble, no
obstante se advierte que la decisión de dejarla sin efectos, obedeció a una orden
emitida por una entidad competente, y que se mantuvo vigente hasta tanto se profirió
el auto de fecha 11 de diciembre de 2013, mediante el cual la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió inadmitir la demanda de casación
presentada por el apoderado del señor JESUS ANTONIO CORREA OROZCO,
contra la sentencia de fecha 15 de marzo de 2013 proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Cartagena, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera
instancia de fecha 07 de octubre de 2011en la que se absolvió a la señora CARMEN
MARIA JIMENEZ DE FLOREZ, de la conducta punible de Falsedad Ideológica en
Documento Punible.
Así las cosas, a juicio de esta Sala, en el sub examine, no se configura un error
jurisdiccional por error fáctico ni normativo; toda vez que, los Juzgados Civiles del
Circuito de Cartagena que tuvieron el conocimiento del proceso, no emitieron sus
providencias carentes de argumentación o sin una justificación jurídicamente
plausible, es decir, irrazonable y abiertamente contraria a derecho. Por el contrario,
en el presente asunto, se advierte que dichas autoridades judiciales, se basaron en
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
criterios interpretativos, conforme a los hechos probados, valorando en su totalidad
el material probatorio y las normas aplicables, reforzando así la decisión emitida.
En ese orden, la sola discrepancia del demandante con la interpretación realizada
por los Juzgados Civiles del Circuito de Cartagena que dejaron sin efectos el
despacho comisorio y, en consecuencia, la entrega material del bien inmueble al
actor no resulta suficiente para que exista una falla en el servicio, por error
jurisdiccional tal y como lo ha explicado el Consejo de Estado […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, considera la Sala que en el sub judice, la dilación en la entrega
efectiva del inmueble al actor no implica per sé que se configure un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia en la medida en que, las actuaciones
judiciales tanto del juez de conocimiento como del superior, que se expidieron en
ese lapso de tiempo considerable, se produjeron en función de resolver la solicitudes
y recursos presentados por los sujetos procesales que atacaron directamente la
efectividad de la medida de embargo y secuestro del inmueble objeto de remate, y
en el marco del procedimiento establecido para los procesos ejecutivos singulares,
por lo que no se advierte que las providencias judiciales expedidas al interior del
proceso supongan una demora imputable a la administración de justicia; pues se
reitera, la dilación en la entrega del inmueble es atribuible en primera medida a la
investigación penal que ocasionó la revocatoria del Despacho comisorio que ordenó
el embargo y secuestro del inmueble, y al derecho a la defensa del cual hicieron uso
los sujetos procesales, frente a los cuales la administración de justicia tuvo que
adoptar decisiones judiciales […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela1:
“[…] PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por
el señor GILDARDO PICO ARIAS, con fundamento en las razones expuestas en esta
demanda-
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de abril de septiembre de
2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en Sala de Decisión No, 7 en
el proceso de Reparación Directa promovido por el señor GILDARDO PICO ARIAS
contra la NACION- FISCALÍA GENERAL DE LA NACION Y RAMA JUDICIAL, con
radicación No. No. 13 001-33-33-008-2019-00226-01.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMNINISTRATIVO DE BOLIVAR Sala de
Decisión No.7 á que (sic) en el término de un mes a partir de la notificación del
presente fallo, profiera una nueva decisión dentro del proceso de reparación directa
enunciado en el numeral anterior teniendo como fundamento las consideraciones y
lineamientos que se adopten en el fallo de tutela. […]”.
1 Transcripción literal del texto.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
6.1. Como fundamento de su solicitud, el actor considero que2:
“[…] El Tribunal accionado incurrió en defecto orgánico al haber cerrado los ojos y el
no advertir que la fiscalía que adoptó la medida de restablecimiento del derecho
invadió la competencia del juez del ejecutivo, con violación flagrante de los principios
y normas constitucionales y legales que limitan las competencias de los órganos
judiciales. En efecto, la señora fiscal que adoptó tan aberrante medida, AL igual que
la entidad accionada, que la avaló, incurrieron en un defecto orgánico porque de
conformidad con los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, vigente
para aquella época, no era competente para ordenar la suspensión de un proceso
civil. En efecto, la competencia para decretar la suspensión de un proceso civil por
prejudicialidad ante la existencia de un proceso penal corresponde exclusivamente
al juez que conoce del proceso cuya suspensión se pretende. En este orden de ideas,
el fiscal del proceso penal incurrió en un defecto orgánico al usurpar la función que
correspondía al juez civil de ejecución. […]”.
[…]
“[…] El ente judicial accionado incurrió en varios y graves defectos procedimentales
absolutos, como que no aceptó que los jueces que siguieron con el proceso ejecutivo,
habiéndose llevado el remate por auto aprobatorio en firme, confirmado por su
superior, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, continuaron con el
proceso, retrotrayéndolo, inclusive, hasta la etapa del secuestro, de una manera
ilegal y sui generis, en vez de hacer cumplir y ejecutar el remate.
Valga recordar, a la sazón, que en más de una, solicitamos a nombre del rematante-
nuestro procurado -, al igual que el apoderado judicial de la parte ejecutante, al Juez
Quinto civil del Circuito, al cual había sido remitido el expediente del ejecutivo por un
nueva impedimento provocado por la acciones intimidantes del apoderado del
ejecutado, que, de una vez por todas y por fin, ejecutara el remate del inmueble
subastado en razón de la ilegalidad de la medida de restablecimiento del derecho y
de su revocatoria por sendas sentencias penales absolutorias.
Pues bien, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena dispuso mediante auto
no admitir la referida solicitud bajo el sofisma errado, de gravedad, que por orden de
la Fiscalía habían perdido, sus efectos el secuestro, avalúo y remate del predio
subastado, a través de auto en firme. Proseguía la terrible odisea de la cadena
antijurídica absurda de equivocaciones sin fin. Toda sucesión de horrores y de
ilegalidades sin cuento, no cesaron. En efecto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito
dispuso, en cambio -a pesar de haber sido revocada la medida de restablecimiento
del derecho por sentencia absolutoria por causa de atipicidad- , ordenar la “entrega
material” del inmueble rematado a la persona del ejecutado, con base en la
consideración absurda e irracional, de haber cesado el secuestro. Nuevamente, se
suma otro gravísimo error judicial y otra decisión aleve y contraria de manera
manifiesta a Derecho: vuelve y juega. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Cartagena, en virtud de recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada, dictó
auto revocando su propia providencia, y en cambio, ordenó que se secuestrara
nuevamente el inmueble. ¿Abrase visto semejante eslabones de dislates graves,
protuberantes e ilegales, en otro proceso? ¡Inaudito! A todas estas, después de
muchos años torturantes y dramáticos, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cartagena, al cual pasó, por nuevo impedimento (el cuarto, por lo demás) el
conocimiento el proceso ejecutivo, resolvió por vía de reposición interpuesto por la
ejecutante y el apoderado judicial del rematante, revocar el auto referenciado en el
numeral anterior y declarar, POR FIN, en firme el auto aprobatorio del remate, contra
2 Transcripción literal del texto.
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el cual no cabía más ningún recurso. . A pesar de la declaración anterior, no fue
posible que el Juzgado Sexto cumpliera con la ejecución del remate, pues, su titular,
fue agraviada por el abogado del ejecutado, por lo que dispuso declararse impedida
y enviar el expediente al Juzgado Séptimo Civil del Circuito (quinto impedimento).
A todas estas, la entidad accionada estimó que tales actuaciones que se
desarrollaron por más de diez (10) años, de manera absurda y sistemáticamente
errática, no constituyen error judicial ni defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. O será, les pareció normal. […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador mediante auto de 22 de abril de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a la accionada; y iii) vinculó, como terceros con
interés legítimo, al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, a la
Nación -Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación, concediéndoles el término de tres (3) días para
rendir informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] 3. Razones finales En virtud de lo anterior, es claro que en el sub judice, no le
asiste razón a la parte actora en endilgar la supuesta violación al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, toda vez que, al proceso de la
referencia se le ha impartido el trámite procesal pertinente, realizándose un análisis
jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos expuestos por el accionante.
Como primera medida, a juicio de esta Sala, en el sub examine, no se encuentra
probada la falla en el servicio por error jurisdiccional toda vez que, los Juzgados
Civiles del Circuito de Cartagena que tuvieron el conocimiento del proceso, no
emitieron sus providencias carentes de argumentación o sin una justificación
jurídicamente plausible, por el contrario, se advierte que dichas autoridades
judiciales, se basaron en criterios interpretativos, conforme a los hechos probados,
valorando en su totalidad el material probatorio y las normas aplicables.
Por otro lado, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se
configura ante una situación anormal de la tutela judicial efectiva, producto de que el
servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o
ha funcionado en forma tardía.
Así mismo, el Consejo de Estado estableció los parámetros para determinar si el
retardo de una decisión judicial está justificado o no, y ha precisado que se debe
observar la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el volumen de trabajo
del despacho y los estándares de funcionamiento, entre otros factores relevantes,
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
toda vez que el proceso se debe analizar, no desde un Estado ideal, sino desde la
propia realidad procesal y de la administración de justicia.
En ese orden, consideró la Sala que el lapso de tiempo transcurrido en las
actuaciones surtidas dentro del referido proceso, no fue arbitrario, subjetivo, o
contrario a derecho, y atribuible a la administración de justicia, sino que obedece a
las innumerables solicitudes y recursos presentados por los sujetos procesales, a la
investigación penal que se adelantó, al derecho de defensa de cual hicieron uso los
sujetos procesales, todos los anteriores sobre los cuales la administración de justicia
tuvo que adoptar decisiones judiciales.
En esa medida, solicito que se rechace la presente acción de tutela por improcedente,
toda vez que no se cumplen con los requisitos generales y específicos de
procedencia señalados por la jurisprudencia constitucional. […]”.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela y su desvinculación, al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] Nótese que el objeto de la demanda de tutela está encaminada a revocar la
sentencia de segunda instancia de 29 abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en el marco de un proceso de reparación directa. De
manera que, el interés sustancial en el sub examine está encaminado a revocar una
providencia judicial proferida por dicho despacho, en el marco de su facultad
jurisdiccional, lo que implica que mi representada no es la llamada a responder por
la decisión adoptada por esa Corporación, la cual se encuentra amparada bajo los
principios de autonomía e independencia judicial.
Ahora bien, verificadas las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, contenidas en la Ley 270 de 1996, no figura aquella atinente a dejar si
efectos decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales.
Es de recordar que de conformidad con las disposiciones del artículo 98 de la citada
Ley, la DEAJ, es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución
de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura […]”.
[…]
“[…] En todo caso, esta defensa advierte que los argumentos del actor no tienen
vocación de prosperidad, porque de un análisis de sus argumentaciones no se
vislumbra que dentro de sus consideraciones el Tribunal Administrativo de Bolívar,
accionado haya incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales
invocadas.
Por el contrario, se considera que la presente acción constitucional se presentó para
revivir un debate definido y para modificar una decisión adoptada por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y
hace tránsito a cosa juzgada, máxime cuando la acción de tutela está prevista para
la protección de derechos fundamentales y no como una instancia adicional de los
procesos ordinarios […]”.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
10. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de
tutela y su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva. Para tal efecto, consideró que:
“[…] En este orden de ideas, se advierte que no existe relación de causalidad entre
las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasión del(as)
actuación(es) de la(s) autoridad(es) judicial(es) objeto de reproche en el escrito de
tutela. Ello, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia constitucional referida.
En igual sentido, se enfatiza ante el Despacho, que la Fiscalía General de la Nación
no tiene idoneidad para pronunciarse sobre las pretensiones presentadas por la parte
tutelante, toda vez que esta entidad, no tiene las facultades ni la competencia para
acceder a las pretensiones del accionante […]”.
[…]
“[…] 2.1.2. Falta el requisito inmediatez.
En cuanto al requisito de inmediatez, la Corte ha sido clara en señalar que la acción
debe presentarse en un tiempo razonable luego del hecho que originó la violación.
En cada caso concreto es el juez de conocimiento el que debe establecer la
razonabilidad del término transcurrido. […]”.
[…]
“[…] 2.1.3. Falta de requisito de subsidiariedad.
De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política y su desarrollo a partir del
Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende que la acción de tutela tiene como finalidad
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales a través de
un procedimiento preferente y sumario de carácter subsidiario, salvo que se utilice
como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. […]”.
11. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Dentro del trámite del proceso de Reparación Directa, radicado bajo el número
13001-33-33-008-2019-00226-00, fungiendo como actor: GILDARDO PICO ARIAS,
y demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN;
la demanda fue tramita (sic) en primera instancia por esta Judicatura, quien mediante
auto adiado 13 de diciembre de 2019 admitió el proceso de la referencia, el día 16
de septiembre de 2021 se realizó audiencia inicial. Posteriormente, se decretaron
pruebas y realizaron audiencias de pruebas la última de fecha el 29 de marzo de
2022, en la cual se cerró el debate probatorio y se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y, finalmente se profirió sentencia el día 31 de mayo de 2022,
en la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme a la tesis del
Despacho, que es del siguiente tenor: […]”.
[…]
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
“[…] La anterior decisión fue apelada de manera oportuna, enviándose el expediente
al H. Tribunal Administrativo de Bolívar para lo de su competencia, corporación que
mediante fallo adiado 29 de abril del 2024 confirmo (sic) la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, acorde sus lineamientos y
criterios jurídico-probatorios, además expuso detenidamente los argumentos por los
cuales decidió confirmar la decisión de primera instancia.
Con fundamento en lo antes expuesto, se solicita de manera respetuosa se declare
la improcedencia de la acción de tutelada (sic) impetrada, pues no ha existido
arbitrariedad, defecto sustancial o procesal alguno por parte de esta Casa Judicial al
decidir el asunto que se expuso para su estudio en sede judicial. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Falta de legitimación en la causa por pasiva
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
17. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Fiscalía General de la Nación solicitaron su desvinculación, porque, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
18. Al respecto, es preciso indicar que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación fueron parte demandada en el proceso
de reparación directa aquí cuestionado, es decir, que a dichas entidades, de
conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, les
asiste interés en el resultado del proceso de la referencia, razón por la que la Sala
denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Problemas jurídicos
19. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente, si se cumplió con el requisito general de procedencia de la
inmediatez.
20. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
7
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
12
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) procediendo
posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
22. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la acción constitucional bajo la premisa del cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional13, en especial, el requisito de la inmediatez.
Acerca del requisito general de procedencia de inmediatez dentro del marco
de la acción de tutela
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
28. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199114 estableció que
la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la sentencia
SU-961 de 199915 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
29. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito general
de procedencia de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este
aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha
estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional […]16.
30. Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez.
14 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
15 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.
15
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
31. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho17:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200818, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
32. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
17
Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia
34. De acuerdo con el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de
1991, establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha entendido el derecho al acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
36. De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
que establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
20 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
17
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
37. Atendiendo a que la Corte Constitucional21 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
38. El señor Gildardo Nicolás Pico Arias, actuando a través de apoderado,
presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, porque, a
su juicio, al proferir la sentencia de 29 de abril de 2024 dentro del proceso
adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificada con el
número único de radicación 130013333008201900226-01, vulneró sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso.
39. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
21 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
18
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
41.1 Copia digital del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 130013333008201900226-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
42. En el expediente está plenamente acreditado que i) el Tribunal Administrativo
de Bolívar profirió la sentencia el 29 de abril de 2024, la cual quedó notificada el 10
de septiembre de 202422; y ii) el actor presentó la acción de tutela el 10 de abril de
202523, es decir que, desde el 11 de septiembre de 2024 (día en el que empezaron
a correr los términos una vez surtida la notificación) a la fecha de presentación de
la acción de tutela transcurrieron 7 meses, por lo que el actor presentó la acción
de tutela por fuera del plazo razonable.
43. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue
presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como
22 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el correo electrónico que puso en conocimiento la
providencia cuestionada se envió el 6 de septiembre de 2024, se entiende notificada personalmente el 10 de
septiembre de 2024 y los términos comenzaron a correr a partir del 11 de septiembre de 2024.
23
Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Correo_MariaAlejandr(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
44. La Corte Constitucional en la sentencia T-576 de 201024 precisó los supuestos
fácticos y jurídicos de conformidad con los cuales el juez de tutela debe valorar en
el caso concreto la satisfacción del requisito de procedencia de inmediatez:
“[…] (i) Si existe un motivo válido que justifique la inactividad del accionante.
(ii) La afectación de los derechos fundamentales de terceros.
(iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados.
(iv) La permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante.
(v) La situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el actor como
fundamento para considerar que la carga de interponer la acción de tutela resulta
desproporcionada. […]”.
45. Al respecto, se advierte que el actor no demostró la configuración de ninguna
de las causales, ni siquiera mediante prueba sumaria, que se encontraba en un
estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6)
meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la
providencia cuestionada, ni demostró que la providencia objeto de la acción de
tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de
inmediatez.
46. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de
201725, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela
contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción
en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo
razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela
en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la
decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó
24
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 21 de julio de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
20
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza
en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente
caso.
47. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales,
toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que
con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la providencia.
Conclusiones de la Sala
48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela presentada por el
actor contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Actor: Gildardo Nicolás Pico Arias
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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