Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02141-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02141-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02141-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: GILDARDO NICOLÁS PICO ARIAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela – Requisito de relevancia constitucional – No se encuentra
acreditado por cuanto la parte accionante persigue un fin meramente económico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Gildardo Nicolas Pico Arias contra la
Sentencia del 19 de junio de 2025, emitida por la Sección Primera del Consejo de
Estado.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 10 de abril de 20251, Gildardo Nicolas Pico Arias, quien actúa a través de
apoderado judicial, promovió demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar. A su juicio, dicha entidad judicial vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso.
Hechos relevantes
2. La sociedad Proficol S.A. inició proceso ejecutivo contra el señor Jesús Correa,
dentro del cual se ordenó el remate de un bien inmueble. En dicha diligencia, el
señor Gildardo Nicolás Pico Arias presentó una oferta económica.
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Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL
jueves, 10 de abril de 2025 con secuencia: 3346”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. El 14 de abril de 2008, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena llevó
a cabo la diligencia de remate y adjudicó el inmueble a Gildardo Nicolás Pico Arias2,
quien consignó oportunamente el precio ofrecido.
4. El 17 de octubre de 2008, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena
aprobó el remate. Contra esta decisión, el apoderado del ejecutado interpuso
recurso de apelación.
5. Mediante resolución del 23 de febrero de 2009, la Fiscalía Seccional 48 de
Cartagena dispuso, como medida de restablecimiento del derecho, cesar los efectos
del despacho comisorio librado para el secuestro y de todos los actos procesales
derivados de este. La decisión fue comunicada al Juzgado mediante oficio número
109 del 23 de marzo de 2009.
6. El 24 de julio de 2014, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena
resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes el auto aprobatorio
del remate.
7. El proceso pasó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, el cual acató
lo resuelto por su superior y profirió auto de obedecimiento. Posteriormente, en
atención a lo dispuesto por la Fiscalía Seccional 48, ese despacho dejó sin efectos
la diligencia de secuestro, avalúo y remate del bien. Frente a esta decisión, el
apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y apelación; el
primero no prosperó y el segundo fue rechazado por improcedente.
8. El Juzgado Cuarto Civil mencionado se declaró impedido y remitió el proceso al
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena. Ante este último despacho, la parte
ejecutante y el rematante solicitaron continuar con la entrega del inmueble
subastado, al argumentar la ilegalidad de la medida de restablecimiento del
derecho. El Juzgado Quinto negó la solicitud, al considerar que, por orden de la
Fiscalía, el secuestro, avalúo y remate habían perdido efectos, y ordenó la entrega
material del bien al ejecutado.
9. Mediante Auto del 29 de abril de 2014, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Cartagena declaró terminado el proceso. No obstante, al resolver el recurso de
reposición interpuesto por la parte ejecutante, revocó la decisión mediante auto del
10 de febrero de 2015 y ordenó nuevamente el secuestro del inmueble.
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Parte ejecutante.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
10. El conocimiento pasó al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena. A través
de auto del 16 de mayo de 2016, dicha autoridad judicial resolvió el recurso
interpuesto por la parte ejecutante y el rematante, revocó la providencia del 19 de
abril de 2014 y declaró en firme el auto aprobatorio del remate.
11. A pesar de esta decisión, no se materializó la entrega del inmueble ni la
inscripción del remate. Más adelante, el Juzgado Sexto se declaró impedido y
remitió el proceso al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, el cual,
mediante auto del 27 de agosto de 2018, dispuso dar cumplimiento total al auto
aprobatorio del remate, ordenar la expedición de oficios y la entrega material del
bien subastado.
12. El 29 de agosto de 2018 se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial, la
cual culminó sin acuerdo por falta de ánimo conciliatorio de los convocados.
13. El demandante interpuso acción de reparación directa contra la Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial. Al respecto, alegó error judicial y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. La demanda se radicó bajo el No.
13-001-33-33-008-2019-00226-01 ante el Juzgado Octavo Administrativo de
Cartagena.
14. El 31 de mayo de 2022, dicho despacho negó las pretensiones con fundamento
en que las demoras en la entrega del inmueble obedecieron a órdenes de la Fiscalía
y a actuaciones procesales surtidas en los juzgados civiles, todas desarrolladas
dentro del marco del debido proceso. En consecuencia, concluyó que no se
configuró error judicial ni defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
15. El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación. En resolución de
esa herramienta de alzada, mediante sentencia del 29 de abril de 2024, el Tribunal
Administrativo de Bolívar confirmó en su integridad la decisión de primera instancia.
Fundamentos de la demanda de tutela
16. El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un
defecto orgánico, al considerar válida la decisión adoptada por la Fiscalía Seccional
48 de Cartagena, pese a que esta resolución resultaba contraria a la Constitución y
a la ley. Sostuvo que la Fiscalía excedió su competencia al invadir la esfera propia
de un juez de la República y, de un solo acto, dejar sin efectos toda una actuación
judicial adelantada por el juez natural de otra jurisdicción, lo cual desconoció los
principios de autonomía e independencia judicial, así como las garantías del juez
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
natural y el debido proceso. Agregó que los jueces civiles competentes no adoptaron
medidas para corregir tal extralimitación y, lo que es más grave, persistieron en
mantener la medida de “restablecimiento del derecho” aun cuando esta había sido
revocada posteriormente mediante sentencias penales absolutorias.
17. El tutelante también alegó que la autoridad accionada incurrió en defectos
procedimentales absolutos, en tanto que, pese a existir un auto aprobatorio del
remate en firme, confirmado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Cartagena, los jueces que asumieron el proceso ejecutivo retrotrajeron de manera
irregular el trámite incluso hasta la etapa del secuestro, en lugar de ejecutar el
remate ya perfeccionado.
18. En este contexto, reprochó que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Cartagena, mediante auto, negara la solicitud de continuar con la ejecución del
remate bajo el argumento equivocado de que, por orden de la Fiscalía, habían
perdido sus efectos el secuestro, avalúo y remate del predio subastado. Señaló que,
en lugar de dar cumplimiento al auto aprobatorio, el Juzgado ordenó la entrega
material del inmueble al ejecutado, con fundamento en la supuesta cesación del
secuestro, lo que configuró un nuevo error judicial. Posteriormente, en virtud de un
recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada, el mismo juzgado revocó
su propia providencia y ordenó nuevamente el secuestro del inmueble, lo que a
juicio del tutelante constituye otra actuación contraria a derecho.
19. Finalmente, el accionante cuestionó que el Tribunal Administrativo de Bolívar
hubiera concluido que dichas actuaciones desplegadas a lo largo de más de 10
años, con decisiones que califica de arbitrarias, erráticas y contrarias al
ordenamiento jurídico no configuraban error judicial ni defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia.
Pretensiones
20. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por
el señor GILDARDO PICO ARIAS, con fundamento en las razones expuestas
en esta demanda.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de abril de septiembre
de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en Sala de Decisión
No, 7 en el proceso de Reparación Directa promovido por el señor GILDARDO
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
PICO ARIAS contra la NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAMA
JUDICIAL, con radicación No. No. 13- 001-33-33-008-2019-00226-01.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Sala de
Decisión No.7 á (sic) que en el término de un mes a partir de la notificación del
presente fallo, profiera una nueva decisión dentro del proceso de reparación
directa enunciado en el numeral anterior teniendo como fundamento las
consideraciones y lineamientos que se adopten en el fallo de tutela”3.
Trámite en primera instancia
21. Mediante Auto del 22 de abril de 20254, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la Presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a
la parte demandante y demandada, así como vincular al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena, a la Nación -Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, en calidad
de terceros con interés. Finalmente, reconoció personería al abogado Edgar
Serrano Ledesma.
Intervenciones
22. El Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial5 solicitó su desvinculación del proceso en calidad de tercero con interés, al
señalar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, pidió declarar
la improcedencia de la acción de amparo constitucional, pues, a su juicio, la parte
accionante pretende reabrir un debate que ya fue resuelto de manera definitiva
dentro del proceso ordinario.
23. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena6 pidió declarar
la improcedencia de la acción de amparo constitucional. Fundamentó su pretensión
en que durante el trámite del proceso, no actuó con arbitrariedad ni se configuraron
defectos sustanciales o procedimentales absolutos que pudieran justificar la
intervención excepcional del juez de tutela.
24. El Tribunal Administrativo de Bolívar7 requirió declarar improcedente la acción
de amparo constitucional, al manifestar que no se cumplen los requisitos generales
3
Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
4
Índice electrónico 05 de SAMAI. 5Autoqueadmite_ACaNUR20250214100Gil(.pdf) NroActua 5.
5
Índice electrónico 09 de SAMAI. 6_MemorialWeb_Respuesta-PRONUNCIAMIENTOGILD(.pdf)
NroActua 9.
6
Índice electrónico 010 de SAMAI. 9RECIBEMEMORIAL_Informe202502141CEpd(.pdf) NroActua
10.
7
Índice electrónico 012 de SAMAI. 13RECIBEMEMORIAL_InformeTutela1100103(.pdf) NroActua
12.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
de procedencia establecidos por la jurisprudencia para su admisión. Sostuvo que el
proceso cuestionado se tramitó conforme a las reglas procesales aplicables y que,
durante su desarrollo, se realizó un análisis jurídico, fáctico y probatorio de los
argumentos expuestos por el accionante. En primer lugar, afirmó que no se
configura falla en el servicio por error jurisdiccional, pues los Juzgados Civiles del
Circuito de Cartagena profirieron sus providencias con fundamentación suficiente,
apoyándose en criterios interpretativos, en la valoración integral del material
probatorio y en la normativa aplicable.
25. En segundo lugar, señaló que no se evidencia un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia. Recordó que de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, el eventual retardo judicial debe examinarse bajo criterios de
razonabilidad, con consideración de la complejidad del asunto, la conducta procesal
de las partes, la carga laboral del despacho y los estándares de funcionamiento
judicial. A juicio del Tribunal, el tiempo transcurrido en las actuaciones no puede
calificarse de arbitrario ni injustificado, pues obedeció a las múltiples solicitudes y
recursos interpuestos, a la investigación penal adelantada y al ejercicio del derecho
de defensa de los sujetos procesales.
26. La Fiscalía General de la Nación8 solicitó su desvinculación del proceso en
calidad de tercero con interés, al señalar que carece de legitimación en la causa por
pasiva. Sobre el particular, indicó que no existe relación de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por
el accionante, toda vez que los reproches se dirigen contra decisiones adoptadas
por autoridades judiciales en el marco del trámite objeto de la acción de tutela.
27. De manera adicional, pidió declarar la improcedencia de la acción de amparo
constitucional por incumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. De un
lado, indicó que el accionante presentó la tutela más 8 meses después de que
quedara en firme la sentencia del 29 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, lo que excedió el plazo que la jurisprudencia ha
considerado razonable para la presentación de este mecanismo.
28. Respecto del requisito de subsidiariedad, la Fiscalía advirtió que el ordenamiento
jurídico contempla mecanismos ordinarios y extraordinarios para controvertir la
decisión cuestionada, en particular el actor contaba con el recurso extraordinario de
revisión previsto en la Ley 1437 de 2011.
8
Índice electrónico 011 de SAMAI. 11RECIBEMEMORIAL_ANEXO20250214100pdf(.pdf) NroActua
11.
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Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Sentencia de primera instancia de tutela
29. Mediante Sentencia del 19 de junio de 2025, la Sección Primera de esta
Corporación declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no satisfacía
el requisito de inmediatez. Señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
la sentencia el 29 de abril de 2024, la cual quedó notificada el 10 de septiembre del
mismo año. Sin embargo, el actor presentó la acción de tutela el 10 de abril de 2025.
30. En consecuencia, concluyó que desde el 11 de septiembre de 2024, fecha en la
que empezaron a correr los términos tras surtirse la notificación hasta la
presentación de la acción de tutela transcurrieron 7 meses, lo que evidenció que la
solicitud de amparo se promovió por fuera de un plazo razonable.
Impugnación9
31. La parte actora impugnó la Sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, sin señalar las razones que sustentan el
recurso.
CONSIDERACIONES
Competencia
32. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
Problema jurídico y metodología de la decisión
33. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos formales de procedibilidad establecidos por la
jurisprudencia para su admisión, en particular evaluar si el caso reviste relevancia
constitucional, al discutir un trámite adelantado en un proceso ejecutivo para
acceder a una suma de dinero. Superado este examen preliminar, se deberá
establecer si la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto orgánico o en
9
Índice electrónico 027 de SAMAI. 26_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACION(.pdf) NroActua 27.
10
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
un defecto procedimental absoluto con la decisión judicial proferida el 29 de abril de
2024, y si, en consecuencia, vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y al acceso a la administración de justicia.
34. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala seguirá la siguiente
metodología: (i) estudiará la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y (ii) efectuará el estudio del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
35. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
36. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de Estado15,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-16; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable17 o los medios de defensa judicial
11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
37. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
38. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
39. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional19: (i) el
debate debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o
económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia
para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una
instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
40. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
Análisis del caso concreto
41. Gildardo Nicolás Pico Arias promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, al considerar que esta autoridad judicial incurrió en un
defecto orgánico. A su juicio, el Tribunal acató indebidamente la decisión de la
Fiscalía Seccional 48 de Cartagena, mediante la cual se dejaron sin efectos las
medidas de embargo y secuestro decretadas sobre el bien rematado. Tal
determinación, según el accionante, lo afectó de manera directa, toda vez que dicho
bien ya había sido adjudicado a su nombre en el marco del proceso ejecutivo.
42. De igual manera, afirmó que se configuró un defecto procedimental absoluto, en
la medida en que, pese a existir un auto aprobatorio del remate en firme confirmado
por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, los jueces que
asumieron el conocimiento del proceso ejecutivo retrotrajeron de manera irregular
las actuaciones procesales. En lugar de ejecutar el remate ya perfeccionado y
aprobado por el superior, dispusieron actuaciones que, a juicio del accionante,
desconocieron la firmeza y obligatoriedad de la adjudicación efectuada.
43. Por lo anterior, alegó que dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso.
44. En primer lugar, la demanda cumple con los requisitos de legitimidad en la
causa. El señor Gildardo Nicolás Pico Arias acredita el interés para demandar, por
cuanto actúa como la persona directamente afectada por la decisión proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, providencias que, según afirma, vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.
45. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, autoridad judicial que dictó la providencia a la que se le
atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el tutelante.
46. Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación solicitaron su
20
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
desvinculación del trámite, al sostener que carecen de legitimación en la causa por
pasiva. No obstante, la Sala advierte que las resultas del proceso pueden incidir en
su ámbito de competencia y les conciernen directamente, en consecuencia, se
mantendrán vinculados al presente proceso constitucional.
47. En segundo lugar, se considera que la demanda de tutela no supera el requisito
de relevancia constitucional, como se mostrará a continuación:
48. La Sala advierte que el debate planteado por el accionante no reviste un
problema de naturaleza constitucional. La controversia se circunscribe a la
titularidad y a los efectos de la adjudicación de un bien inmueble rematado dentro
de un proceso ejecutivo, lo cual constituye un asunto estrictamente económico y
propio del ámbito del derecho civil y procesal ordinario.
49. Este tipo de discusión no compromete de manera directa el núcleo esencial de
los derechos fundamentales invocados, sino que corresponde a la interpretación y
aplicación de disposiciones procesales y patrimoniales. Cabe resaltar, además, que
el trámite concluyó con la confirmación del auto que dejó en firme el remate a favor
del actor, circunstancia que excluye la existencia de una amenaza cierta, actual o
inminente contra sus derechos constitucionales que justifique la intervención
excepcional del juez de tutela.
50. Adicionalmente, no se observa una afectación de la dimensión constitucional del
derecho fundamental al debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha precisado que este derecho se vulnera cuando se desconoce alguno de sus
elementos esenciales, tales como el acceso al juez natural, la posibilidad de
presentar y controvertir pruebas, la publicidad del proceso y de la decisión, la
imparcialidad del juez o el ejercicio del derecho de defensa. Ninguno de estos
contenidos se encuentra comprometido en el presente caso. El accionante participó
activamente en el proceso ordinario, ejerció su derecho de defensa y obtuvo una
decisión judicial que resolvió de fondo sus pretensiones. En particular, mediante
Auto del 27 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena
dispuso dar cumplimiento integral al auto aprobatorio del remate, así como ordenó
la expedición de oficios y la entrega material del bien subastado al señor Gildardo
Nicolás Pico Arias.
51. Por último, tampoco se evidencia vulneración al derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia. El actor contó con acceso pleno a la jurisdicción y a
los recursos previstos en el proceso ejecutivo. En ningún momento se le negó la
posibilidad de acudir al aparato judicial, ni se obstaculizó el trámite del proceso, ni
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Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
se restringieron sus facultades procesales para controvertir las decisiones. En
cambio, el procedimiento se desarrolló conforme a las normas aplicables del Código
civil y de Procedimiento Civil, garantizando sus derechos.
52. En conclusión, el caso bajo examen carece de relevancia constitucional. No se
evidencia la existencia de un conflicto que comprometa de manera directa derechos
fundamentales ni valores superiores del ordenamiento jurídico. Lo que realmente se
observa es una controversia de carácter económico y patrimonial, la cual ya fue
resuelta en el marco del proceso ordinario correspondiente. En tal sentido, el
desacuerdo del accionante con el resultado de dicho trámite no configura, por sí
mismo, una afectación grave al derecho fundamental al debido proceso ni al acceso
efectivo a la administración de justicia, razón por la cual la acción de tutela resulta
improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por el señor Gildardo Nicolás Pico Arias, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto21
21
Las razones son las mismas expuestas en la aclaración de voto presentada en el caso 11001-03-
15-000-202400057-01, respecto a la falta de sustentación de la impugnación, a pesar de que se trata
de una tutela contra providencia judicial.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02141-01
Accionante: Gildardo Nicolas Pico Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
13
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