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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02144-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02144-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Secretaría de Educación de la gobernación del Chocó. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 14 de mayo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02144-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de julio de 2025

Demandante: María Mireya Ríos Maturana
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Primera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-02144-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02144-01
Demandante: MARÍA MIREYA RÍOS MATURANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión de primera
instancia que negó el amparo, para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en virtud de la cual se negaron las
pretensiones alegadas.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 10 de abril de 20251, la señora María Mireya Ríos
Maturana, actuando en nombre propio, entabló acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión en la que solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo
en condiciones dignas, la estabilidad laboral relativa, el acceso a la función pública
conforme al mérito y el acceso a la administración de justicia.

En criterio de la accionante, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales
se dio con ocasión de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2025, por medio de

1 Ver índice 2 de Samai.

1
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Demandante: María Mireya Ríos Maturana
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Primera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-02144-01

la cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión del 26 de septiembre de
2023, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Chocó,
al interior del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 27001-33-33-003-2021-00195-00/01, para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese sentido, pidió:

[…]

SEGUNDO: Que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia y se ordene
la ejecución del fallo de primera instancia (Sentencia No. 194 del 26 de septiembre
de 2023).

TERCERO: Que se ordene el reintegro de la accionante al cargo que venía
desempeñando o a uno equivalente, y el pago de los salarios dejados de percibir2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Secretaría de Educación del departamento del Chocó, mediante Resolución
2863 del 9 de septiembre de 20193, nombró en provisionalidad a la señora María
Mireya Ríos Maturana como docente de aula en el área de ciencias naturales –
química de la I. E. Carlos Holguín Mallarino sede Santa Rosa del municipio de
Novita, departamento del Chocó.

Posteriormente, la entidad administrativa, a través de la Resolución 1107 del 2 de
julio de 2020, confirmada según Resolución 453 del 23 de febrero de 2021, dispuso
la terminación del nombramiento en provisionalidad del cargo que venía ocupando
la señora Ríos Maturana.

Con base en lo anterior, se inició proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se solicitó la nulidad de los citados actos administrativos y,
como consecuencia de ello, que se ordenará el reintegro de la parte demandante al

2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Entre los considerandos del acto administrativo, se tiene el siguiente: «Que teniendo en cuenta lo

anterior y con el fin de garantizar la prestación del Servicio Educativo en el (la) I. E. CARLOS
HOLGUIN MALLARINO sede SANTA ROSA del Municipio de NÓVITA – Chocó, se hace necesario
nombrar un Docente de Aula Provisional en Vacancia Temporal, Área Ciencia Naturales – Química,
hasta que se defina la situación médico-administrativa de la Docente, titular del cargo, la señora
KELINDA MENA RIVAS, identificada (o) con cédula de ciudadanía N° 1077433154.»

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Demandante: María Mireya Ríos Maturana
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó,
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cargo que venía desempeñando, así como también se solicitó el reconocimiento y
pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, radicado bajo el N.º27001-33-33-003-2021-00195-00/01, que
dictó sentencia el 26 de septiembre de 2023 en la que accedió a las anteriores
pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto consideró que la decisión de
la administración estaba viciada de falsa y falta de motivación.

Contra la anterior providencia se interpuso recurso de apelación por la parte
demandada, alzada desatada por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera
de Decisión mediante fallo del 26 de marzo de 2025 en la que se revocó el fallo del
a quo y, en su lugar, se negaron las suplicas del escrito introductorio.

Para el ad quem, contrario a lo que consideró el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó, las resoluciones reprochadas contaban con la
motivación suficiente para justificar la postura de la administración. En ese sentido,
precisó lo siguiente:

En relación a las razones de derecho que motivaron la misma, se considera motivado
el acto administrativo en cuestión y, si bien no se indicó en la misma, quien ocuparía
la vacante y si fue en razón de concurso de méritos como lo ha expresado la norma,
se precisó que la terminación de la vinculación provisional obedecía a la finalización
de la vacancia temporal de la plaza por el retiro del servicio activo de la docente en
carrera Kelinda Mena Rivas, no podría considerarse entonces, las razones anotadas
por la parte demandada en el acto administrativo acusado de nulidad, para predicar
respecto de ellas una falsa motivación, como causal de nulidad del mismo, tal como
se observa en las imágenes del acto administrativo en mención, que a continuación y
para mayor claridad, se pegan en esta providencia:

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 2 de abril de 20254.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

En criterio de la actora, la decisión dictada por la autoridad judicial accionada
desconoció jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual se ha
establecido que la desvinculación de un empleado designado en provisionalidad es
procedente siempre y cuando se haya motivado en debida forma el acto
administrativo correspondiente. En ese sentido, reseño las siguientes decisiones:

• SU-556 de 2014
• SU-917 de 2010
• T-421 de 2024

4 Ver índices 12 y 13 de Samai Exp. Ord. 27001-33-33-003-2021-00195-01

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• C-150 de 2015
• T-001 de 1997
• T-1116 de 2005

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 2 de mayo de 20255 el Magistrado ponente de la primera instancia
admitió la acción constitucional, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Primera de Decisión; vinculó a la gobernación del Chocó – SED Chocó;
y solicitó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó la
remisión del expediente ordinario 27001-33-33-003-2021-00195-00/01.

1.6. Intervenciones6

La Gobernación del Chocó7 por conducto del jefe de la Oficina Jurídica se opuso
a las pretensiones de la accionante, pues, desde su punto de vista, la sentencia
reprochada en sede constitucional no afectó las garantías constitucionales de la
parte y, por el contrario, ésta se encuentra acorde con el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, expuso que en el presente caso no se satisface con el requisito de
relevancia constitucional, dado que el debate planteado por la señora Ríos
Maturana no tiene importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales.

Finalmente, indicó que el cargo que quedó vacante de forma definitiva, el cual venía
ocupando provisionalmente la actora, fue suplido mediante la Resolución 1427 del
29 de julio de 2020.

La Secretaría de Educación de la Gobernación del Chocó8 concurrió al trámite
alegando que dicha cartera no está trasgrediendo los derechos de la señora Ríos
Maturana, por lo que alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por otro lado, respecto al fondo del asunto, solicitó que se niegue el amparo alegado
para lo cual dio respuesta a los interrogantes planteados por la actora en su escrito
introductorio y en los siguientes términos:

5 Ver índice 4 de Samai
6 Ver índice 7 de Samai. La Secretaría General realizó las notificaciones a través de correo
electrónico, mediante los Oficios 56911 al 56915 del 7 de mayo de 2025 y remitido a las siguientes
direcciones: mamirima-01@hotmail.com, sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co, sac@sedchoco.gov.co, atencionalusuario@choco.gov.co,
notificaciones@choco.gov.co, j03admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co,
jadmin03qbd@notificacionesrj.gov.co, y sac@sedchoco.gov.co.
7 Ver índice 9 de Samai.
8 Ver índice 11 de Samai.

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1. ¿El cargo que ostentaba fue provisto mediante concurso o por lista de elegibles?

El cargo que ocupaba la docente María Mireya Ríos Maturana no fue provisto
mediante concurso ni por lista de elegibles.
2. ¿Quién ocupa actualmente el cargo y bajo qué modalidad (provisional, encargo o
carrera)?

Kelly Vanessa Albornoz Domínguez, es la docente que reemplazo a la Docente
Mireya y está en vacancia definitiva.

3. ¿Historia laboral, calificaciones de desempeño y antecedentes disciplinarios en la
Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino:

Cabe aclarar que, la docente María Mireya Ríos Maturana se encontraba vinculada
en calidad de provisionalidad por vacancia temporal, en reemplazo de una
incapacidad motivo por el cual no fue objeto de evaluación de desempeño por no
encontrarse en carrera administrativa.

El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. A su turno, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó remitió el expediente ordinario
27001-33-33-003-2021-00195-00/01.

1.7. Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, profirió sentencia el 14 de
mayo de 2025 en la que negó las pretensiones de la demanda. Al respectó, acotó
lo siguiente:

Al respecto, encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera
de Decisión no incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente, establecido
en las sentencias SU 556 de 2014 y SU 917 de 2010 de la Corte Constitucional, ya
que si bien no las citó de manera expresa, lo cierto es que la Corte en la sentencia T
421 de 2024 que citó, hace referencia a esos precedentes para pronunciarse sobre la
estabilidad laboral relativa del servidor público nombrado en provisionalidad en un
cargo de carrera, en lo atinente al deber que tiene el nominador de motivar el acto
administrativo de terminación, como garantía del derecho fundamental al debido
proceso y el principio de publicidad y el trato preferencial que se le otorga a los sujetos
de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que lo planteado en esta sede constitucional
se limita a evidenciar la inconformidad de la accionante con la decisión adoptada por
la autoridad judicial accionada, por considerar que la Resolución núm. 0001107 del 2
de julio de 2020, a través de la cual se terminó su nombramiento en provisionalidad,
por vacancia temporal, sí fue debidamente motivada. En ese entendido, se observa
que el Tribunal resolvió el asunto bajo un análisis plausible, con una carga de
argumentación suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los
principios de autonomía e independencia judicial.

9 Ver índice 13 de Samai.

5
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La anterior decisión fue notificada mediante correo electrónico remitido a las partes
e intervinientes el 23 de mayo de 2025.

1.8. Impugnación10

La actora alegó que la decisión de primera instancia avaló una tesis que contraria
la postura de la Corte Constitucional, en torno a la estabilidad laboral relativa con la
que cuentan los empleados designados en provisionalidad. En ese sentido, reiteró
las providencias referidas en su escrito introductorio.

Por otro lado, puso de presente que se incurrió en los defectos sustancial y fáctico;
el primero de ellos, por falta de aplicación de las normas que rigen la motivación de
los actos administrativos, la errónea interpretación del Decreto 1278 de 2002; y, el
segundo, con base en la falta de valoración de los actos administrativos
demandados.

1.9. Trámite en segunda instancia

Dado que el auto admisorio únicamente solicitó al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Quibdó la remisión del expediente ordinario 27001-33-33-
003-2021-00195-00/01, la magistrada ponente, por auto del 3 de julio de 2025
ordenó su vinculación.

Notificada la citada autoridad judicial, guardó silencio y, en consecuencia, se da por
saneada la irregularidad derivada de su falta de notificación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

Se advierte que el Consejo de Estado, Segunda, Subsección A, omitió emitir
pronunciamiento respecto a la solicitud de la Secretaría de Educación de la
Gobernación del Chocó, en la que advirtió la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

10 Ver índice 17 de Samai.

6
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Al respecto, se negará la anterior petición, pues basta indicar que dicha entidad fue
llamada al trámite constitucional en su condición de tercero con interés, calidad que
deviene de su calidad de demandada al interior del proceso ordinario 27001-33-33-
003-2021-00195-00/01.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, las intervenciones presentadas, y el
fallo de primera instancia corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca
la sentencia proferida el 14 de mayo de 2025, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Para tal efecto, es necesario abordar los siguientes
interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales de la señora
María Mireya Ríos Maturana, con ocasión del fallo por el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión el 26 de marzo de 2025?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12 y declaró su
procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

7
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relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202214 estableció que la acción
de tutela que tiene como objeto reprochar las decisiones que son adoptadas en el
marco de los procesos, se debe verificar que el asunto efectivamente goce de
importancia desde el punto de vista constitucional. En ese sentido, la citada
autoridad indicó lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal15 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional17.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar que en efecto

15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.

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se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21. (Resaltado de
la Sala)

2.6. Caso concreto

A partir de los hechos expuestos en la solicitud de amparo, los documentos que
conforman el proceso ordinario, las decisiones proferidas en el proceso ordinario, y
el fallo de tutela de primera instancia, la Sala advierte que la discusión que plantea
el extremo accionante no goza de relevancia constitucional y, en ese sentido, se
revocará dicha decisión.

El objeto de la controversia radica en que la actora considera que la administración,
con ocasión de los actos administrativos demandados, incurrió en los vicios de falta
y falsa motivación, circunstancia que, desde su punto de vista, imponía al juez
ordinario la remoción del ordenamiento jurídico de tales resoluciones, con el
consecuente restablecimiento de sus derechos.

Por otro lado, la autoridad judicial accionada, contrario al sentir de la señora Ríos
Maturana, estimó que desde el nombramiento de la persona se indicó que éste era
de carácter provisional, con ocasión de la situación administrativa de la titular del
cargo, es decir, en otros términos, era una vacancia temporal que finiquitó con
ocasión del retiro del servicio de la docente que ocupaba la plaza en carrera.

Asimismo, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión estudió
la figura de estabilidad laboral reforzada para las personas que se encuentran en
provisionalidad, para concluir que, para el caso de la accionante, no se encontraba
en alguna circunstancia que la hiciera acreedora de dicha flexibilización.

Conforme dicho panorama, se advierte que el amparo constitucional estudiado no
tiene la posibilidad para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales,
toda vez que la discusión planteada por la parte accionante pone en evidencia una
inconformidad con la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Primera de Decisión.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son desarrollados
en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un
uso de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial accionada.

21 Ibid.

10
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Demandante: María Mireya Ríos Maturana
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Primera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-02144-01

La carga argumentativa que hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir el
mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo.

En ese sentido, se tiene que la acción constitucional del asunto, tiene como finalidad
que el juez de tutela realice un nuevo estudio de los argumentos que se
desarrollaron a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para la accionante se configuró un defecto por desconocimiento del precedente de
la Corte Constitucional, para lo cual enunció una serie de decisiones proferidas por
dicha autoridad, en las cuales se abordó el tema de la estabilidad laboral reforzada
y los empleados designados en provisionalidad. No obstante, dicho ejercicio quedó
corto en la medida que no se estableció cuál o cuáles son las reglas o subreglas
que se extraen de tales providencias.

Ahora bien, se advierte que la señora María Mireya Ríos Maturana en su escrito de
impugnación alegó que el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de
Decisión incurrió en los defectos sustancial y fáctico. Al respecto, basta indicar que
estos argumentos resultan novedosos, pues los mismos ni siquiera fueron
enunciados en el escrito de tutela.

De abordar el estudio de tales cargos, se incurriría en la vulneración del debido
proceso de la autoridad judicial demandada, toda vez que se cercenaría su derecho
de defensa y contradicción, pues no tendría la oportunidad de replicar tales
alegaciones en la oportunidad correspondiente.

Conforme lo expuesto en precedencia, se resalta que la administración de justicia
garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en
sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar
sus decisiones vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado por los accionantes busca mutar el amparo
constitucional en una tercera instancia.

Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

La Sala concluye que la discusión planteada en la solicitud de amparo no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone revocar la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia del amparo solicitado.

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Demandante: María Mireya Ríos Maturana
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Primera de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2025-02144-01

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Secretaría de
Educación de la gobernación del Chocó.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 14 de mayo de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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