Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02157-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02157-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02157-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02157-01
Demandante: Gabriel Jaime Guerra Montoya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02157-01
Demandante: GABRIEL JAIME GUERRA MONTOYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE SUBSIDIARIEDAD – El accionante
puede controvertir la notificación de los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó su acción
popular a través de una solicitud de nulidad.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del
22 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 10 de abril de 20252, el señor Gabriel Jaime Guerra Montoya instauró acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición,
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad. En
consecuencia, solicitó que se ordenara a dicho tribunal lo siguiente:
(i) Permitir la radicación de escritos físicamente y notificar al accionante de la misma
manera.
(ii) Entregar inmediatamente los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó la acción
popular identificada con el radicado 25000-23-41-000-2025-00186-00.
(iii) Garantizar al demandante el derecho de acceso a la administración de justicia, sin
imponerle barreras tecnológicas «infranqueables» por su «desconocimiento digital».
(iv) Entregar los videos captados por las cámaras de seguridad de la corporación el 27
de febrero de 2025 y en las demás fechas en que el accionante ingresó a sus
instalaciones.
1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 18 de junio de 2025, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.
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Demandante: Gabriel Jaime Guerra Montoya
(v) Adoptar medidas para garantizar el trato digno y no discriminatorio a quienes, como
el demandante, «no cuentan con medios digitales o habilidades tecnológicas».
2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:
3. El 12 de febrero de 2025, el señor Guerra Montoya presentó la acción popular
identificada con el radicado 25000-23-41-000-2025-00186-00 por intermedio de la
Procuraduría General de la Nación, debido a que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no aceptó su radicación de manera física.
4. El 13 de febrero del mismo año, el despacho sustanciador inadmitió la demanda y, el
25 siguiente, la rechazó por falta de subsanación. Ninguna de estas decisiones fue
notificada por un canal accesible para el accionante.
5. El 27 de febrero de 2025, el señor Guerra Montoya acudió al tribunal para presentar
una petición de manera física, cuyo objeto consistía en que se realizaran las
notificaciones pertinentes por escrito. Sin embargo, el personal de esa corporación no la
recibió.
6. El mismo día, tras haber sido acusado de un comportamiento agresivo, el accionante
solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del tribunal.
7. En criterio del señor Guerra Montoya, esa corporación le impuso el uso Samai, pese
a que expuso su desconocimiento de la tecnología y su falta de acceso a medios
digitales. Agregó que utiliza redes sociales con ayuda de su hijo, quien no siempre le
entrega la información a tiempo, afectando así su derecho a ejercer recursos «legales».
B. Trámite impartido e intervenciones
8. Mediante auto del 21 de abril de 20253, el despacho sustanciador en primera instancia
admitió la acción de tutela y dispuso notificar a la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, vinculó a la Secretaría de dicha
sección, en calidad de tercera con interés.
9. El magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas, integrante de la Subsección B de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,4 confirmó lo
narrado por el demandante frente a la presentación, admisión y rechazo de la acción
popular. Además, expuso lo siguiente:
10. El 3 de marzo de 2025, aquel presentó una solicitud ante el Consejo de Estado, a fin
de que este interviniera en el asunto y tuviera en cuenta las grabaciones de las cámaras
de seguridad del tribunal. El 12 de marzo siguiente, también presentó una petición ante
la Procuraduría General de la Nación. Ambos escritos fueron remitidos a la Secretaría
de la Sección Primera del mismo tribunal y, mediante auto del 20 de marzo del presente
año, fueron rechazados por improcedentes.
3 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
4 Samai, expediente de primera instancia, índice 12.
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Demandante: Gabriel Jaime Guerra Montoya
11. En el mismo auto, se instó al señor Guerra Montoya a cumplir el deber establecido
en el numeral 4 del artículo 78 del CGP5, se le explicó que el uso de Samai es obligatorio
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se le indicó que, en tanto los estados
electrónicos pertinentes fueron enviados a la dirección de correo electrónico señalada en
el escrito de la acción popular, no se vulneraron sus derechos.
12. En línea con lo anterior, el magistrado Dimaté Cárdenas señaló que, como los autos
por los cuales se inadmitió y se rechazó la mencionada acción popular fueron notificados
a través de Samai, no se lesionó ningún derecho fundamental.
13. Finalmente advirtió que, a la fecha de la presentación de la acción de tutela, no se le
había informado que el demandante hubiera solicitado las grabaciones de las cámaras
de seguridad del tribunal.
14. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca6 solicitó su desvinculación porque, en su criterio, no hubo ninguna
vulneración de derechos fundamentales.
15. Para sustentar lo anterior expuso que, cuando el accionante acudió al tribunal para
presentar su acción popular de forma física, se le solicitó amablemente que utilizara
canales digitales, con fundamento en lo establecido en los acuerdos PCSJA20-11567 y
PCSJA20-11581 del Consejo Superior de la Judicatura, en las circulares 18 y 20 de 2020,
expedidas por la Presidencia del tribunal, así como en la Circular PCSJC24-1 del
Consejo Superior de la Judicatura —relativa al uso obligatorio de Samai en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo—.
16. Agregó que el señor Guerra Montoya se molestó ante tal solicitud e indicó que
desconocía el uso de herramientas tecnológicas, motivo por el cual se recibió su
demanda de manera física.
17. También expuso que, el 27 de febrero 2025, aquel acudió al tribunal para manifestar
que estaba inconforme con el trámite de su acción popular de manera digital y que no
podía consultar su avance. Ante ello, los servidores judiciales le informaron el estado del
proceso y se ofrecieron a enseñarle cómo consultarlo, a lo que se negó, exigiendo
agresivamente la recepción de sus escritos de manera física, al punto de requerir la
intervención del personal de seguridad del tribunal.
18. Finalmente, la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca advirtió que, en el escrito de la acción popular, el señor Guerra Montoya
señaló una dirección de correo electrónico, a la cual se enviaron los estados del proceso
respectivo.
C. Fallo impugnado
19. Mediante sentencia del 22 de mayo de 20257, la Sección Quinta del Consejo de
Estado decidió lo siguiente: primero, negar las pretensiones de amparo relativas a la
5 Según dicho numeral, las partes de un proceso deben «[a]bstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos
y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de
la justicia».
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 11, archivo «20(…)RTAACCIONDETUTELA(…)».
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 17.
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entrega de los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó la acción popular
presentada por el accionante, así como de las grabaciones de las cámaras de seguridad
de las instalaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y segundo, declarar
improcedente la acción de tutela por falta de subsidiariedad, en relación con la falta de
notificación de los autos por los cuales se inadmitió y rechazó la mencionada acción
popular.
20. Para sustentar la primera de dichas decisiones, la Sección Quinta del Consejo de
Estado señaló que el señor Guerra Montoya no probó haber solicitado previamente las
providencias y las grabaciones aludidas.
21. Para fundamentar la segunda, explicó que, en tanto el accionante estaba inconforme
con la forma en que se notificaron los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó su
acción popular, debía solicitar la nulidad de lo actuado en el proceso respectivo, con
fundamento en la causal establecida en el numeral 8 del artículo 133 del CGP, relativa a
la indebida notificación de providencias.
D. Impugnación
22. El accionante solicitó la revocación de la anterior decisión 8 , insistiendo en las
pretensiones relativas a la entrega de los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó
su acción popular, así como de las grabaciones de las cámaras de seguridad del tribunal,
las cuales calificó como esenciales para el ejercicio de su defensa. Además, solicitó lo
siguiente:
23. Primero, que se garantizara su derecho a ser notificado efectivamente, no
exclusivamente por medios electrónicos.
24. Segundo, que se remitiera el asunto a la Corte Constitucional, a fin de que esta, en
sede de revisión, evaluara la constitucionalidad de exigir el uso de Samai a quienes
carecen de herramientas tecnológicas.
23. Para sustentar lo anterior, el señor Guerra Montoya expuso que no tuvo conocimiento
de los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó su acción popular, debido a que el
desconocimiento de herramientas tecnológicas le impidió acceder oportunamente a
Samai.
25. Agregó que la imposición del uso de esa plataforma y de la realización de trámites
exclusivamente virtuales, sin ninguna alternativa presencial, vulneró sus derechos
fundamentales y desconoció su carencia de habilidades y herramientas tecnológicas.
Además, calificó esa imposición como una barrera para el acceso efectivo a la
administración de justicia.
26. Finalmente, señaló que en el fallo de primera instancia se mencionó una solicitud de
nulidad, cuyo contenido desconoce.
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 22.
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II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Cuestión previa
28. En la impugnación, el señor Guerra Montoya insistió en las pretensiones relativas a
la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad del tribunal y de los autos por
los cuales se inadmitió y se rechazó su acción popular.
29. Ni en la demanda de tutela ni en la impugnación se alegó alguna vulneración de
derechos fundamentales en relación con esa pretensión. Tampoco se expuso ningún
hecho que permitiera inferirla, pues ni siquiera se indicó si las grabaciones y los autos
aludidos fueron solicitados al tribunal o a otra autoridad, ni si esa solicitud fue negada.
30. Sobre el particular, es importante indicar que el accionante aportó un escrito dirigido
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contentivo de una petición de entrega de
las grabaciones mencionadas. Sin embargo, no presentó prueba alguna de la efectiva
presentación de ese escrito ante el tribunal, lo que también impide inferir cualquier
vulneración de derechos fundamentales al respecto.
31. Así las cosas, esta Sala no cuenta con ningún elemento que le permita evaluar si se
configuró alguna vulneración de derechos fundamentales que justifique acceder a las
pretensiones de entrega de las grabaciones y de los autos ya mencionados. Por ello, y
en tanto el impugnante no formuló ningún reparo sobre el argumento expuesto por la
Sección Quinta para negar esas pretensiones, la presente providencia no incluirá ningún
análisis al respecto.
G. Problema jurídico
32. En la impugnación, aunque en diferentes palabras, el accionante insistió en la
pretensión de ser notificado por medios físicos, con sustento en que se le impuso
indebidamente el uso de Samai.
33. La Sala, en primer lugar, establecerá si esa pretensión es procedente. Solo en caso
afirmativo, también definirá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Guerra Montoya, por la
forma en que notificó los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó su acción popular.
34. De acuerdo con lo anterior, entonces, se determinará si la sentencia del 22 de mayo
de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, debe ser confirmada,
modificada o revocada.
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H. Análisis de la Sala
Improcedencia de la acción frente a la pretensión de notificación por medios
físicos
35. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual, de conformidad
con el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta improcedente
ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean
eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio
irremediable9.
36. En la impugnación, como ya se indicó, el accionante insistió en la pretensión de ser
notificado por medios físicos, argumentando que se le impuso indebidamente el uso de
Samai y que, debido al desconocimiento de esa plataforma, no tuvo conocimiento de los
autos por los cuales se inadmitió y se rechazó su acción popular. Estos argumentos,
como bien lo advirtió la Sección Quinta de esta Corporación, entrañan una inconformidad
con la notificación de los mencionados autos.
37. Ahora, en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso — disposición
aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud del artículo 208 del
CPACA—, se estableció la posibilidad de solicitar la nulidad de las actuaciones
posteriores a la emisión de providencias distintas al auto admisorio de la demanda, si
estas han sido notificadas indebidamente. Así, es claro que el accionante cuenta con un
mecanismo de defensa judicial ordinario para controvertir la manera en que se notificaron
los autos por los cuales se inadmitió y se rechazó su acción popular, lo que implica la
improcedencia de la acción de tutela para obtener la notificación de uno y otro.
38. Sobre el particular, es importante indicar que las nulidades procesales constituyen,
por antonomasia, una garantía del derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, su planteamiento ante el juez natural del asunto, por regla general, es un
mecanismo idóneo y eficaz para obtener la protección de tal derecho.
39. Lo anterior, sumado a que el accionante no expuso ninguna circunstancia de la cual
se infiriera la falta de idoneidad o de eficacia de la formulación de una nulidad procesal
por indebida notificación ante el tribunal, ni la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable sobre sus derechos fundamentales, corrobora que la acción de tutela es
improcedente para lograr que se le notifiquen físicamente los autos por los cuales se
inadmitió y se rechazó su acción popular.
40. Finalmente, se advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado no se refirió a
una solicitud previa de nulidad, como se sugirió en la impugnación. Lo que hizo esa
9 En la sentencia T-1190 de 2004, reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017, la Corte
Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse lo siguiente:
«(i)[Q]ue sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que
sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de
gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.» (Énfasis añadido)
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Demandante: Gabriel Jaime Guerra Montoya
Sección, al igual que esta Sala, fue explicar que la acción de tutela es improcedente
porque el señor Guerra Montoya puede alegar la indebida notificación de los autos
aludidos mediante una solicitud de nulidad.
41. Con fundamento en todo lo anterior, se confirmará la sentencia del 22 de mayo de
2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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