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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02176-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02176-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02176-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez
Demandados: Sección Tercera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro.

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos fundamentales invocados: i) Debido proceso; ii) tutela judicial efectiva;
y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos fundamentales amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Sección Tercera -
Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sesenta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la sala; y iii) resuelve, las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor Sebastián Flórez Peláez, a través de apoderado1, presentó acción de
tutela contra el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Sección Tercera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
cuanto al proferir los autos de 19 de julio y 29 de noviembre de 2023; y 10 de julio

1Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documentos denominados “9ED_Prueba(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2” y

“10ED_Prueba(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivos aportados en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

de 2024, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 110013343065-2023-00199-01, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que en ejercicio del medio de control de reparación directa promovió
demanda contra la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Superintendencia de Notariado y Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá Zona Centro y la sociedad INDUSTRIAS CAMPI S.A.S., EN
LIQUIDACIÓN, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables
de los daños y perjuicios ocasionados por una falla en la prestación del servicio
público de notariado y registro.

4.El Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
providencia de 19 de julio de 2023, resolvió rechazar la demanda por haber
operado el fenómeno de la caducidad.

5. El actor presentó recurso de reposición y, en subsidio apelación, contra la
providencia en mención. El primero fue resuelto de manera desfavorable por el
Juzgado mediante providencia de 29 de noviembre de 2023.

6. La Sección Tercera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia de 10 de julio de 2024, resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 19 de julio de 2023 proferida por el Juzgado
65 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera, que rechazó la
demanda por caducidad.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría,
DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, previas anotaciones secretariales
de rigor […]”.

7. Dicha Corporación, consideró lo siguiente:

3

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

“[…] En el sub examine se tiene que el daño alegado recae en el hecho que la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro, no advirtió
en los actos de registro previos de transferencia del dominio de INDUSTRIAS
CAMPI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN hacia otros sujetos, que el bien 50C-1238042, se
hallaba pendiente de pago de plusvalía, como sí lo hizo en el caso del demandante,
cuando al adelantar los trámites de registro de traslado de propiedad, tuvo que pagar
la suma de $154.161.000,00 por concepto del efecto plusvalía.

En atención de lo anterior, encuentra la Sala que el conocimiento del hecho dañoso
en efecto nace de la nota devolutiva No. 364640074 del 30 de septiembre de 2020,
por medio de la cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá –
Zona Centro - se abstuvo de registrar el acto de transferencia del derecho real de
dominio en favor del demandante, como consecuencia del no pago de la
participación en plusvalía, pues fue desde dicho momento en el cual tuvo
conocimiento que el bien se hallaba afectado con tal gravamen y que el mismo no
había sido cancelado, circunstancia que además, lo condujo a pagar lo adeudado.

En ese sentido, para la Subsección, la tesis del “acto de registro” aplicado por el A
quo, es válida y acorde con la jurisprudencia que en dicha materia ha desarrollado
la Sección Tercera del Consejo de Estado al referir que en los eventos en los cuales
se discute la ocurrencia de un error de registro en el folio de matrícula inmobiliaria,
no solo se debe verificar el momento en que se hizo la respectiva anotación, sino
además el día en que el interesado tuvo conocimiento de la inscripción que
manifiesta le ocasionó el daño.

Ahora bien, no podría tenerse como fecha para el inicio del conteo de la caducidad
del medio de control el 24 de mayo de 2022, día en el que la Secretaría de Hacienda
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. informó que no había recibido el pago del efecto
plusvalía, como lo pretende el demandante, dado que, el daño no nace de si se pagó
o no el impuesto referido, sino que tiene su génesis en el momento en que la
administración puso en conocimiento del demandante que el registro del acto de
transferencia de dominio en su favor no fue posible – esto es, con la nota devolutiva
• puesto que, por dicha causa y en aras de sanear tal omisión, fue que el actor
adelantó las actuaciones respectivas para efectuar el pago de la plusvalía y así
sanear el registro del inmueble en su favor.

En efecto, fue desde el conocimiento de la devolución de la nota de registro que el
actor advirtió que los gravámenes por tal concepto no habían sido pagados con
antelación por quienes en principio ejercieron el derecho de dominio y propiedad del
bien, asumiendo este pago el demandante en su beneficio para poder efectuar el
registro de propiedad del inmueble a su nombre.

En ese sentido, esta Subsección considera válidos los argumentos esbozados por
el juez para rechazar la demanda por caducidad, y en consecuencia, procede
confirmar la decisión apelada, por cuanto el conocimiento del daño fue el 30 de
septiembre de 2020, por lo cual el plazo de los dos años que trata el artículo 164,
numeral 2, literal i) del CPACA, vencieron el 3 de octubre de 2022, y la demanda fue
radicada el 11 de mayo de 2023.
Vale precisar que en este caso no son aplicables la suspensión de términos
judiciales con ocasión de la pandemia COVID-19 [13 de marzo hasta el 30 de junio
de 2020] en tanto, la comunicación de la nota devolutiva se efectuó el 30 de
septiembre de 2020, fecha en la cual ya no aplicaba la suspensión de términos
referido.

Ahora bien, en sede de apelación – tal como ocurrió en primera instancia – pese a
que el recurrente afirmó aportar los anexos de la demanda, tampoco fue posible
efectuar el cotejo de éstos, con el fin de verificar si el término de caducidad se había
suspendido por el ejercicio de la conciliación prejudicial ante el Ministerio Público,
en tanto la consulta del enlace aportado por la activa arrojó:

4

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

Pese a que no son visibles los anexos y, como se dijo, opera el conteo del término
de caducidad desde la fecha de conocimiento del daño, que para el caso ocurrió
desde el 30 de septiembre de 2020, aparece claro que, al haberse radicado la
demanda el 11 de mayo de 2023, esto es, 7 meses después del término de los 2
años establecidos por el art. 164 del CPACA como término límite para el ejercicio
del medio de control de reparación directa, la acción se ejerció de manera
extemporánea, por lo que procedía su rechazo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8.El actor solicitó en su escrito de tutela2:

“[…] Primero. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva que le asisten al
accionante Sebastián Flórez Peláez.
Segundo. Consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales anunciados,
solicito que se disponga por el honorable Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo, como Juez de Tutela, lo siguiente:
a. Declarar nulo los Autos del 19 de julio de 2023 y 29 de noviembre de 2023
proferidos por el Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá D.C. – Sección Tercera y el Auto del 10 de julio de 2024 proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
C, mediante los cuales se decidió rechazar la demanda presentada por Sebastián
Flórez Peláez por caducidad.
b. Ordenar al Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá D.C. – Sección Tercera que disponga a través de nuevo Auto
Interlocutorio el estudio de admisibilidad de la demanda presentada por Sebastián
Flórez Peláez conforme a lo regulado en el CPACA y, por tanto, le dé trámite legal
a la misma bajo el medio de control de reparación directa […]”.

Actuación

9.El despacho sustanciador mediante auto de 12 de mayo de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera -
Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al juez sesenta y
cinco administrativo del circuito de Bogotá; y iii) vinculó como terceros con interés
legítimo, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Superintendencia de Notariado
y Registro, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona
Centro y a la sociedad INDUSTRIAS CAMPI S.A.S., EN LIQUIDACIÓN,

2 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá Zona Centro, solicitaron que se les desvinculara del presente
trámite de tutela, por cuanto carecen de falta de legitimación en la causa por pasiva.

11.La Sección Tercera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, afirmó que:

“[…] Aclarado lo anterior, el suscrito advierte que la decisión tomada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera – Subsección C) no resulta
irrazonable, ni arbitraria y mucho menos violatoria de la Constitución, pues
justamente aplicó las normas y la jurisprudencia que en relación al mencionado
tópico ha proferido el Consejo de Estado, sin que en tales pronunciamientos se
acepte la postura del tutelante, quien pretende que se cuente el término de
caducidad a partir del día en que la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., informó que no había recibido el pago del efecto plusvalía, pues, el
Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha señalado que
en los eventos en los cuales se discute la ocurrencia de un error en el registro en el
folio de matrícula inmobiliaria, no solo se debe verificar el momento en que se hizo
la correspondiente anotación sino la fecha en que el interesado tuvo conocimiento
de la inscripción por la cual manifiesta que se le ocasionó un daño […]”.

12. El Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la sociedad
INDUSTRIAS CAMPI S.A.S., EN LIQUIDACIÓN, pese a ser notificados en debida
forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la sala

13.Esta sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

6

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

20214 y con el artículo 135 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

15.La sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

16.Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

17.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20067, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[8].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

18.La sala advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, solicitaron su
desvinculación, porque, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.

19.Al respecto, es preciso indicar que dichas autoridades fueron parte demandada
dentro del marco del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 110013343065-2023-00199-01, por lo que les asiste interés en

7 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

el resultado del proceso de la referencia, razón por la que la sala denegará su
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto lo dispondrá en la parte considerativa de la presente providencia.

Problema jurídico

20.Corresponde a la sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

21.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta sala analizará los siguientes
temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia; vi) el análisis del caso concreto; y vii) las conclusiones de
la sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

23. Esta sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del proceso de reparación
directa con radicado núm. 110013343065-2023-00199-01: en primer lugar, debe
verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le
corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los
defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la
decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional y de subsidiariedad como requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de
2005, proferida por la Corte Constitucional14.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada sentencia de unificación de 5 de agosto de
201415, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

14 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Ut supra página 6.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

11

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el

[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actor: Sebastián Flórez Peláez

asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado23:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Ibidem.

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31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales; y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

32. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202226 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

26
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

33. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

34. Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se

27 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva

35. El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en
estado de subordinación o indefensión […]”.

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional28 ha entendido el derecho a la tutela
judicial efectiva, así:

“[...] El acceso a la administración de justicia -derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva- ha sido catalogado como una necesidad inherente a la condición humana.
Además ha sido considerado "expresión medular del carácter democrático y
participativo del Estado y "pilar fundamental de la estructura de nuestro actual Estado
Social de Derecho.

Encuentra sustento no solo en el texto de la Carta Política sino en los instrumentos
que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad. Su vínculo con el

28 Corte Constitucional, Sentencia C-337 de 29 de junio de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

Preámbulo es de primer orden al estar "directamente relacionado con la justicia como
valor fundamental de la Constitución. Apunta al cumplimiento de los fines esenciales
del Estado, entre ellos garantizar la efectividad de los derechos, promover la
convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana, y
asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades públicas [23]. Además, su consagración expresa como derecho
de toda persona refuerza la valía que quiso darle el Constituyente de 1991 en el
ordenamiento jurídico (art. 229 CP).

La Corte ha explicado que la tutela judicial efectiva también hace parte del núcleo
esencial del debido proceso (art. 29 CP) y se proyecta como derecho fundamental de
aplicación inmediata[24] que "se garantiza a través de las distintas acciones y recursos
que el ordenamiento jurídico ha previsto para la protección de los derechos", con la
advertencia de que "el diseño de las condiciones de acceso y fijación de los requisitos
para su pleno ejercicio corresponde al Legislador […].

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

37. El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

39. El señor Sebastián Flórez Peláez, a través de apoderado30, presentó acción de
tutela contra el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la

29 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
30Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documentos denominados “9ED_Prueba(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2” y

“10ED_Prueba(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivos aportados en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

Sección Tercera -Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
cuanto al proferir los autos de 19 de julio y 29 de noviembre de 2023; y 10 de julio
de 2024, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 110013343065-2023-00199-01, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva.

40.De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la sala realizará el análisis del acervo probatorio
para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

41.La sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

42.1. Copia de la providencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera
-Subsección C- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de julio de 2024.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

43. La sala evidencia que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro
de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente31:

“[…] El Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
– Sección Tercera, avalado posteriormente por el honorable Tribunal Administrativo

31 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, aplicó reglas procesales que
no tienen relación directa con el caso que fue puesto en su conocimiento para resolver
en el medio de control de reparación directa. En primer lugar, aplicó las reglas
jurisprudenciales que se vienen aplicando para la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho de los actos de registro, según las cuales, el término de
caducidad se debe contar en el momento de la notificación o conocimiento de dicho
acto o su negativa. Valga señalar que, esta regla jurisprudencial sigue la tradición de
la demanda contra actos administrativos, puesto que la Ley 1579 de 2012 dispone que
los actos de registro (incluyendo las notas devolutivas) son actos administrativos y su
publicidad se da conforme a las reglas de la Ley 1437 de 2011 CPACA.

Sin embargo, lo que en el proceso subyacente fue objeto de enjuiciamiento para la
Administración y al particular codemandado fue una falla en el servicio de notariado y
registro y un incumplimiento de deberes legales, que puso en estado de disminución
patrimonial a Sebastián Flórez Peláez.

Contrario a lo que sostuvieron las agencias judiciales acá accionadas, estas reglas no
resultan compatibles con el ejercicio del medio de control de reparación directa.

Tampoco resulta ajustado a derecho el argumento de que la funcionalidad del término
de caducidad desde la comunicación de la nota devolutiva para casos de nulidad y
restablecimiento del derecho y reparación directa sea el mismo. La caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho viene dada por la necesidad
de seguridad jurídica frente a la firmeza de los actos administrativos. El legislador ha
dispuesto que el interesado y/o destinatario de un acto administrativo deba proceder a
su demanda en un período corto de tiempo, usualmente cuatro (4) meses desde su
publicidad, con la finalidad de que el carácter ejecutorio de los actos administrativos no
se ponga a debate por el paso del tiempo.

Asimismo, la reparación del daño proveniente de la ilegalidad de un acto administrativo
(finalidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho)
ontológicamente dista mucho de las situaciones jurídicas de que trata el artículo 141
del CPACA para el medio de control de reparación directa.

La caducidad del medio de control de reparación directa nada tiene que ver con la
necesidad de seguridad en la firmeza de las actuaciones de la Administración. Su
finalidad ha estado anclada a la seguridad y estabilidad del presupuesto público. El
legislador determina un período en el cual las víctimas de la acción u omisión de los
agentes del Estado pueden reclamar la reparación patrimonial con la finalidad de que
el presupuesto de funcionamiento e inversión de las entidades públicas no se vea
permanentemente comprometido por la posibilidad de demanda en cualquier tiempo.

Deviene entonces claro que, contrario a lo que adujeron las agencias judiciales acá
accionadas, la funcionalidad del término de caducidad desde la comunicación de la
nota devolutiva para casos de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación
directa no son equivalentes funcionales, puesto que el juicio de reproche es
ontológicamente diferente […]”.

[…]

“[…] Por otro lado, erraron al interpretar la fuente del daño que se enrostró a las allá
demandadas (acá terceros interesados), el cual nada tiene que ver con la expedición
de la nota devolutiva, sino que, tiene que ver con la confianza legitima defraudada y las
acciones y omisiones de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá
Zona Centro que conllevan a la falla en su función registral y a la necesidad de pago
por parte de Sebastián Flórez Peláez de algo que no era su obligación legal o
contractual. Precisamente, la confusión que tuvieron las agencias judiciales accionadas
respecto del daño y el conocimiento del mismo por el interesado ha sido despejada por

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

parte del honorable Consejo de Estado en Sentencia del 29 de enero de 2020, exp
61.033 (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico) que si bien está dado para los casos de
demandas por delitos de lesa humanidad, tiene argumentos sobre el conocimiento del
daño y la participación estatal, que resultan aplicables a todos los casos de demanda
contra el Estado […]”.

[…]

“[…] e) Las agencias judiciales accionadas desconocieron la situación práctica de quien
Sebastián Flórez Peláez, veamos: los encargados de la gestión de registro
usualmente son las Notarías Públicas, quienes se encargan de recopilar toda la
información exigida por las normas colombianas para el perfeccionamiento de la
tradición a través del asiento registral por las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos competentes. Contrario a lo afirmado por las agencias judiciales accionadas
de que la comunicación de la nota devolutiva es muestra de conocimiento inequívoco
de que se adeudaba el pago del efecto plusvalía, es precisamente la información que
genera y custodia otra entidad la que otorgaba tal conocimiento. Bastaría revisar la
Instrucción Administrativa Conjunta 31 del 28 de diciembre de 2005, emitida por la
Superintendencia de Notariado y Registro, según la cual (…) En el caso del Distrito
Capital, este certificado de la Secretaría de Hacienda Distrital proviene de la Dirección
de Impuestos Distritales. Dicha dependencia es la responsable del recaudo,
fiscalización, cobro, discusión y devoluciones de la participación en plusvalía. (…)”.

f) El hecho indiscutible de que antes del año 2020 se hubiesen realizado actos de
registro sin exigir el certificado que con la nota devolutiva número 364640074 del 30
de septiembre de 2020 se exigía, podía obedecer a varias circunstancias propias de
la función de registro, a saber: (i) la omisión del asiento registral anterior una orden de
cancelación de la anotación del efecto plusvalía por pago total, caso en el cual
bastaba con la acreditación de esta circunstancia para que la entidad procediera a las
correcciones del folio de matrícula inmobiliaria y al registro solicitado; (ii) que la Notaría
no adjuntó certificado especial expedido la Secretaría Distrital de Hacienda de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. contentivo de las siguientes situaciones (a)
autorización del registro del acto de transferencia, manteniendo la inscripción del
gravamen; (b) orden de cancelación de la anotación del efecto plusvalía por pago total
o (c) autorización del registro del acto de transferencia, cancelando parcialmente el
gravamen; o finalmente (iii) algún error en sistemas de la Superintendencia de
Notariado y Registro que implicara que el funcionario de turno no tuviera en cuenta la
habilitación para perfeccionar el acto de transferencia del dominio a través de la nota
registral.

g) Argumentar, como hicieron los Jueces accionados de que la comunicación de una
nota devolutiva por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá Zona Centro coincide con la ocurrencia del daño y con su conocimiento por
parte del interesado, desconoce completamente cómo funciona el servicio de notariado
y registro en nuestro país.

Los argumentos presentados por los Jueces accionados parten de la idea de que los
sistemas de información de la Superintendencia de Notariado y Registro y la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. están interconectados o interoperan en tiempo real
para lo relacionado al efecto plusvalía, y que es a partir del momento de la
comunicación de una nota devolutiva con base en la audiencia de pago o autorización
especial, el momento en el cual un ciudadano también conoce de la información que
ostenta otra entidad diferente a la acá demandada […]”.

44.Para la sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

45. Además de lo anterior, para la sala, el actor plantea la afectación de los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa y fue decidido por
el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer
un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio
de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

46. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU-215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración de
un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de
un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

47.La sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez natural.

48.Para la sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
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49.En ese orden de ideas, la sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio de interpretación legal y probatoria de la autoridad judicial accionada, es
decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico
del juez natural y reabrir un debate legal en el marco del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa, el cual escapa de la órbita de
competencia del juez constitucional. Si bien es cierto que el actor alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

50.Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva y al acceso a la administración de justicia, enunciados por
el actor, no se evidencia en el caso sub examine, toda vez que el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa se adelantó ante
el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental
de un sujeto de especial protección constitucional.

51.En ese orden de ideas, para la sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

52.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la sala no se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

53.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la sala declarará improcedente la solicitud de tutela.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202502176-00
Actor: Sebastián Flórez Peláez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela presentada por el
actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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