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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02178-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02178-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA. -COINTRASUR-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la providencia de 20 de marzo de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 73001- 33-33-001-2022-00001-00. En consecuencia, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02178-00 Actora: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA -COINTRASUR- dicte una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02178-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02178-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA
LTDA. -COINTRASUR-.

TESIS: SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA. LA
AUTORIDAD JUDICIAL INCURRIÓ EN EL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO,
POR CUANTO INAPLICÓ LAS MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL TRÁMITE DE LAS CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES A CARGO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
EN VIGENCIA DEL DECRETO 491 DE 2020.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE IBAGUÉ1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

TOLIMA2.

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02178-00
Actora: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA
LTDA -COINTRASUR-

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL

TOLIMA LTDA. -COINTRASUR-, actuando a través de apoderada

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de confianza legítima, los

cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber

proferido las providencias de 12 de julio de 2024 y 20 de marzo de

2025, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2022-00001-00.

I.2. Hechos

Manifestó que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP3-, a través de la Subdirección de

3
En adelante la UGPP.

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Determinación de Obligaciones Fiscales de la Dirección de

Parafiscales la requirió para que aportara la información, adecuada,

completa y oportuna de la liquidación y pago de las contribuciones al

sistema de seguridad social para el período comprendido entre el 1o.

de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

Aseguró que mediante auto núm. RPC-797 de 8 de junio de 2017 la

UGPP formuló cargos en su contra por suministrar información

incompleta.

Señaló que mediante Resolución núm. RDO-230 de 21 de febrero de

2018 la UGPP la sancionó al pago de una multa de $189.371.650,

con ocasión al suministro de información incompleta para el período

comprendido entre el 1o. de enero de 2021 y el 31 de diciembre de

2023.

Indicó que contra esta decisión interpuso el recurso de

reconsideración, el cual fue resuelto por la UGPP a través de la

Resolución núm. RDC 173 de 12 de abril de 2019 que confirmó en

todas sus partes la decisión inicial.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

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en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la UGPP, con el fin de que se le ordenara la nulidad

de los actos administrativos que resolvieron el proceso sancionatorio

y, en consecuencia, la terminación de los procesos coactivos

adelantados en su contra para obtener el pago efectivo de la sanción.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 73001-33-33-001-2022-00001-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO que, en sentencia de 12 de julio de 2024,

declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y

denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 20 de marzo de

2025, confirmó parcialmente la decisión del a quo frente a la

declaratoria de caducidad del medio de control y revocó el numeral

segundo de la sentencia respecto a la denegación de las

pretensiones.

I.3 Fundamentos de la solicitud

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Manifestó que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en el

defecto material o sustantivo, ya que se omitió la aplicación del

artículo 9º del Decreto Legislativo núm. 491 de 20204 que amplió el

plazo para el trámite de la conciliación prejudicial ante la

Procuraduría General de la Nación de tres (3) a cinco (5) meses

durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Recalcó que en el caso particular se concluyó erradamente que el

término de caducidad se reanudó el 2 de diciembre de 2021, esto es,

al vencimiento de los tres (3) meses desconociendo que el término

aplicable era el de cinco (5) meses, por lo que la constancia de no

conciliación expedida el 13 de diciembre de 2021 por la Procuraduría

27 judicial II para asuntos administrativos de Ibagué, fue expedida

dentro del plazo legal.

Aseguró que en el asunto no operó la caducidad del medio de control

y que dicha declaración resulta abiertamente contraria al

ordenamiento jurídico y configura una vía de hecho, con afectación

directa a sus derechos fundamentales.

4
“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

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I.4. Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Dejar sin efectos las providencias proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Ibagué, con fecha 12 de julio
de 2024, y por el Tribunal Administrativo del Tolima, con fecha 20
de marzo de 2025, mediante las cuales se declaró la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Ibagué que, dentro del término que el juez constitucional
determine, profiera una nueva decisión de fondo en primera
instancia, resolviendo sobre las pretensiones formuladas en la
demanda, con plena observancia del principio de legalidad, el
debido proceso y el respeto por los derechos fundamentales de la
accionante […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo debe ser

denegada, habida cuenta que lo que pretende la actora es promover

un nuevo pronunciamiento judicial del asunto tramitado en la

instancia ordinaria.

Aseguró que los argumentos consignados en las providencias

judiciales cuestionadas resultan suficientes para soportar la defensa,

en tanto fueron proferidas de conformidad con el ordenamiento

jurídico y, por ende, la acción de tutela resulta improcedente.

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I.5.2.- El JUZGADO señaló que en la decisión proferida por ese

despacho, se expusieron las razones por las cuales se determinó que

el medio de control fue presentado fuera de tiempo.

Manifestó que esa conclusión se fundamentó en lo dispuesto en el

artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo5 y el artículo 3º del Decreto núm. 1716

de 20096, pues al realizar el cómputo se tomó como fecha de

notificación el último acto administrativo, es decir, el 13 de mayo de

2021 por lo que el plazo para interponer oportunamente la demanda

vencía el 14 de septiembre de 2021.

Arguyó que la solicitud de conciliación fue presentada el 2 de

septiembre de 2021, suspendiendo por 13 días el termino de

caducidad y que la reanudación se dio a partir del 2 de diciembre de

2021, por vencimiento de los 3 meses señalados por la norma para

el trámite de la conciliación prejudicial y, por ende, la actora tenía

hasta el 15 de diciembre de 2021 para presentar la demanda. No

obstante lo anterior, se presentó el 11 de enero de 2022, excediendo

ampliamente el plazo legal.

5
En adelante CPACA.
6
“Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”.

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- La UGPP mencionó que la acción de tutela resulta

improcedente, por cuanto este mecanismo constitucional no

constituye un recurso extraordinario adicional, ni puede

implementarse como un mecanismo para revivir términos procesales

con el fin de plantear nuevamente las razones del litigio.

Señaló que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales

invocados, por cuanto las actuaciones administrativas que ejecutó se

encuentran ajustadas a derecho.

Finalmente, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al

no ser la entidad que ha vulnerado los derechos invocados por la

parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la UGPP, formuló petición de desvinculación en

la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández,
dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal
que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar
un instrumento judicial carente de garantías procesales, en
donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los
principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal
se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación,
o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Comoquiera que la UGPP actuó como parte demandada dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

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identificado con el número único de radicación 2022-00001-00,

objeto del presente estudio, en calidad de tercera, le asiste interés

en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por

la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

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sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales [10]
o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de

confianza legítima y, en consecuencia, se dejen sin efecto las

providencias de 12 de julio de 2024 y 20 de marzo de 2025,

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proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2022-00001-

00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a juicio de la

actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto

material o sustantivo, ya que se omitió la aplicación del artículo 9º

del Decreto Legislativo núm. 491 de 2020 que amplió el plazo para

el trámite de la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General

de la Nación de tres (3) a cinco (5) meses durante la vigencia de la

emergencia sanitaria.

Recalcó que en el caso particular se concluyó erradamente que el

término de caducidad se reanudó el 2 de diciembre de 2021, esto es,

al vencimiento de los tres (3) meses desconociendo que el término

aplicable era el de cinco (5) meses, por lo que la constancia de no

conciliación expedida el 13 de diciembre de 2021 por la Procuraduría

27 judicial II para asuntos administrativos de Ibagué, fue expedida

dentro del plazo legal.

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Aseguró que en el asunto no operó la caducidad del medio de control

y que dicha declaración resulta abiertamente contraria al

ordenamiento jurídico y configura una vía de hecho, con afectación

directa a sus derechos fundamentales.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicitó dejar

sin efectos tanto la providencia de 12 de julio de 2024 proferida

por el JUZGADO, como la dictada el 20 de marzo de 2025 por el

TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados frente a la

providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio

por terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

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suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se

configuraron los defectos alegados; contra la decisión cuestionada

no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable7, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Verificado lo anterior y teniendo en cuenta que el presente asunto

cumple con los requisitos generales de procedibilidad, la Sala hará

mención del marco jurídico del defecto alegado, para enseguida

efectuar el estudio del fondo del asunto.

Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es

7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”8;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables9; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”10
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o
proporcionalidad11; (b) es adaptada una disposición de forma
contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial
para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad
de que estos gocen12; (d) es manifiestamente errada y desatiende
los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva13 o contraria a la Constitución14; o (f)
cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes.

Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”15.[…]

8
T-176 de 2015.
9
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
10
SU-770 de 2014.
11
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
12
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
13
T-018 de 2008.
14
T-086 de 2007.
15
SU-050 de 2017.

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Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

intervinientes.

Ahora bien, corresponde determinar si el TRIBUNAL incurrió en el

defecto endilgado, para lo cual realizará el siguiente análisis: i) de la

caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho y la suspensión del término de caducidad y, ii) análisis del

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caso concreto.

De la caducidad del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho y la suspensión del término de

caducidad.

El literal d) del numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011

modificada por la Ley 2080 de 2021, estableció la oportunidad para

presentar la demanda a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, así:

“[…] Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho,
la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales; […]”.

Así las cosas, cuando se trate de pretensiones encaminadas a

obtener la nulidad de actos administrativos de contenido particular,

el término para acudir al juez de lo contencioso administrativo será

de cuatro (4) meses que se contarán a partir del día siguiente a la

comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto

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administrativo acusado, según sea el caso, so pena de operar la

caducidad del medio de control.

Asimismo, el artículo 16116 ibídem establece como requisito previo

para demandar el agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial,

en aquellos asuntos en los que se formulen pretensiones relativas a la

nulidad con restablecimiento del derecho, a la reparación directa y a

las controversias contractuales.

Por su parte, el artículo 21 de la Ley 640 de 200117 reguló la suspensión

del término de caducidad a partir de la solicitud de conciliación ante el

ente conciliador hasta que acontezcan cualquiera de los siguientes

supuestos a saber: i) hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta

que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este

trámite sea exigido por la ley; ii) hasta que se expidan las constancias

de agotamiento de la etapa de conciliación; o iii) hasta que se venza

el término de tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud

16
“Artículo 161. Requisitos Previos Para Demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito
de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”
17
“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
“Artículo 21. Suspensión de la Prescripción o de la Caducidad. <Ley derogada a partir del 30 de
diciembre de 2022 por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022> La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación
se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres
(3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una
sola vez y será improrrogable.”

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de conciliación, lo que ocurra primero.

Ahora bien, la Sala considera pertinente recordar que, con ocasión al

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por el

Covid 19, el Gobierno Nacional profirió el Decreto núm. 491 de 28

de marzo de 202018, por medio del cual se adoptaron medidas de

urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios

por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones

públicas, entre otros.

El artículo 9° de la citada disposición, introdujo modificaciones al

término señalado en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001,

ampliando el plazo para el trámite de las conciliaciones

extrajudiciales a cargo de la Procuraduría General de la Nación, de la

siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 9. CONCILIACIONES NO PRESENCIALES ANTE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. <Emergencia vigente
hasta el 30 de junio de 2022. Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL 385 de 2020> En la radicación de solicitudes de
convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de
competencia de la Procuraduría General de la Nación, se
promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales, de
acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el
Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las
tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos
conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se

18
Esta normatividad estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que finalizó el estado
de emergencia sanitaria.

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perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o
mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos.

Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta en
la que certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias,
según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para
aprobación a la autoridad judicial competente.

El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración de
las circunstancias específicas de salubridad y capacidad
institucional podrá suspender la radicación y/o el trámite de
solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de
familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de
conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel
nacional, así como de la conciliación extrajudicial en materia
contencioso administrativo adelantada por los agentes del
Ministerio Público.

En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de
solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correrá el término
de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios control,
respectivamente, hasta el momento en que se reanude la
posibilidad de radicación o gestión de solicitudes.

Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la
Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones
extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo
contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría
General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses.
Presentada copia de la solicitud de convocatoria de
conciliación extrajudicial en asuntos contencioso
administrativos ante la entidad convocada, el Comité de
Conciliación contará con treinta (30) a partir de su recibo
para tomar la correspondiente decisión.

Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables
también a las solicitudes de convocatoria de conciliación
extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente
decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la
expedición del mismo.

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. […]”
(Destacado fuera del texto)

En ese sentido, el término previsto para el trámite de la conciliación

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extrajudicial fue ampliado de tres (3) a cinco (5) meses,

extensión que se mantuvo hasta que concluyó la declaratoria del

estado de emergencia sanitaria, esto es, hasta el 30 de junio de

2022.

Caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la sentencia de 20 de marzo de

2025 proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se

indicó lo siguiente:

“[…] PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Corresponde a la Corporación, entrar a determinar, si fue procedente
haber declarado probada la excepción de caducidad del medio de
control, o si, por el contrario, se debe revocar dicha decisión al
encontrarse acreditado la solicitud de conciliación extrajudicial
suspendió el término de caducidad por 05 de meses, como lo alega la
parte recurrente. […]

CASO CONCRETO

La Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima LTDA, actuando
por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin
de que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDO-230 del 21 de
febrero de 2018 y RDC-173 del 12 de abril de 2019, expedidas por la
entidad demandada.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordenara el levantamiento de las medidas

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cautelares de embargo y la devolución de los valores cobrados en
virtud de la sanción impuesta, al considerar que, la UGPP vulneró el
debido proceso al confirmar una sanción dentro de un expediente que
ya había sido archivado previamente mediante auto del 28 de
septiembre de 2018.

Mediante sentencia del 12 de julio de 2024, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Ibagué declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control y negó las pretensiones de la
demanda, considerando que la suspensión del término de caducidad
por la conciliación solo operó por tres meses, de conformidad con el
artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, y no por cinco meses como lo
argumentaba la parte demandante con base en el Decreto Legislativo
491 de 2020.

Asimismo, indicó que, el término de caducidad venció el 15 de
diciembre de 2021, mientras que la demanda solo fue presentada el
11 de enero de 2022, es decir, fuera del término legalmente
establecido.

Inconforme con la decisión del A Quo, el apoderado judicial de la parte
demandante interpuso recurso de apelación, en el que argumentó que
el fallo vulneró el debido proceso y aplicó una norma inaplicable al
caso concreto, pues al momento de la presentación de la solicitud de
conciliación prejudicial, aún se encontraba vigente el artículo 9 del
Decreto Legislativo 491 de 2020, que extendía la suspensión del
término de caducidad a cinco meses en virtud de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.

En este orden de ideas, corresponde a la Corporación entrar a
determinar, si fue procedente haber declarado probada la excepción
de caducidad del medio de control, o si, por el contrario, se debe
revocar dicha decisión al encontrarse acreditado la solicitud de
conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, como lo
alega la parte recurrente.

Se avizora que, mediante la Resolución No. RDO-230 del 21 de
febrero de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social impuso
una sanción a la Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima
Ltda. por la suma de $189.371.650, derivada del suministro
incompleto de la información requerida dentro del expediente
administrativo 20151520058011285, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de
2013.

Ahora bien, se vislumbra que, el 26 de abril de 2018, la Cooperativa
de Transportadores del Sur del Tolima Ltda., a través de su

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apoderado, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución
No. RDO-230 del 21 de febrero de 2018, siendo este admitido
mediante la Resolución RDC- 343 del 29 de junio de 2018.

De las pruebas obrantes en el expediente, se aprecia que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, mediante la Resolución No. RDC-
173 del 12 de abril de 2019, resolvió confirmar la sanción impuesta
en la Resolución No. RDO- 230 del 21 de febrero de 2018, por el
monto de $189.371.650, en relación con el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.

No obstante , el 21 de mayo de 2019, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social remitió comunicación a la dirección calle 90 No. 12-
28, oficina 201, en Bogotá D.C., con el fin de surtir la notificación
personal del contenido de la Resolución No. RDC-173 del 12 de abril
de 2019; sin embargo, se advierte que dicha notificación fue devuelta
por la empresa de servicios postales, al no encontrarse el destinatario
en el citado domicilio.

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de
la Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima Ltda., la
dirección registrada para efectos de notificación corresponde a la
carrera 8 No. 7-35 de Chaparral, Tolima, lo que evidencia una posible
inconsistencia en el trámite de notificación de la mencionada
resolución.

Finalmente, se aprecia que, el 10 de mayo de 2021, el gerente de la
Cooperativa de Transportadores del Sur del Tolima Ltda., solicitó
información a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social respecto del
embargo de sus cuentas bancarias en el marco del expediente
administrativo 20151520058011285, momento en el cual tuvo acceso
al contenido de la Resolución No. RDC-173 del 12 de abril de 2019,
como se evidencia a continuación: […]

En virtud de lo anterior, se tomará como fecha de notificación de los
actos administrativos demandados el 10 mayo de 2021, como quiera
que en el mismo escrito, se afirma el conocimiento de la Resolución
la Resolución No. RDC-173 del 12 de abril de 2019.

Así las cosas, se advierte que la Resolución No. RDC-173 del 12 de
abril de 2019, mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) confirmó la sanción impuesta a la Cooperativa de
Transportadores del Sur del Tolima Ltda., fue conocida por la
demandante el 10 de mayo de 2021, fecha en la que tuvo acceso a

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su contenido con ocasión del embargo de su cuenta bancaria.

En consecuencia, el término de cuatro (4) meses para interponer la
demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho inició el 11 de
mayo de 2021, por lo que la parte demandante tenía hasta el 11 de
septiembre de 2021 para presentar la acción ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.

No obstante, se advierte que dicho término fue suspendido el 02 de
septiembre de 2021, con la presentación de la solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría 27 Judicial II Administrativa de
Ibagué, habiendo transcurrido hasta ese momento tres (3) meses y
veintiún (21) días del término de caducidad.

El acta que declara fallida la conciliación extrajudicial, por falta de
ánimo conciliatorio entre las partes, fue expedida el 13 de diciembre
de 2021. Sin embargo, la suspensión del término de caducidad solo
operó hasta los tres (3) meses siguientes a la presentación de la
solicitud, es decir, hasta el 02 de diciembre de 2021.

Por lo tanto, el término de caducidad se reanudó el 03 de diciembre
de 2021, quedando nueve (09) días restantes para la presentación de
la demanda, lo que significa que la fecha límite para interponerla era
el 11 de diciembre de 2021. Dado que la demanda fue radicada el 11
de enero de 2022, es claro que operó el fenómeno jurídico de la
caducidad. […]

Por otro lado, no son de recibo para la Sala los argumentos expuestos
por la parte recurrente, al sostener que, el artículo 9 del Decreto 491
de 2020 modificó el plazo de suspensión del término de caducidad a
cinco (5) meses. Si bien en un momento determinado dicha
disposición tuvo aplicación, lo cierto es que el Decreto 564 de 2020
estableció expresamente lo siguiente: […]

De lo anterior, se desprende que, la suspensión de los términos de
caducidad no quedó determinada exclusivamente por el Decreto 491
de 2020, sino que, su regulación fue sujeta a lo dispuesto en el
Decreto 564 de 2020, el cual estableció una suspensión generalizada
hasta que el Consejo Superior de la Judicatura ordenara la
reanudación de los términos judiciales y, como quiera que lo anterior
se dio el día 01 de julio de 2020, la solicitud de conciliación
extrajudicial solo suspendió el término de caducidad de la acción
hasta cuando se vencieron los 3 meses siguientes a su presentación,
esto es, el 02 de diciembre de 2021, tal como lo indicó el A Quo.

Finalmente, esta Corporación se aparta de lo decidido por el Juzgad
de Conocimiento en el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia objeto de apelación, en razón a que resulta improcedente

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negar las pretensiones de la demanda cuando estas no fueron objeto
de estudio ni análisis de fondo, por haber operado la caducidad de la
acción.

En consecuencia, habidas las consideraciones precedentes la Sala
CONFIRMARÁ PARCIALMENTE la sentencia del 12 de julio de 2024,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Ibagué, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad
del presente medio de control formulada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en el sentido de REVOCAR el numeral SEGUNDO,
de conformidad con lo expuesto en este considerativo […]”. (Negrilla
pertenece al texto).

De los apartes trascritos de la providencia cuestionada, la Sala

observa que el TRIBUNAL al estudiar el recurso de apelación

concluyó que había lugar a confirmar la decisión del a quo, al

considerar que en el asunto operó la caducidad del medio de control,

habida cuenta que la actora presentó la demanda el 11 de enero de

2022, pero, a su juicio, la fecha límite para acudir ante el juez era el

11 de diciembre de 2021.

La Sala observa que para adoptar su decisión la autoridad judicial

accionada tuvo en cuenta lo preceptuado por el artículo 21 de la Ley

640 de 2001 y, de acuerdo con dicho postulado normativo, consideró

que se configuró la caducidad de la acción en tanto el conteo del

término de caducidad se reanudó luego del vencimiento de los tres

(3) meses con los que contaba la Procuraduría General de la Nación

para efectuar la diligencia de conciliación.

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Igualmente, señaló que no podría efectuarse el conteo del término

de caducidad a partir de la expedición de la constancia que declaró

fallida la conciliación, en tanto lo que ocurrió primero fue el supuesto

relacionado con el vencimiento de los tres (3) meses sin que se

llevara a cabo la diligencia de conciliación.

Por lo anterior, la Sala realizará un recuento de las actuaciones

desplegadas desde la expedición del acto administrativo hasta la

radicación de la demanda, así:

• Mediante Resolución núm. RDO-230 de 21 de febrero de 2018

la UGPP sancionó a la actora a pagar una multa de

$189.371.650, con ocasión al suministro de información

incompleta para el período comprendido entre el 1o. de enero

de 2021 y 31 de diciembre de 2023. Contra esta decisión

interpuso el recurso de reconsideración.

• La UGPP a través de la Resolución núm. RDC 173 de 12 de

abril de 2019 resolvió el recurso de reconsideración,

confirmando en todas sus partes la decisión inicial. Este acto

administrativo fue notificado a la actora por conducta

concluyente el 10 de mayo de 2021, según se evidencia en

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el escrito presentado por la actora a la UGPP en el que reveló

el conocimiento del proceso de cobro coactivo, mediante el cual

se pretendió hacer efectiva la sanción impuesta en la

Resolución núm. RDO-230 de 21 de febrero de 2018 y la

resolución que resolvió el recurso de reconsideración 19. Por lo

tanto, el cómputo del término de la caducidad inició el 11 de

mayo de 2021.

• Posteriormente, la actora radicó la solicitud de conciliación

extrajudicial ante la Procuraduría 27 Judicial ll para Asuntos

Administrativos de Ibagué el 2 de septiembre de 2021, esto

es, faltando 9 días para el vencimiento inicial del término de

caducidad.

• Ahora bien, en aplicación al artículo 9° del Decreto núm. 491

de 2020 -vigente en el momento de la presentación de la

solicitud-, el trámite de la diligencia de conciliación debió

intentarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la

19
Índice No. 10 link expediente digital, cuaderno principal, archivo núm. 09 subsanacion demanda,
documento obrante en el folio 93.
https://etbcsj-
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ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Fadm01ibague%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocu
ments%2FArchivo%2FTEMPORAL%2F73001333300120220000100%2F01PrimeraInstancia%2FC01Pri
ncipal%2F09%2E%20SubsanacionDemanda%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fadm01ibague%5Fcend
oj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FArchivo%2FTEMPORAL%2F73001333300120220
000100%2F01PrimeraInstancia%2FC01Principal

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presentación de la solicitud, es decir, hasta el 2 de febrero de

2022.

Al respecto, en el expediente digital se observa que la

Procuraduría 27 Judicial ll para Asuntos Administrativos de

Ibagué, estando dentro del plazo que fijó la norma en comento,

el día 2 de diciembre de 2021 llevó a cabo la diligencia de

conciliación extrajudicial declarándola fallida por tratarse de un

asunto tributario no conciliable. No obstante lo anterior, la

constancia fue proferida por el agente del Ministerio Público

hasta el 13 de diciembre de 202120.

• Una vez expedida la constancia por parte del ente conciliador,

el 14 de diciembre de 2021 se reanudaron los 9 días

restantes para el vencimiento del término de caducidad hasta

el 22 de diciembre de 2021.

• Finalmente, la actora radicó la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho ante los Juzgado Administrativos

20
Índice No. 10 link expediente digital, cuaderno principal, archivo núm. 09 subsanacion demanda,
documento obrante en los folios 95-96.

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de Ibagué el 11 de enero de 2022, esto es, el primer día hábil

luego de finalizada la vacancia judicial.

En síntesis, el conteo del término de caducidad del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de controversia, se

resume de la siguiente manera:

Notificación de la Resolución
núm. RDC 173 de 12 de abril de 10 de mayo de 2021
2019 resolvió el recurso de
reconsideración:
Conteo inicial del término de la Desde el 11 de mayo de
caducidad del medio de control: 2021 hasta el 11 de
septiembre de 2021.

Solicitud de conciliación 2 de septiembre de 2021-
extrajudicial radicada ante la 27 suspendiendo el término de
Judicial ll para Asuntos caducidad por 9 días
Administrativos de Ibagué:

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Plazo de 5 meses para el trámite
de la diligencia de conciliación, Desde el 2 de septiembre de
según el artículo 9 del Decreto 2021 hasta el 2 de febrero
491 de 2020, vigente al de 2022.
momento de la presentación de
la solicitud de conciliación.

Diligencia de conciliación 2 de diciembre de 2021
extrajudicial declarada fallida

Expedición de la constancia por 13 de diciembre de 2021
parte del Ministerio Público:

Reanudación del término de Desde el 14 diciembre de
caducidad por 9 días restantes 2021 hasta el 22 de
diciembre de 2021

Radicación de la demanda,
primer día hábil luego de 11 de enero de 2022
finalizada la vacancia judicial

Conforme con lo anterior, para la Sala, el TRIBUNAL incurrió en

defecto material o sustantivo, por cuanto inaplicó las

modificaciones efectuadas a los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de

2001, en lo relacionado con la ampliación del plazo para el trámite

de las conciliaciones extrajudiciales a cargo de la Procuraduría

General de la Nación en vigencia del Decreto núm. 491 de 2020.

Al respecto, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada al

resolver el caso sub examine, efectuó una interpretación normativa

sin tener en cuenta las disposiciones legales vigentes y aplicables al

asunto, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto

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núm. 491 de 2020, la diligencia de conciliación se llevó a cabo dentro

de los cinco (5) meses siguientes a la presentación de la solicitud y,

en concordancia con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, en el

asunto, lo que ocurrió primero fue la expedición de la

constancia de agotamiento de la etapa conciliatoria y, no el

vencimiento del plazo para el trámite de la diligencia de conciliación

como desacertadamente lo consideró la autoridad judicial accionada.

En ese orden de ideas, una vez surtido el trámite de conciliación el

término restante de caducidad debió ser contabilizado a partir del día

siguiente al que se expidió la certificación de agotamiento del

requisito de procedibilidad por parte de la Procuraduría General de la

Nación, esto es, el 14 de diciembre de 2021.

Cabe resaltar que esta Sección ya tuvo la oportunidad de

pronunciarse en un asunto similar al de la referencia, mediante

sentencia de 4 de noviembre de 202221, en la que se amparó los

derechos fundamentales de la allí accionante al advertir que la

autoridad judicial accionada desconoció e inaplicó las modificaciones

efectuadas a los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001, en lo

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de
noviembre de 2022, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000
2022 05370 00.

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relacionado con la ampliación del plazo para el trámite de las

conciliaciones extrajudiciales a cargo de la Procuraduría General de

la Nación en vigencia del Decreto núm. 491 de 2020.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo de los

derechos deprecados y, por lo tanto, dejará sin efecto la providencia

de 20 de marzo de 2025, proferida por el TRIBUNAL en la que se

confirmó la decisión del JUZGADO que declaró probada la excepción

de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el numero único de radicación 73001-33-

33-001-2022-00001-00.

En consecuencia, se dispondrá que la autoridad judicial, dentro de

los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia,

dicte una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las

consideraciones aquí expuestas, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL-UGPP-, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR DEL TOLIMA

LTDA. -COINTRASUR-, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la providencia de 20 de marzo de

2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

TOLIMA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 73001-

33-33-001-2022-00001-00. En consecuencia, ORDENAR al

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que, dentro de los

cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia,

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dicte una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las

consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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