Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02184-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02184-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02184-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02184-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de mayo de 2025
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02184-00
Demandante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la
acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La Universidad Industrial de Santander, por conducto del asesor jurídico de la
rectoría, presentó acción de tutela contra el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de las
providencias de 14 de junio de 2024 y 12 de diciembre del mismo año proferidas por
las autoridades judiciales en mención, respectivamente.
Esto, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Gerly Tatiana Durán Tarazona contra la Universidad
Industrial de Santander con radicado 68001-33-33-014-2015-00331-00/01, pues en
sentir de la institución educativa, no se podía proferir una decisión de fondo en dicho
proceso por cuanto los actos demandados no eran susceptibles de control judicial.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
Primero: Se declare que el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER al proferir una decisión de fondo en las sentencias de
primera y segunda instancia dentro del proceso con pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 68001 3333 014 2015 00331 00.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
Segundo: Que como consecuencia de la anterior declaración y con el objeto de
proteger el derecho al debido proceso de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER, se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia
dentro del proceso con pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 68001 3333 014 2015 00331 00 y en consecuencia dicte una sentencia
sustitutiva que respete el precedente del Consejo de Estado.1
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:
La entidad accionante relató que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la
Universidad Industrial de Santander adelantó en contra de la estudiante Gerly
Tatiana Durán Tarazona una investigación disciplinaria por falta gravísima dentro
del expediente E-027 de 2013, con ocasión del presunto hurto de un computador en
la sede de Guatiguará.
Hizo referencia a que la Comisión de Asuntos Disciplinarios de la institución
educativa le impuso sanción a la joven Durán Tarazona mediante fallo disciplinario
de 1º de diciembre de 2014, consistente en la suspensión de la carrera por cuatro
semestres y matrícula condicional. Decisión que fue confirmada por medio del
Acuerdo de 7 de abril de 2015 expedido por el Consejo Académico de la
universidad.
Narró que la señora Durán Tarazona ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Universidad Industrial de Santander, en el
cual controvirtió la legalidad de los actos antes mencionados, tras considerar que se
transgredió su derecho al debido proceso y estuvieron falsamente motivados.
Puso de presente que del asunto conoció el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga que, en sentencia de 14 de junio de 2024, denegó
las pretensiones de la demanda al encontrar que el trámite objeto de controversia se
surtió con apego al procedimiento señalado en el Estatuto Disciplinario Estudiantil
de la universidad vigente para la época de los hechos.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Santander resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la apoderada judicial de la señora Durán Tarazona mediante
providencia de 12 de diciembre de 2024, en la cual revocó el fallo del a quo para, en
su lugar, declarar la nulidad de los actos enjuiciados2 con respaldo en que las
pruebas obrantes en el proceso disciplinario no eran suficientes para desvirtuar la
presunción de inocencia de la estudiante.
Adujo que, por lo anterior, en esta sentencia también se declararon no probadas las
excepciones denominadas: «inexistencia de causal de anulación del acto
administrativo cuya nulidad se solicita» y «presunción de legalidad de los actos cuya
nulidad se solicita» propuestas por la universidad demandada.
1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
En consecuencia, se ordenó a la Universidad Industrial de Santander el levantamiento y
cancelación de cualquier medida sancionatoria impuesta a la señora Durán Tarazona, así como a
pagarle la suma equivalente a 50 smlmv por concepto de perjuicio moral y 50 smlmv por concepto de
daño a la salud.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordenó a la
Universidad Industrial de Santander a levantar y cancelar cualquier medida
sancionatoria impuesta a la joven Durán Tarazona, así como a pagarle la suma
equivalente a 50 smlmv por concepto de perjuicio moral y 50 smlmv por concepto de
daño a la salud.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio de la accionante, las providencias controvertidas adolecen de «defecto
orgánico por falta de competencia absoluta», por cuanto los actos cuya nulidad se
solicitó dentro del proceso objeto de controversia no eran susceptibles de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo debido a que son meramente
académicos, es decir, propios de la autonomía universitaria, según lo previsto en el
artículo 693 de la Constitución, en concordancia con la «Ley 30 de 1933».
De modo que no era viable que las autoridades judiciales cuestionadas realizaran
algún pronunciamiento de fondo en torno a la legalidad de los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia proferidos por la Comisión de Asuntos Disciplinarios y el
Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, respectivamente,
dentro del trámite adelantado en contra de la estudiante Durán Tarazona.
En ese sentido, la parte actora indicó que en su Reglamento Disciplinario Estudiantil
se definió a las sanciones disciplinarias como aquellas que garantizan el
cumplimiento de los fines misionales de la universidad y, por ello, son la
prolongación de la práctica pedagógica encaminada a que el estudiante haga suyos
valores como presupuestos del ejercicio de las normas de convivencia.
A su vez, la institución universitaria consideró que se desconoció el precedente
fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según el cual, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no es procedente para atacar
sanciones estudiantiles, así como que son actos meramente académicos los
concernientes a las evaluaciones académicas y los de expulsión. Como respaldo de
lo anterior, trajo a colación las siguientes providencias:
• Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2000, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, rad. «5583».
• Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, M.P.
Marco Antonio Velilla Moreno, rad. «2009-01120-01».
• Providencia de 16 de julio de 2015, M.P. María Elizabeth García González, rad.
«2010-00564-01».
• Providencia de 21 de abril de 2016, M.P. María Elizabeth García González, rad.
«2014-00355-01».
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, fallo de tutela de 14 de
febrero de 2011, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, rad. 73001-23-31-000-2010-
3
«Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
0652-01.
• Corte Constitucional, sentencia T-314 de 1994.
• «Sentencia del 4 de noviembre de 20222».4
Además, la universidad tutelante afirmó que el argumento relativo a que los actos
académicos demandados no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo fue puesto en conocimiento del juez competente en los alegatos de
conclusión, pero nada se dijo al respecto en los fallos de primera y segunda
instancia.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 29 de abril de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Santander, así como al juez Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga. Además, se vinculó a Gerly
Tatiana Durán Tarazona en atención al interés que le asiste en las resultas del
presente trámite.
Remitidas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
La titular del despacho rindió informe por medio del cual hizo referencia a que
mediante providencia de 18 de diciembre de 2015 rechazó la demanda presentada
por la señora Durán Tarazona, por cuanto gozaba de la calidad de estudiante y no
tenía relación legal y reglamentaria con la universidad demandada, aunado a que el
Acuerdo 075 de 7 de abril de 2015 no era susceptible de control judicial.
Sin embargo, dicha decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo de Santander,
en providencia de 30 de junio de 2016, revocó el auto impugnado y ordenó continuar
con el trámite del proceso, tras considerar que los actos administrativos de control
disciplinario proferidos por la administración pública fueron expedidos en ejercicio de
función administrativa y, por tanto, eran controvertibles judicialmente.
Aludió que, en vista de lo anterior, mediante proveído de 26 de septiembre de 2016
dicho juzgado obedeció y cumplió lo decidido por el ad quem y surtió el trámite
correspondiente hasta proferir el fallo de primera instancia, por medio del cual
denegó las pretensiones de la demanda al advertir que la sanción impuesta fue
proporcional a la gravedad de la falta y se respetó el derecho a la defensa a la joven
Durán Tarazona.
Es así, como señaló que esa autoridad judicial no transgredió el derecho
fundamental al debido proceso de la parte actora, por cuanto lo decidido en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 680013333-014-
4
Trascripción literal del original con posibles errores.
5
Mediante oficios enviados el 2 y 7 de mayo de 2025.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
2024-00129-00 fue en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Santander.
1.5.2. Tribunal Administrativo de Santander
La magistrada ponente de la decisión objeto de reproche en la tutela se opuso al
amparo deprecado por la Universidad Industrial de Santander, por cuanto analizó
cada uno de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en aras de
establecer si lo decidido por el a quo se ajustaba a las normas aplicables al asunto.
Destacó que en la contestación de la demanda presentada por la institución
educativa no se propuso como excepción la presunta «falta de competencia
absoluta» de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la litis,
pues la universidad se limitó a sustentar que sus actuaciones se encontraban
ajustadas a la Constitución y la ley.
En tal sentido, indicó que el ente universitario no podía traer a colación mediante
esta acción constitucional la «falta de competencia absoluta», pues de haber sido
expuesta como argumento defensivo de la legalidad de los actos acusados en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, «a no dudarlo, habría
sido objeto de examen por parte de esta Corporación».
Igualmente, hizo alusión a los argumentos que sustentaron la decisión controvertida
en la acción de tutela, a partir de los cuales advirtió que se encuentra ajustada a la
Constitución, la ley y los precedentes aplicables al asunto. De manera que no
obedeció a simples prejuicios del operador judicial y no fue arbitraria, dado que se
encuentra debidamente justificada en la garantía de los derechos de las partes.
1.5.3. Gerly Tatiana Durán Tarazona
Se pronunció por intermedio de apoderada judicial, quien informó que la señora
Durán Tarazona antes de presentar la demanda que dio origen a las providencias
acá debatidas promovió una acción constitucional, en la cual solicitó la suspensión
del Acuerdo 075 de 7 de abril de 2015. No obstante, en ambas instancias se «negó»
el amparo con fundamento en que tenía la posibilidad de acudir al medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, solicitó denegar las pretensiones de la tutela de la referencia por cuanto en
las sentencias cuestionadas no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la parte accionante, sino que lo perseguido es revivir una discusión respecto de la
cual se pronunció el tribunal accionado en la providencia de 30 de junio de 2016, en
la cual se revocó el auto que inicialmente había rechazado la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander vulneraron los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, al presuntamente incurrir en el defecto orgánico y en
desconocimiento del precedente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y el estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, ii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. 6
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
6
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. En lo concerniente al requisito de subsidiariedad cabe señalar que está
previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución como un presupuesto de
procedencia de la tutela, según el cual, «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
Así que, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de
acudir a los medios ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de
sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues su
falta injustificada de agotamiento deviene en la improcedencia de este mecanismo.
Según se tiene, la Universidad Industrial de Santander consideró vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de las sentencias proferidas el
14 de junio y 12 de diciembre de 2024 por el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander,
respectivamente, dentro del medio de control adelantado por la joven Durán
Tarazona en contra de la institución educativa, con el propósito de cuestionar la
legalidad de los fallos disciplinarios en los que se sancionó a la estudiante.
La controversia planteada en la tutela radica en que, en sentir de la entidad
accionante, las autoridades judiciales cuestionadas no podían pronunciarse respecto
al fondo de la discusión referida en la demanda, toda vez que los actos enjuiciados
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
68001-33-33-014-2015-00331-00/01 no eran pasibles de control ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, dado que son meramente académicos.
De la revisión del material probatorio que obra en el expediente del asunto objeto de
reparo, la Sala encontró que se surtieron las siguientes actuaciones relevantes para
el cuestionamiento expuesto en la acción de tutela:
• Mediante providencia de 18 de diciembre de 2015 el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga rechazó la demanda presentada
por la señora Durán Tarazona contra la Universidad Industrial de Santander, con
sustento en que la allí demandante era estudiante, por lo que no tenía una relación
legal con la institución educativa, aunado a que el Acuerdo 075 de 7 de abril de 2015
no era enjuiciable.
• El Tribunal Administrativo de Santander conoció del recurso de apelación
interpuesto contra dicha decisión y mediante auto de 30 de junio de 2016 revocó el
proveído del a quo, así que ordenó continuar con el trámite del proceso
correspondiente. La razón de ello la justificó en que los actos de control disciplinario
fueron expedidos en ejercicio de función administrativa, por lo que se podían atacar
vía judicial.
• En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga admitió la demanda con proveído de 26 de septiembre de
2016.
• En la contestación presentada por la Universidad Industrial de Santander7 se
propusieron las siguientes excepciones: i) previas: inepta demanda por falta de
agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad y
caducidad; ii) de fondo: la inexistencia de causal de anulación del acto administrativo
demandado y la presunción de legalidad de los actos cuya nulidad se solicitó.
• En la audiencia inicial realizada el 7 de diciembre de 20178 por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga se declararon no probadas las
excepciones previas a las que hizo referencia la institución educativa, razón por la
cual dicha entidad interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante auto de 29 de agosto de 2018, en el sentido
de confirmar la decisión del a quo.
• En los alegatos de conclusión presentados por la universidad demandada en
primera instancia se trajo a colación el argumento consistente en que los fallos
disciplinarios atacados no eran pasibles de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, por cuanto se trata de actos meramente académicos, es
decir, que resuelven asuntos académicos propios de la autonomía universitaria
establecida en el artículo 69 de la Constitución, en concordancia con la Ley 30 de
1933.
• El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga denegó
7
Visible en el folio 341 del expediente físico del proceso con radicado 68001-33-33-014-2015-00331-
00. Expediente digital, gestión en otras corporaciones, índice 3 de SAMAI, actuación 115, archivo1,
folio 801.
8
Folio 556 del expediente físico.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
las pretensiones de la demanda mediante sentencia de 14 de junio de 2024, tras
concluir que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos en cuestión.
En esta misma providencia se indicó como un asunto previo que no se abordaría el
planteamiento de la universidad al que hizo alusión en los alegatos de conclusión
concerniente a la competencia para conocer de la litis, comoquiera que este punto
ya había sido resuelto previamente por el Tribunal Administrativo de Santander, así:
1. Asunto previo – competencia
Atendiendo a los argumentos expuestos por la parte demandada en su escrito de
alegatos de conclusión según los cuales, esta jurisdicción no tiene competencia para
el estudio de legalidad de los actos administrativos demandados, los cuales considera
meramente académicos; el Despacho debe aclarar que no ahondará en este análisis
por cuanto este debate ya fue desatado por el Ad-quem en providencia del 30 de junio
de 2016 ordenando a esta instancia asumir el conocimiento del asunto.
• La apoderada judicial de la señora Durán Tarazona interpuso recurso de apelación,
por cuanto las pruebas que sirvieron de sustento para imponerle la sanción
disciplinaria no eran suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia, dado
que no evidenciaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de la
falta que se le atribuyó.
• Bajo este panorama, en la sentencia de 12 de diciembre de 2024 el Tribunal
Administrativo de Santander se pronunció respecto a los argumentos señalados en
la apelación y tras analizar el caso sometido a su consideración revocó el fallo del a
quo y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados por cuanto a la
estudiante Durán Tarazona se le vulneró su derecho de defensa en el procedimiento
disciplinario.
En concordancia con lo anterior, dicha corporación declaró no probadas las
excepciones denominadas: «inexistencia de causal de anulación del acto
administrativo cuya nulidad se solicita» y «presunción de legalidad de los actos cuya
nulidad se solicita», en atención a que fueron propuestas por la universidad en su
contestación.
Así las cosas, la Sala advierte que la entidad universitaria no agotó en debida forma
el medio judicial de defensa que tenía a su alcance dentro del proceso analizado,
por cuanto en la contestación de la demanda no incluyó el reproche atinente a que
los actos demandados no eran enjuiciables, ni propuso alguna excepción bajo este
argumento, pese a que era el momento procesal idóneo para que justamente
ventilara ante el juez natural el debate sugerido en la presente acción de tutela, al
tenor de lo previsto en el numeral 3º del artículo 175 del CPACA9.
En criterio de esta Sección10, las excepciones son consideradas como una
herramienta jurídica por medio de la cual se materializa el derecho de contradicción
y de defensa del demandado, pues es el mecanismo procesal en el cual «se realizan
9
«Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante
escrito, que contendrá: (...) 3. Las excepciones».
10
Sentencia de 18 de octubre de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-28-000-2022-
00082-00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
señalamientos relativos a defectos procesales en que pudo incurrir el demandante al
elaborar su libelo introductorio o el juez en el trámite inicial».
Entonces, cuando el demandante propone excepciones, bien sea previas o de
fondo, el juez que conoce del asunto debe evaluar la situación particular descrita
para determinar si desestima o no los argumentos del demandante y, de este modo,
se evita continuar con todo el trámite del proceso y que se emita un pronunciamiento
de fondo en cuanto al tema debatido.
Ahora, si bien es cierto que la institución educativa trajo a colación el reparo
concerniente a que los actos atacados no eran pasibles de control judicial, también
lo es que esto lo hizo solamente en los alegatos de conclusión que presentó en el
trámite de la primera instancia, respecto de lo cual el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga no efectuó algún estudio de
fondo en su sentencia, al explicar que ese aspecto ya había sido analizado por el
tribunal.
En cuanto al Tribunal Administrativo de Santander, se encuentra que analizó el tema
de la competencia para revisar la legalidad de los actos demandados mediante auto
de 30 de junio de 2016, el cual vale la pena aclarar no fue cuestionado en la tutela
de la referencia, pues el reparo formulado por la parte actora se dirigió contra el fallo
proferido el 12 de diciembre de 2024, en el cual no se abordó el cuestionamiento
aquí planteado, debido a que la parte demandada no lo propuso en el momento
procesal oportuno, ni intervino en el trámite de segunda instancia.
Quiere ello decir que lo argumentado por la Universidad Industrial de Santander en
esta acción constitucional no fue objeto de pronunciamiento de fondo por parte de
las autoridades judiciales cuestionadas en las providencias a las cuales les atribuyó
la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, situación que
impide al juez de tutela realizar algún estudio al respecto, máxime si se tiene en
cuenta que debió hacer uso de los mecanismos judiciales que tenía a su alcance
con diligencia.
Adicionalmente, la Sala advierte que en el asunto que nos ocupa no se evidencia
alguna situación que amerite la intervención del juez de tutela y permita desconocer
la existencia de las herramientas que tenía a su alcance la parte actora para esta
clase de controversias.
Esto es así, por cuanto no se advierte de la revisión del escrito de la tutela y las
pruebas obrantes en el plenario alguna circunstancia que justifique la adopción de
una medida transitoria, pues los documentos aportados tan solo evidencian aspectos
que precisamente fueron objeto del litigio en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
En este orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir el requisito de la subsidiariedad, en atención a que el juez constitucional
no puede inmiscuirse en temas que no fueron puestos de presente en forma
diligente ante el juez natural, especialmente cuando no existe una causa justificable
para ello.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Universidad Industrial de Santander
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02184-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
Universidad Industrial de Santander.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.