Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02202-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02202-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02202-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02202-00
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y
otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia -
Falta de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 11 de abril de 2025, Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por conducto de
apoderado, presentó acción de tutela en busca de que se dejaran sin efectos los
autos del 11 de abril de 2023 y 12 de marzo de 2025, proferidos, respectivamente,
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco del proceso de
reparación directa2 que promovió la señora Sonia del Socorro García3 en contra de
la aquí accionante y otros4.
2. Mediante proveído del 2 de julio de 2021, el juzgado en mención admitió el
llamamiento en garantía formulado por EPM contra el Consorcio Generación Ituango
y las sociedades que lo conforman - Integral S.A. e Integral Ingeniería de Supervisión
S.A.S; el Consorcio CCC Ituango y las sociedades que lo integran -Construcciones
E Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 05001-33-33-012-2020-00308-00/02.
3 En nombre propio y en representación de Kevin Andrés Rodríguez García, Juan David García y Anggie Nikoll
Almanza García.
4 La sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., el departamento de Antioquia y los municipios de Medellín,
Ituango y Tarazá.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02202-00
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
HSA; Hidroeléctrica Ituango S.A. ESP; el Consorcio Ingetc-Sedic y las sociedades
que lo conforman -Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. – Ingetec5 y Sedic
S.A.-, así como el municipio de Tarazá.
3. El despacho ordenó notificar de forma personal esa providencia a los consorcios
llamados en garantía y a sus integrantes, conforme lo previsto en el artículo 48 de la
Ley 2080 de 20216, en los siguientes términos:
<< (…) mediante la remisión al correo electrónico para notificación judicial de la entidad
mencionada: copia del presente auto, de la demanda, del auto admisorio de la
demanda, de la contestación de la demanda y del escrito del llamamiento en garantía
y sus anexos, debiendo allegar al Despacho las copias de las constancias de envío
correspondientes en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación
por estados de la presente providencia. De no efectuarse la remisión de los mismos y
allegarse la respectiva constancia del término establecido, se procederá de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.
Luego de recibidas las constancias de los envíos correspondientes, la Secretaría
notificará el llamamiento en garantía al buzón electrónico en la forma indicada (…)>>
4. A su vez, el juzgado advirtió a la entidad llamante que, en el evento de no lograrse
la notificación de dicha decisión a las llamados en garantía dentro de los seis (6)
meses siguientes, contados a partir del día siguiente a la notificación por estados de
ese auto, se declararía la ineficacia del llamamiento, en aplicación del artículo 66 del
CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 227 del CPACA.
5. Transcurrido el término indicado en precedencia, por medio de auto del 11 de abril
de 2023, el Juzgado declaró ineficaz el llamamiento únicamente respecto de los
consorcios Generación Ituango y CCC Ituango, junto con sus integrantes. Esa
decisión fue confirmada por el Tribunal accionado a través del proveído del 12 de
marzo de 2025.
6. La autoridad judicial concluyó que en el expediente no obraba prueba alguna que
acreditara que el despacho hubiera notificado personalmente el auto que admitió el
llamamiento en garantía a los consorcios Generación Ituango y CCC Ituango y a sus
integrantes, ni siquiera una vez transcurridos los seis (6) meses siguientes a su
ejecutoria.
7. Estimó que no era posible entender que la comunicación remitida por EPM a los
llamados en garantía equivalía a una notificación personal en los términos del artículo
8 de la Ley 2213 de 20227. Lo anterior, por cuanto en el procedimiento contencioso-
5 Hoy Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S. INGETEC S.A.S.
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“Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
-ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción”
7 “Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
administrativo existe regulación especial que establece las formalidades que deben
cumplirse para surtirse la notificación personal a través de medios electrónicos,
facultad que corresponde ejercer al secretario del juzgado respectivo.
8. Finalmente, el Tribunal señaló que acogía la tesis de la Corte Constitucional, según
la cual el artículo 66 del CGP no supedita la aplicación de la consecuencia jurídica
derivada de la falta de notificación personal del auto admisorio del llamamiento en
garantía dentro del término legal, a que dicha notificación esté a cargo de la parte
interesada o de la autoridad judicial que tramita el proceso. Por consiguiente, la
ineficacia del llamamiento en garantía debe ser declarada si el mismo no se notifica
dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del auto que lo admite,
independientemente de sobre quien recaiga la obligación de practicar la notificación
personal.
9. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que las autoridades
enjuiciadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso por incurrir en un
defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.
10. Sostuvo que las accionadas omitieron su deber de interpretar el artículo 66 del
CGP conforme los principios que rigen la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, tal como lo establece el artículo 306 del CPACA. Al respecto, señaló
que si bien el artículo 66 del CGP prevé una sanción como consecuencia de la
omisión en la notificación personal del auto que admite el llamamiento en garantía
dentro del término legal, esa disposición debe ser interpretada a la luz de la
naturaleza del proceso contencioso-administrativo.
11. Explicó que en el CGP la consecuencia jurídica busca sancionar la negligencia de
la parte interesada, a quien corresponde asumir la carga de notificar al llamado en
garantía, por tratarse de un sistema adversarial. Sin embargo, no ocurre lo mismo en
el proceso contencioso-administrativo, en el que la carga de realizar la notificación
personal recae en el despacho judicial. Por esa razón, a juicio de la accionante,
carece de sentido aplicar esa disposición en este trámite, toda vez que el único
afectado con esa omisión es el llamante, quien no tiene responsabilidad en el
cumplimiento de dicha carga.
12. Aseveró que trasladar al llamante las consecuencias desfavorables derivadas de
la conducta negligente de un tercero, en este caso, el juzgado, desconoce el principio
de responsabilidad personal y los artículos 88 y 119 del CGP, a la vez que
desnaturaliza la finalidad de la ineficacia del llamamiento en garantía.
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras
disposiciones”
8 “ (…) los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que
ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya”.
9 “Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad
de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del
presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13. Resaltó que el llamamiento que realizó a los consorcios no es fortuito, ni por simple
economía procesal, sino que obedece a una intervención necesaria, dada su
participación en los hechos que los demandantes señalan como principales
generadores de los daños y perjuicios que alegan.
14. Agregó que si bien la notificación personal exige actos específicos para garantizar
el conocimiento efectivo de la decisión, no puede afirmarse que los llamados
desconocían la existencia del proceso o la naturaleza de su vinculación, en la medida
en que, en una actitud activa y diligente, les comunicó todas las actuaciones
procesales relevantes, en particular, el auto admisorio de la demanda, la
contestación, el escrito del llamamiento en garantía junto con sus anexos, así como
del auto que lo admitió.
15. Afirmó que las autoridades demandadas cuestionaron esa práctica, bajo el
argumento de que no incluir la expresión “notificación personal” y no consagrar “a
partir de qué momento iniciaba a correr el término para contestar la demanda”,
constituían vicios de procedimiento insaneables de cara al vinculado. No obstante,
dicha objeción no fue planteada por los llamados.
16. Si en gracia de discusión se llegara a considerar que existen dudas frente a las
formalidades del trámite de notificación, la tutelante sostuvo que ese yerro sería
subsanable mediante el respectivo control de legalidad.
17. En cuanto al desconocimiento del precedente, adujo que la sentencia T-309 de
2022 proferida por la Corte Constitucional y citada por las autoridades accionadas,
se adoptó en el marco de una acción de tutela, por lo que tiene efectos inter partes.
Por ende, no constituye precedente alguno, ni puede ser empleada como criterio de
interpretación aplicable por analogía. En su sentir, una posición contraria, supondría
aplicar en su totalidad la providencia en cita, lo que también conduciría a su
desconocimiento.
B. Trámite procesal
18. Mediante auto del 22 de abril de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular,
en calidad de terceros con interés, a Sonia del Socorro García; Kevin Andrés
Rodríguez García; Juan David García; Anggie Nikoll Almanza García; al
departamento de Antioquia; al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín; a los municipios de Ituango y Tarazá, así como a las sociedades
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.,
derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes
y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades
innecesarias.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02202-00
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S. (Ingetec S.A.S.) y Sedic S.A.,
estas dos últimas como integrantes del Consorcio INGETC-SEDIC; (iv) comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y, (v) requerir al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín para que remitiera copia digital
del expediente con radicado número 05001-33-33-012-2020-00308-00/02.
(i) Tribunal Administrativo de Antioquia10
19. Señaló que no incurrió en la vulneración alegada, por cuanto la decisión que
adoptó se ajusta a derecho. Indicó que la solicitud de amparo deviene improcedente,
toda vez que la tutelante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para
controvertir sus intereses, como lo es el medio de control de repetición, en caso de
que resulte condenada y deba repetir en contra del llamado en garantía. Además,
sostuvo que los efectos derivados de las consecuencias jurídicas no deben ser
valorados en sede de tutela, sino ante la jurisdicción disciplinaria.
(ii) Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Medellín11
20. Adujo que las providencias acusadas se fundamentan en el artículo 66 del CGP,
según el cual, si la notificación personal del auto que admite el llamamiento en
garantía no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, aquel será ineficaz, sin
que la aplicación de esa consecuencia se vea condicionada a que la notificación esté
a cargo de la parte interesada o de la autoridad judicial. Destacó que, de conformidad
con el artículo 13 de ese mismo estatuto, las normas procesales son de orden público
y, por tanto, de obligatorio cumplimiento.
21. Esgrimió que la posición adoptada por el despacho no es caprichosa, ni
desproporcionada, sino que encuentra respaldo en la interpretación realizada por la
Corte Constitucional en la sentencia T-309 de 2022, en la cual se indicó que la
sanción de ineficacia del llamamiento se atribuye tanto a la inactividad de la autoridad
judicial como a la de la parte convocante. Ello, en aras de proteger el derecho a la
igualdad, pues las reglas procesales aplican tanto para las partes como para las
autoridades judiciales.
22. Con todo, anotó que la aplicación de la consecuencia jurídica de ineficacia del
llamamiento, cuando la notificación personal del auto que lo admite no se realiza
oportunamente, no implica que el convocante pierda su derecho de trasladar los
efectos adversos de la sentencia a quien considere deba responder. Lo anterior, por
cuanto en caso de una decisión adversa a sus intereses, puede optar por ejercer
otras acciones, invocando para ello la fuente de responsabilidad correspondiente.
10 Intervención digital contenida en 4 folios.
11 Intervención digital contenida en 5 folios.
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
23. Finalmente, resaltó que la acción de tutela no fue instituida como una instancia
adicional al proceso ordinario.
(iii) Departamento de Antioquia12
24. Manifestó que coadyuvaba a la demandante por compartir los argumentos que
sustentaron la vulneración alegada.
(iv) Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín13
25. Esgrimió que coadyuvaba la solicitud de amparo, tras considerar que la decisión
acusada vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora. Ello,
puesto que, a pesar de la diligencia del llamante y el cumplimiento de la carga que
le fue impuesta en el auto que admitió el llamamiento en garantía, el juzgado no
realizó la notificación de dicha providencia dentro de la oportunidad legal y, además,
sancionó a la llamante con su propia conducta omisiva.
(v) Sergio Alberto Rojas Quiñones
26. El abogado Rojas Quiñones, actuando como apoderado general de las
sociedades Integral S.A. e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. y apoderado
especial del Consorcio Generación Ituango, manifestó que: (i) dicha asociación tuvo
conocimiento del proceso de tutela de la referencia en virtud de la información
publicada en la página web de la Rama Judicial y de algunos correos electrónicos
recibidos por sus representadas; y (ii) sus representadas solicitaron su vinculación al
proceso, en razón al interés que les asiste, dado que la decisión cuestionada se
refiere a un llamamiento en garantía formulado contra el consorcio, razón por la cual
consideran que podrían verse afectadas con las determinaciones que se adopten en
el trámite constitucional.
27. En memorial allegado con posterioridad a esa intervención, el mencionado
abogado se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la demanda. En
particular, manifestó lo siguiente: “No me consta lo relacionado con las actuaciones
adelantadas por EPM en el marco del proceso de reparación directa, teniendo en
cuenta que el Consorcio Generación Ituango no es parte del proceso en la
actualidad y no ha sido vinculada a través de una notificación personal válida.”
(se destaca).
28. Agregó que la remisión de la información que la accionante afirma haber enviado
a las llamadas en garantía no reemplaza el acto formal de notificación personal
contemplado en el artículo 199 del CPACA. La obligación de notificar al llamado en
garantía constituye una actuación procesal preclusiva, que no puede entenderse
12 Intervención digital contenida en 2 folios.
13 Intervención digital contenida en 2 folios.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
agotada por el solo hecho de que el llamante haya cumplido con cargas accesorias,
como compartir algunos documentos del proceso con el llamado en garantía.
29. Indicóque la verdadera transgresión al debido proceso se configuraría si el
Consorcio Generación Ituango se mantuviera vinculado al proceso de reparación
directa, a pesar de no haber sido notificado dentro del término legal del auto que
admitió el llamamiento en garantía.
30. Sostuvo que, en el evento en que EPM obtenga una decisión desfavorable a sus
intereses, cuenta con la posibilidad iniciar las acciones pertinentes para perseguir el
pago de los llamados en garantía cuya vinculación se tornó ineficaz, lo que, en su
criterio, descarta cualquier vulneración a sus garantías procesales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestiones previas
31. La Sala negará la solicitud de vinculación de las sociedades integrantes del
Consorcio Ituango en calidad de terceros, toda vez que no se advierte que les asista
un interés legítimo para intervenir en la presente acción constitucional. Lo anterior,
en razón a que, tal como lo reconoció su propio apoderado, en la actualidad no
fungen como parte ni se ha dispuesto su vinculación como terceros al proceso
ordinario que se cuestiona en sede de tutela.
32. Aunque no se desconoce que la decisión acusada está relacionada con un
llamamiento en garantía formulado por la actora al consorcio, lo cierto es que en ella
se declaró ineficaz el auto que admitió el llamamiento, con lo cual se dejó sin efectos
su vinculación al proceso contencioso-administrativo. En esa medida, no se advierte
que puedan verse afectadas de forma directa con la determinación que adopte el
juez constitucional, al margen del sentido de la decisión.
33. En el evento en que se niegue la acción de tutela o se declare su improcedencia,
la providencia censurada se mantendría incólume. En caso de un eventual amparo,
pese a que se resolvería sobre una situación que, en el futuro, podría llegar a incidir
en sus intereses, se trataría de un interés indirecto, que no tiene la potencialidad de
afectar sus derechos como sujetos procesales, en tanto no ostentan esa calidad.
Una decisión en ese sentido no implicaría, en modo alguno, que el consorcio
inmediatamente se constituya como parte en el proceso ordinario. Simplemente
daría lugar a que el juez natural revise nuevamente la decisión de declarar ineficaz
el llamamiento en garantía, a fin de reconsiderar, precisamente, los efectos de su
eventual vinculación al proceso.
34. Por otra parte, la Sala accederá a las solicitudes de coadyuvancia planteadas por
el departamento de Antioquia y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Innovación de Medellín, toda vez que ambas entidades fueron vinculadas al trámite
de tutela como terceros con interés, dada su calidad de parte en el proceso objeto
de reproche, manifestaron compartir los reparos formulados en el escrito de tutela y
no presentaron reclamaciones propias que disten de aquellas expuestas por la parte
actora14.
D. Caso concreto
35. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, en la medida que el
propósito de la parte accionante es utilizar el mecanismo de amparo como una
instancia adicional al proceso ordinario, en busca de reabrir un debate estrictamente
legal que no trasciende la esfera de lo constitucional.
36. Para sustentar la vulneración alegada, la parte actora cuestionó la interpretación
que hizo la autoridad accionada del artículo 66 del CGP. A su juicio, si bien dicha
disposición prevé una sanción por la omisión en la notificación personal del auto que
admite el llamamiento en garantía dentro del término legal, su aplicación debe
armonizarse con la naturaleza del proceso contencioso administrativo, en el que, a
diferencia del sistema adversarial del CGP, la carga de la notificación recae el
despacho a cargo del proceso. Por ende, considera desproporcionado la aplicación
de esa norma, cuando la falta de notificación obedeció a la negligencia de la
autoridad judicial, pues ello implica trasladar al llamante las consecuencias adversas
derivadas del incumplimiento de una carga procesal que no le corresponde.
37. Al respecto, el Tribunal accionado, en auto del 12 de marzo de 202515, señaló que
acogía la tesis de la Corte Constitucional, según la cual el artículo 66 del CGP no
supedita la aplicación de la consecuencia jurídica derivada de la falta de notificación
personal del auto admisorio del llamamiento en garantía dentro del término legal, a
que dicha carga esté a cargo de la parte interesada o de la autoridad judicial que
tramita el proceso. Por consiguiente, independientemente de sobre quien recaiga la
obligación de efectuar la notificación personal del auto que admite el llamamiento, si
esta no se surte dentro del término legal, debe declararse la ineficacia del
llamamiento.
38. Asimismo, indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el
14 La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia como la participación de un tercero con interés en
el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por alguna de las
partes. En ese sentido, ha precisado que la facultad de intervenir en el trámite de tutela deviene del interés
personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y se limita al respaldo de dichas pretensiones, sin
que se puedan presentar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de aquellas hechas por
las partes.
15 Aunque la parte accionante cuestiona tanto el auto del 11 de abril de 2023, como el del 12 de marzo de 2025,
proferidos en el marco del proceso de reparación directa objeto de reproche, la Sala centrará su análisis en este
último, dado que fue el que resolvió de forma definitiva la controversia acerca de la ineficacia del llamamiento en
garantía.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
término para realizar la notificación del llamamiento en garantía es de carácter
preclusivo. Por tanto, una vez vencido dicho plazo sin que se haya logrado la
vinculación al llamado, el proceso debe continuar sin su participación.
39. Con fundamento en lo expuesto, al abordar el estudio del caso concreto, la
autoridad enjuiciada concluyó que no había lugar a revocar la declaratoria de
ineficacia del llamamiento en garantía formulado por EPM en contra de los
consorcios Generación Ituango y CCC Ituango y sus integrantes, toda vez que el
juzgado a cargo del proceso no efectuó la notificación del auto admisorio del
llamamiento dentro del término legalmente establecido.
40. La interpretación normativa efectuada por el juzgador, lejos de antojarse
caprichosa o irracional, se muestra razonable y coherente de cara al ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia constitucional. En efecto, como lo ha considerado el Alto
Tribunal, el artículo 66 del CGP impone una consecuencia clara y perentoria, cuyo
cumplimiento no depende de quien tenga la carga de realizar la notificación, bien sea
la autoridad judicial o la parte interesada. Esa conclusión parte de considerar que
tanto las partes como los jueces se encuentran sometidos a acatar los términos
perentorios de las normas procesales.
41. Flexibilizar dicha regla con base en la conducta negligente u omisiva del despacho
a cargo del proceso no solo implicaría el apartamiento de una disposición de
obligatorio cumplimiento, sino que, además, afectaría el debido proceso del llamado
en garantía, en tanto desconoce el carácter imperativo de las normas de orden
público.
42. La tesis defendida por la Corte Constitucional se fundamenta en que la aplicación
del artículo 66 del CGP no puede estar sujeta a interpretaciones subjetivas relativas
a quién es responsable de la obligación, dado que la finalidad de la sanción es
garantizar un proceso justo, oportuno y previsible para todos los intervinientes. Por
ende, la consecuencia de la ineficacia del llamamiento, aun cuando derive del
incumplimiento de la autoridad judicial, a criterio del máximo intérprete de la
Constitución, resulta ajustada a la finalidad de la norma y a la necesidad de preservar
la validez del proceso mediante la estricta observancia de las formas propias del
juicio.
43. A lo anterior, se suma el deber que le asiste a las partes de impulsar el proceso,
que imponía al llamante una conducta procesal más diligente, que no se limitara al
cumplimiento de las cargas impuestas por la autoridad judicial, sino también a
promover la celeridad en la notificación del auto que admitió el llamamiento, aunque
esa carga le correspondiera al despacho.
44. Otra consideración que condujo a la Corte adeterminar que la consecuencia
prevista en el artículo 66 del CGP opera aun cuando se origine en la conducta
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
omisiva del juez, radica en que la falta de notificación al llamado no implica que el
llamante pierda su derecho de trasladarle los efectos adversos de la sentencia, pues
aquel cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, invocando la
fuente de responsabilidad correspondiente. Aunque esta alternativa puede
representar mayores costos y demoras, el Alto Tribunal estima que no resulta
desproporcionada frente a la protección de los derechos fundamentales del llamado,
en particular, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
45. Ahora bien, debe precisarse que si bien la sentencia de la Corte Constitucional
invocada por la autoridad accionada para sustentar la decisión adoptada no
constituye precedente para el caso sometido a su consideración, por haber sido
proferida en el marco de una acción de tutela, ello no obsta para que pueda ser
empleada como criterio auxiliar de interpretación, en los términos del artículo 230 de
la Carta Política.
46. Enconsonancia con el mandato superior, la jurisprudencia constitucional ha
puntualizado que los jueces tienen la facultad de acudir a sentencias de tutela como
fuentes orientadoras, aun cuando estas no revistan precedente, ya que en ellas se
pueden desarrollar elementos de interpretación relevantes para garantizar la
protección de los derechos fundamentales.
47. En esa medida, aunque el Tribunal accionado no estaba obligado a acoger las
consideraciones plasmadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-309 de
2022, tampoco le estaba vedado tenerlas en cuenta, si las estimaba pertinentes para
resolver el problema jurídico planteado, máxime ante la ausencia de un criterio
unificador sobre la materia en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Por
ende, la adopción de los criterios allí expuestos se enmarca dentro del ejercicio de
la función interpretativa, propia de la actividad judicial.
48. Así las cosas, se hace evidente que los argumentos que sustentaron la ocurrencia
de los defectos endilgados a la providencia acusada obedecen a una mera diferencia
interpretativa sobre una norma de orden legal, sin que se haya acreditado una
verdadera afectación de derechos fundamentales.
49. Por demás, la Sala encuentra razonable la interpretación del Tribunal, que se
orientó a señalar que el referido artículo 66 del CGP no contempló consideraciones
subjetivas adicionales, sino que condicionó la ineficacia del llamamiento a un
presupuesto objetivo que fue constatado por el juez natural, a saber, la falta de
notificación dentro de los 6 meses siguientes.
50. Igualmente se debe destacar, que más allá de la natural inconformidad que una
decisión como esa puede generar en el llamante, no se acredita un compromiso del
derecho de acceso a la administración de justicia, pues ante una eventual condena
la entidad accionante cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de repetición
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02202-00
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
contra los contratistas que llamó en garantía, en los términos del parágrafo 1 16 del
artículo 2 de la Ley 675 de 2001.
51. Porlo reseñado anteriormente, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado en la demanda.
52. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación de las sociedades Integral S.A. e
Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. -integrantes del Consorcio Generación
Ituango-.
SEGUNDO: TENER como coadyuvantes de la parte demandante al departamento
de Antioquia y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
16 “Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que
cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que
celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a lo contemplado en esta ley. (…)”
17 VF
11
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