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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02202-01

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02202-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia 30 de mayo de 2025, a través de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no acreditar el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02202-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de agosto de 2025

Demandante: Empresas Públicas de Medellín
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-02202-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02202-01
Demandante: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 30 de mayo de 2025, a través de la cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
acreditar el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 11 de abril de 2025, Empresas Públicas de Medellín ESP, por conducto de
apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
se protegiera su derecho fundamental al debido proceso.

Estimó quebrantada tal garantía con ocasión de los autos del 11 de abril de
2023 y 12 de marzo de 2025, proferidos por dichas autoridades en el medio de
control de reparación directa con radicado 05001-33-33-012-2020-00308-00/02,
que promovió la señora Sonia del Socorro García1 en contra de la accionante y
otros2, pues con estas decisiones se declaró ineficaz el llamamiento en garantía
que formuló respecto de los consorcios Generación Ituango y CCC Ituango, así
como las sociedades que los integran.

1
En nombre propio y en representación de Kevin Andrés Rodríguez García, Juan David García
y Anggie Nikoll Almanza García.
2
Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., el departamento de Antioquia y los municipios de
Medellín,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1

Demandante: Empresas Públicas de Medellín
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-02202-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

…

SEGUNDO. DEJE SIN EFECTOS los autos proferidos el 11 de abril de 2023
por el Juzgado 12 Administrativo de Medellín y el 12 de marzo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión, por medio de
los cuales se declaró y confirmó la ineficacia de los llamamientos realizados
por EPM.

TERCERO. ORDENE al Juzgado 12 Administrativo de Medellín notificar
personalmente a los llamados en garantía.

CUARTO. Las demás que estime pertinentes e idóneas para el amparo de los
derechos fundamentales de mi representada.

1.3. Hechos

Sostuvo que la señora Sonia del Socorro García, en nombre propio y en
representación de Kevin Andrés Rodríguez García, Juan David García y Anggie
Nikoll Almanza García, el 2 de diciembre de 2020 presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de las Empresas
Públicas de Medellín ESP y la sociedad Hidroeléctrica Ituango SA E.S.P., el
departamento de Antioquia, el distrito especial de Medellín y los municipios
el cual se identificó con el radicado 05001-33-33-012-2020-
00308-00/02 y que se promovió por la emergencia presentada en el año 2018
en el proyecto hidroeléctrico Ituango.

Indicó que el conocimiento del aludido proceso correspondió en primera
instancia al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que
admitió la demanda el 18 de enero de 2021 y, por ende, ordenó la notificación
personal del mismo a cada una de las partes demandadas.

Agregó que, dentro del término del traslado, contestó la demanda y, a su vez,
llamó en garantía a los consorcios Generación Ituango, CCC Ituango e Ingetec-
Sedic, incluyendo las sociedades que los conforman3, la sociedad Hidroeléctrica
Ituango y el municipio de Tarazá.

3
• Sociedades que el consorcio Generación Ituango: i) Integral S.A.S. e ii) Integral Ingeniería de
Supervisión S.A.S.
• Empresas que integran el consorcio CCC Ituango: i) Construcciones e Comercio Camargo
Correa SA, ii) Constructora Conconcreto SA, iii) Coninsa Ramón H SA.
• Sociedades que conforman el Consorcio Ingetc-Sedic: i) Ingenieros Consultores Civiles y
Eléctricos SA –Ingetec- hoy Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S. Ingetec S.A.S. y
ii) Sedic SA.

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2

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Mediante proveído del 2 de julio de 2021, el juzgado en mención admitió el
llamamiento en garantía formulado por EPM contra: i) el consorcio Generación
Ituango y las sociedades que lo conforman: Integral SA e Integral Ingeniería de
Supervisión S.A.S.; ii) el Consorcio CCC Ituango y las sociedades que lo
integran: Construcciones E Comercio Camargo Correa SA, Constructora
Conconcreto SA y Coninsa Ramón HSA; iii) el Consorcio Ingetc-Sedic y las
sociedades que lo conforman: Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos SA –
Ingetec4 y Sedic SA-; la Hidroeléctrica Ituango SA E.S.P.; así como el municipio
de Tarazá.

En esta providencia se ordenó notificar de forma personal a los consorcios
llamados en garantía y a sus integrantes, conforme lo previsto en el artículo 48
de la Ley 2080 de 2021, en los siguientes términos:

2…mediante la remisión al correo electrónico para notificación judicial de la
entidad mencionada: copia del presente auto, de la demanda, del auto
admisorio de la demanda, de la contestación de la demanda y del escrito del
llamamiento en garantía y sus anexos, debiendo allegar al Despacho las
copias de las constancias de envío correspondientes en el término de diez
(10) días contados a partir de la notificación por estados de la presente
providencia. De no efectuarse la remisión de los mismos y allegarse la
respectiva constancia del término establecido, se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.

Luego de recibidas las constancias de los envíos correspondientes, la
Secretaría notificará el llamamiento en garantía al buzón electrónico en la
forma indicada. (Subrayado fuera del texto original)

Adicionalmente, en la precitada providencia se dispuso la notificación del
m icipi de de l Hid eléc ic SA E S P “… por estado, de
conformidad con el artículo 66 del C.G.P, toda vez que ya se encuentra
vi c l d e el p ces c m p e dem d d ”

A su vez, en el auto en mención se ordenó lo siguiente:

4. De conformidad con el artículo 225 del C.P.A.C.A., se CORRERÁ
TRASLADO A LA LLAMADA EN GARANTÍA POR EL TÉRMINO DE QUINCE
(15) DÍAS, el cual comenzará a contar al vencimiento del término de la última
notificación a los llamados en garantía, con el fin de que respondan al
llamamiento en garantía.

5 ADVERTIR a la entidad llamante en garantía que si la notificación a las
entidades llamadas en garantía no se logra dentro de los seis (6) meses
siguientes, contados a partir del día siguiente a la notificación por estados del

4
Hoy Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S. Ingetec S.A.S.

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presente auto, el llamamiento será ineficaz, en los términos indicados en el
artículo 66 del C.G.P., aplicable por remisión expresa que hace el artículo 227
del C.P.A.C.A.

Manifestó que, mediante auto del 11 de abril de 2023, el juzgado declaró
ineficaz el llamamiento únicamente respecto de los consorcios Generación
Ituango y CCC Ituango, así como las sociedades que los integran, mas no
respecto de los demás llamados en garantía5. Esto, por los siguientes motivos:

En efecto, para que no procediera la ineludible consecuencia de la ineficacia
del llam[am]iento en garantía, la notificación personal a los representantes
legales del CONSORCIO GENERACIÓN ITUANGO y al CONSORCIO CCC
ITUANGO, correspondía realizarlo a más tardar hasta el 11 de enero de
2022… no obstante, como dicha notificación se eludió, corresponde declarar
la sanción respectiva de que trata el artículo 66 ibídem.
…
Con base en los argumentos expuestos, queda claro que en este proceso la
notificación personal a los representantes legales del CONSORCIO
GENERACIÓN ITUANGO y al CONSORCIO CCC ITUANGO, llamados en
garantía por las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.P.M. E.S.P., no se
efectuó dentro del legal término otorgado, de ahí, su inefi[ca]cia, la cual se
declarará de oficio.

Para el aludido juzgado, no obraba prueba en el plenario de la notificación
surtida, ni siquiera de forma extemporánea, por parte de la Secretaría del
precitado despacho judicial, la cual le sirvió de fundamento para declarar de
oficio la ineficacia del llamamiento en garantía.

Afirmó que presentó recurso de apelación en contra de la anterior providencia
pues consideró que cumplió con la carga procesal de la remisión a los llamados
en garantía del auto que admitía el llamamiento, acompañado de las demás
piezas procesales y, además, el 21 de julio de 2021 aportó al proceso las
respectivas constancias.

Esta alzada la decidió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión mediante auto del 12 de marzo de 2025, confirmándola, pues la
mencionada autoridad consideró que en el expediente no obraba prueba alguna
que acreditara que el despacho hubiera notificado personalmente el auto que
admitió el llamamiento en garantía a los consorcios Generación Ituango y CCC

5
En dicha providencia se ordenó: PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ el llamamiento en
í f m l d p l s EMPRESAS PÚBL CAS DE MEDELLÍN E P M E S P f e e l …
CONSORCIO GENERACIÓN ITUANGO y las sociedades que lo conforman: (i) INTEGRAL
S.A.S. y (ii) INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S.; y el CONSORCIO CCC
ITUANGO y las sociedades que lo conforman i) CONSTRUCCIONES E COMERCIO
CAMARGO CORREA S.A., ii) CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., y, iii) CONINSA
RAMÓN H S.A., más no respecto de los demás llamados en garantía, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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Ituango y a sus integrantes, ni siquiera una vez transcurridos los seis meses
siguientes a su ejecutoria.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la decisión de segunda instancia se incurrió en
los siguientes:

1.4.1. Defecto sustantivo

Indicó que las autoridades judiciales demandadas omitieron su deber de
interpretar el artículo 66 del Código General del Proceso conforme los principios
que rigen la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal como lo establece
el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que si bien el artículo 66 del CGP prevé una sanción como
consecuencia de la omisión en la notificación personal del auto que admite el
llamamiento en garantía dentro del término legal, esa disposición debe ser
interpretada a la luz de la naturaleza del proceso contencioso administrativo.

Mencionó que en el CGP la consecuencia jurídica busca sancionar la
negligencia de la parte interesada, a quien corresponde asumir la carga de
notificar al llamado en garantía por tratarse de un sistema adversarial. Sin
embargo, no ocurre lo mismo en el proceso contencioso administrativo, en el
que la carga de realizar la notificación personal recae en el despacho judicial.

Refirió que carece de sentido aplicar esa disposición en este trámite, toda vez
que el único afectado con esa omisión es el llamante, quien no tiene
responsabilidad en el cumplimiento de dicha carga.

Adujo que, trasladar al llamante las consecuencias desfavorables derivadas de
la conducta negligente de un tercero, en este caso, el juzgado, desconoce el
principio de responsabilidad personal y los artículos 8 y 11 del CGP, a la vez
que desnaturaliza la finalidad de la ineficacia del llamamiento en garantía.

Adujo que sancionarla supone desconocer el principio de responsabilidad
pe s l se ú el c l “… s je ú ic me e p ede se s ci d p
c s misi es p pi s… [ci e pie de p i e l q e me ci l s
sentencias C-094 de 2021 y C-038 de 2020 “[ ]mb s i spi d s e l s íc l s
6 29 de l C s i ció ”

Resaltó que el llamamiento que realizó a los consorcios no es fortuito, ni por
simple economía procesal, sino que obedece a una intervención necesaria,
dada su participación en los hechos que los demandantes señalan como
principales generadores de los daños y perjuicios que alegan.

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Expuso que, si bien la notificación personal exige actos específicos para
garantizar el conocimiento efectivo de la decisión, no puede afirmarse que los
llamados desconocían la existencia del proceso o la naturaleza de su
vinculación, en la medida en que, en una actitud activa y diligente, les comunicó
todas las actuaciones procesales relevantes, en particular, el auto admisorio de
la demanda, la contestación, el escrito del llamamiento en garantía junto con
sus anexos, así como del auto que lo admitió.

Afirmó que las autoridades demandadas cuestionaron esa práctica bajo el
me de q e i cl i l exp esió “ ific ció pe s l” c s
“ partir de qué momento iniciaba a correr el término para contestar la
dem d ” constituían vicios de procedimiento insaneables de cara al
vinculado. No obstante, dicha objeción no fue planteada por los llamados.

Señaló que, si en gracia de discusión se llegara a considerar que existen dudas
frente a las formalidades del trámite de notificación, ese yerro sería subsanable
mediante el respectivo control de legalidad.

1.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

Manifestó que la sentencia T-309 de 2022 proferida por la Corte Constitucional
y citada por las autoridades accionadas, se adoptó en el marco de una acción
de tutela, por lo que tiene efectos inter-partes; por lo tanto, no constituye
precedente alguno ni puede ser empleada como criterio de interpretación
aplicable por analogía.

Para la parte accionante, una posición contraria supondría aplicar en su
totalidad la providencia en cita, lo que también conduciría a su
desconocimiento.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 22 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela y se
dispuso notificar a las autoridades judiciales accionadas y vincular en calidad de
terceros con interés a Sonia del Socorro García, Kevin Andrés Rodríguez
García, Juan David García, Anggie Nikoll Almanza García, al departamento de
Antioquia, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
a los municipios de Ituango y Tarazá, así como a las sociedades Hidroeléctrica
Ituango SA E.S.P., Mapfre Seguros Generales de Colombia SA, Ingenieros
Consultores Civiles y Eléctricos SAS (Ingetec SAS) y Sedic SA, estas dos
últimas como integrantes del Consorcio Ingetc-Sedic.

A su vez, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1.6. Contestaciones e intervenciones
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1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

Esta autoridad judicial indicó que no incurrió en la vulneración alegada y que la
solicitud de tutela es improcedente, puesto que la parte actora tiene a su
alcance otro medio de defensa judicial para controvertir sus intereses, como lo
es el medio de control de repetición, en caso de que resulte condenada y deba
repetir en contra del llamado en garantía.

Mencionó que los efectos derivados de las consecuencias jurídicas no deben
ser valorados en sede de tutela, sino ante la jurisdicción disciplinaria.

1.6.2. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, puesto que
las providencias acusadas se fundamentan en el artículo 66 del CGP, según el
cual, si la notificación personal del auto que admite el llamamiento en garantía
no se logra dentro de los seis meses siguientes, aquel será ineficaz, sin que la
aplicación de esa consecuencia se vea condicionada a que la notificación esté a
cargo de la parte interesada o de la autoridad judicial.

Señaló que, de conformidad con el artículo 13 ibidem, las normas procesales
son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento.

Expuso que la posición adoptada por el despacho no es caprichosa ni
desproporcionada, sino que encuentra respaldo en la interpretación realizada
por la Corte Constitucional en la sentencia T-309 de 2022, en la cual se indicó
que la sanción de ineficacia del llamamiento se atribuye tanto a la inactividad de
la autoridad judicial como a la de la parte convocante. Esto, para la protección
del derecho a la igualdad, pues las reglas procesales aplican tanto para las
partes como para las autoridades judiciales.

Destacó que la aplicación de la consecuencia jurídica de ineficacia del
llamamiento, cuando la notificación personal del auto que lo admite no se
realiza oportunamente, no implica que el convocante pierda su derecho de
trasladar los efectos adversos de la sentencia a quien considere deba
responder. Lo anterior, por cuanto en caso de una decisión adversa a sus
intereses, puede optar por ejercer otras acciones, invocando para ello la fuente
de responsabilidad correspondiente.

Agregó que la acción de tutela no fue instituida como una instancia adicional al
proceso ordinario.

1.6.3. Departamento de Antioquia

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Esta entidad territorial señaló que coadyuvaba a la demandante por compartir
los argumentos que sustentaron la vulneración alegada.

1.6.4. Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín

De igual manera, esta entidad manifestó que coadyuvaba la solicitud de
amparo, tras considerar que la decisión acusada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la parte actora.

Refirió que, a pesar de la diligencia del llamante y el cumplimiento de la carga
que le fue impuesta en el auto que admitió el llamamiento en garantía, el
juzgado no realizó la notificación de dicha providencia dentro de la oportunidad
legal y, además, sancionó a la llamante con su propia conducta omisiva.

1.6.5. Sergio Alberto Rojas Quiñones

Como apoderado general de las sociedades Integral S.A. e Integral Ingeniería
de Supervisión SAS y apoderado especial del Consorcio Generación Ituango,
manifestó que: i) dicha asociación tuvo conocimiento del proceso de tutela de la
referencia en virtud de la información publicada en la página web de la Rama
Judicial y de algunos correos electrónicos recibidos por sus representadas, y ii)
que solicitaban su vinculación al proceso, en razón al interés que les asiste,
dado que la decisión cuestionada se refiere a un llamamiento en garantía
formulado contra el consorcio, razón por la cual consideran que podrían verse
afectadas con las determinaciones que se adopten en el trámite constitucional.

Posteriormente, el mencionado abogado se pronunció sobre los hechos y las
pretensiones de la demanda, para indicar que no le constaba lo relacionado con
las actuaciones adelantadas por EPM en el marco del proceso de reparación
directa, puesto que el Consorcio Generación Ituango no es parte del proceso en
la actualidad y no ha sido vinculada a través de una notificación personal válida.

Agregó que la remisión de la información que la accionante afirma haber
enviado a las llamadas en garantía no reemplaza el acto formal de notificación
personal contemplado en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. La obligación
de notificar al llamado en garantía constituye una actuación procesal preclusiva,
que no puede entenderse agotada por el solo hecho de que el llamante haya
cumplido con cargas accesorias, como compartir algunos documentos del
proceso con el llamado en garantía.

Refirió que, la verdadera transgresión al debido proceso se configuraría si el
Consorcio Generación Ituango se mantuviera vinculado al proceso de
reparación directa, a pesar de no haber sido notificado dentro del término legal
del auto que admitió el llamamiento en garantía.

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Sostuvo que, en el evento en que EPM obtenga una decisión desfavorable a
sus intereses, cuenta con la posibilidad iniciar las acciones pertinentes para
perseguir el pago de los llamados en garantía cuya vinculación se tornó
ineficaz, lo que, en su criterio, descarta cualquier vulneración a sus garantías
procesales.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
acreditar el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional “…
en la medida que el propósito de la parte accionante es utilizar el mecanismo de
amparo como una instancia adicional al proceso ordinario, en busca de reabrir
deb e es ic me e le l q e scie de l esfe de l c s i ci l”

Indicó que la autoridad enjuiciada concluyó que no había lugar a revocar la
declaratoria de ineficacia del llamamiento en garantía formulado por EPM en
contra de los consorcios Generación Ituango y CCC Ituango y sus integrantes,
toda vez que el juzgado a cargo del proceso no efectuó la notificación del auto
admisorio del llamamiento dentro del término legalmente establecido.

Manifestó que la interpretación normativa efectuada por el juzgador, lejos de
antojarse caprichosa o irracional, se muestra razonable y coherente de cara al
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional.

Recordó que, tal y como lo señaló el tribunal demandado, el artículo 66 del CGP
impone una consecuencia clara y perentoria, cuyo cumplimiento no depende de
quien tenga la carga de realizar la notificación, bien sea la autoridad judicial o la
parte interesada. Por lo que esta conclusión parte de considerar que tanto las
partes como los jueces se encuentran sometidos a acatar los términos
perentorios de las normas procesales.

Indicó que, flexibilizar dicha regla con base en la conducta negligente u omisiva
del despacho a cargo del proceso, no solo implicaría el apartamiento de una
disposición de obligatorio cumplimiento, sino que, además, afectaría el debido
proceso del llamado en garantía, en tanto desconoce el carácter imperativo de
las normas de orden público.

Refirió que la tesis defendida por la Corte Constitucional se fundamenta en que
la aplicación del artículo 66 del CGP no puede estar sujeta a interpretaciones
subjetivas relativas a quién es responsable de la obligación, dado que la
finalidad de la sanción es garantizar un proceso justo, oportuno y previsible para
todos los intervinientes.

Destacó que la consecuencia de la ineficacia del llamamiento, aun cuando
derive del incumplimiento de la autoridad judicial, a criterio del máximo
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intérprete de la Constitución, resulta ajustada a la finalidad de la norma y a la
necesidad de preservar la validez del proceso mediante la estricta observancia
de las formas propias del juicio.

Manifestó que se suma el deber que le asiste a las partes de impulsar el
proceso, que imponía al llamante una conducta procesal más diligente, que no
se limitara al cumplimiento de las cargas impuestas por la autoridad judicial,
sino también a promover la celeridad en la notificación del auto que admitió el
llamamiento, aunque esa carga le correspondiera al despacho demandado.

Agregó que otra consideración que condujo a la citada corte a determinar que la
consecuencia prevista en el artículo 66 del CGP opera aun cuando se origine
en la conducta omisiva del juez, radica en que la falta de notificación al llamado
no implica que el llamante pierda su derecho de trasladarle los efectos adversos
de la sentencia, pues aquel cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción
ordinaria, invocando la fuente de responsabilidad correspondiente.

Expuso que aunque esta alternativa puede representar mayores costos y
demoras, no resulta desproporcionada frente a la protección de los derechos
fundamentales del llamado, en particular, el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.

Precisó que, si bien la sentencia de la Corte Constitucional invocada por la
autoridad accionada para sustentar la decisión adoptada no constituye
precedente para el caso sometido a su consideración, por haber sido proferida
en el marco de una acción de tutela, ello no obsta para que pueda ser
empleada como criterio auxiliar de interpretación, en los términos del artículo
230 de la Carta Política.

Añadió que, aunque el tribunal cuestionado no estaba obligado a acoger las
consideraciones plasmadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-309
de 2022, tampoco le estaba vedado tenerlas en cuenta si las estimaba
pertinentes para resolver el problema jurídico planteado, máxime ante la
ausencia de un criterio unificador sobre la materia en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Mencionó que la adopción de los criterios allí expuestos se enmarcaba en el
ejercicio de la función interpretativa, propia de la actividad judicial.

Resaltó que los argumentos que sustentaron la ocurrencia de los defectos
endilgados a la providencia acusada obedecen a una mera diferencia
interpretativa sobre una norma de orden legal, sin que se haya acreditado una
verdadera afectación de derechos fundamentales.

Señaló que la interpretación del tribunal demandado, que se basó en el referido
artículo 66 del CGP, no contempló consideraciones subjetivas adicionales, sino
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y otro
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que condicionó la ineficacia del llamamiento a un presupuesto objetivo que fue
constatado por el juez natural, a saber, la falta de notificación dentro de los 6
meses siguientes.

Destacó que, más allá de la natural inconformidad que una decisión como esa
puede generar en el llamante, no se acredita un compromiso del derecho de
acceso a la administración de justicia, pues ante una eventual condena la
entidad accionante cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de repetición
contra los contratistas que llamó en garantía, en los términos del parágrafo 116
del artículo 2 de la Ley 675 de 2001.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia el 11 de junio de
2025, providencia que fue comunicada a las partes por correo electrónico el 6
de junio de 2025.

Indicó que la sentencia impugnada analizó de manera insuficiente y meramente
informal el requisito de la relevancia constitucional.

Refirió que no es un asunto meramente legal sino de trascendencia
constitucional, aunque exista un componente legal relacionado con la aplicación
del artículo 66 del CGP, pues su aplicación sin la armonización con los
principios y reglas propias del proceso contencioso administrativo impacta
directamente el núcleo esencial del debido proceso.

Expuso que no se está ante una mera discusión sobre plazos procesales o
formas de notificación, sino ante una interpretación normativa respecto de las
consecuencias negativas de una omisión imputable exclusivamente a la
autoridad judicial acusada, lo que también conlleva una violación del principio
de responsabilidad personal derivado de los artículos 6° y 29 superiores.

Agregó que también se plantea un problema de interpretación constitucional, lo
cual es relevante, porque la decisión afecta derechos fundamentales ya que
“s p e es icció desp p ci d s de ech de defe s ” p es se le
sancionó con la ineficacia del llamamiento en garantía por una omisión que no
le era imputable.

Destacó que, no se pretende reabrir un debate meramente legal sino proteger
sus derechos fundamentales y que en esa medida es constitucionalmente
relevante el asunto porque: i) no se cuestiona una interpretación razonable de la
ley; ii) no tiene origen en la negligencia del accionante y; iii) no tiene un carácter
meramente patrimonial o económico.

Adujo que no se analizó correctamente la naturaleza de la controversia, ya que
la interpretación normativa del artículo 66 del CGP fue mecánica, en tanto que
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no se consideró la naturaleza del proceso contencioso administrativo, en el cual
la carga de notificación recae en el juzgado y no en las partes.

Por lo anterior, reiteró el defecto sustantivo alegado en su escrito inicial y refirió
que con la decisión demandada se incurrió en una violación directa de la
Constitución, porque nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones
ajenas (principio de responsabilidad de los artículos 6° y 29 ib). Reiteró que se
desconocen también los artículos 8° y 11 del CGP.

Agregó que también se configuró un defecto procedimental absoluto, puesto
que se desconocieron las reglas específicas de la notificación en el proceso
contencioso administrativo, ya que con el auto del 11 de octubre de 2021 se
es bleció de m e cl q e “… s ecibirse las constancias de envío por
parte de EPM, la Secretaría notificará el llamamiento en garantía al buzón
elec ó ic ”

Expuso que, al convalidarse las actuaciones que confirmaron la ineficacia del
llamamiento en garantía, se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido en los artículos 198, 199 y 205 de la Ley 1437 de 2011, que
atribuyen al juzgado la responsabilidad de efectuar las notificaciones
personales; además porque se ignoró que en el procedimiento contencioso
administrativo existe un trámite especial para las notificaciones, distinto al
previsto en el CGP.

Indicó que tampoco se analizó de fondo la pertinencia o utilidad procesal de la
comunicación que se requirió a EPM para que se realizara, lo cual se hizo
oportunamente y fue demostrado en el proceso ordinario.

Destacó que el fallo impugnado omitió por completo el estudio del reproche
relativo a la vulneración del principio de responsabilidad personal, según el cual
un sujeto únicamente puede ser sancionado por actos u omisiones propias,
conforme lo señalan los artículos 6° y 29 constitucionales.

Afirmó que la sentencia de tutela impugnada también incurrió en una
contradicción l señ l fe e l p vide ci dem d d q e “lej s de
antojarse caprichosa o irracional, se mues ble c he e e” c d
l e i dicó q e dich i e p e ció p d í ep ese “m es c s s
dem s” p l p e c

1.9. Trámite posterior

Mediante providencia del 14 de julio de 2025 se ordenó comunicar por el medio
más expedito y eficaz de la existencia del presente trámite de tutela a los
representantes del Consorcio Generación Ituango y las sociedades que lo
conforman: i) Integral SAS e ii) Integral Ingeniería de Supervisión SAS; así
como al Consorcio CCC Ituango y las sociedades que lo conforman i)
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Construcciones E Comercio Camargo Correa SA, ii) Constructora Conconcreto
SA y iii) Coninsa Ramón H SA; Hidroeléctrica Ituango SA E.S.P., en calidad de
terceros con interés.

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.9.1. Integral SA E integral Ingeniería de Supervisión SAS y consorcio
Generación Ituango

Solicitó que se confirme el fallo impugnado. Esto, al considerar que no se
configura una vulneración al debido proceso, sino una inconformidad con las
decisiones demandadas, las cuales se ajustan tanto al debido proceso como a
las normas procesales aplicables al caso, de modo que no se encuentra ningún
derecho fundamental violado, contrario a lo afirmado por la parte actora, ya que
las decisiones cuestionadas se profirieron conforme al derecho procesal.

Por lo anterior, consideró que la parte impugnante pretende reabrir discusión
legal ya resuelta en sede judicial, sin que exista afectación constitucional alguna
que justifique la intervención del juez de tutela.

1.9.2. Intervención posterior de la parte actora

EPM señaló que, mediante sentencia reciente del 19 de mayo de 2025,
proferida dentro del expediente de tutela 11001-03-15-000-2025-01813-00, la
Sección Cuarta de esta corporación estudió un caso similar al aquí demandado,
en el que contrario al fallo impugnado, accedió al amparo solicitado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19916, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

6
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia,
se analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora con
el auto del 12 de marzo de 2025, proferido por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia en el medio de control de reparación
directa que promovió la señora Sonia del Socorro García en contra de la
accionante y otros, el cual se identificó con el radicado 05001-33-33-012-2020-
00308-00/02.

2.3. Caso concreto

La parte actora consideró que sus garantías constitucionales se vulneraron con
ocasión del auto del 12 de marzo de 2025 proferido por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de
reparación directa que promovió la señora Sonia del Socorro García en contra
de la accionante y otros, el cual se identificó con el radicado 05001-33-33-012-
2020-00308-00/02, pues se configuró un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente, además porque se desconoció el principio de
responsabilidad personal establecido en los artículos 6° y 29 de la Constitución
Política.

El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por carecer de
relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por la parte actora era
reabrir un debate ya analizado por el tribunal demandado.

La parte actora impugnó dicha decisión, para lo cual expuso los mismos
argumentos que planteó en el escrito inicial de tutela relativos al defecto
sustantivo y al desconocimiento del principio de responsabilidad personal bajo
la denominación de la violación directa de la Constitución. Además, hizo
referencia a un defecto procedimental absoluto.

Para resolver, se considera:

En lo particular, se observa que en el escrito de impugnación la parte actora
denominó los defectos así: a) sustantivo, b) violación directa de la Constitución
y c) procedimental absoluto.

No obstante, en el escrito inicial de tutela solo hizo alusión al sustantivo y al
desconocimiento del precedente. Como frente este último no lo reiteró o lo
incluyó en su impugnación, no se abordará su análisis en esta segunda
instancia.

Por tanto, se precisa que el objeto de la impugnación corresponde al defecto
sustantivo y al presunto desconocimiento del principio de responsabilidad
personal, que en el aludido recurso lo denominó “violación directa de la
Constitución”.
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Así las cosas, una vez revisado el contenido de la impugnación presentada, se
encuentra que, debe confirmarse el fallo de tutela de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el presupuesto
de la relevancia constitucional, por los siguientes motivos:

El aludido requisito general “…s p e j s ific bleme e l exis e ci de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no
es lo mismo que una simple el ció c q el…”7. De igual manera, se precisa
que dicho requisito tiene tres finalidades, a saber:

… (i) p ese v l c mpe e ci l i depe de ci de l s j eces de l s
jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces11.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.

Así, se observa que, la parte actora invocó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, el cual se sustentó en las razones por las
cuales la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto sustantivo y en el
“desc cimie del p i cipi de esp s bilid d pe s l” bajo la violación
directa de la Constitución.

Para la Sala, no se acredita el cumplimiento del mencionado presupuesto, por
los siguientes motivos:

Primero, la parte actora pretende reabrir el debate pues los argumentos
formulados en la acción de tutela fueron los mismos que expuso en el recurso
de apelación dentro del proceso ordinario.

Esto, pues la EPM alegó una irregularidad procesal que afecta el debido
ejercicio de su derecho de defensa, al declarar la ineficacia del llamamiento en
garantía que realizó en el trámite ordinario en el que funge como demandado y
tal reproche fue decidido por el tribunal demandado al confirmar la providencia

7
Sentencia SU573 de 2019.
8
“Sentencia C-590 de 2005 ”
9
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008 ”
10
“Sentencia C-590 de 2005 ”
11
“Se e ci -102 de 2006 ”

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de primera instancia.

En lo particular, se encuentra que, a través del proveído del 2 de julio de 2021,
el juzgado de primera instancia del proceso de reparación directa que se
identificó con el radicado 05001-33-33-012-2020-00308-00/02, admitió el
llamamiento en garantía formulado por EPM contra: i) el consorcio Generación
Ituango y las sociedades que lo conforman: Integral SA e Integral Ingeniería de
Supervisión SAS; ii) el Consorcio CCC Ituango y las sociedades que lo integran:
Construcciones E Comercio Camargo Correa SA, Constructora Conconcreto SA
y Coninsa Ramón HSA; iii) el Consorcio Ingetc-Sedic y las sociedades que lo
conforman: Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos SA – Ingetec12 y Sedic
SA-; la Hidroeléctrica Ituango SA ESP.; así como el municipio de Tarazá.

En esta providencia se ordenó notificar de forma personal a los consorcios
llamados en garantía y a sus integrantes, conforme lo previsto en el artículo 48
de la Ley 2080 de 2021, en los siguientes términos:

2…medi e l emisió l c e elec ó ic p ific ció j dici l de l
entidad mencionada: copia del presente auto, de la demanda, del auto
admisorio de la demanda, de la contestación de la demanda y del escrito del
llamamiento en garantía y sus anexos, debiendo allegar al Despacho las
copias de las constancias de envío correspondientes en el término de diez
(10) días contados a partir de la notificación por estados de la presente
providencia. De no efectuarse la remisión de los mismos y allegarse la
respectiva constancia del término establecido, se procederá de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.

Luego de recibidas las constancias de los envíos correspondientes, la
Secretaría notificará el llamamiento en garantía al buzón electrónico en la
forma indicada. (Subrayado fuera del texto original)

Adicionalmente, en la precitada providencia se dispuso la notificación del
municipio de Tarazá y de la Hidr eléc ic SA E S P “… por estado, de
conformidad con el artículo 66 del C.G.P, toda vez que ya se encuentra
vi c l d e el p ces c m p e dem d d ”

A su vez, en el auto en mención se ordenó lo siguiente:

4. De conformidad con el artículo 225 del C.P.A.C.A., se CORRERÁ
TRASLADO A LA LLAMADA EN GARANTÍA POR EL TÉRMINO DE QUINCE
(15) DÍAS, el cual comenzará a contar al vencimiento del término de la última
notificación a los llamados en garantía, con el fin de que respondan al
llamamiento en garantía.

12
Hoy Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S. Ingetec S.A.S.

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5 ADVERTIR a la entidad llamante en garantía que si la notificación a las
entidades llamadas en garantía no se logra dentro de los seis (6) meses
siguientes, contados a partir del día siguiente a la notificación por estados del
presente auto, el llamamiento será ineficaz, en los términos indicados en el
artículo 66 del C.G.P., aplicable por remisión expresa que hace el artículo 227
del C.P.A.C.A. (Subrayado fuera del texto original)

Posteriormente, mediante auto del 11 de abril de 2023, el juzgado declaró
ineficaz el llamamiento únicamente respecto de los consorcios Generación
Ituango y CCC Ituango, así como las sociedades que los integran, mas no
respecto de los demás llamados en garantía13.

Esto, ante la ineficacia del llamamiento puesto que la notificación personal a los
representantes legales del Consorcio Generación Ituango y al Consorcio CCC
Ituango, correspondía realizarla a más tardar hasta el 11 de enero de 2022, no
obstante, como dicha notificación no se efectuó debía declararse la sanción
respectiva de que trata el artículo 66 ibídem, por lo que así se declaró de oficio.

En el proceso ordinario, la parte aquí accionante presentó un recurso de
apelación en contra de la anterior providencia pues consideró que cumplió con
la carga procesal de la remisión a los llamados en garantía del auto que admitía
el llamamiento, acompañado de las demás piezas procesales y, además, el 21
de julio de 2021 aportó al proceso las respectivas constancias, pero el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión mediante auto del 12 de
marzo de 2025, la confirmó por los siguientes motivos:

i) Precisó que en el procedimiento administrativo existe regulación especial que
contempla las formalidades por medio de las cuales debe surtirse la notificación
personal por medios electrónicos, imponiendo tal facultad al secretario del
correspondiente juzgado; por lo que, ello era razón suficiente para que no
pudiera entenderse que el correo remitido por la apoderada a los llamados en
garantía hizo las veces de notificación personal del auto que admitió el
llamamiento.

ii) Indicó que, si en gracia de discusión se admitiera este hecho, por cuanto es
propio de la jurisdicción ordinaria que las partes realicen las notificaciones, la
supuesta notificación no cumple con las reglas del artículo 199 de la Ley 1437
de 2011, en tanto no previno que la notificación se entendería surtida

13
En dicha providencia se ordenó: PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ el llamamiento en
garantía, formulado por las EMPRESAS PÚBL CAS DE MEDELLÍN E P M E S P f e e l …
CONSORCIO GENERACIÓN ITUANGO y las sociedades que lo conforman: (i) INTEGRAL
S.A.S. y (ii) INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN S.A.S.; y el CONSORCIO CCC
ITUANGO y las sociedades que lo conforman i) CONSTRUCCIONES E COMERCIO
CAMARGO CORREA S.A., ii) CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., y, iii) CONINSA
RAMÓN H S.A., más no respecto de los demás llamados en garantía, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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transcurridos dos días desde su envío, obligación que también impone el
artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

iii) Mencionó que al margen de si el operador judicial asumió la obligación de
practicar la notificación personal o si esa carga se le impuso a la parte
interesada, en uno u otro caso había lugar a tener por ineficaz el llamamiento
en garantía si el mismo no se notifica dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria del auto que lo admitió. Por lo anterior, recordó que el llamado no
estaba obligado a comparecer al proceso cuando la notificación personal que
debía recibir es inoportuna.

iv) La autoridad judicial concluyó que en el expediente no obraba prueba alguna
que acreditara que el despacho hubiera notificado personalmente el auto que
admitió el llamamiento en garantía a los consorcios Generación Ituango y CCC
Ituango y a sus integrantes, ni siquiera una vez transcurridos los seis meses
siguientes a su ejecutoria.

Así las cosas, se encuentra que la ineficacia del llamamiento en garantía para el
tribunal demandado ocurrió porque a pesar de que la parte llamante remitió las
constancias de envío de los traslados a las convocadas, no se concretó la
notificación personal en el término de seis meses previsto en el artículo 66 del
CGP, razón por la cual el juzgado declaró la ineficacia del llamamiento.

Por lo expuesto, se encuentra que el reproche que le asiste a la EPM en cuanto
a la ineficacia del llamamiento en garantía que fue el objeto del recurso de
apelación que formuló en contra de dicha decisión, fue abordado por el tribunal
demandado al señalar los motivos por los cuales debía aplicarse la
consecuencia procesal establecida en el artículo 66 del Código General del
Proceso; lo cual implica que su cuestionamiento se dirige a reabrir el debate
propuesto en sede ordinaria.

Segundo, el cuestionamiento relativo a la interpretación y aplicación del artículo
66 del Código General del Proceso en el caso concreto es un asunto de
naturaleza legal que resolvió el tribunal acusado y, en ese sentido, tampoco se
acredita el presupuesto de la relevancia constitucional.

En relación con la consecuencia procesal establecida en el artículo 66 del
Código General del Proceso14, así como del pronunciamiento de la Corte

14
ARTÍCULO 66. TRÁMITE. Si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar
personalmente al convocado y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial.
Si la notificación no se logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será
ineficaz. La misma regla se aplicará en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo
anterior.
El llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento, y
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial aducida y
acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía.

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Constitucional en la sentencia T-309 de 2022, el tribunal demandado sostuvo lo
siguiente:

2.1 Ineficacia del llamamiento en garantía

En términos generales, la eficacia hace relación a la producción de efectos en
el ordenamiento jurídico, es decir, corresponde a la aptitud que tiene la norma
de generar consecuencias en el derecho en tanto ordena, permite o prohíbe
algo.

En consecuencia, la ineficacia supone a la sanción jurídica consistente en que
el acto declarado ineficaz no producirá los efectos que corresponden a su
contenido. En cuanto a la ineficacia del llamamiento en garantía, corresponde
a la sanción legal que previó el legislador ante la tardanza o la omisión en la
notificación personal del auto que admite el respectivo llamamiento, para lo
cual se concede el término de seis meses.

En términos de la Corte Constitucional [cita: Sentencia T-309 de 2022], el
artículo 66 del Código General del Proceso establece una consecuencia
jurídica cuando la notificación personal del auto que admite el llamamiento en
garantía no se realiza en la oportunidad allí prevista. Esta consecuencia se
concreta en su ineficacia. Tal disposición no condiciona la aplicación de la
ineficacia del llamamiento a que su notificación esté a cargo de la parte
interesada o de la autoridad judicial que tramita el proceso. Por tanto, al
margen de si el operador judicial asumió la obligación de practicar la
notificación personal o si esa carga se le impuso a la parte interesada, en uno
u otro caso habrá que inexorablemente llegar a la conclusión de que se torna
ineficaz el llamamiento en garantía si el mismo no se notifica dentro de los
seis meses siguientes a la ejecutoria del auto que lo admitió. En otras
palabras: el llamado no estará obligado a comparecer al proceso cuando la
notificación personal que debía recibir es inoportuna.

De igual forma, la jurisprudencia del Consejo de Estado [cita: Sentencia del 5
de octubre de 1989. Expediente 4510-67] ha enfatizado en que el término
para realizar la notificación del llamamiento en garantía es de carácter
p ecl siv De llí q e “ve cid el mism el p ces debe c i si
fue posible vincular al llamado dentro de la mencionada oportunidad, ya no
será p sible h ce l ” C m c sec e ci “ vi c l ció ex emp e de
la persona llamada en garantía genera que respecto de ella no pueda
proferirse un pronunciamiento de mérito, pues precisamente se puede
pregonar que no fue debidamente vinculada al proceso”.

…
Ahora bien, la Sala se adhiere a la tesis de la Corte Constitucional
respecto a la ineficacia del llamamiento en garantía, en el sentido que, el
artículo 66 del Código General del Proceso establece una consecuencia

PARÁGRAFO. No será necesario notificar personalmente el auto que admite el llamamiento
cuando el llamado actúe en el proceso como parte o como representante de alguna de las
partes.

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jurídica cuando la notificación personal del auto que admite el llamamiento en
garantía no se realiza en la oportunidad allí prevista. Esta consecuencia se
concreta en su ineficacia. Tal disposición no condiciona la aplicación de la
ineficacia del llamamiento a que su notificación esté a cargo de la parte
interesada o de la autoridad judicial que tramita el proceso. Por lo tanto, al
margen de si el operador judicial asumió la obligación de practicar la
notificación personal o si esa carga se le impuso a la parte interesada, en uno
u otro caso habrá lugar a tener por ineficaz el llamamiento en garantía si el
mismo no se notifica dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del
auto que lo admitió. En otras palabras: el llamado no estará obligado a
comparecer al proceso cuando la notificación personal que debía recibir es
inoportuna.

En este punto, la ineficacia corresponde a la sanción jurídica consistente en
que el acto declarado ineficaz no producirá los efectos que corresponden a su
contenido, en el sub lite, como se declara la ineficacia del auto que admitió el
llamamiento, al no producir efectos, su consecuencia no es otra que la falta
de vinculatoriedad respecto de los terceros llamados, quienes, recordemos,
no actúan como partes procesales sino como sujetos que tienen una relación
sustancial con una de las partes, el llamante EPM.

A juicio de esta Corporación, los procesos judiciales se encuentran
i d s e e p s p ecl siv s… (Negrilla fuera del texto original)

No obstante, en esta sede constitucional, la EPM alegó que acreditó la remisión
de los llamados ante el juzgado, por tanto, el impulso posterior recaía
únicamente en el despacho judicial, a través de su Secretaría, en cumplimiento
del deber funcional consagrado en los artículos 198, 199 y 205 de la Ley 1437
de 2011.

De modo que, para la parte actora fue la inactividad del juzgado la causa directa
de que transcurriera el término de seis meses previsto en el artículo 66 del
Código General del Proceso, es decir, que la ineficacia se produjo por culpa del
juzgado (Secretaría) ya que no notificó oportunamente, pese a que la EPM
remitió la documentación dentro del plazo otorgado.

No obstante, se observa que tal reproche fue analizado por el tribunal
demandado al confirmar la providencia de primera instancia, así:

Como se dijo, el artículo 66 del Código General del Proceso dispone que, si la
notificación personal del auto que admite el llamamiento en garantía no se
logra dentro de los seis (6) meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. En
el sub examine, el auto quedó ejecutoriado el 9 de julio de 2021, posterior a la
resolución de los recursos de reposición que estaban pendientes, razón por la
cual los seis meses para surtir la notificación personal empezaron a correr
desde el 9 de julio de 2021 y fueron hasta el 11 de enero de 2022.

En el procedimiento administrativo las notificaciones personales por medios
electrónicos gozan de regulación especial, tarea para la cual el legislador
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión
y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-02202-01

adoptó una serie de formas propias, a saber: el artículo 205 del CPACA
impone al secretario del correspondiente juzgado o despacho la obligación de
remitir la providencia a notificar, utilizando mecanismos que garanticen la
autenticidad e integridad del mensaje; el artículo 199 ibidem también le
impone la obligación de hacer constar en el expediente la recepción de la
notificación por parte del destinatario. Adicionalmente, esa misma norma
establece que el mensaje debe identificar la notificación que se va a realizar y
contener copia electrónica de la providencia a notificar.

…
En el auto interlocutorio No. 089 del 11 de abril de 2023, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Medellín declaró, de oficio, la ineficacia del
llamamiento en garantía, al reconocer que transcurrido el término legal no se
procedió, por parte de la secretaria del despacho, a notificar personalmente el
auto que admitió el llamamiento en garantía, pese a que EPM a través de su
apoderada remitió, dentro del término otorgado, los traslados a los sujetos
llamados en garantía, como se ordenó en dicha providencia.

Así las cosas, no obra prueba en el plenario de la notificación surtida, ni
siquiera de forma atemporal, por parte de la secretaría del Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Medellín, judicial que reconoce la omisión legal,
la cual le sirvió de fundamento para declarar de oficio la ineficacia del
llamamiento en garantía.
…

Como viene de decirse, en el procedimiento administrativo existe regulación
especial que contempla las formalidades por medio de las cuales debe
surtirse la notificación personal por medios electrónicos, imponiendo tal
facultad al secretario del correspondiente juzgado, razón suficiente para que
no pueda entenderse que el correo remitido por la apoderada a los llamados
en garantía hizo las veces de notificación personal del auto que admitió el
llamamiento. Y, si en gracia de discusión se admitiera este hecho, por cuanto
es propio de la jurisdicción ordinaria que las partes realicen las notificaciones,
la supuesta notificación no cumple con las reglas del artículo 199 del CPACA,
en tanto no previno que la notificación se entendería surtida transcurridos dos
días desde su envío, obligación que también impone el artículo 8 de la Ley
2213 de 2022.
…

Por lo expuesto, se precisa que, la aplicación de la sanción de ineficacia con
fundamento en el artículo 66 del CGP, en consonancia con lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia T-309 de 2022, así como el alcance de los
artículos 198, 199 y 205 de la Ley 1437 de 2011, corresponden a un análisis
interpretativo de las normas en mención o de legalidad procesal, lo cual no es
un asunto de protección directa de derechos fundamentales sino que es propio
del juez natural, que en este caso determinó que debía confirmarse la ineficacia
del llamamiento en garantía en mención.

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Por consiguiente, se confirmará el fallo impugnado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela porque la parte accionante no acreditó el
presupuesto de la relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia 30 de mayo de 2025, a través de la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no acreditar el cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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