Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02208-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02208-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02208-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-01
Demandante: Juan David Calderón Abanto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02208-01
Demandante: JUAN DAVID CALDERÓN ABANTO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra acto administrativo de
aprehensión de mercancía. Defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial. Incumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el demandante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 22 de mayo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de abril de 2025, el accionante pidió al juez constitucional la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la propiedad privada, así como los principios de
confianza legítima y buena fe, supuestamente vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
“2.1. Tutelar mis derechos fundamentales constitucionales al Derecho al debido proceso
(artículo 29 C.P.) Derecho de defensa y contradicción (Derivado del artículo 29); Derecho
de acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.); Derecho a la propiedad
privada (artículo 58 C.P.); Principio de confianza legítima y buena fe (artículos 83 y 209
C.P.).
2.2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las autoridades judiciales Sección
Primera Consejo de Estado, Subsección B Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca analizar y decidir de fondo la acción judicial presentada.
2.3. Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales constitucionales
ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, realizar la devolución
de la aeronave de matrícula argentina modelo 210-D, matrícula LV-INT, marca CESSNA,
Serie 21058400, año de Fabricación 1964, Tripulantes 1, Pasajeros S., con la liquidación
y pagos correspondientes.
2.4. Ordenar que los amparos constitucionales sean cumplidos dentro de las 48 horas
siguientes al fallo de tutela”.
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Demandante: Juan David Calderón Abanto
2. Hechos
El accionante relató que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN- adelantó un trámite administrativo de decomiso de
mercancía que culminó con la Resolución No. 399 de 6 de octubre de 2021, en la
que se ordenó el decomiso de una aeronave tipo CESSNA, modelo 210, serie
21058400, avaluada en $223.809.600. Contra la anterior decisión presentó recurso
de reconsideración que fue resuelto mediante Resolución No. 821 de 4 de marzo
de 2022, en el que se confirmó el decomiso.
Agregó que el 17 de junio de 2022 radicó una solicitud para que se declarara la
ocurrencia del silencio administrativo positivo, sin embargo, mediante las
Resoluciones No. 670-003853 de 25 de julio de 2022 y 004641 de 5 de septiembre
de 2022, la DIAN la negó. Igualmente, el 24 de abril de 2023 insistió en la misma
solicitud, pero en Oficio No. 1-9-259-501-215 de 3 de mayo de 2023 se volvió a
negar.
Indicó que el 30 de octubre de 2023, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de que se
declarara la nulidad del Oficio No. 1-9-259-501-215 de 3 de mayo de 2023 y a título
de restablecimiento del derecho se reconociera el silencio administrativo positivo y
se le condenara al pago de los perjuicios causados por la aprehensión de la
aeronave.
Sostuvo que la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en auto de 23 de agosto de 2024 rechazó la demanda, al considerar
que el trasfondo de la demanda es la anulación de los actos administrativos que
resolvieron sobre el decomiso de la aeronave, es decir, las Resoluciones No. 399
de 6 de octubre de 2021 y 821 de 4 de marzo de 2022. Sin embargo, frente a estos
había operado la caducidad del término para interponer la demanda, pues contaba
hasta el 8 de julio de 2022 para ejercerla oportunamente, pero se radicó el 30 de
octubre de 2023. Adicionalmente, señaló que el oficio de 3 de mayo de 2023 no era
susceptible de control judicial, porque no se puede considerar como una instancia
adicional al trámite administrativo, el cual ya había culminado.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación. La Sección Primera del Consejo de Estado en proveído de 14 de
noviembre de 2024 la confirmó, bajo el argumento de que la controversia no era
susceptible de control judicial debido a que el oficio acusado no crea, modifica o
extingue situación jurídica alguna, pues este se limitó a informar al actor que su
petición de configuración del silencio administrativo positivo ya había sido resuelta
de manera negativa, a través de otros actos administrativos. Adicionalmente, se
relevó de pronunciarse sobre la oportunidad para presentar la demanda, toda vez
que el acto administrativo controvertido no es susceptible de control jurisdiccional.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la aeronave no se podía catalogar como una
mercancía, más aún cuando esta no ingreso al país con un propósito comercial,
sino como parte de una actividad académica y su estadía era temporal, lo cual se
notificó a las autoridades aeronáuticas.
Señaló que el artículo 705 del Decreto 1165 de 2019 establece un plazo de 4 meses
para resolver el recurso de reconsideración, el cual fue ampliamente superado sin
decisión de fondo, lo que generó la pérdida de competencia y la configuración del
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silencio administrativo positivo, sin embargo, la autoridad aduanera se negó a
aplicar la mencionada figura.
Indicó que la providencia objetada desconoce los principios constitucionales
esenciales, además que se desarrolló una interpretación irrazonable y restrictiva del
derecho de acceso a la administración de justicia y, por tanto, vulnera sus derechos
fundamentales.
Afirmó que al recibir una respuesta de la DIAN el 3 de mayo de 2023, en la que
expresamente se le indicó que no procedía el silencio administrativo positivo, tenía
motivos fundados y legítimos para considerar que el acto administrativo aún no
estaba plenamente definido, lo cual generó una expectativa razonable de que aún
se encontraba pendiente un pronunciamiento de fondo con base en el artículo 707
del Decreto 1165 de 2019 y en el principio de buena fe.
Aseguró que las autoridades judiciales accionadas no valoraron adecuadamente el
contexto del caso concreto, ni las múltiples manifestaciones administrativas
contradictorias, lo cual transgrede el principio pro actione y el debido proceso.
Sostuvo que afirmar que el oficio de 3 de mayo de 2023 no da lugar a nuevo control
judicial, implica vaciar de contenido el principio de legalidad y la garantía de control
judicial efectivo.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por una indebida aplicación o interpretación irrazonable del Decreto
1165 de 2019, pues la Sección Primera del Consejo de Estado se abstuvo de valorar
esta normatividad, limitándose a declarar que el oficio de 3 de mayo de 2023 no era
un acto administrativo susceptible de control, por lo que ignoró completamente los
efectos automáticos del silencio positivo y la existencia de un acto presunto.
Afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico,
porque omitió valorar hechos probados y documentos como las fechas de
notificación de la Resolución No. 821 de 4 de marzo de 2022 y de presentación del
recurso de reconsideración, así como la existencia del acto ficto presunto favorable
a partir del vencimiento del término legal.
Agregó que el oficio de 3 de mayo de 2023 constituye un acto administrativo expreso
de negación de un derecho previamente adquirido por silencio positivo, lo que debía
analizarse como un nuevo acto administrativo con efectos jurídicos autónomos.
Sostuvo que se incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial,
toda vez que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta la
sentencia T-456 de 2013 de la Corte Constitucional y la del “Consejo de Estado –
Sección Tercera, 2018”, relacionadas con el acto administrativo ficto o presunto
positivo y sus efectos.
Aseguró que se incurrió en defecto por violación directa de la Constitución, pues
las providencias objetadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados en el
escrito de tutela.
Finalmente, manifestó que agotó todos los mecanismos ordinarios para prevenir el
daño y que se configuró un perjuicio irremediable por la afectación patrimonial,
teniendo en cuenta que la aeronave decomisada tenía un valor de $223.809.600.
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4. Oposición
4.1. Respuesta de la Sección Primera del Consejo de Estado
La magistrada ponente de la decisión objetada pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se niegue el amparo de los
derechos fundamentales.
Afirmó que los fundamentos del recurso de apelación son reiterados en la presente
acción de tutela, en tanto el demandante insiste en que debió revocarse el proveído
de 23 de agosto de 2024 por cuanto, a su juicio, el Oficio No. 1-9-259-501-215 de 3
de mayo de 2023 corresponde a un acto administrativo susceptible de control
judicial y la demanda fue presentada oportunamente.
Para terminar, señaló que el recurso de apelación resuelto en la providencia de 14
de noviembre de 2024 tuvo como fundamento la causal de rechazo de la demanda,
prevista en el numeral 3 del artículo 169 del CPACA y que se tuvieron en cuenta los
elementos probatorios allegados al proceso, en los que se evidenció que su solicitud
de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo ya había sido resuelta
por la DIAN, circunstancia de la cual se desprendía que el acto demandado no
creaba, modificaba o extinguía situación jurídica alguna, conforme fue expuesto de
forma detallada en la parte motiva de la providencia cuestionada.
4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B”
El magistrado ponente de la decisión de primera instancia solicitó que se
desvinculara de la acción de tutela o se nieguen las pretensiones de la solicitud de
amparo.
Afirmó que no se advierte una vía de hecho ni se configuran los defectos que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido como fundamento para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, en particular, no
se configuró defecto sustantivo, en tanto la interpretación de las normas sobre
caducidad fue razonable y acorde al precedente. Además, no existió defecto fáctico
porque se valoró adecuadamente el acervo probatorio en cuanto a fechas de
notificación y no se incurrió en desconocimiento del precedente constitucional, pues
la posición adoptada ha sido respaldada por el Consejo de Estado.
Finalmente, resaltó que la acción de tutela no constituye un mecanismo paralelo del
proceso contencioso administrativo, ni puede ser utilizada para reabrir términos
procesales vencidos ni revivir controversias ya resueltas en sede judicial, permitir lo
contrario implicaría desnaturalizar el objeto de la acción de tutela y desconocer el
principio de seguridad jurídica que rige las decisiones judiciales ejecutoriadas.
4.3. Respuesta de la DIAN
El apoderado de la entidad pidió que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela y se negaran las pretensiones ante la inexistencia de la vulneración de
derechos fundamentales del accionante.
Afirmó que la acción de tutela carece de relevancia constitucional al observar que
no se acredita ni se plantea de manera clara las razones por las cuales el asunto
tiene trascendencia constitucional, es decir, el cargo señalado por el accionante está
desprovisto de suficiencia argumentativa.
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Agregó que la solicitud de amparo se presentó con desconocimiento del requisito
de la inmediatez, pues feneció el término de los 6 meses establecidos como
razonable.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 22 de mayo de 2024 declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.
Sostuvo que los reproches frente a un presunto defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente judicial no cuentan con la carga argumentativa
requerida para que sean estudiados de fondo, toda vez que el actor: i) no señaló las
razones por las cuales las normas consideradas como desconocidas eran aplicables
a su caso ni cómo fueron desconocidas, ii) no indicó los motivos por los cuales, a
su juicio, no fueron valoradas las fechas señaladas y iii) no explicó porqué las
sentencias resultaban aplicables a su caso y solo se limitó a citar un extracto de
aquellas, respectivamente.
Por último, manifestó que, en estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, debido a que la
competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o económico, o a estudiar una
mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que su pretensión no es obtener un nuevo análisis legal o una nueva
instancia probatoria, sino que se garantice el acceso a la jurisdicción para
controvertir un acto administrativo presunto que no fue valorado por el Consejo de
Estado.
Resaltó que existe una dimensión eminentemente constitucional, pues lo que se
discute es la posibilidad misma de ejercer el derecho de acción ante la jurisdicción
contencioso administrativa, lo cual trasciende el plano legal y se sitúa en el núcleo
duro del Estado de Derecho.
Aseguró que el fallo impugnado parte de una concepción restrictiva del requisito de
relevancia constitucional, desconoce que la tutela no busca una nueva valoración
probatoria, sino el amparo ante la negación de control judicial sobre un acto
administrativo presunto derivado del silencio administrativo positivo.
Por lo demás, reiteró los argumentos relacionados con los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 22 de mayo de 2025 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que
cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la
propiedad privada, así como los principios de confianza legítima y buena fe del
accionante.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 22 de mayo de 2025
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el argumento de que la
parte actora no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional por falta de
carga argumentativa mínima.
El accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que el asunto
cumple ese presupuesto general, pues las providencias objetadas le vulneraron el
acceso a la administración de justicia, aunado al hecho de que incurrieron en
defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.
Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala confirmará la sentencia impugnada
porque, en efecto, desatiende el requisito de la relevancia o trascendencia
constitucional, pero porque su propósito es dar continuidad a la misma discusión
legal que fue resuelta por el juez natural del asunto.
Al respecto, se observa que el demandante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, con el fin de que se declarara la nulidad
del Oficio No. 1-9-259-501-215 de 3 de mayo de 2023, por medio del cual se negó
el reconocimiento de un silencio administrativo positivo, y a título de
restablecimiento del derecho se reconociera el mencionado acto ficto y se le
condenara al pago de los perjuicios causados por la aprehensión de una aeronave
tipo CESSNA, modelo 210, serie 21058400, avaluada en $223.809.600.
La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en auto de 23 de agosto de 2024, rechazó la demanda, bajo el
argumento de que el fin último de la demanda era la anulación de los actos
administrativos que resolvieron sobre el decomiso de la aeronave, es decir, las
Resoluciones No. 399 de 6 de octubre de 2021 y 821 de 4 de marzo de 2022, sin
embargo, frente a estos había operado la caducidad del término para acudir al
medio de control, pues “de las pruebas aportadas, se advierte que la resolución no.
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821 del 4 de marzo de 2022, fue notificada el día 7 de marzo de 2022, por lo que
prematuramente el demandante debió radicar la demanda el 8 de julio del año 2022
y no hasta el mes de octubre de 2023, toda vez que, el agotamiento de la vía
administrativa concluía con la decisión que resolvió el recurso de reconsideración y
no, con la decisión del 3 de mayo en la que le insistieron al demandante que no
había silencio administrativo positivo”.
Por último, el Tribunal indicó que el oficio de 3 de mayo de 2023 no era susceptible
de control judicial, porque no se puede considerar como una instancia adicional al
trámite administrativo, el cual ya había culminado.
El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Por una
parte, mencionó que no se había configurado la caducidad del medio de control,
pues solicitó la configuración de un silencio administrativo positivo, en razón a que
la administración superó el término establecido en el artículo 707 del Decreto 1165
de 2019 para resolver el recurso de reconsideración, por lo que la demanda se
radicó dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del oficio de 3 de mayo de
2023.
Luego, señaló que, si bien es cierto, la actuación administrativa culminó con la
expedición de la Resolución No. 601-000821 de 4 de marzo de 2022, en el presente
caso no se demandó esa decisión, pues lo que se discute es la correcta aplicación
del fenómeno del silencio administrativo positivo contenido en el artículo 705 del
Decreto 1165 de 2019 y, en consecuencia, es el oficio de 3 de mayo de 2023 el que
resolvió sobre el mencionado silencio, por lo que es susceptible de ser atacado ante
el juez natural del asunto.
La Sección Primera del Consejo de Estado en auto de 14 de noviembre de 2024
confirmó la decisión del a quo, al considerar que el asunto no era susceptible de
control judicial debido a que el oficio reprochado no crea, modifica o extingue
situación jurídica alguna. Una vez realizó un recuento de las diferentes resoluciones
proferidas en el trámite administrativo, resaltó que de la lectura del oficio No. 1-9-
259-501-215 de 3 de mayo de 2023, “se observa que la DIAN le informa a la parte
actora que su apoderado dentro del trámite administrativo, el 17 de junio de 2022,
radicó una solicitud de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo por
las mismas razones expuestas en la nueva petición, la cual ya había sido denegada
mediante las resoluciones núms. 670-003854 de 25 de julio de 2022 y 004641 del
5 de septiembre de 2022, sin efectuar en su momento pronunciamiento alguno
sobre el asunto”.
Por lo demás, se relevó de pronunciarse sobre los argumentos expuestos en
relación con la oportunidad para presentar la demanda, dado que el acto
controvertido no era susceptible de control jurisdiccional.
De lo antes expuesto, Sala advierte que, a partir de los argumentos desarrollados
en la impugnación, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto que la parte actora utiliza la acción de tutela para insistir en
el mismo debate consistente en que el Oficio No. 1-9-259-501-215 de 3 de mayo de
2023 es un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional.
Al estudiar los argumentos planteados por el accionante en los escritos de tutela e
impugnación, se observa que sus alegatos se limitan a la configuración del silencio
administrativo positivo que fue negado en el Oficio No. 1-9-259-501-215 de 3 de
mayo de 2023, lo que fue objeto de estudio por la Sección Primera del Consejo de
Estado y la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quienes, a partir del material probatorio concluyeron que el
mencionado oficio no era un acto administrativo susceptible de control judicial, pues
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con este no se creó, modificó o extinguió una situación jurídica, además que la DIAN
ya había negado la configuración del mencionado acto ficto en las Resoluciones No.
670-003854 de 25 de julio de 2022 y 004641 del 5 de septiembre de 2022.
Aunado a lo anterior, se observa que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en el curso del proceso ordinario, con los argumentos que se plantean
tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación bajo la supuesta
configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, por parte del accionante
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20195, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”6 (Negrilla y
resalta de la Sala)
7
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Por otra parte, como quiera que una de las providencias objetadas fue dictada por
la Sección Primera del Consejo de Estado, la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20108, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 20229,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
5
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
6
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
7
M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
9
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-01
Demandante: Juan David Calderón Abanto
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la
propiedad privada, así como los principios de confianza legítima y buena fe, en este
caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate
relacionado con la configuración del silencio administrativo positivo y que el Oficio
No. 1-9-259-501-215 de 3 de mayo de 2023 era susceptible de control jurisdiccional,
lo que fue objeto de pronunciamiento por parte del juez natural del asunto en dos
instancias.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 22 de mayo de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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Demandante: Juan David Calderón Abanto
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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